Red de radios

17.4.2014

El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, declaró ayer como testigo en la causa de las escuchas ilegales, en favor de su jefe, Mauricio Macri, que está procesado por este caso.

Según Montenegro -que también fue investigado, pero lo sobreseyeron- fue él quien le propuso al jefe de gobierno el nombre de Palacios, junto con los de otros posibles candidatos, para dirigir la Policía Metropolitana. Jorge Palacios fue el primer jefe de esta fuerza. El, su sucesor, Osvaldo Chamorro, y el supuesto espía Ciro James están procesados y enfrentarán a un tribunal oral por espionaje ilegal.

Macri también iba camino al juicio, pero el nuevo juez de la causa, Sebastián Casanello, dijo que no había pruebas suficientes para avanzar contra él. Dispuso entonces que se reabriera la investigación respecto del jefe de gobierno porteño y citó a Montenegro como testigo.

Cuatro horas y media duró su declaración. Según relataron fuentes judiciales, el objetivo de los investigadores es determinar cuánto influía Macri en el funcionamiento de la Metropolitana; cuánto sabía de Palacios y de James, y en qué medida participó de la designación de ambos como funcionarios. James tenía un contrato en el Ministerio de Educación de la Ciudad y era aspirante a entrar en la Metropolitana. Según Casanello, el solo hecho de ser la cabeza del gobierno no hace a Macri penalmente responsable.

Ayer, Montenegro le dijo a Casanello que Macri sólo participaba de los grandes lineamientos de la política de seguridad, pero que no manejaba los detalles operativos de la Metropolitana. Tampoco intervenía en las designaciones de su personal, afirmó el ministro.

El juez le preguntó puntualmente si Macri había participado de la selección de James en la nueva policía. "No tengo conocimiento y no se me ocurre que haya podido participar de la selección", respondió.

Montenegro afirmó también que cuando empezaron las escuchas ilegales "no existía la Policía Metropolitana". El ministro dijo que la escucha al cuñado de Macri, Néstor Leonardo, fue en mayo de 2008 y que la ley de creación de la Metropolitana es de octubre de ese año. También sostuvo que cuando fue la escucha del dirigente opositor Sergio Burstein, en 2009, la policía todavía no estaba operativa.

En cuanto al nombramiento de Palacios, Montenegro afirmó que habían analizado varios nombres y que él aportó buenas referencias de Palacios, a quien conocía desde hacía mucho tiempo, cuando él era secretario en un juzgado de Morón. Y de Chamorro, el testigo afirmó que lo había propuesto Palacios.

Montenegro, antes de ser ministro de Justicia y Seguridad porteño, fue juez federal; justamente, en el juzgado de Casanello, donde ahora tramita esta causa. Cuando Montenegro renunció, lo reemplazó en forma interina Oyarbide , hasta que Casanello fue designado como el nuevo titular del juzgado.

Casanello recibió casi terminada la investigación por las escuchas ilegales, pero el mes pasado suspendió el avance de la causa respecto de Macri. Aunque está procesado y la Cámara confirmó aquel procesamiento, Casanello entendió que no las pruebas reunidas hasta ahora no eran suficientes como para enviarlo a juicio oral.

15.4.2014

El accidente producido en la línea B, el 12 de abril al medio día, donde se

 produjo el desacople de dos coches de una formación – y que por suerte no
 terminó en accidente fatal, como pudo haber sucedido – fue entera
 responsabilidad de la empresa Metrovías y su controladora SBASE del gobierno
 de la CABA. Como se detalle en la denuncia en archivo adjunto, se debió a
 una negligencia en la tarea de acople de los coches que realiza
 exclusivamente el personal jerárquico, responsable de la maniobra. Y esto,
 más en general, como parte de las gravísimas falencias de mantenimiento del
 subte, que venimos denunciando sistemáticamente los delegados de los
 talleres y de tráfico de la AGTSyP. Valga esta denuncia y la documentación
 adjunta, como desmentida a la falsedad de patronal y gobierno, que dejó
 trascender que se trató de un sabotaje, involucrando de hecho a los
 trabajadores. Los responsables deben hacer una aclaración pública de los
 hechos y del agravio a los obreros del subte. Sólo las inversiones y el
 mantenimiento que no se realizan, evitará la reproducción de estos hechos de
 graves consecuencias.

14.4.2014

Un "desacople" de dos coches de la Línea B de subtes en la estación Federico Lacroze generó este sábado un duro enfrentamiento entre el sindicalismo y la empresa concesionaria Metrovías, que denunció un "sabotaje" y aseguró sólo pudo haberlo realizado "una persona con conocimientos en la materia".

A las 12.05, una formación que estaba por partir de la estación Lacroze hacia Leandro N. Alem "sufrió el desacople de los dos últimos coches del resto del tren, lo que provocó que se accionaran los mecanismos de emergencia y su detención automática", señaló la empresa mediante un comunicado.

Metrovías informó que, a raíz de este episodio, "inmediatamente acudió el personal técnico, quien verificó que había sido accionada una llave de acople ubicada en un lugar de difícil acceso y que sólo puede ser manipulada por una persona con conocimientos en la materia", por lo que dispuso realizar "las denuncias pertinentes".

"El desacople de coches es una acción inmediata, con lo cual no pudo haberse realizado en otro momento, y además la formación, como todos los trenes del subte, fue sometida a un estricto control previo a su salida a servicio, sin constatarse ninguna anomalía", indicó la concesionaria en un comunicado.

Sin embargo, el delegado de la línea B, Claudio Dellecarbonara, dijo que el accidente pudo haber sido una "tragedia" y que "se denuncia sabotaje para ocultar falta de inversión y así desviar la atención".

12.4.2014

El Bloque del Frente para la Victoria (FPV) de la legislatura porteña, presentó un proyecto de ley para regular y ordenar la actividad de los cuidacoches en la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa que lleva la firma de las diputadas porteñas Gabriela Alegre y Claudia Neira, establece la creación de un "Registro de Cuidadores de Vehículos", que funcionará bajo el ámbito de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad.

En  los fundamentos, las legisladoras sostienen que “quienes se desempeñan en este tipo de actividades en la vía pública, son personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social”.

La presidenta del Bloque del Frente para la Victoria de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Alegre, sostuvo que: “la política represiva, que persigue a los cuidacoches, discrimina y estigmatiza a gran parte de ellos, quienes ejercen una actividad de mera subsistencia.” 

Alegre manifestó que: “el proyecto del PRO apunta a prohibir la actividad y desligarse de la responsabilidad del Estado de atender las situaciones de vulnerabilidad. Por eso, nuestra propuesta es organizar el uso del espacio, armonizar intereses y brindar un marco regulatorio. También habrá sanciones para los casos de incumplimiento”.

Por su parte, la diputada Neira, quién actualmente se desempeña como Vicepresidenta de la Comisión de Seguridad de la Legislatura Porteña expresó que: “el Pro plantea prohibir los trapitos porque le resulta más fácil que intervenir desde el Estado para ordenar y controlar estas actividades.” 

Y agregó que: “Prohibir no es solución: quienes quieren delinquir y lo hacen a través de estas actividades se irían a buscar otra actividad que les permita robar. En cambio, los que pagarán el costo son las personas que encuentran en esta actividad un rebusque de subsistencia.”

Las diputadas coinciden en que el Estado no puede desentenderse de la situación de los jóvenes que ejercen estas actividades, por ello el proyecto prevé la intervención del Consejo de derechos de niños niñas y adolescentes.

Tendrán prioridad para inscribirse en el registro, los jubilados y pensionados, los adultos mayores sin beneficio previsional, las personas que padezcan algún tipo de discapacidad, aquellas que integran familias numerosas, o en las que alguno de sus miembros padezca algún tipo de discapacidad, las jefas de hogar y las personas en situación de calle.

Asimismo, la ley determina que en caso de incumplimiento de alguna de las cláusulas establecidas, se podrá revocar el permiso otorgado. Además, impone sanciones por cuidar coches sin autorización y con penas agravadas para aquellos que participen de su organización.

9.4.2014

El jefe de Gabinete del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, admitió que los operativos contra los manteros en el barrio de Once no van a continuar, ya que la Ciudad no cuenta con el apoyo de la Policía Federal para desalojarlos.

No obstante, la Justicia porteña seguirá con los allanamientos y decomisos a depósitos de ese barrio, en donde se guarda mercadería que luego es vendida ilegalmente en la calle.

Así lo indicó el funcionario en un encuentro que mantuvo con comerciantes y vecinos en la sede de la Cámara Argentina de Comerciantes Mayoristas e Industriales (CADMIRA).

"Rodríguez Larreta reconoció con total sinceridad que sin el apoyo de la Policía Federal, el Gobierno porteño no dispone de efectivos de la Policía Metropolitana para desalojar a los manteros", comentó el presidente de CADMIRA, Vicente Lourenzo.

El dirigente indicó que el funcionario porteño aseguró que los manteros "tienen un nivel de agresividad muy fuerte y no hay efectivos de la Metropolitana disponibles" para desalojarlos.

Ante esta situación, Lourenzo expresó que los comerciantes de Once observan "con muchísima preocupación" el panorama actual del barrio, que ha sido nuevamente "invadido" por los manteros.