Red de radios

27.3.2014

¡Que la Dirección de Adultos cumpla con la Resolución 2090!

Los trabajadores de Contexto de encierro exigimos que se cumpla de manera efectiva la Resolución 2090 que habilita a cubrir los cargos de coordinación con Trabajadores del Programa.
La misma plantea que “la designación en carácter interino en las funciones de Coordinación de los diferentes programas – que se homologan con cargos de ascenso existentes en el Estatuto del Docente- se han cubierto hasta la fecha, con aquellos docentes que alcanzados en la Ley 3623 los venían desempeñando”.
La elección a “dedo” de orientadores institucionales externos al Programa lesiona el espíritu de la ley 3623 y de la Resolución ministerial 2090. Sería de esperar que las autoridades del Ministerio cumplan con la reglamentación que de ellos mismos emana.
Estas acciones fijan un terrible precedente para toda el Área socioeducativa, ya que es un retroceso importante en el proceso de formalización de nuestros programas, además de ser una grave falta de confianza por parte del Área de Adultos para con aquellos profesores que hace ya casi 10 años vienen dando clases en las peores condiciones en cárceles, casas terapéuticas e institutos de menores.
Por todo esto, los trabajadores de Contexto de encierro exigimos:
Reconocimiento pleno de la Resolución 2090.
La marcha atrás de todos los nombramientos a dedo posteriores a la sanción de la Ley 3623, sancionada en 2010.
La inmediata realización de concursos internos para cubrir los cargos que sean necesarios.
Confiamos en que la Resolución forma parte del espíritu con el cual venimos llevando adelante la creación del Área Socioeducativa y que la legalidad exige que los funcionarios del GCBA cumplan con la reglamentación emanada por su propio Ministerio. De no ocurrir esto, comenzaremos un plan de lucha acompañados por UTE.

27.3.2014

En la mañana del viernes 26 de abril del 2013, los trabajadores se movilizaron para defender el Hospital Público, la salud mental, el patrimonio histórico de la ciudad, las fuentes de trabajo y la preservación de los pacientes psiquiátricos, ante la irrupción ilegal y prepotente del gobierno de Macri que envió a la Policía Metropolitana a ocupar el predio del Hospital Borda para garantizar, a sangre y fuego, la demolición del Taller 19, violando una cautelar dispuesta por la justicia, con el objetivo de ejecutar en ese mismo lugar, la construcción del Centro Cívico.

Dicha situación -violenta en sí misma- generó la reacción angustiante y desesperante de los trabajadores del hospital, médicos, enfermeras, pacientes y sus familiares (que al enterarse de la noticia se fueron acercando al lugar), así como trabajadores de prensa, diputados y representantes de distintos gremios, vecinos y organizaciones sociales, que ante la insistente pregunta sobre quien era el responsable del operativo, solicitando ver la orden judicial que autorizara el hecho (la cual nunca apareció), tratando de generar, en definitiva, diversas instancias de dialogo, recibieron como única respuesta: empujones, gases, palazos y balas de goma de la  policía metropolitana que utilizó además, escopetas marca “Mossberg” modelo 500T y 590T calibre 12/70 y marca “Benelli” calibre 12/70, disparadas a menos de 2 metros y por arriba de la cintura, dejando un saldo de 50 heridos, incluidos pacientes del hospital, cuyas secuelas son más que físicas.

Ese día, la Policía Metropolitana detuvo a siete personas. El 17 de septiembre, cinco de ellas fueron llamadas a indagatoria por el Juzgado Nacional de 1era Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 30 a cargo del Juez Jorge Adolfo López.

Una semana después la justicia citaba a rueda de reconocimiento al Secretario de Organización de ATE Capital, Daniel Catalano para ser señalado por la oficial de la Policía Metropolitana Erica Daniela Fernández, quién lo acusa de haberle ocasionado una lesión en su mano derecha en el momento en que ésta fue a golpearlo con la “tonfa”. El compañero Catalano se encontraba, junto con los demás manifestantes, tratando de impedir el desalojo violento de la Metropolitana desplegado al interior del Hospital Borda por orden del Ministro de Seguridad porteño Guillermo Montenegro, para llevar a cabo la demolición ilegal dispuesta por el Ministro de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Gustavo Chain.

En octubre ingresaron como querellantes 8 compañeros de ATE, heridos por la Metropolitana.

El  9 de diciembre el juez Jorge López resuelve:

El procesamiento de los 5 indagados detenidos el mismo 26 de abril: Susana Beatriz Bejarano (enfermera, del Hospital Borda); Horacio Adolfo Melnik (trabajador de Talleres Protegidos)y Karina Valeria Maloberti (delegada de ATE- SENASA y miembros del Consejo Directivo de ATE Nacional) por los “delitos de atentado a la autoridad agravado en concurso ideal con desobediencia”; Angela Cristina Díaz Alem (enfermera, delegada de ATE del Hospital Garraham) por “delitos de atentado a la autoridad en concurso ideal con resistencia a la autoridad en concurso ideal con lesiones leves” y María Belén Revollo (periodista de “En Movimiento TV” – Movimiento Popular la Dignidad) por “resistencia a la autoridad.

El procesamiento del Secretario de Organización de ATE Capital, Daniel Catalano, por los delitos de“atentado a la autoridad” agregando, -llegando al paroxismo del absurdo- el delito de“robo en grado de tentativa”, que además contradice los propios testimonios acusatorios.

Por parte de la Policía Metropolitana quedó UN SOLO imputado: el comisionado Martín Jorge Roth (retirado de la Policía Federal Argentina) por los “delitos de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves –treinta y dos damnificados- en concurso ideal con lesión grave sufrida por Jacinto Cañete (arts. 45, 54, 89, 90, 248 del C.P., 306 y 310 del C.P.P.)”

Finalmente, el juez determina el sobreseimiento de todos los funcionarios macristas: desde el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, la vice jefa María Eugenia Vidal; el jefe de gabinete Horacio Rodriguez Larreta;el Ministro de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Daniel Chain; el Ministro de Seguridad Guillermo Montenegro hasta la Ministra de Salud Graciela Reybaud.

De esta manera, la parcialidad del juez quedó en evidencia, ya que, no se hace cargo de la orden de no innovar que impedía al Gobierno de la Ciudad la demolición del Taller 19, desestimando por completo tanto la disposición de la justicia al respecto, como el valor histórico del predio aseverado por la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y lugares Históricos (04/10/2012). Al mismo tiempo desconoce la responsabilidad política sobre la cadena de mandos de los funcionarios del gobierno porteño que dieron la orden tanto para la demolición, como para la irrupción violenta de unos 200 efectivos de la policía metropolitana al interior de un Hospital neuropsiquiátrico, sin previo aviso, sin ningún representante que se hiciera cargo del operativo, ni que inste al dialogo para evitar el desmadre al que condujeron, aquel nefasto 26 de abril, cuyas consecuencias sobre pacientes y familiares, trabajadores del hospital y manifestantes heridos aun continúa, sin contar el peligroso impacto medioambiental del asbesto (sustancia cancerígena) liberado por la demolición apresurada que no tomo las medidas de seguridad pertinentes.

Por último, no podemos dejar de mencionar nuestra preocupación por el retroceso histórico que representa para nuestro país, que la justicia decida procesar a los trabajadores que fueron a impedir que se consuma un delito (la demolición del Taller 19 sobre el que regía una cautelar) en defensa de los bienes públicos, del patrimonio histórico de la ciudad y de las fuentes de trabajo, dando a su vez lugar -para mayor azoramiento- a la acusación que realizan los efectivos de la metropolitana por las lesiones sufridas en el acto de reprimir y violentar a los manifestantes que veían con desesperación e impotencia como se destruía su lugar de trabajo ante sus narices, sin que nadie diera explicaciones.

Por eso, repudiamos las resoluciones del juez Jorge Adolfo López que ampara y ubica a los represores de la metropolitana en situación de victimas de una violencia que ellos mismos generaron y ejecutaron a sangre y fuego sobre trabajadores, pacientes, reporteros, diputados, y manifestantes; así como el hecho de desligar a los funcionarios macristas de su responsabilidad política por haber dado la orden ilegal para demoler el Taller 19, ponderando negociados inmobiliarios por sobre los derechos ciudadanos.

Al mismo tiempo reivindicamos la actitud de nuestro Secretario de Organización de ATE Capital, Daniel Catalano, así como la de todos aquellos compañeros y compañeras que en una actitud eminentemente solidaria no dudaron en salir a poner el cuerpo por la defensa del hospital público, porque ellos son el más claro y contundente ejemplo de coherencia y responsabilidad política y moral de la lucha histórica que representa nuestro sindicato.

22.3.2014

El cadáver momificado de una mujer aparentemente fallecida hace más de una década fue hallado en su casa del barrio porteño de Flores por una vecina que pretendía ocupar la vivienda. De acuerdo con las primeras estimaciones, el cuerpo llevaba en el lugar alrededor unos 13 años y se fue momificando por el paso del tiempo.

La mujer al parecer no tenía familiares ni herederos, y nadie pagaba las expensas desde hacía muchos años. Los servicios, además, estaban cortados por falta de pago.

Pese a que no se hallaron signos de violencia en la vivienda, los investigadores esperan los resultados de la autopsia para confirmar si la mujer murió por causas naturales. El cuerpo se encontraba en un PH situado en la calle Pumacahua 161 departamento "C", entre Juan B. Alberdi y Ramón L. Falcón, de Flores, que se pensaba que estaba abandonado.

Una vecina, identificada como Marcela Calvete, que vive en el departamento "A" desde 2001, relató que hacía más de 10 años que no veía a la dueña de casa. Según le comentó a la policía, decidió entrar a la vivienda luego de que un abogado amigo le recomendara que iniciara un trámite por "sucesión vacante" para así quedarse con la propiedad, que de lo contrario, al no haber herederos, pasaría a manos del Estado.

20.3.2014

Durante la tarde de ayer, miércoles 19, habitantes de villas y barrios carenciados de la ciudad de Buenos Aires junto a organizaciones sociales y sectores del kirchnerismo marcharon desde el Obelisco hasta la jefatura de gobierno porteño en reclamo de solución a la crisis habitacional en la ciudad, en pedido de urbanización de las villas y contra los desalojos violentos de las tomas de tierras.

Poco después de las 18 un representante de cada organización fue tomando una bandera blanca con la inscripción: "Macri hacete cargo – Vivienda y urbanización ya!!" . Iniciaban el camino que culminaría frente al edificio de las autoridades porteñas, donde se leyó en forma conjunta un comunicado informando a la sociedad el motivo de la movilización.

Luego de que los locutores leyeran las adhesiones de todos los movimientos, convocaron a Mónica Arrueca de Los piletones, quien inició la lectura : ”Este documento que vamos a leer es hacia el jefe de gobierno consensuado con todas las organizaciones sociales de las villas y los barrios de la Capital Federal. Macri: exigimos nuestro derecho a vivir en la ciudad, hacete cargo viviendas y urbanización ya, la ciudad de Buenos Aires vive hoy una situación grave por la falta de estructura de viviendas, la disminución del presupuesto destinado a las viviendas, la subejecución de los programas existentes es el ejemplo que las propiedades de la política macrista que favorece las corporaciones y el mercado inmobiliario, con una ausencia total de política pública para los sectores populares, la necesidad de las viviendas en la ciudad afecta a millones de personas los alquileres son cada vez más altos y miles de familias viven hacinadas por la imposibilidad de resolver la situación habitacional al mismo tiempo que existen más de 100 mil viviendas ociosas”.

Luego fue el turno de Estela de Barrio Zavaleta – Corriente Villera Independiente: “Las tomas y las ocupaciones de tierras en la ciudad como más recientemente se vio en el barrio Papa Francisco Villa 20 Lugano, son consecuencia del mayor problema de la ciudad, que es la falta de viviendas en la política para garantizar el acceso a la misma. El único accionar del gobierno de Macri en relación a la vivienda, es una agresiva política, desalojo generalmente acompañada de represión, que lleva a la expulsión del pueblo de trabajadores de la ciudad. Estamos cansados de pedir soluciones a los graves problemas de nuestros barrios, ya que las respuestas del gobierno de Macri sea la indiferencia, asumimos las marcadas diferencias, tradiciones y miradas de la situación nacional, unimos nuestras fuerzas y nuestras voces para que se haga visible el grave problema habitacional y anunciar que un gobierno de la ciudad que no está presente en nuestros barrios, frente al incumplimiento a leyes para construir viviendas, como la 198, la 341, 1770, 133, 3.343 entre muchas y otras exigimos urbanización en las villas, basta de desalojo, basta de conflicto, vivienda digna para el pueblo”.

Cerraron el acto las palabras de “Pitu” Salvatierra, delegado en la toma de los terrenos del Parque Indoamericano: “agradecemos a todos los compañeros que participaron de la marcha, esperamos que este sea un principio de un gran camino con sectores de la izquierda para poder dar la lucha por la urbanización real en nuestros barrios y que la sociedad porteña en su conjunto nos acompañe, porque una ciudad totalmente urbanizada es una mejor ciudad, por lo tanto interpelamos al resto de la sociedad que acompañe el reclamo, muchas gracias a todos”.

18.3.2014

La jueza en lo Contencioso Administrativo Elena Liberatori ordenó este lunes al Gobierno porteño bajar la tarifa de subte en cinco días hábiles y "adoptar las medidas tendientes a corregir los desequilibrios del sistema tarifario".

Así lo informó tras reunirse con la magistrada el legislador porteño Alejandro Bodart, quien había presentado un recurso de amparo contra el aumento de tarifas aplicado a partir del viernes último.

El fallo señala que "sería deseable que el mismo énfasis que las autoridades ponen en analizar la relación entre tarifas e ingresos de los usuarios, se aplicara al análisis de los costos e ingresos directos e indirectos del concesionario".

"La jueza obliga al Gobierno porteño a bajar la tarifa en cinco días hábiles. Es evidente que SBASE y Metrovías no pudieron justificar los costos que decían".

Según el legislador, el fallo "además de proponer un valor de 3,90 pesos o menos, plantea que el abono no tenga vencimiento" y sostuvo que "si bien hubiéramos preferido que se suspenda todo el aumento es importante haber logrado bajarlo a menos de la mitad (de 1,50 pesos sin tarjeta y de un peso con tarjeta a 40 centavos)".