Red de radios

11.7.2023

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, estuvo presente este mediodía en los tribunales de Comodoro Py para acompañar a la familia de Lucas González en la lectura del veredicto que condenó a Gabriel Alejandro Isassi, Fabián Andrés López, y Juan José Nieva a prisión perpetua por homicidio quíntuplemente agravado en el crimen del joven. Durante el proceso judicial, la Secretaría se presentó como Amicus Curiae y observadora.

Además de las condenas a prisión perpetua, seis policías recibieron penas por los delitos de encubrimiento. Se trata del subcomisario Roberto Inca, y los comisarios Juan Horacio Romero, Fabián Du Santos, y Rodolfo Alejandro Ozán, quienes recibieron seis años de prisión. Además, el inspector Héctor Cuevas, una pena de 4 años y el oficial Sebastián Baidón ocho años de prisión por ser considerado autor del delito de torturas contra los sobrevivientes. En tanto, cinco policías fueron absueltos.
Cabe destacar que la sentencia de este caso marca un precedente al reconocer el odio racial como un factor agravante. Además, también reconoce como víctimas de la violencia institucional a los sobrevivientes y a los padres de los jóvenes afectados. “El Estado está haciendo un gran esfuerzo para luchar contra la violencia institucional. Este fallo trae un poco de alivio para la familia, pero además genera una jurisprudencia importante”, aseguró Pietragalla Corti, quien además pidió que el Congreso Nacional trate el proyecto de Ley Integral contra la Violencia Institucional que presentó la Secretaría.
Se trata de una propuesta que brinda herramientas para combatir la problemática y poder unificar políticas en todas las provincias del país. Entre otros puntos, dispone la creación de centros de denuncias provinciales; garantiza el acceso a la justicia; fija pautas procesales para investigar los hechos; crea un registro nacional y un observatorio con participación de las víctimas; otorga asistencia y reparación económica a las víctimas. Asimismo, establece un programa de formación para las fuerzas de seguridad, protocolos mínimos de actuación en el uso de armas de fuego y en manifestaciones públicas, políticas de control ciudadano, entre otras cuestiones.
El proyecto se realizó de manera articulada con organizaciones de familiares de víctimas de violencia institucional y con organismos de Derechos Humanos, teniendo en cuenta las recomendaciones recibidas por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Desde 2020, la Secretaría gestionó a través del Centro de Denuncias 3525 casos de violencia institucional y brindó asesoramiento jurídico, acompañamiento psicosocial y gestiones con autoridades políticas responsables de la fuerza denunciada.

El caso

El 17 de noviembre de 2021, Lucas González junto con sus compañeros Joaquín Zúñiga, Julián Salas y Niven Huanca volvían de entrenar en el club Barracas Central y se dirigían a sus hogares, en la localidad de Florencio Varela, cuando un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Comuna 4 con policías de civil de la Ciudad de Buenos Aires, que responde al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, los interceptó para detenerlos. Al intentar escapar, los agentes los persiguieron y les dispararon. La pericia sobre el cuerpo de Lucas determinó que fue asesinado por un disparo en la cabeza. Los sobrevivientes, Zúñiga, Salas y Huanca fueron víctimas de torturas por parte de otros agentes, que además intentaron hacer pasar el hecho como un enfrentamiento. El juicio duró cuatro meses y contó con 50 testimonios.

11.7.2023

Una familia de cuatro miembros que habita en la ciudad de Buenos Aires necesitó en junio percibir ingresos de por lo menos 131.332 pesos para no ser considerada en situación de indigencia, de 235.931 pesos para no quedar comprendida en la pobreza y de 363.666 pesos para ser catalogada como de clase media. Así lo indican los datos difundidos por la Dirección General de Estadística y Censos porteña. El Indec dará a conocer este jueves la variación que registró el Indice de Precios al Consumidor (IPC) durante junio.

Los gastos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en la ciudad de Buenos Aires, que marcan el límite de la indigencia, tuvieron el mes pasado un aumento de 4,48 por ciento, medio punto porcentual menos que el 4,98 por ciento de incremento registrado en mayo, en tanto el acumulado en doce meses llegó a 129,92 por ciento, 1,2 puntos menos que el 131,15 por ciento de la medición previa.
En el caso de la Canasta Básica Total (CBT), que establece el tope de la pobreza, el incremento mensual fue de 5,99 por ciento (menos que el 6,7 por ciento de mayo) y el interanual de 125,79 por ciento (123,38 por ciento en el mes anterior).
Mientras que la Canasta Total (CT), que en diferentes proporciones delimita al sector medio frágil, la clase media y los sectores acomodados, subió 6,16 por ciento en el mes (menor al 6,96 por ciento de mayo) y 126,10 por ciento en relación con junio de 2022 (122,71 por ciento en la medición anterior).
La evolución de las canastas en junio reflejó el menor peso relativo de los alimentos básicos respecto de los gastos en otros bienes, servicios y tarifas, que no forman parte de los gastos de indigencia, razón por la que los porcentajes de este último estrato tuvieron un incremento inferior al de los demás, una situación inversa a la que se dio en la medición interanual.
Al respecto, el 7 de julio se informó que la inflación en la Ciudad había sido del 7,1 por ciento en junio, pero el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas subió 5,8 por ciento, mucho menos que el 10,2 por ciento registrado en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.
En tanto, el Indec dará a conocer el miércoles 19 de julio su medición de las canastas básicas de junio. Se trata de un dato que cobrará una importancia adicional debido a que en los criterios de segmentación de los subsidios a las tarifas de servicios públicos, se excluye del beneficio a los usuarios con ingresos superiores a 3,5 veces la CBT. Si se tomara como referencia la medición de la Dirección de Estadística porteña, ese nivel pasaría a ubicarse en 825.760 pesos mensuales.

10.7.2023

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, justificó la invasión de ratas en distintos colegios de la ciudad de Buenos Aires y, de la misma manera, minimizó el reclamo de alumnos, docentes y familias al sostener que la cantidad de instituciones afectadas no es mucha.

En la Ciudad “tenés 1.200 edificios escolares, problemas en algunos vas a encontrar siempre”, fue la respuesta que el precandidato a presidente por el PRO dio al ser consultado por el drama que atraviesan más de 60 instituciones educativas desde los últimos meses.
A pesar de este dato al que arribó la Legislatura porteña, el insólito argumento al que el jefe comunal para explicar por qué había roedores en colegios públicos fue el siguiente: “¿Dónde hay ratas? Al lado de las obras. Cuando al lado de la escuela hay una construcción que mueve los cimientos, en esas situaciones hay (roedores). ¿Cuántos colegios puede haber en esas situaciones? Siempre alguno vas a encontrar”, se despachó el mandatario comunal para desligarse del asunto.
Durante la entrevista por radio Con Vos en la que fue consultado sobre el tema, el mandatario porteño tiró la pelota afuera. Dijo que la aparición de ratas en aulas, patios, cocinas y baños se debía al boom inmobiliario promovido por su gestión, en lugar de asumir la falta de mantenimiento, higiene y fumigación en las escuelas que dependen de su administración.
Es más, utilizó el argumento de la infraestructura escolar hasta para defender su propia candidatura presidencial. “Hay una (escuela a la) que ayer se le rompió el gas. ¿Vas a decirme que no puedo ser presidente con las escuelas sin gas? Hablemos en serio”, cuestionó al periodista que le hizo la consulta.
El drama de las ratas en colegios de todos los niveles no es sola ni necesariamente en instituciones que tienen una obra en construcción al lado. Así lo demostró el Mapa de la Rata elaborado por la Comisión de Promoción Social de la Legislatura porteña.
Hasta la semana pasada esa comisión recibió 43 denuncias que corresponden a 34 edificios escolares donde funcionan 62 instituciones educativas.
Las denuncias datan de instituciones ubicadas en 16 de los 21 distritos escolares. O sea que “en prácticamente todas las comunas tenemos esta situación de escuelas que han denunciado la presencia de roedores”, remarcó la presidenta de ese cuerpo, Laura Velasco.
Caballito, Barrio Mugica, Villa Soldati, Barracas, Villa Urquiza, Lugano, Almagro, Balvanera y Recoleta son algunos de los barrios con escuelas invadidas por ratas. Es decir que la zonificación del problema tampoco es acotada, como lo sugirió Rodríguez Larreta esta mañana.
Las denuncias también llegaron hasta la Defensoría del Pueblo porteña, que instó al gobierno de Juntos por el Cambio a tomar cartas en el asunto. Lo mismo hicieron los gremios docentes.

7.7.2023

Por Santiago Brunetto

El defensor alegó que no fue Sebastián Baidón quien profirió los insultos racistas contra los jóvenes cuando eran apresados. El fallo fue fijado para el martes próximo.

La etapa de alegatos del juicio por el crimen de Lucas González llegó a su fin este jueves y sólo resta conocer el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°25. La última defensa en alegar fue la de Sebastián Baidón, el oficial al que la acusación le achacó el delito de torturas luego de que Joaquín Zuñiga, uno de los tres sobrevivientes de la balacera policial, lo señalara en el juicio como quien le gritó insultos racistas mientras lo tenían esposado boca abajo. La defensa del oficial dijo creerle a Joaquín sobre lo que contó, pero alegó que el chico confundió al responsable, que no fue Baidón, y que el oficial ni siquiera lo esposó, por lo que pidió la absolución del imputado. El tribunal fijó la fecha del veredicto para el próximo martes 11 de julio.
El juicio que investiga las responsabilidades en el homicidio del adolescente de 17 años y el posterior encubrimiento del crimen llegará a su fin tras cuatro meses de audiencias y más de quince jornadas. El veredicto se leerá el martes, en los tribunales de Comodoro Py donde se llevaron a cabo las dos primeras audiencias del proceso antes de que el debate se trasladara a la sede del TOC N°25 en Paraguay al 1500. Así lo anunció Hugo Navarro, presidente del tribunal, al finalizar la audiencia en la que Valeria Corbacho, abogada de Sebastián Baidón, presentó el último alegato de las defensas.
Sacando a Gabriel Isassi, Juan José Nieva y Fabián López, los tres oficiales de brigada acusados por el homicidio agravado de Lucas que enfrentan la posible pena de prisión perpetua, Baidón es el oficial para el que la acusación pidió mayores penas. La querella encabezada por Gregorio Dalbón pidió 30 años para él, mientras que el fiscal Guillermo Pérez de la Fuente solicitó 17. En la segunda audiencia del juicio, en la que declararon los tres sobrevivientes, Joaquín Zuñiga identificó a Baidón como uno de los oficiales que les gritó insultos racistas cuando él y Julián Salas estaban esposados boca abajo en Alvarado y Perdriel, la esquina en la que fueron detenidos tras la balacera.
En esa jornada los dos refirieron haber soportado gritos como “negros de mierda”, “villeros”, “a vos también hay que pegarte un tiro”, o preguntas como “¿dónde está la droga?” o “¿dónde tenés el arma con la que mataste a tu amigo?”. Este jueves Baidón escuchó el alegato de su defensa sentado junto a Corbacho. El efectivo, que ese 17 de noviembre de 2021 oficiaba de chofer del principal Héctor Cuevas, se mantuvo en silencio, con la frente en alto y la vista fija en la pared durante las más de cinco horas de alegato. Primero oyó a Fernando Lirman, codefensor de Corbacho, quien respondió a la acusación.
“Le creemos a Joaquín que crea que fue Baidón quien refirió esas frases inadmisibles, los chicos no tienen razones para mentir, pero cualquiera que pasa por una situación como esa se puede equivocar en el contexto en el que estaba. Está convencido de que fue Sebastián y es entendible”, dijo Lirman, para luego asegurar que no fue su defendido quien realizó esos gritos. Aunque ratificó que Baidón no hizo nada de lo que se le acusa, Corbacho sostuvo que, en todo caso, la tipificación de torturas es exagerada, dejando abierta así una ventana para calificaciones como vejaciones o apremios, con escalas penales más leves.
Lirman también hizo mención a otro punto importante en la imputación sobre Baidón. Tanto el oficial como Joaquín y Ricardo, su padre, señalaron que horas más tarde del crimen el efectivo se acercó a ellos para disculparse. El abogado ratificó lo que dijo Baidón en su declaración al asegurar que, en realidad, el oficial primero les habló para aclarar que él no fue quien lo maltrató. “No pidió disculpas, dijo “yo no fui’“, aseguró Lirman, quien agregó que sólo luego de eso se disculpó por si algo había ofendido al chico. “El perfil de policía que todos queremos combatir no es compatible con alguien que pide disculpas, con alguien que dice ‘disculpame, yo no fui’. La gente que es así, con la condición de poder que aprovechan, no termina de hacer eso y pide disculpas. Sebastián quiso que se supiera que no fue él y lo hizo espontáneamente en el momento de los hechos“, añadió.
La defensa de Baidón también buscó desligar al oficial de los otros dos delitos que se le achacan en calidad de coautor: encubrimiento y privación ilegítima de la libertad de los amigos de Lucas. Dijeron que el oficial sólo fue al lugar porque era el chofer de Cuevas y repitieron el relato realizado por Baidón en su indagatoria, en la que señaló que el sólo hizo un “cacheo preventivo” a uno de los chicos pero no los esposó ni les gritó nada. Sobre ese cacheo, Corbacho dijo que fue “para buscar armas porque habían modulado que los cuatro jóvenes estaban armados y cualquier policía debía corroborar la existencia o inexistencia de armas. ¿Cómo podía representarse que la modulación era falsa?”.
Tras el alegato, el tribunal corrió vista a la acusación para responder a las nulidades de sus alegatos que algunas de las defensas presentaron y para replicar sus exposiciones. Sobre la de Corbacho, Dalbón señaló que Joaquín “en la sala de juicio levantó la mano, señaló a Baidón y dijo que le dijo ‘negro hijo de puta te vamos a pegar un tiro en la cabeza’. Eso es tortura, Baidón es un torturador y así debe ser condenado”.
Por su parte, Pérez de la Fuente recordó uno de los videos que exhibió en su alegato, en el que se ve el momento en que a Julián le tomaron muestras para realizar el dermotest: “En ese video Julián todavía temblaba. La situación por la que pasaron esos jóvenes en ese momento es iniguanable, y para nosotros es inimaginable “, dijo. Por último, el fiscal se dirigió a los jueces del TOC: “Al sentarse a resolver este juicio, recuerden que empezó con las declaraciones de los chicos, de los papás y de las mamás. Recuerden que a toda esa gente esto les cambió la vida“, afirmó.
Además de Isassi, López, Nieva y Baidón, el tribunal deberá resolver sobre los otros diez imputados por el encubrimiento: el comisario inspector Daniel Santana, el comisario de la 4D, Fabian du Santos, el comisario de la 4A, Rodolfo Ozán, el comisario de brigadas, Juan Romero, el subcomisario de brigadas, Roberto Inca, el subcomisario de la 4D, Ramón Chocobar, el principal Cuevas, y los oficiales Jonathan Martínez, Ángel Arévalos y Daniel Espinosa.

6.7.2023

Por Martín Suárez

Soledad Acuña “premiará” con hasta 60.000 pesos a docentes que no realizaron medidas de fuerza. Para el pago, utilizará los fondos que descontó a docentes que pararon: “Quiere terminar con nuestros derechos adquiridos”, denuncian maestros.

“Vamos a usar las fuerzas de seguridad para hacer cumplir la ley y terminar con las extorsiones de los sindicatos que quieren frenar el trabajo”, lanzó en las últimas horas Rodríguez Larreta en el marco de sus promesas electorales que integran la campaña “Argentina Absurda”. Rápidamente, la ministra de Educación de CABA, Soledad Acuña, abrazó la proclama de su jefe político y ordenó “premiar” a aquellos maestros y maestras que no faltaron durante los primeros seis meses del año, aunque, en el mismo comunicado, focalizó la medida en los paros docentes. La medida aduce que un maestro de grado de jornada completa con asistencia perfecta del 1° de febrero al 30 de junio cobrará una asignación extraordinaria de 60 mil pesos. Y aclara que, para el pago, se utilizarán los fondos que se recaudaron a partir del descuento realizado a los docentes que hayan adherido a alguna medida de fuerza. La cartera educativa, desde el 2022, viola una orden judicial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que exige el reintegro de dinero a docentes que recibieron descuentos por días de paro.
En una clara medida antisindical, la ministra Soledad Acuña, envió a cada correo electrónico de los 110 mil trabajadores y trabajadoras de la educación, un comunicado con la nueva medida. “Vamos a reconocer con una asignación extraordinaria a aquellos/as docentes y directivos que, de manera ininterrumpida, asistieron todos los días a trabajar”, detalla el correo. “El reconocimiento se pagará en agosto y será proporcional a cada cargo y al tiempo desempeñado en el corriente ciclo lectivo de acuerdo a las siguientes referencias: jornada completa 60 mil pesos y jornada simple 30 mil pesos”.
Desde la cartera educativa, reconocieron a este medio que el pago del “reconocimiento” se hará con los fondos que recaudaron a partir de los montos que le descontaron a los maestros que pararon durante el 2023. Según la cartera educativa este año hubo 11 paros convocados por la asociación docente Ademys y, 4 realizados por la unión de Trabajadores de la Aeducación (UTE– Ctera). Detallan que lograron juntar $104.101,53, en los casos de maestros de jornada completa sin antigüedad y $ 122.137,84 de aquellos que cuentan con la máxima antigüedad.
“Como nos tiene acostumbrados el gobierno porteño de Larreta y Acuña, mediante un mail nos informó que “premiará” a los docentes que no faltaron en el primer semestre. Esto atenta contra el derecho a enfermarse, contra el derecho a estar embarazada, contra el derecho a cuidar a un hijo enfermo, a seguir capacitándonos y, sobre todo, vulnera un montón de derechos adquiridos durante todos estos años y a la organización y la lucha haciendo eje en quién no para”, explica a Tiempo María José “monona” Gutiérrez, secretaria del nivel inicial de UTE-Ctera. Para la docente y referente sindical con esta medida “Soledad Acuña intenta dividirnos, bajar nuestras luchas y generar conflictos dentro de las escuelas. Una vez más la docencia argentina le va a demostrar que vamos a continuar en la lucha, que vamos a continuar más unidos que nunca y que la dignidad docente no se compra ni se vende”, agrega.
Los detalles de esta medida “rompe huelga”, destacan que el reconocimiento salarial será para unos 35 mil docentes de escuelas de gestión estatal que no faltaron a su trabajo durante los primeros seis meses del año.
«El Gobierno intenta plantear una división entre los trabajadores que en realidad no existe: se equivoca nuevamente la ministra Acuña si piensa que estamos fragmentados», destaca la secretaria general de la asociación Ademys, Mariana Scayola. «La gran mayoría de la docencia apoya las medidas de fuerza aun cuando a veces no puede llevarlas adelante, justamente por los descuentos extorsivos”, agrega.

La justicia ordenó que Acuña debe reintegrar los descuentos por paros

En varias ocasiones, la justicia porteña, falló a favor de los docentes que realizaron medidas de fuerza. Hasta el máximo tribunal porteño, avaló los reclamos de decenas de miles de maestros y maestras de la Ciudad.
En mayo y junio del 2021, la docencia realizó varias medidas de fuerza porque rechazan la vuelta la presenciadad en medio de la ola de contagios de COVID-19. El paro fue total, casi un 98% de docentes se encontraron con salarios reducidos de hasta un 90%. Docentes que tenían salarios de $40.886 mensuales sufrieron descuentos de hasta $35.000.
En febrero de 2022, el Tribunal Superior de Justicia porteño falló a favor de los docentes y Larreta debía devolver, de manera urgente, los días descontados por medidas de fuerza. Después de un año de haber presentado el recurso legal, el TSJ, dejó firme la sentencia porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se demoró, o no quiso entregar a tiempo, varios documentos que la Corte le exigía para revisar el expediente. El Tribunal determinó que «la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 23 de marzo de 2020, ha emitido un documento que revela la preocupación mundial y alude a la necesidad de que los gobiernos implementen medidas dirigidas a paliar los efectos nocivos en el mundo del trabajo». Pero explica que sólo se vincula con la medida cautelar que obliga a la restitución del dinero descontado como medida provisoria, y concluye: De esta manera, la administración de Horacio Rodríguez Larreta, deberá proceder al «reintegro de los fondos descontados a los docentes en concepto de `días de huelga´ durante el mes de abril del 2021» y además deberá abstenerse «de efectuar deducciones salariales por idénticas razones, respecto del salario del mes de mayo».