Red de radios

6.7.2023

Por Luciana Bertoia

La decisión de Jorge Macri de saltar de la intendencia de Vicente López a una candidatura como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promete poner en apuros al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, que tendrá que definir si ratifica el fallo de los jueces electorales que el lunes habilitaron su candidatura. Si bien el macrismo tiene mayoría automática en el TSJ, ese cuerpo tiene un antecedente que podría ir en contra de los intereses del primo de Mauricio Macri: en 2010 los supremos porteños vetaron una potencial postulación de Adrián Pérez, entonces aliado de Elisa Carrió, porque había alternado su residencia entre la provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

Tanto Vanina Biasi, del Partido Obrero (PO), como Eugenio “Nito” Artaza –que tuvo intención de disputar la Ciudad en el armado que encabezaba Daniel Scioli– recurrieron el fallo del Tribunal Electoral de la Ciudad, que el lunes había sostenido que Jorge Macri puede competir como precandidato a jefe de gobierno porteño. “Espero que el TSJ pueda revertirlo porque éste es un caso escandaloso, un favor de la Justicia hacia un sector político”, le dijo Artaza a Página/12 después de firmar el recurso.
Artaza, Biasi y Juan Pablo Chiesa (Aptitud Renovadora) habían impugnado la candidatura de Jorge Macri porque entienden que no cumple con el artículo 97 de la Constitución de la Ciudad, que establece como requisitos “ser nativo de la Ciudad o poseer una residencia habitual y permanente en ella no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de elección”. Sin embargo, los tres integrantes del Tribunal Electoral, Roberto Requejo, Romina Tesone y Rodolfo Ariza Clerici, dijeron que estaba habilitado porque la Constitución no establecía que los cinco años debían ser los “inmediatamente” anteriores a la elección.
En su esforzado fallo, los tres jueces electorales dijeron que Jorge Macri había vivido más de 40 años en la Ciudad. El primo del expresidente aduce que residió en la Ciudad entre 1965 y 1997 y que retornó en 2015, pese a que, para entonces, ya ejercía como intendente de Vicente López. El argumento que dieron sus abogados –y que receptó el Tribunal Electoral– es que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires exige que el intendente tenga domicilio en territorio bonaerense, pero no demanda que resida allí.
Es incluso curioso el dato de que retornó a vivir en la Ciudad en 2015 porque su pareja, la periodista Belén Ludueña, le concedió en 2021 una entrevista a la revista Hola. En ese reportaje Ludueña contó que convivían con Jorge Macri desde marzo de 2020 y mostró el espacioso departamento de La Lucila, Vicente López.
El fallo del Tribunal Electoral ya fue apelado. La decisión quedará en manos del TSJ, que tiene un antecedente que parece ir en contra de los intereses del primo del expresidente. En 2010, Adrián Pérez presentó una acción declarativa de certeza: quería saber si podía competir el año próximo como candidato para jefe de Gobierno porteño. Pérez era entonces diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y vivía entre la Ciudad y el distrito de Azul, donde estaba instalada su familia. El TSJ le contestó que la residencia alternada no podía ser computada a los efectos del artículo 97 de la Constitución local.
De la conformación del TSJ que entonces votó en contra de los intereses de Pérez –que tendría que haber competido contra Mauricio Macri, de haber logrado sortear el veto judicial–, solo quedan dos integrantes: Luis Lozano y Alicia Ruiz. Los dos jueces se habían inclinado por no aceptar la acción declarativa de certeza de Pérez.
Los otros tres miembros del TSJ tienen aceitados vínculos el macrismo. Su presidenta, Inés Weinberg de Roca, fue la candidata de Mauricio Macri a la Procuración General de la Nación después de que logró forzar la renuncia de Alejandra Gils Carbó. Weinberg y Macri se habían conocido en el gimnasio y evidentemente la sintonía fue inmediata. El otro integrante es Santiago Otamendi, que fue el segundo de Germán Garavano en el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Cambiemos. La tercera jueza es Marcela De Langhe fue, además, directora del Instituto Superior de la Seguridad Pública (ISSP), la institución encargada de la formación de la policía de la Ciudad y que saltó a la fama en los últimos meses porque era donde estaba contratada la jueza federal María Eugenia Capuchetti mientras investigaba el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.
En paralelo, Biasi presentó una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que diga si Jorge Macri puede ser candidato. Los supremos le pidieron que opine al procurador general interino Eduardo Casal. En el Ministerio Público dijeron a este medio que el dictamen podría conocerse en los próximos días. La tendencia indicaría que Casal les va a decir a los cortesanos que el tema no es de su competencia.
“Acá ha pasado algo muy grave: por primera vez en muchísimos años se establecen reglas diferentes para los actores que tienen que presentarse a competir en la contienda electoral de la Ciudad”, dice Biasi. Para la dirigente del PO, hay una única explicación para que el PRO, que gobierna la Ciudad hace 16 años, tenga un candidato flojo de papeles. “Mauricio Macri solo le tiene confianza a su primo para cuidar la ‘caja’ para sus intereses políticos”, afirma.

4.7.2023

El rector Ricardo Gelpi de Juntos por el Cambio, negando el impacto ambiental, avaló la construcción que ya está en marcha de dos bares en la Reserva Ecológica Costanera Norte, impulsada por el gobierno de Larreta. En nombre de la institucionalidad, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Guillermo Durán, desligó su responsabilidad con una testimonial oposición a espaldas de la lucha estudiantil.

Desde hace meses, ambientalistas, estudiantes y trabajadores se han organizado junto a La Asamblea por la Reserva para intentar frenar un nuevo intento de avance sobre el territorio por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo, un viejo conocido: la privatización del espacio público para el negocio inmobiliario.
Los estudiantes denuncian la complicidad entre las autoridades de la UBA (que pertenecen al peronismo y a la Franja Morada), y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, exigen al centro de estudiantes de la facultad de Ciencias Exactas y Naturales, dirigido por La Cámpora que, en vez de dar la espalda a la Asamblea y las discusiones que se realizan en ella, se ponga a disposición y participe activamente de la instancia asamblearia para sumar fuerzas en la concreción de un plan de lucha efectivo.
Durante la última sesión de Consejo Superior el rector de la UBA, Ricardo Gelpi de Juntos por el Cambio, luego de haber negado la construcción en marcha de dos bares en la RECU-CN, dio luz verde a las obras de Larreta. Además, en esta última reunión se rechazó un pronunciamiento frente a los aberrantes hechos de represión, tortura y mutilaciones de proyectiles que el pueblo jujeño soporta por una lucha legítima: los salarios docentes, contra la Reforma de Morales y en defensa del territorio que hoy es punto geoestratégico clave para las grandes potencias por la extracción de litio.
Seguramente que Gelpi venga de Franja Morada, es decir, de Juntos por el Cambio, es decir, Larreta y Morales, no tiene nada que ver. Tampoco debe tener que ver el gaslighting que él mismo tiró al afirmar que las obras no existen, negando una realidad que se contradice con sólo darse vuelta y mirar.
Así como en Jujuy Unión por la Patria aportó sus votos a la Reforma de Morales, demostrando una vez más que la grieta tiene mucho de discursivo y poco de real, la posición del decano de la FCEyN, Guillermo “Willy” Durán, expresó una continuidad con esa política. Willy tenía dos opciones. Una, manifestarse a favor del reclamo de la comunidad, de la asamblea en defensa de la reserva, de los estudiantes, de los trabajadores que apoyan la lucha por el territorio y contra la privatización del espacio público. La otra, expresar una futil opinión negativa que invisibiliza a los actores mencionados, para que, por si acaso, quede algún registro. En sus propios dichos: «tenemos una posición diferente, y por supuesto nosotros, como defensores de la institucionalidad respetamos las decisiones que pueda tomar el gobierno de la Ciudad dentro de las funciones que tiene, pero también reafirmamos nuestro derecho a expresar nuestra opinión negativa en el sentido de lo que se está intentando avanzar».
Siendo la máxima autoridad de uno de los centros de investigación más importantes del mundo, incluso podría haber aportado la voluntad de mancomunar fuerzas para estudios de impacto ambiental, un trabajo interdisciplinario de investigadores, activistas, los trabajadores de la reserva y muchos actores más. Sin embargo, optó por la segunda.
Mientras la «transformación (de Larreta) no para», Durán simplemente expresa sus diferencias como opiniones, nada concreto, amparándose en la defensa de las instituciones. Más entreguista no se consigue.
Ante los hechos ocurridos durante la última reunión del Consejo Superior de la UBA, la asamblea se posicionó denunciando categóricamente la responsabilidad de las autoridades de la universidad en complicidad con el GCBA.

4.7.2023

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) anunció que este miércoles 5 de julio se reanudarán los paros rotativos en las seis Líneas de subte y el Premetro en reclamo de la eliminación total en la red del asbesto.

El asbesto es una sustancia sindicada internacionalmente como cancerígena y su utilización está prohibida en Argentina desde 2001. Los metrodelegados exigen una “solución” a lo que califican como “la crisis sanitaria en la red” y en ese sentido interrumpirán el servicio de todas las líneas en forma escalonada durante toda la jornada.
Según el anuncio firmado por el dirigente gremial Claudio Dellacarbonara, el servicio se interrumpirá de esta forma:
– De 5:30 a 10 en las líneas E y Premetro
– De 10 a 14:30 en las líneas A y B
– De 14:30 a 19 en las líneas C y D
– De 19 a fin del servicio en la H
El asbesto, una fibra mineral usada ampliamente en la construcción, se hizo popular por su resistencia al calor y al fuego, pero se demostró que es cancerígena y mata a decenas de miles de personas al año, según la Organización Mundial de Salud.
Esta fibra puede ser inhalada y alojarse por mucho tiempo en los pulmones hasta provocar la muerte por problemas respiratorios. Más de 107.000 personas mueren al año en todo el mundo por la exposición al amianto en lugares de trabajo, según la OMS.
Reclaman por la “desabestización integral de la red”
Los metrodelegados indicaron que por el momento no se ven propuestas concretas para darle una solución al conflicto por el asbesto, mientras que sólo se obtuvo “negativas y dilaciones” por parte de la empresa concesionaria Emova y el Gobierno porteño.
“A pesar de haber demostrado una vez más nuestra buena voluntad suspendiendo las medidas de fuerza durante 4 semanas frente a la convocatoria de la Subsecretaria de Trabajo de la Ciudad a una audiencia para discutir nuestra gravísima situación, no hemos conseguido ninguna propuesta concreta para avanzar en su solución”, explicaron.
“Solo hemos obtenido negativas y dilaciones de parte del Gobierno de la Ciudad y la empresa concesionaria Emova como respuesta a nuestros reclamos de desabestización integral de la red, cambio de flotas contaminadas, ingreso a vigilancia médica de todos los trabajadores y la reducción de la jornada laboral, agregaron.
En el mismo sentido, expresaron que “es inaudito que los responsables de dar una solución inmediata a esta crisis que ya provocó la muerte de 3 trabajadores, la afectación de la salud de otros 90 y que pone en riesgo la salud de millones de trabajadores, usuarios y vecinos, sigan incumpliendo normativas internacionales, leyes nacionales y fallos de la justicia Porteña”.
“Llamamos a los usuarios y vecinos a exigir junto a nosotros la solución que corresponde a esta crisis de salud pública bajo tierra”, finalizaron.
La respuesta de la empresa Emova al paro de subtes
En respuesta al reclamo de los trabajadores, Emova publicó un comunicado donde “continúa manifestando su disposición al diálogo, pero la reducción de la jornada semanal de 36 a 30 horas resulta inviable sin afectar las actividades de operación de la red de subte”.
También aseguró que “La empresa trabaja activamente en un plan de desasbestización en continuidad con el proceso iniciado hace cinco años. Este trabajo se realiza a través de una mesa interdisciplinaria en la que participan también las entidades gremiales y que funciona en la Dirección de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Emova ratifica que las más de 2.500 mediciones realizadas sobre la calidad del aire en todas las áreas de trabajo del subte, arrojan resultados considerados adecuados para la salud. Las mediciones se realizan constantemente y están a cargo de instituciones y laboratorios especializados que fueron validados por la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así se ha demostrado y se continúa monitoreando que el ámbito del Subte cumple con las condiciones exigidas por las normas que regulan la seguridad en el trabajo en base a estándares científicos y técnicos”.
Finalmente, recomiendan a los usuarios a chequear el sitio web www.emova.com.ar para conocer el estado del servicio, el Centro de Atención al Usuarios (0800-333-6682) o en las redes sociales.

1.7.2023

La Cooperativa de Trabajo La Litoraleña, recuperada por los trabajadores hace 8 años cuando quebró la empresa Deconti SA, sigue ahora luchando contra los ataques judiciales que ponen en riesgo el permiso de expropiación de la empresa.

Los trabajadores y trabajadoras organizados en la fábrica niegan una orden judicial de desalojo y proponen un Proyecto de ley para expropiar la fábrica recuperada en 2016.
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°. Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación, en los términos de la Ley Nº 238, los bienes muebles, instalaciones y bienes intangibles junto a los inmuebles sitos en calle Giradot 331 y 345, identificado catastralmente como Circunscripción 15, Sección 47, Manzana 88, Parcelas 016 y 015 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º. La determinación del precio de los bienes sujetos a expropiación, del artículo 1° se hará de acuerdo a lo establecido en los artículos 9° y 11° de la Ley Nº 238.
Artículo 3º. Los bienes comprendidos en el artículo 1° deben ser destinados al funcionamiento a la Cooperativa de Trabajo “La Litoraleña Limitada”, matrícula 55456, mientras mantenga la actividad productiva y las fuentes de trabajo. A tal efecto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dona los mencionados bienes a la cooperativa a condición de que la entidad no modifique el objeto social a cuyos fines ha sido constituida.
Artículo 4º. Exímase a la Cooperativa de Trabajo “La Litoraleña Limitada” del pago de todo impuesto, tasa, sellado o timbrado que tenga origen en la tramitación de las habilitaciones y certificaciones administrativas para la continuidad de la actividad desarrollada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5°. Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley deben ser imputados a la partida presupuestaria correspondiente al presupuesto general de gastos y cálculos de los recursos de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6º. El Poder Ejecutivo, a los treinta (30) días de sancionada la presente ley, debe iniciar el proceso expropiatorio.
Artículo 7°. Comuníquese, etc.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La economía social en la Argentina surge fundamentalmente en las épocas de crisis. Después de la pandemia, el cooperativismo cobró mayor vigor como manifestó Mario Cafiero, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) hasta 2020: “La pandemia puso al descubierto el interés por la economía social y solidaria. En la Argentina se verifica la existencia de cerca de 10.400 cooperativas y 3.400 mutuales, así como casi 18 millones de argentinos y argentinas asociados/as a una cooperativa”.
La legislación nacional sobre cooperativas (Ley Nacional No 20.337) data de 1973 y precisa numerosas modificaciones en relación a la asignación de derechos y la necesidad de equiparar a los trabajadores y trabajadoras del sector con el resto de la clase obrera en materia previsional, de protección social, etc. Posteriormente, el Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa previsto en la Ley Nacional N° 23.427 preveía que los apoyos financieros se distribuyan entre Nación y provincias adheridas al régimen de coparticipación federal de impuestos en la forma que cada una establezca.
La importancia del cooperativismo en términos locales se pone en evidencia desde el mismo momento en que se reconoce en la lectura del artículo 48 de la Constitución de la Ciudad en donde se promueve junto a la actividad de la pequeña y mediana empresa al emprendedurismo cooperativo. Según el Informe elaborado por el INAES para diciembre de 2019, existen 1351 cooperativas con matrícula vigente en el ámbito de la Ciudad. El 82% corresponden al sector servicios y el 63,5% son cooperativas de trabajo.
En este marco, “La Litoraleña” lleva adelante su trabajo desde hace 7 años con más de 50 asociados produciendo tapas de tartas, empanadas y pastas envasadas. En el año 2016, después de la quiebra de Deconti SA, habiéndonos constituidos en Cooperativa de Trabajo, los trabajadores y trabajadoras de La Litoraleña solicitaron permiso de explotación a la Jueza Valeria Pérez Casado, del Juzgado Comercial Nacional N° 18, que fue denegado. Esto demandó años de reclamos hasta que la Cámara de Apelaciones dio la razón a la Cooperativa dando cuenta que estaba ajustada a derecho.
Este fue el comienzo de una inversión muy importante de tiempo y dinero para poner en funcionamiento la fábrica: mantenimiento de maquinarias, reacondicionamiento de instalaciones, habilitación de la fábrica a nombre de la Cooperativa, tramitación de registros correspondientes como productores de alimentos, recuperación de la clientela en el mercado, etc. Al día de hoy participa de todas las redes de distribución de productos cooperativos -tanto del ámbito público como del privado-, y mantienen un local de venta directa al público, crearon un programa de difusión del trabajo cooperativo para la comunidad educativa de todos los niveles.
La orden de desalojo se da luego que la jueza negara a la propuesta de los trabajadores de adquirir los bienes de la quiebra compensando los créditos laborales -salarios impagos, indemnizaciones, etc.- y que esta decisión fuera confirmada por la Cámara de Apelaciones y no permitieran un recurso ante la Corte Suprema de Justicia.
En virtud de lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.

1.7.2023

Durante los últimos días llegaron varias notificaciones de contravenciones a trabajadores de ambos hospitales. ¿El supuesto delito? Participar de un corte de calle en el marco de una reunión pactada en el Ministerio de Salud de la Nación.

La Fiscalía de la Ciudad imputa a dirigentes y representantes de los trabajadores de ambos hospitales por un corte en la 9 de julio el 23 de noviembre de 2022 acusándolos de obstrucción al tránsito.Ese día los representantes de los trabajadores mantuvieron una entrevista con el Ministro Collía. Los datos de los denunciados fueron aportados a la policía por el personal de seguridad de la Ministra de Salud Carla Vizotti, que fueron quienes gestionaron el ingreso de los representantes al ministerio.
Entre los procesados está la presidenta de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud del Hospital Posadas (Cicop-Seccional Posadas), Mirtha Jaime; el representante de Autoconvocados del Hospital Posadas, Carlos Colasurdo; la presidenta de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, Norma Lezana; la representante de residentes del Hospital Posadas, Ana Uribe; y la secretaria general Adjunta del Sindicato de Trabajadores de la Salud (STS), Graciela Flama, entre otros.
Este ataque se da en momentos que los gobiernos de un lado y del otro de la General Paz, así como los futuros candidatos dirimen quién aplica más rápido el plan del FMI que pretende hacer recortes aún más grandes en la salud pública y la educación. En este caso quieren ir sobre los que defienden la salud pública, que cada día está más vaciada, al servicio de pagar la fraudulenta deuda con el FMI. Es una persecusión sobre los que garantizan la atención de los sectores de la población cada vez más grandes que no pueden costear una prepaga y dependen solo de la salud pública. En vez de aumentar los salarios y el presupuesto, la justicia y el gobierno de Larreta atacan a los que denuncian las guardias vacías, sin personal ni insumos.
Ana Uribe, residente del Hospital Posadas, quien también es candidata del PTS en el Frente de Izquierda Unidad, expresó que: “Nos atacan a los que defendemos la salud pública, a los que pasamos largas jornadas atendiendo pacientes, muchas veces sin las condiciones óptimas, a sectores que no tienen acceso a una salud de calidad. Nosotros sí podemos contar lo que pasa en cada hospital, porque lo vivimos, le ponemos el cuerpo y no queremos mirar para otro lado, por eso nos pusimos de pie, nos movilizamos, votamos nuestros representantes y llevamos nuestro reclamo a los responsables de esta situación. La respuesta es esta; nos amenazan con aplicar una contravención, buscan intimidarnos, pero no lo lograran”.
El día viernes los trabajadores del hospital Posadas organizados en Cicop, autoconvocados y residentes debatieron en asamblea no dejar pasar este intento de amedrentamiento. Se votó el repudio, exigiendo el inmediato fin a las causas armadas por la policía y el macrismo, ya que el único delito flagrante es el del gobierno de la ciudad y nacional que priva a millones de una salud de calidad. A su vez votaron impulsar una campaña de firmas para mostrar que son miles los trabajadores con apoyo de nuestros pacientes los que defendemos nuestros hospitales.
En esa misma asamblea, profesionales presentaron el informe que armaron en base a recorridas y las distintas denuncias que fueron llegando de los servicios, evidenciando el ajuste que golpea fuerte en las condiciones de atención, aumentando aún más la precariedad con la que se trabaja: “no funciona el endoscopio de adultos, ni el aparato de medicina nuclear, faltan médicos especialistas en diagnóstico por imágenes, la aparatología para realizar estudios de audiología, se achicaron las camas de terapia intensiva pediátrica” son algunas de las denuncias que escuchaban atentamente tanto trabajadores como pacientes que presenciaron y participaron de la misma. Por eso, decían, es tan importante no dejar pasar los ataques a la protesta, porque la pelea contra estas condiciones es juntos y en las calles.
Por su parte, Laura Bogado, parte de la comisión directiva seccional y del CDP de CICOP por la minoría, solicitó que todas las organizaciones sindicales y sociales se pronuncien repudiando el hecho, pero enfatizó que aún faltaba el de “nuestro sindicato”, que al contrario de la comisión de pacientes que lanzó un repudio con correcta celeridad, no estaba ocurriendo lo mismo con la directiva provincial del sindicato de profesionales.
Es necesario que las organizaciones de trabajadores se pronuncien, empezando por la Cicop central que al día de la fecha no se ha pronunciado. Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud sacaron un comunicado en repudio.
Es vital la más amplia solidaridad, empezando por unir a los trabajadores del Hospital Posadas con el Hospital Garrahan y todos los sectores que estén en contra de la persecución a los que luchan. No se puede permitir ningún tipo de amedrentamiento por parte del Estado a trabajadores que no solo pelean por sus condiciones, sino que además hacen esfuerzos enormes por mejorar y sostener la salud pública día a día que como denunciaron en la asamblea, está en peligro. No hubo grietas a la hora de proponer cómo se defiende a los luchadores: “si nos tocan a uno, nos tocan a todos”.