Red de radios

14.7.2023

El Equipo de Sacerdotes de las Villas de la Ciudad de Buenos Aires solicitan a la Legislatura Porteña que cree un programa de emergencia para asistir a las personas que están en la indigencia y manifiestan su apoyo al proyecto de un “Complemento de Ingresos Porteño Universal” (CIPU) presentado por el diputado Matías Barroetaveña junto al bloque Unidos por la Ciudad.

El Padre Toto de Zabaleta junto a sacerdotes de las Villas de la Ciudad, de Retiro, Soldati, bajo Flores, Lugano y el obispo auxiliar de Buenos Aires, Monseñor Carrara, firmaron un documento donde apoyan la iniciativa y declaran que “hace falta que las clases dirigentes de todos los ámbitos nos pongamos en el pellejo de los más humildes de nuestra población, que dejemos de lado personalismos y rivalidades y aportemos soluciones concretas diseñadas desde la cercanía con los vecinos y no desde oficinas lejanas”.
“Este proyecto es indispensable porque hemos llegado a una situación límite en la ciudad”, expresó el diputado Barroetaveña; y explicó que “según datos de la ciudad de enero y febrero de 2023, el monto de la línea de indigencia creció un 19.98% y lleva acumulado un crecimiento de 115.1% de febrero 2022 a febrero 2023, superando incluso la inflación interanual nacional”, agregó.
“Recursos hay, en 2022, a Larreta le sobraron 130 mil millones de dólares”, manifestó Barroetaveña. Y aclaró que “el actual mandato Larreta es el peor en términos de ejecución presupuestaria, con la contradicción de que es también el punto más alto de presión impositiva. Desde 2007 hasta hoy, la recaudación por recursos propios en la ciudad ha aumentado más de un 70%”.

12.7.2023

A inicios del mes de junio, se realizó un informe sobre los diferentes negociados ejecutados por el diputado nacional de Juntos por el Cambio y actual vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, y el precandidato a presidente y jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Uno de los pactos empresariales firmados entre ambos incluye la construcción de bares, restaurantes y diferentes espacios recreativos dentro de las 23 hectáreas que ocupa la Reserva Ecológica de Ciudad Universitaria. Ese lugar es intangible y no habilita la construcción de grandes obras porque ponen en peligro el ecosistema conformado por más de 522 animales, entre aves, reptiles, insectos y arácnidos, y toda la vegetación. A raíz de esta situación, cientos de estudiantes y docentes universitarios, vecinas y vecinos de diferentes organizaciones conformaron la Asamblea en Defensa de la Reserva de Ciudad Universitaria. Aseguran que están dispuestos a frenar el avance del gobierno de la Ciudad y en las últimas horas presentaron un proyecto de ley para suspender estas obras.

La Reserva Ecológica es administrada por el rectorado de la UBA y el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. Desde que Emiliano Yacobitti desembarcó en el rectorado de la UBA, en agosto de 2022, la casa de altos estudios y el Gobierno porteño pergeñaron diferentes negociados. En febrero de este año, Tiempo advirtió sobre uno de esos emprendimientos: la UBA inició las obras de pavimentación de un espacio verde con la venia del GCBA. El objetivo es talar tres árboles centenarios para construir un edificio. Pese a la resistencia de vecinos y vecinas, las obras continúan en la esquina de Uriburu y Viamonte del barrio de Balvanera.
“Que avancen contra la Reserva Ecológica no lo vamos a permitir. Por eso un grupo de personas que conformamos la Asamblea en Defensa de la Reserva Ecológica Costanera Norte de Ciudad Universitaria, presentamos un proyecto de Ley para exigir el cese inmediato de las obras”, explica a este medio Jorgelina Bueno, integrante de la Asamblea. La joven confirmó que la construcción de los bares y restaurantes dentro del predio ya inició “y están haciendo lo mismo dentro de la Reserva Ecológica de Costanera Sur (Ver recuadro).
El proyecto de ley entró de la mano de la diputada porteña del Frente de Izquierda, Mercedes De Mendieta, y básicamente propone que el ejecutivo porteño y la UBA cumplan con el artículo 3 de la Ley 4467 sancionada el año 2012, que prohíbe “alterar la Reserva Ecológica CI-CN por impermeabilización de su superficie, o con excavaciones, rellenos, desmontes o por cualquier otra obra o acción humana que degrade la biodiversidad de la zona, de lo establecido con el plan de manejo”.
“Larreta pasando por encima de todos los parámetros y legislación definió la construcción de dos bares gastronómicos que atentan contra la biodiversidad y contra las actividades científicas y de recreación que se utilizan y que se realizan en ese lugar”, cuenta a Tiempo la diputada porteña del FIT Mercedes De Mendieta.
Dentro de la Reserva se concentra el 70% de las especies de aves que se registran en la ciudad y más del 20% en todo el país. El lugar tiene flora y fauna autóctona y además es parte de un humedal. “Nuestra lucha también incluye que el Congreso Nacional de una vez por todas sancione la ley de humedales. Porque nada de lo que está haciendo Larreta nos sorprende, esto es parte del plan que tiene el PRO en la Ciudad. Anteriormente Macri, cuando era jefe de gobierno porteño, inició el proceso de privatización de la costanera con dos fines: Por un lado, la especulación inmobiliaria y, por otro lado, la creación de un corredor gastronómico con bares y boliches, donde el negocio privado sea lo que esté por encima del cuidado del ambiente”, agrega la legisladora.

El avance sobre la Reserva Ecológica

Entre los fundamentos del proyecto de Ley, destacan un recorrido sobre el estado de situación actual de la Reserva y cómo inició parte del negociado entre Emiliano Yacobitti y Rodríguez Larreta. En noviembre de 2022, el GCABA comenzó a implementar construcciones que no corresponden para una reserva ecológica. En los documentos que figuran en la Secretaría de Ambiente del distrito, se observa la construcción de espacios destinados a la comercialización gastronómica. “Por lo tanto, las obras que se están realizando han generado la alteración del comportamiento de la fauna silvestre, muchos animales han aparecido de forma sorpresiva en el campus de Ciudad Universitaria, entrando en contacto cercano con las personas, hecho que pone en riesgo su salud, pero también la propia integridad física de estos animales”, destaca el documento. “Al respecto”, continúa el informe, “se destaca el caso de las yararás, que son reptiles que representan un riesgo sanitario porque los accidentes con estos, que pueden ocurrir en caso de ser molestadas, y pueden causar daños severos, incluso la muerte de la persona mordida”.

También avanzan con la privatización de la Reserva Ecológica Costanera Sur

El pasado 4 de julio, este medio sacó a la luz otro negociado de la Ciudad en el humedal más relevante que tiene el distrito porteño. Así lo estipulan las disposiciones ( la N° 131/DGARCON/23 y N° 132/DGARCON/23) que aprueban gastos de casi 21 y 18 millones respectivamente, para la Construcción de un Bar de Playa y un Bar bajo espigón, dentro de la Reserva Ecológica Costanera Sur.
Cabe destacar que este es un espacio forjado en 1986 y que cuenta con varias restricciones para la realización de distintas actividades. Todas se encuentran contenidas en el Plan de Manejo aprobado por la Ordenanza Nº 45.676 que, entre otras cosas, no autoriza la construcción de bares en la Reserva. Por el contrario, deja en claro las diferentes actividades que se pueden realizar dentro del predio, respecto a su gestión y uso del área. En el mismo sentido, el Código Urbanístico establece que en dicha área, los bares y confiterías solo pueden ser permitidos en los accesos a la Reserva Ecológica de Costanera Sur, pero en la disposición subida al Boletín Oficial, queda claro que se estaría construyendo un bar en la costa.

11.7.2023

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, estuvo presente este mediodía en los tribunales de Comodoro Py para acompañar a la familia de Lucas González en la lectura del veredicto que condenó a Gabriel Alejandro Isassi, Fabián Andrés López, y Juan José Nieva a prisión perpetua por homicidio quíntuplemente agravado en el crimen del joven. Durante el proceso judicial, la Secretaría se presentó como Amicus Curiae y observadora.

Además de las condenas a prisión perpetua, seis policías recibieron penas por los delitos de encubrimiento. Se trata del subcomisario Roberto Inca, y los comisarios Juan Horacio Romero, Fabián Du Santos, y Rodolfo Alejandro Ozán, quienes recibieron seis años de prisión. Además, el inspector Héctor Cuevas, una pena de 4 años y el oficial Sebastián Baidón ocho años de prisión por ser considerado autor del delito de torturas contra los sobrevivientes. En tanto, cinco policías fueron absueltos.
Cabe destacar que la sentencia de este caso marca un precedente al reconocer el odio racial como un factor agravante. Además, también reconoce como víctimas de la violencia institucional a los sobrevivientes y a los padres de los jóvenes afectados. “El Estado está haciendo un gran esfuerzo para luchar contra la violencia institucional. Este fallo trae un poco de alivio para la familia, pero además genera una jurisprudencia importante”, aseguró Pietragalla Corti, quien además pidió que el Congreso Nacional trate el proyecto de Ley Integral contra la Violencia Institucional que presentó la Secretaría.
Se trata de una propuesta que brinda herramientas para combatir la problemática y poder unificar políticas en todas las provincias del país. Entre otros puntos, dispone la creación de centros de denuncias provinciales; garantiza el acceso a la justicia; fija pautas procesales para investigar los hechos; crea un registro nacional y un observatorio con participación de las víctimas; otorga asistencia y reparación económica a las víctimas. Asimismo, establece un programa de formación para las fuerzas de seguridad, protocolos mínimos de actuación en el uso de armas de fuego y en manifestaciones públicas, políticas de control ciudadano, entre otras cuestiones.
El proyecto se realizó de manera articulada con organizaciones de familiares de víctimas de violencia institucional y con organismos de Derechos Humanos, teniendo en cuenta las recomendaciones recibidas por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Desde 2020, la Secretaría gestionó a través del Centro de Denuncias 3525 casos de violencia institucional y brindó asesoramiento jurídico, acompañamiento psicosocial y gestiones con autoridades políticas responsables de la fuerza denunciada.

El caso

El 17 de noviembre de 2021, Lucas González junto con sus compañeros Joaquín Zúñiga, Julián Salas y Niven Huanca volvían de entrenar en el club Barracas Central y se dirigían a sus hogares, en la localidad de Florencio Varela, cuando un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Comuna 4 con policías de civil de la Ciudad de Buenos Aires, que responde al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, los interceptó para detenerlos. Al intentar escapar, los agentes los persiguieron y les dispararon. La pericia sobre el cuerpo de Lucas determinó que fue asesinado por un disparo en la cabeza. Los sobrevivientes, Zúñiga, Salas y Huanca fueron víctimas de torturas por parte de otros agentes, que además intentaron hacer pasar el hecho como un enfrentamiento. El juicio duró cuatro meses y contó con 50 testimonios.

11.7.2023

Una familia de cuatro miembros que habita en la ciudad de Buenos Aires necesitó en junio percibir ingresos de por lo menos 131.332 pesos para no ser considerada en situación de indigencia, de 235.931 pesos para no quedar comprendida en la pobreza y de 363.666 pesos para ser catalogada como de clase media. Así lo indican los datos difundidos por la Dirección General de Estadística y Censos porteña. El Indec dará a conocer este jueves la variación que registró el Indice de Precios al Consumidor (IPC) durante junio.

Los gastos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en la ciudad de Buenos Aires, que marcan el límite de la indigencia, tuvieron el mes pasado un aumento de 4,48 por ciento, medio punto porcentual menos que el 4,98 por ciento de incremento registrado en mayo, en tanto el acumulado en doce meses llegó a 129,92 por ciento, 1,2 puntos menos que el 131,15 por ciento de la medición previa.
En el caso de la Canasta Básica Total (CBT), que establece el tope de la pobreza, el incremento mensual fue de 5,99 por ciento (menos que el 6,7 por ciento de mayo) y el interanual de 125,79 por ciento (123,38 por ciento en el mes anterior).
Mientras que la Canasta Total (CT), que en diferentes proporciones delimita al sector medio frágil, la clase media y los sectores acomodados, subió 6,16 por ciento en el mes (menor al 6,96 por ciento de mayo) y 126,10 por ciento en relación con junio de 2022 (122,71 por ciento en la medición anterior).
La evolución de las canastas en junio reflejó el menor peso relativo de los alimentos básicos respecto de los gastos en otros bienes, servicios y tarifas, que no forman parte de los gastos de indigencia, razón por la que los porcentajes de este último estrato tuvieron un incremento inferior al de los demás, una situación inversa a la que se dio en la medición interanual.
Al respecto, el 7 de julio se informó que la inflación en la Ciudad había sido del 7,1 por ciento en junio, pero el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas subió 5,8 por ciento, mucho menos que el 10,2 por ciento registrado en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.
En tanto, el Indec dará a conocer el miércoles 19 de julio su medición de las canastas básicas de junio. Se trata de un dato que cobrará una importancia adicional debido a que en los criterios de segmentación de los subsidios a las tarifas de servicios públicos, se excluye del beneficio a los usuarios con ingresos superiores a 3,5 veces la CBT. Si se tomara como referencia la medición de la Dirección de Estadística porteña, ese nivel pasaría a ubicarse en 825.760 pesos mensuales.

10.7.2023

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, justificó la invasión de ratas en distintos colegios de la ciudad de Buenos Aires y, de la misma manera, minimizó el reclamo de alumnos, docentes y familias al sostener que la cantidad de instituciones afectadas no es mucha.

En la Ciudad “tenés 1.200 edificios escolares, problemas en algunos vas a encontrar siempre”, fue la respuesta que el precandidato a presidente por el PRO dio al ser consultado por el drama que atraviesan más de 60 instituciones educativas desde los últimos meses.
A pesar de este dato al que arribó la Legislatura porteña, el insólito argumento al que el jefe comunal para explicar por qué había roedores en colegios públicos fue el siguiente: “¿Dónde hay ratas? Al lado de las obras. Cuando al lado de la escuela hay una construcción que mueve los cimientos, en esas situaciones hay (roedores). ¿Cuántos colegios puede haber en esas situaciones? Siempre alguno vas a encontrar”, se despachó el mandatario comunal para desligarse del asunto.
Durante la entrevista por radio Con Vos en la que fue consultado sobre el tema, el mandatario porteño tiró la pelota afuera. Dijo que la aparición de ratas en aulas, patios, cocinas y baños se debía al boom inmobiliario promovido por su gestión, en lugar de asumir la falta de mantenimiento, higiene y fumigación en las escuelas que dependen de su administración.
Es más, utilizó el argumento de la infraestructura escolar hasta para defender su propia candidatura presidencial. “Hay una (escuela a la) que ayer se le rompió el gas. ¿Vas a decirme que no puedo ser presidente con las escuelas sin gas? Hablemos en serio”, cuestionó al periodista que le hizo la consulta.
El drama de las ratas en colegios de todos los niveles no es sola ni necesariamente en instituciones que tienen una obra en construcción al lado. Así lo demostró el Mapa de la Rata elaborado por la Comisión de Promoción Social de la Legislatura porteña.
Hasta la semana pasada esa comisión recibió 43 denuncias que corresponden a 34 edificios escolares donde funcionan 62 instituciones educativas.
Las denuncias datan de instituciones ubicadas en 16 de los 21 distritos escolares. O sea que “en prácticamente todas las comunas tenemos esta situación de escuelas que han denunciado la presencia de roedores”, remarcó la presidenta de ese cuerpo, Laura Velasco.
Caballito, Barrio Mugica, Villa Soldati, Barracas, Villa Urquiza, Lugano, Almagro, Balvanera y Recoleta son algunos de los barrios con escuelas invadidas por ratas. Es decir que la zonificación del problema tampoco es acotada, como lo sugirió Rodríguez Larreta esta mañana.
Las denuncias también llegaron hasta la Defensoría del Pueblo porteña, que instó al gobierno de Juntos por el Cambio a tomar cartas en el asunto. Lo mismo hicieron los gremios docentes.