Confirman cautelar que protege al Hospital Borda
5.1.2013
"Hay una constante en el gobierno de Macri que es llevar adelante decisiones que representan atropellos para la comunidad", afirmó Hugo Yasky en la mañana del miércoles, en el marco de una conferencia de prensa que la CTA ofreció en su sede nacional. El motivo fue informar acerca de la reciente confirmación judicial de la cautelar que impide al gobierno macrista emplazar una mega obra en los terrenos del Hospital Borda.
Allí estuvieron presentes el secretario general de la comisión interna de los Talleres Protegidos del Borda y secretario general adjunto de la CTA, Marcelo “Nono” Frondizi; el secretario general adjunto de la comisión interna, Ernesto Balviano; el titular de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA), Eduardo López; Carlos Girotti, miembro de la conducción nacional de la CTA y Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina.
Al inicio de la conferencia de prensa tomó la palabra Yasky, quien celebró “el nuevo fallo, esta vez de la Cámara, favorable a los trabajadores del Borda y a los compañeros de la CTA que se presentaron para pedir que se garantice la continuidad del servicio del Borda en su actual emplazamiento”. A su vez se refirió a los motivos del gobierno macrista para construir tal obra: “La idea de emplazar el Centro Cívico en el espacio que ocupa el Borda no tenía absolutamente ningún sentido, era arbitraria y surgió de una decisión que tiene que ver más con un cálculo de tipo inmobiliario que con optimizar los servicios que brinda el Gobierno de la Ciudad”.
El reciente fallo de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo se dio a conocer el viernes pasado y avala el dictamen de primera instancia de la Jueza Patricia López Vergara. Dicho dictamen, cabe recordar, había frenado en octubre pasado la construcción del Centro Cívico en terrenos del Hospital José T. Borda, al otorgar un amparo solicitado por la Unidad Especial Histórica Urbana de la Defensoría porteña.
Ese amparo fue impulsado por dos gremios afiliados a la CTA: ATE y UTE. Al respecto, el secretario general de UTE, afirmó: “Estamos de acuerdo con que haya un centro cívico en la zona sur, pero lo que no queremos es que sea en el Borda, en sus terrenos o en una escuela”. Y agregó: “Sabemos que el jefe de Gobierno no le puso gas al Borda y empezó con una política de desfinanciamiento para matar dos pájaros de un tiro, sacar al hospital y poner el Centro Cívico. Entendemos que para Macri no haya ganancia ni votos en una escuela o un hospital de salud mental, pero para nosotros importa el derecho social, la salud y la educación”.
En ese sentido, López agregó que “por eso la justicia nos dio la razón, y por eso vamos a seguir con el estado de alerta y movilización, defendiendo las escuelas y los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires”, y concluyó que “hoy ganó la justicia”.
A modo de balance, López repasó las victorias que obtuvieron los trabajadores de la educación en el 2012. Entre otras, la derogación del llamado “0800 facho” que Macri quería poner en las escuelas porteñas; la reincorporación de las seis maestras de Monte Castro, sancionadas por defender los cursos y grados que el gobierno pretendía eliminar; y además evitar que cerraran tales cursos.
A su turno, y luego de destacar la labor de los Talleres Protegidos del Borda, vinculados a la resocialización de los pacientes de salud mental y al trabajo productivo, Marcelo Frondizi señaló: “Los trabajadores del Taller 19 mantuvimos una resistencia pacífica para defender el dispositivo de salud mental” y, en un racconto de lo sucedido en torno a la pelea por preservar los terrenos del Borda, indicó que “a partir de esa lucha, que contó con movilizaciones y festivales, tomamos la decisión junto a los compañeros de UTE, de iniciar a través de la Unidad Especial de Protección del Patrimonio Cultural Histórico de la Defensoría del Pueblo una causa pidiendo una cautelar que fue otorgada por la jueza Patricia López Vergara, en octubre”. Esa cautelar estuvo fundamentada en tres aspectos: una ley de 1999 que declara patrimonio histórico nacional a toda la zona del Hospital. En segundo lugar, que no se hicieron los estudios de impacto ambiental que debería haber hecho la empresa, con la intervención de la Secretaría de Cultura. Y por último, la presencia de yacimientos antropológicos y arqueológicos alojados en ese predio y que son de importancia cultural para el patrimonio histórico porteño”.
Sobre el dictamen de la Cámara que ratificó la cautelar, Frondizi apuntó: “Para nosotros, es un triunfo en la defensa de la salud pública, gratuita y solidaria, que es nuestro compromiso. Nuestro compromiso es con los más débiles, que son los pacientes de salud mental que son los más afectados por esta decisión. Fue una pelea contra el Goliat que es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero tomamos la decisión de resistir, con el apoyo de los trabajadores del Borda, el Moyano y el Tobar García. Y también, el de la CTA, que difundió de la lucha y difundió las movilizaciones”.
Denuncia de descuentos
Hacia el cierre, tomó la palabra Ernesto Balviano para denunciar dos hechos puntuales que afectan a los trabajadores del Taller Protegido 19. En primer lugar, Balviano exigió una investigación acerca de “qué pasó con los pacientes que asistían al Taller 19 y hoy no están asistiendo, para determinar cuáles son las condiciones en que están esos pacientes en el día de la fecha, porque dejaron de recibir tratamiento. Algunos fueron derivados y tenemos la información de que la mayoría ha dejado el tratamiento”. Además, denunció que “hay seis compañeros que sufrieron el descuento de 53 días en sus salarios y hasta ahora no hay respuesta por parte de las autoridades del Ministerio de Urbanización acerca de las razones de estos descuentos, ya que los trabajadores se presentaron en su trabajo y cumplieron con todas las directivas enviadas”.
