Red de radios

30.6.2023

Los precios de alquiler aumentaron un 70,4 % en el primer semestre de 2023 en la Ciudad de Buenos Aires y un 11,2 % solo en el mes de junio, la máxima suba registrada hasta el momento. El incremento semestral marcó fue el doble que la suba registrada en el mismo período de 2022 (37,7%), según un informe del portal de negocios inmobiliarios Zonaprop.

Otra plataforma privada como Mercado Libre también elaboró un informe junto a la Universidad de San Andrés sobre el incremento de los precios de alquileres para el mes de junio en el Área Metropolitana (AMBA) y arrojó una cifra aún más alta: 15,3%, mientras que para CABA la medición fue unas décimas más bajas: 10,9%.
Estas cifras se conocen a punto de cumplirse tres años de la sanción de Ley de Alquileres, que continúa siendo boicoteada por las inmobiliarias y defendida por los inquilinos, que exigen más controles al Estado para efectivizar su cumplimiento. Según la organización Inquilinos Agrupados, el mercado inmobiliario incrementó los precios de los alquileres un 690% entre junio de 2020 y junio de 2023.
El valor de alquiler de un monoambiente en CABA, según el portal inmobiliario Zonaprop, es de 130.683 pesos por mes, mientras que un departamento de dos ambientes alcanza los 158.328 pesos por mes y una unidad de tres ambientes y 70 metros cuadrado se alquila por 205.081 pesos.
Palermo se posiciona como el barrio más caro, con un precio promedio de 205.483 pesos por mes, seguido por Belgrano y Saavedra con 188.066 y 186.891 pesos mensuales, respectivamente.
En la zona media se encuentran Almagro (156.829 pesos mensuales), Villa Luro (155.128 pesos mensuales) y Parque Chacabuco (146.106 pesos mensuales); y los barrios más económicos para alquilar son Liniers (114.447 pesos por mes), Monserrat (125.436 pesos por mes) y Constitución (130.207 pesos por mes).
Según ese relevamiento, se observa que el barrio de CABA donde ocurre el mayor aumento intermensual del precio de alquiler en pesos por m2 de departamentos fue Villa Crespo (19,9%).
Por su parte, el informe de Mercado Libre y la Universidad de San Andrés, precisó que considerando los municipios de AMBA (excluyendo CABA), la mayor variación intermensual de dicho precio de alquiler de casas ocurre en La Matanza (+18,2%), mientras que en el caso de departamentos ocurre en Ezeiza (+22,7%).
Zonaprop indicó además que la rentabilidad inmobiliaria sube levemente y se ubica en 4,95% anual, por lo cual se necesitan 20,2 años de alquiler para recuperar la inversión inicial, un 17% por debajo de lo requerido un año atrás.
A tres años de su sanción, la Ley de Alquileres no logró mejorar la situación de los inquilinos, bajo la presión de propietarios e inmobiliarias que se vieron perjudicados por pandemia de Covid-19, cuando se congelaron los desalojos y pagos de alquileres, y exigen seguir el ritmo del dólar paralelo y la inflación.
En abril pasado, el Ministerio de Economía dejó correr un trascendido sobre la derogación, vía decreto, de algunos puntos la Ley de Alquileres. Entre los puntos que se rumorearon estaban los más resistidos por propietarios e inmobiliarias: la extensión de tres años de los contratos, que el mercado busca reducir a dos, y el tiempo de actualización de la tarifa, que es anual en la norma y el mercado exige que sea trimestral o semestral.
Sin embargo, tres días después y con un mercado inmobiliario paralizado, la vocera presidencial desmintió que eso fuera a ocurrir: “La Ley de Alquileres es perfectible, pero es la que está vigente”. De todas formas, en los años transcurridos, el reclamo de organizaciones como Inquilinos Agrupados es la falta de controles por parte del Estado para hacer cumplir la norma, por lo que comenzaron a crecer los acuerdos mediante contratos temporales o en dólares.

30.6.2023

Se trata de una imputación contravencional por obstrucción de tránsito, en referencia a una movilización de trabajadores y trabajadoras de la salud que tuvo lugar el 23 de noviembre pasado sobre la Avenida 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires.

En aquella oportunidad la delegación de trabajadores sanitarios fue recibida por el viceministro de Salud, Alejandro Collia.
Según advierten desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), fue la policía encargada de la seguridad del Ministerio la que tomó los nombres de los dirigentes que se movilizaron y que ahora son imputados por el fiscal.
Entre los procesados está la presidenta de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud del Hospital Posadas (Cicop-Seccional Posadas), Mirtha Jaime; el delegado de los Profesionales Autoconvocados del Hospital Posadas, Carlos Colasurdo; la presidenta de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, Norma Lezana; la representante de residentes del Hospital Posadas, Ana Uribe; y la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Salud (STS), Graciela Flama; junto a otros dirigentes que componían la delegación.
Desde Fesprosa responsabilizaron además a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, “por el accionar delator de los servicios de seguridad del ministerio a su cargo”: “Exigimos que se retiren de inmediato las infundadas acusaciones contra las y los dirigentes y que se establezca una mesa de negociación que permita satisfacer los justos reclamos de los y las trabajadoras”, agregaron.

28.6.2023

Los jueces a cargo del juicio por el asesinato del joven futbolista hicieron lugar al pedido del fiscal y la querella luego de que la defensa de dos de los policías que están acusados de encubrimiento señalara que la cúpula policial estaba al tanto de esa actuación.

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires investigará al Jefe de la Policía local en el marco de la causa por el homicidio y posterior encubrimiento del crimen de Lucas Gonzáles. Se trata de Gabriel Berard, quien, según la defensa de dos acusados de encubrimiento, estaba al tanto de todo. El joven futbolista fue asesinado en el barrio de Barracas y por este hecho, 14 efectivos policiales están siendo enjuiciados hasta el momento.
Los jueces Hugo Navarro, Ana Dieta de Herrero y Marcelo Bartumeu hicieron lugar un pedido formulado en la jornada del pasado martes del juicio por el fiscal Guillermo de la Fuente y el querellante Gregorio Dalbón, luego de los alegatos referidos anteriormente.
Uno de los primeros en alegar fue el abogado Augusto Nino Arena, quien defiende al principal Cuevas. En alegato, además de pedir la absolución, “Cuando declaró (el exministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo) D’Alessandro dijo que el jefe de Policía le contó que hubo un enfrentamiento armado. ¿Vamos a creer que el jefe de Policía de la Ciudad no sabía nada? Cuevas le tiene pánico a esta gente, pánico por su vida, la de sus hijas y esposa. ¿Realmente ustedes creen que el jefe de Policía no sabía?”, expresó.
Más tarde, Natalia Arévalo, la codefensora y hermana del detenido por encubrimiento Ángel Darío Arévalo, dijo: “La madre de Lucas merece saber la verdad, quienes son los verdaderos encubridores de esto, (los culpables) no son los de menor jerarquía, sino que viene de más arriba”. Esto de acuerdo a la agencia referida más arriba.
Estas declaraciones muestran la podredumbre de la institución policial desde sus elementos subalternos hasta los encumbrados. Una institución que es el brazo armado del Estado para perseguir y poner en regla a los pobres.
Luego de la finalización de la jornada de alegatos, el fiscal De la Fuente pidió que se extraigan los testimonios de manera inmediata, y se remitan al juzgado de Instrucción y a la fiscalía correspondiente para que se investigue la actuación del comisario general Gabriel Berard. La solicitud fue acompañada por el abogado defensor Gregorio Dalbón.
Finalmente, el tribunal hizo lugar al planteo, por lo que ahora se remitirán las declaraciones que fueron brindadas durante el juicio oral para que sea un juzgado que investigue al comisario general.

27.6.2023

Por Mara Pedrazzoli

Las condiciones de vida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) empeoraron: hay más indigentes y menos pobres no indigentes, al tiempo que se registra una disminución de los segmentos acomodados y medios de la población. La situación es peor que en 2019. La información es provista por la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad y corresponde al primer trimestre de 2023, período en el que la inflación creció al 6,8 % promedio de acuerdo a igual fuente.

Hubo un cambio en las características socioeconómicas de la población que habita en CABA respecto del primer trimestre de 2022, hay más hogares y personas en situación de indigencia y descendió el número de pobres no indigentes. La Dirección Estadística define que son indigentes aquellos hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza a cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que en el primer trimestre de 2023 promedió los 98.620 pesos, mientras en mayo de este año llegó a unos 125.700 pesos.
Dicho “cambio en la composición” resulta en una mayor proporción de indigentes a costa de una disminución del ratio de pobres no indigentes. En el primer trimestre de 2023, la pobreza se ubicó en 15,8 por ciento de los hogares, es decir 213.000 casos y una cifra levemente por encima del 15,2 por ciento de igual período de 2022. Pero en 2022 la conformación era 10,5 pobres no indigentes y 4,7 por ciento de indigentes, mientras en 2023 fue de 10,3 por ciento de hogares pobres no indigentes y 5,5 por ciento indigentes. La cantidad de hogares indigentes ascendió a 74.000 según las mediciones en CABA.
A su vez, la situación es peor respecto del primer trimestre de 2019, el último antes del inicio de la pandemia del coronavirus. Entonces la pobreza alcanzaba al 14,8 por ciento de los hogares: 10,5 eran pobres no indigentes (un ratio bastante estable) y 4,3 por ciento eran indigentes.
Cabe aclarar que se considera pobre un hogar cuyos ingresos mensuales no superen el valor de la Canasta Básica Total (CBT) que entre enero y marzo de 2023 promedió los 176.500 pesos para una familia tipo de cuatro integrantes.
Aquella comparación de la evolución de la indigencia en términos de hogares se realiza también a nivel de las personas, donde se ve con mayor nitidez el crecimiento de la indigencia. El 21,8 % de las personas, es decir unos 673.000 habitantes, fue pobre en el primer trimestre del año. Ese ratio se compara con un 20,3 por ciento en los primeros tres meses de 2022, donde 14,4 correspondía a pobres no indigentes y 5,9 % a indigentes. En tanto la composición más reciente arroja ratios de 13,4 (un punto porcentual menos) y 8,4 por ciento (2,5 puntos porcentuales más) respectivamente.
El deterioro fue simultáneo en las condiciones de vida en los grupos de menores y mayores ingresos, informó el organismo de la CABA. En el último año hubo un significativo aumento en la cantidad de “no pobres vulnerables” que representaron el 9,4 por ciento de los hogares versus un 7 por ciento en el primer trimestre de 2022. En segundo lugar, hubo una caída en los hogares pertenecientes al sector “medio frágil” que pasaron al 9,9 por ciento del total versus 11,2 por ciento en el primer trimestre de 2022. La clase media aumentó levemente, pasó de 51,2 a 53,1 por ciento de los hogares. En tanto se redujo la importancia relativa de los sectores acomodados que de 15,4 por ciento de los hogares pasaron a representar el 11,8 por ciento en el primer trimestre de 2023.
De acuerdo a la Dirección General de Estadística en el sector de “no pobres vulnerables” se encuentran aquellos hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT pero no alcanzan a la Canasta Total (CT) de unos 217.200 pesos en el primer trimestre del año. En tanto, el “sector medio frágil” está compuesto por quienes cuentan con un ingreso de al menos la CT pero que no llega a cubrir el equivalente a 1,25 veces ese nivel. En la “clase media” está la franja de hogares cuyo ingreso total mensual es entre 1,25 y 4 veces la CT, y quienes exceden ese tope son considerados “sectores acomodados”. El organismo lleva un Sistema de Canastas de Consumo que actualiza mensualmente para producir las estadísticas.

27.6.2023

El juicio por el asesinato de Lucas González entra en su etapa final. El fiscal pidió perpetua para los tres policías de la Ciudad que abrieron fuego contra el auto en el que viajaba el futbolista de Barracas Central y sus tres amigos en la mañana del 17 de noviembre de 2021, y penas de entre 17 y 4 años para los otros doce agentes que están siendo juzgados por abuso de poder, privación ilegal de la libertad y encubrimiento.

Hoy, y a pedido de la fiscalía y la querella, el Tribunal ordenó que investiguen la actuación que tuvo en el caso el jefe de la fuerza, Gabriel Berard. Sucede que las defensas de dos de los policías plantearon en su alegato que la cúpula policial estaba al tanto de las maniobras desplegadas para encubrir a los asesinos de Lucas.
Augusto Nino Arena es el abogado defensor de Héctor Cuevas, el policía que llegó al juicio acusado de encubrimiento y terminó aportando información fundamental: que plantaron un arma en el auto en el que viajaban los chicos y el nombre de quién lo hizo. En su exposición, el abogado Nino Arena pidió la absolución de Cuevas y consideró que Berard tenía conocimiento de que no se había tratado de un enfrentamiento armado entre agentes porteños y delincuentes, como intentaron hacer creer los policías.
“Cuando declaró (el exministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo) D’Alessandro dijo que el jefe de Policía le contó que hubo un enfrentamiento armado. ¿Vamos a creer que el jefe de Policía de la Ciudad no sabía nada? Cuevas le tiene pánico a esta gente, pánico por su vida, la de sus hijas y esposa. ¿Realmente ustedes creen que el jefe de Policía no sabía?”, preguntó Arena a los jueces del TOC 25, a cargo del debate.
Más tarde, Natalia Arévalo, la codefensora y hermana del detenido por encubrimiento Ángel Darío Arévalo, también apuntó a la cúpula de la policía porteña: “La madre de Lucas merece saber la verdad, quienes son los verdaderos encubridores de esto, (los culpables) no son los de menor jerarquía, sino que viene de más arriba”. La abogada recordó que tras el arresto de su hermano intentó muchas veces contactarse con las autoridades de la Policía de la Ciudad, lo que pudo concretar el 23 de febrero de 2022, a más de dos meses de la detención. “Pensábamos que nos iban a dar una respuesta y la verdad que nos encontramos con lo peor que le pueden decir a una familia en ese momento, ya que el jefe de policía y el subjefe nos dijeron algo que no puedo olvidar, que no puedo sacar de mi mente: ‘Nosotros sabemos que sus familiares son inocentes, pero no podemos hacer nada porque esto es un tema político y no queremos que llegue a nosotros'”, relató.
Tras la finalización de los primeros seis alegatos, los jueces dictaron un cuarto intermedio hasta el próximo jueves a las 9, cuando sea el turno de las exposiciones de las defensas del comisario inspector Daniel Alberto Santana (43), y de los comisarios Fabián Alberto Du Santos (52) y Juan Horacio Romero (51), y el subcomisario Roberto Orlando Inca (47), también juzgados por el encubrimiento del hecho y las torturas de los sobrevivientes.
Para el martes 4 de julio será el tuno del alegato de los abogados Fernando Soto y Martín Sarubbi, codefensores del inspector Gabriel Alejandro Isassi (42), el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y del oficial Juan José Nieva (38), acusados del homicidio del adolescente. Finalmente, el jueves 6 se espera el alegato del oficial Sebastián Jorge Baidón (28), otro de los 11 agentes imputados por el encubrimiento. Fuentes judiciales confirmaron a Télam que el tribunal espera dar a conocer el veredicto entre el 11 y 13 de julio.
La fiscalía y la querella pidieron perpetua para Gabriel Issasi, Fabián López y Juan Jose Nievas, los tres policías que iban en el auto Nissan que esperó y emboscó a Lucas y sus amigos en la esquina de Perdriel e Iriarte. Eran de la Brigada 6 de la Policía de la Ciudad y el vehículo en el que se movían no tenía patente ni baliza policial, ni ningún tipo de ploteo que los identifique como policías. En la etapa de prueba del juicio, quedó claro que desde el primer momento modificaron la escena para hacer pasar el fusilamiento como una maniobra de prevención de un intento de robo. Las escuchas telefónicas, los mensajes que se enviaron, las imágenes de las cámaras de seguridad y la declaración de varios testigos los comprometen.