Red de radios

7.7.2023

Por Santiago Brunetto

El defensor alegó que no fue Sebastián Baidón quien profirió los insultos racistas contra los jóvenes cuando eran apresados. El fallo fue fijado para el martes próximo.

La etapa de alegatos del juicio por el crimen de Lucas González llegó a su fin este jueves y sólo resta conocer el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°25. La última defensa en alegar fue la de Sebastián Baidón, el oficial al que la acusación le achacó el delito de torturas luego de que Joaquín Zuñiga, uno de los tres sobrevivientes de la balacera policial, lo señalara en el juicio como quien le gritó insultos racistas mientras lo tenían esposado boca abajo. La defensa del oficial dijo creerle a Joaquín sobre lo que contó, pero alegó que el chico confundió al responsable, que no fue Baidón, y que el oficial ni siquiera lo esposó, por lo que pidió la absolución del imputado. El tribunal fijó la fecha del veredicto para el próximo martes 11 de julio.
El juicio que investiga las responsabilidades en el homicidio del adolescente de 17 años y el posterior encubrimiento del crimen llegará a su fin tras cuatro meses de audiencias y más de quince jornadas. El veredicto se leerá el martes, en los tribunales de Comodoro Py donde se llevaron a cabo las dos primeras audiencias del proceso antes de que el debate se trasladara a la sede del TOC N°25 en Paraguay al 1500. Así lo anunció Hugo Navarro, presidente del tribunal, al finalizar la audiencia en la que Valeria Corbacho, abogada de Sebastián Baidón, presentó el último alegato de las defensas.
Sacando a Gabriel Isassi, Juan José Nieva y Fabián López, los tres oficiales de brigada acusados por el homicidio agravado de Lucas que enfrentan la posible pena de prisión perpetua, Baidón es el oficial para el que la acusación pidió mayores penas. La querella encabezada por Gregorio Dalbón pidió 30 años para él, mientras que el fiscal Guillermo Pérez de la Fuente solicitó 17. En la segunda audiencia del juicio, en la que declararon los tres sobrevivientes, Joaquín Zuñiga identificó a Baidón como uno de los oficiales que les gritó insultos racistas cuando él y Julián Salas estaban esposados boca abajo en Alvarado y Perdriel, la esquina en la que fueron detenidos tras la balacera.
En esa jornada los dos refirieron haber soportado gritos como “negros de mierda”, “villeros”, “a vos también hay que pegarte un tiro”, o preguntas como “¿dónde está la droga?” o “¿dónde tenés el arma con la que mataste a tu amigo?”. Este jueves Baidón escuchó el alegato de su defensa sentado junto a Corbacho. El efectivo, que ese 17 de noviembre de 2021 oficiaba de chofer del principal Héctor Cuevas, se mantuvo en silencio, con la frente en alto y la vista fija en la pared durante las más de cinco horas de alegato. Primero oyó a Fernando Lirman, codefensor de Corbacho, quien respondió a la acusación.
“Le creemos a Joaquín que crea que fue Baidón quien refirió esas frases inadmisibles, los chicos no tienen razones para mentir, pero cualquiera que pasa por una situación como esa se puede equivocar en el contexto en el que estaba. Está convencido de que fue Sebastián y es entendible”, dijo Lirman, para luego asegurar que no fue su defendido quien realizó esos gritos. Aunque ratificó que Baidón no hizo nada de lo que se le acusa, Corbacho sostuvo que, en todo caso, la tipificación de torturas es exagerada, dejando abierta así una ventana para calificaciones como vejaciones o apremios, con escalas penales más leves.
Lirman también hizo mención a otro punto importante en la imputación sobre Baidón. Tanto el oficial como Joaquín y Ricardo, su padre, señalaron que horas más tarde del crimen el efectivo se acercó a ellos para disculparse. El abogado ratificó lo que dijo Baidón en su declaración al asegurar que, en realidad, el oficial primero les habló para aclarar que él no fue quien lo maltrató. “No pidió disculpas, dijo “yo no fui’“, aseguró Lirman, quien agregó que sólo luego de eso se disculpó por si algo había ofendido al chico. “El perfil de policía que todos queremos combatir no es compatible con alguien que pide disculpas, con alguien que dice ‘disculpame, yo no fui’. La gente que es así, con la condición de poder que aprovechan, no termina de hacer eso y pide disculpas. Sebastián quiso que se supiera que no fue él y lo hizo espontáneamente en el momento de los hechos“, añadió.
La defensa de Baidón también buscó desligar al oficial de los otros dos delitos que se le achacan en calidad de coautor: encubrimiento y privación ilegítima de la libertad de los amigos de Lucas. Dijeron que el oficial sólo fue al lugar porque era el chofer de Cuevas y repitieron el relato realizado por Baidón en su indagatoria, en la que señaló que el sólo hizo un “cacheo preventivo” a uno de los chicos pero no los esposó ni les gritó nada. Sobre ese cacheo, Corbacho dijo que fue “para buscar armas porque habían modulado que los cuatro jóvenes estaban armados y cualquier policía debía corroborar la existencia o inexistencia de armas. ¿Cómo podía representarse que la modulación era falsa?”.
Tras el alegato, el tribunal corrió vista a la acusación para responder a las nulidades de sus alegatos que algunas de las defensas presentaron y para replicar sus exposiciones. Sobre la de Corbacho, Dalbón señaló que Joaquín “en la sala de juicio levantó la mano, señaló a Baidón y dijo que le dijo ‘negro hijo de puta te vamos a pegar un tiro en la cabeza’. Eso es tortura, Baidón es un torturador y así debe ser condenado”.
Por su parte, Pérez de la Fuente recordó uno de los videos que exhibió en su alegato, en el que se ve el momento en que a Julián le tomaron muestras para realizar el dermotest: “En ese video Julián todavía temblaba. La situación por la que pasaron esos jóvenes en ese momento es iniguanable, y para nosotros es inimaginable “, dijo. Por último, el fiscal se dirigió a los jueces del TOC: “Al sentarse a resolver este juicio, recuerden que empezó con las declaraciones de los chicos, de los papás y de las mamás. Recuerden que a toda esa gente esto les cambió la vida“, afirmó.
Además de Isassi, López, Nieva y Baidón, el tribunal deberá resolver sobre los otros diez imputados por el encubrimiento: el comisario inspector Daniel Santana, el comisario de la 4D, Fabian du Santos, el comisario de la 4A, Rodolfo Ozán, el comisario de brigadas, Juan Romero, el subcomisario de brigadas, Roberto Inca, el subcomisario de la 4D, Ramón Chocobar, el principal Cuevas, y los oficiales Jonathan Martínez, Ángel Arévalos y Daniel Espinosa.

6.7.2023

Por Martín Suárez

Soledad Acuña “premiará” con hasta 60.000 pesos a docentes que no realizaron medidas de fuerza. Para el pago, utilizará los fondos que descontó a docentes que pararon: “Quiere terminar con nuestros derechos adquiridos”, denuncian maestros.

“Vamos a usar las fuerzas de seguridad para hacer cumplir la ley y terminar con las extorsiones de los sindicatos que quieren frenar el trabajo”, lanzó en las últimas horas Rodríguez Larreta en el marco de sus promesas electorales que integran la campaña “Argentina Absurda”. Rápidamente, la ministra de Educación de CABA, Soledad Acuña, abrazó la proclama de su jefe político y ordenó “premiar” a aquellos maestros y maestras que no faltaron durante los primeros seis meses del año, aunque, en el mismo comunicado, focalizó la medida en los paros docentes. La medida aduce que un maestro de grado de jornada completa con asistencia perfecta del 1° de febrero al 30 de junio cobrará una asignación extraordinaria de 60 mil pesos. Y aclara que, para el pago, se utilizarán los fondos que se recaudaron a partir del descuento realizado a los docentes que hayan adherido a alguna medida de fuerza. La cartera educativa, desde el 2022, viola una orden judicial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que exige el reintegro de dinero a docentes que recibieron descuentos por días de paro.
En una clara medida antisindical, la ministra Soledad Acuña, envió a cada correo electrónico de los 110 mil trabajadores y trabajadoras de la educación, un comunicado con la nueva medida. “Vamos a reconocer con una asignación extraordinaria a aquellos/as docentes y directivos que, de manera ininterrumpida, asistieron todos los días a trabajar”, detalla el correo. “El reconocimiento se pagará en agosto y será proporcional a cada cargo y al tiempo desempeñado en el corriente ciclo lectivo de acuerdo a las siguientes referencias: jornada completa 60 mil pesos y jornada simple 30 mil pesos”.
Desde la cartera educativa, reconocieron a este medio que el pago del “reconocimiento” se hará con los fondos que recaudaron a partir de los montos que le descontaron a los maestros que pararon durante el 2023. Según la cartera educativa este año hubo 11 paros convocados por la asociación docente Ademys y, 4 realizados por la unión de Trabajadores de la Aeducación (UTE– Ctera). Detallan que lograron juntar $104.101,53, en los casos de maestros de jornada completa sin antigüedad y $ 122.137,84 de aquellos que cuentan con la máxima antigüedad.
“Como nos tiene acostumbrados el gobierno porteño de Larreta y Acuña, mediante un mail nos informó que “premiará” a los docentes que no faltaron en el primer semestre. Esto atenta contra el derecho a enfermarse, contra el derecho a estar embarazada, contra el derecho a cuidar a un hijo enfermo, a seguir capacitándonos y, sobre todo, vulnera un montón de derechos adquiridos durante todos estos años y a la organización y la lucha haciendo eje en quién no para”, explica a Tiempo María José “monona” Gutiérrez, secretaria del nivel inicial de UTE-Ctera. Para la docente y referente sindical con esta medida “Soledad Acuña intenta dividirnos, bajar nuestras luchas y generar conflictos dentro de las escuelas. Una vez más la docencia argentina le va a demostrar que vamos a continuar en la lucha, que vamos a continuar más unidos que nunca y que la dignidad docente no se compra ni se vende”, agrega.
Los detalles de esta medida “rompe huelga”, destacan que el reconocimiento salarial será para unos 35 mil docentes de escuelas de gestión estatal que no faltaron a su trabajo durante los primeros seis meses del año.
«El Gobierno intenta plantear una división entre los trabajadores que en realidad no existe: se equivoca nuevamente la ministra Acuña si piensa que estamos fragmentados», destaca la secretaria general de la asociación Ademys, Mariana Scayola. «La gran mayoría de la docencia apoya las medidas de fuerza aun cuando a veces no puede llevarlas adelante, justamente por los descuentos extorsivos”, agrega.

La justicia ordenó que Acuña debe reintegrar los descuentos por paros

En varias ocasiones, la justicia porteña, falló a favor de los docentes que realizaron medidas de fuerza. Hasta el máximo tribunal porteño, avaló los reclamos de decenas de miles de maestros y maestras de la Ciudad.
En mayo y junio del 2021, la docencia realizó varias medidas de fuerza porque rechazan la vuelta la presenciadad en medio de la ola de contagios de COVID-19. El paro fue total, casi un 98% de docentes se encontraron con salarios reducidos de hasta un 90%. Docentes que tenían salarios de $40.886 mensuales sufrieron descuentos de hasta $35.000.
En febrero de 2022, el Tribunal Superior de Justicia porteño falló a favor de los docentes y Larreta debía devolver, de manera urgente, los días descontados por medidas de fuerza. Después de un año de haber presentado el recurso legal, el TSJ, dejó firme la sentencia porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se demoró, o no quiso entregar a tiempo, varios documentos que la Corte le exigía para revisar el expediente. El Tribunal determinó que «la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 23 de marzo de 2020, ha emitido un documento que revela la preocupación mundial y alude a la necesidad de que los gobiernos implementen medidas dirigidas a paliar los efectos nocivos en el mundo del trabajo». Pero explica que sólo se vincula con la medida cautelar que obliga a la restitución del dinero descontado como medida provisoria, y concluye: De esta manera, la administración de Horacio Rodríguez Larreta, deberá proceder al «reintegro de los fondos descontados a los docentes en concepto de `días de huelga´ durante el mes de abril del 2021» y además deberá abstenerse «de efectuar deducciones salariales por idénticas razones, respecto del salario del mes de mayo».

6.7.2023

Por Luciana Bertoia

La decisión de Jorge Macri de saltar de la intendencia de Vicente López a una candidatura como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promete poner en apuros al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, que tendrá que definir si ratifica el fallo de los jueces electorales que el lunes habilitaron su candidatura. Si bien el macrismo tiene mayoría automática en el TSJ, ese cuerpo tiene un antecedente que podría ir en contra de los intereses del primo de Mauricio Macri: en 2010 los supremos porteños vetaron una potencial postulación de Adrián Pérez, entonces aliado de Elisa Carrió, porque había alternado su residencia entre la provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

Tanto Vanina Biasi, del Partido Obrero (PO), como Eugenio “Nito” Artaza –que tuvo intención de disputar la Ciudad en el armado que encabezaba Daniel Scioli– recurrieron el fallo del Tribunal Electoral de la Ciudad, que el lunes había sostenido que Jorge Macri puede competir como precandidato a jefe de gobierno porteño. “Espero que el TSJ pueda revertirlo porque éste es un caso escandaloso, un favor de la Justicia hacia un sector político”, le dijo Artaza a Página/12 después de firmar el recurso.
Artaza, Biasi y Juan Pablo Chiesa (Aptitud Renovadora) habían impugnado la candidatura de Jorge Macri porque entienden que no cumple con el artículo 97 de la Constitución de la Ciudad, que establece como requisitos “ser nativo de la Ciudad o poseer una residencia habitual y permanente en ella no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de elección”. Sin embargo, los tres integrantes del Tribunal Electoral, Roberto Requejo, Romina Tesone y Rodolfo Ariza Clerici, dijeron que estaba habilitado porque la Constitución no establecía que los cinco años debían ser los “inmediatamente” anteriores a la elección.
En su esforzado fallo, los tres jueces electorales dijeron que Jorge Macri había vivido más de 40 años en la Ciudad. El primo del expresidente aduce que residió en la Ciudad entre 1965 y 1997 y que retornó en 2015, pese a que, para entonces, ya ejercía como intendente de Vicente López. El argumento que dieron sus abogados –y que receptó el Tribunal Electoral– es que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires exige que el intendente tenga domicilio en territorio bonaerense, pero no demanda que resida allí.
Es incluso curioso el dato de que retornó a vivir en la Ciudad en 2015 porque su pareja, la periodista Belén Ludueña, le concedió en 2021 una entrevista a la revista Hola. En ese reportaje Ludueña contó que convivían con Jorge Macri desde marzo de 2020 y mostró el espacioso departamento de La Lucila, Vicente López.
El fallo del Tribunal Electoral ya fue apelado. La decisión quedará en manos del TSJ, que tiene un antecedente que parece ir en contra de los intereses del primo del expresidente. En 2010, Adrián Pérez presentó una acción declarativa de certeza: quería saber si podía competir el año próximo como candidato para jefe de Gobierno porteño. Pérez era entonces diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y vivía entre la Ciudad y el distrito de Azul, donde estaba instalada su familia. El TSJ le contestó que la residencia alternada no podía ser computada a los efectos del artículo 97 de la Constitución local.
De la conformación del TSJ que entonces votó en contra de los intereses de Pérez –que tendría que haber competido contra Mauricio Macri, de haber logrado sortear el veto judicial–, solo quedan dos integrantes: Luis Lozano y Alicia Ruiz. Los dos jueces se habían inclinado por no aceptar la acción declarativa de certeza de Pérez.
Los otros tres miembros del TSJ tienen aceitados vínculos el macrismo. Su presidenta, Inés Weinberg de Roca, fue la candidata de Mauricio Macri a la Procuración General de la Nación después de que logró forzar la renuncia de Alejandra Gils Carbó. Weinberg y Macri se habían conocido en el gimnasio y evidentemente la sintonía fue inmediata. El otro integrante es Santiago Otamendi, que fue el segundo de Germán Garavano en el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Cambiemos. La tercera jueza es Marcela De Langhe fue, además, directora del Instituto Superior de la Seguridad Pública (ISSP), la institución encargada de la formación de la policía de la Ciudad y que saltó a la fama en los últimos meses porque era donde estaba contratada la jueza federal María Eugenia Capuchetti mientras investigaba el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.
En paralelo, Biasi presentó una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que diga si Jorge Macri puede ser candidato. Los supremos le pidieron que opine al procurador general interino Eduardo Casal. En el Ministerio Público dijeron a este medio que el dictamen podría conocerse en los próximos días. La tendencia indicaría que Casal les va a decir a los cortesanos que el tema no es de su competencia.
“Acá ha pasado algo muy grave: por primera vez en muchísimos años se establecen reglas diferentes para los actores que tienen que presentarse a competir en la contienda electoral de la Ciudad”, dice Biasi. Para la dirigente del PO, hay una única explicación para que el PRO, que gobierna la Ciudad hace 16 años, tenga un candidato flojo de papeles. “Mauricio Macri solo le tiene confianza a su primo para cuidar la ‘caja’ para sus intereses políticos”, afirma.

4.7.2023

El rector Ricardo Gelpi de Juntos por el Cambio, negando el impacto ambiental, avaló la construcción que ya está en marcha de dos bares en la Reserva Ecológica Costanera Norte, impulsada por el gobierno de Larreta. En nombre de la institucionalidad, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Guillermo Durán, desligó su responsabilidad con una testimonial oposición a espaldas de la lucha estudiantil.

Desde hace meses, ambientalistas, estudiantes y trabajadores se han organizado junto a La Asamblea por la Reserva para intentar frenar un nuevo intento de avance sobre el territorio por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo, un viejo conocido: la privatización del espacio público para el negocio inmobiliario.
Los estudiantes denuncian la complicidad entre las autoridades de la UBA (que pertenecen al peronismo y a la Franja Morada), y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, exigen al centro de estudiantes de la facultad de Ciencias Exactas y Naturales, dirigido por La Cámpora que, en vez de dar la espalda a la Asamblea y las discusiones que se realizan en ella, se ponga a disposición y participe activamente de la instancia asamblearia para sumar fuerzas en la concreción de un plan de lucha efectivo.
Durante la última sesión de Consejo Superior el rector de la UBA, Ricardo Gelpi de Juntos por el Cambio, luego de haber negado la construcción en marcha de dos bares en la RECU-CN, dio luz verde a las obras de Larreta. Además, en esta última reunión se rechazó un pronunciamiento frente a los aberrantes hechos de represión, tortura y mutilaciones de proyectiles que el pueblo jujeño soporta por una lucha legítima: los salarios docentes, contra la Reforma de Morales y en defensa del territorio que hoy es punto geoestratégico clave para las grandes potencias por la extracción de litio.
Seguramente que Gelpi venga de Franja Morada, es decir, de Juntos por el Cambio, es decir, Larreta y Morales, no tiene nada que ver. Tampoco debe tener que ver el gaslighting que él mismo tiró al afirmar que las obras no existen, negando una realidad que se contradice con sólo darse vuelta y mirar.
Así como en Jujuy Unión por la Patria aportó sus votos a la Reforma de Morales, demostrando una vez más que la grieta tiene mucho de discursivo y poco de real, la posición del decano de la FCEyN, Guillermo “Willy” Durán, expresó una continuidad con esa política. Willy tenía dos opciones. Una, manifestarse a favor del reclamo de la comunidad, de la asamblea en defensa de la reserva, de los estudiantes, de los trabajadores que apoyan la lucha por el territorio y contra la privatización del espacio público. La otra, expresar una futil opinión negativa que invisibiliza a los actores mencionados, para que, por si acaso, quede algún registro. En sus propios dichos: «tenemos una posición diferente, y por supuesto nosotros, como defensores de la institucionalidad respetamos las decisiones que pueda tomar el gobierno de la Ciudad dentro de las funciones que tiene, pero también reafirmamos nuestro derecho a expresar nuestra opinión negativa en el sentido de lo que se está intentando avanzar».
Siendo la máxima autoridad de uno de los centros de investigación más importantes del mundo, incluso podría haber aportado la voluntad de mancomunar fuerzas para estudios de impacto ambiental, un trabajo interdisciplinario de investigadores, activistas, los trabajadores de la reserva y muchos actores más. Sin embargo, optó por la segunda.
Mientras la «transformación (de Larreta) no para», Durán simplemente expresa sus diferencias como opiniones, nada concreto, amparándose en la defensa de las instituciones. Más entreguista no se consigue.
Ante los hechos ocurridos durante la última reunión del Consejo Superior de la UBA, la asamblea se posicionó denunciando categóricamente la responsabilidad de las autoridades de la universidad en complicidad con el GCBA.

4.7.2023

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) anunció que este miércoles 5 de julio se reanudarán los paros rotativos en las seis Líneas de subte y el Premetro en reclamo de la eliminación total en la red del asbesto.

El asbesto es una sustancia sindicada internacionalmente como cancerígena y su utilización está prohibida en Argentina desde 2001. Los metrodelegados exigen una “solución” a lo que califican como “la crisis sanitaria en la red” y en ese sentido interrumpirán el servicio de todas las líneas en forma escalonada durante toda la jornada.
Según el anuncio firmado por el dirigente gremial Claudio Dellacarbonara, el servicio se interrumpirá de esta forma:
– De 5:30 a 10 en las líneas E y Premetro
– De 10 a 14:30 en las líneas A y B
– De 14:30 a 19 en las líneas C y D
– De 19 a fin del servicio en la H
El asbesto, una fibra mineral usada ampliamente en la construcción, se hizo popular por su resistencia al calor y al fuego, pero se demostró que es cancerígena y mata a decenas de miles de personas al año, según la Organización Mundial de Salud.
Esta fibra puede ser inhalada y alojarse por mucho tiempo en los pulmones hasta provocar la muerte por problemas respiratorios. Más de 107.000 personas mueren al año en todo el mundo por la exposición al amianto en lugares de trabajo, según la OMS.
Reclaman por la “desabestización integral de la red”
Los metrodelegados indicaron que por el momento no se ven propuestas concretas para darle una solución al conflicto por el asbesto, mientras que sólo se obtuvo “negativas y dilaciones” por parte de la empresa concesionaria Emova y el Gobierno porteño.
“A pesar de haber demostrado una vez más nuestra buena voluntad suspendiendo las medidas de fuerza durante 4 semanas frente a la convocatoria de la Subsecretaria de Trabajo de la Ciudad a una audiencia para discutir nuestra gravísima situación, no hemos conseguido ninguna propuesta concreta para avanzar en su solución”, explicaron.
“Solo hemos obtenido negativas y dilaciones de parte del Gobierno de la Ciudad y la empresa concesionaria Emova como respuesta a nuestros reclamos de desabestización integral de la red, cambio de flotas contaminadas, ingreso a vigilancia médica de todos los trabajadores y la reducción de la jornada laboral, agregaron.
En el mismo sentido, expresaron que “es inaudito que los responsables de dar una solución inmediata a esta crisis que ya provocó la muerte de 3 trabajadores, la afectación de la salud de otros 90 y que pone en riesgo la salud de millones de trabajadores, usuarios y vecinos, sigan incumpliendo normativas internacionales, leyes nacionales y fallos de la justicia Porteña”.
“Llamamos a los usuarios y vecinos a exigir junto a nosotros la solución que corresponde a esta crisis de salud pública bajo tierra”, finalizaron.
La respuesta de la empresa Emova al paro de subtes
En respuesta al reclamo de los trabajadores, Emova publicó un comunicado donde “continúa manifestando su disposición al diálogo, pero la reducción de la jornada semanal de 36 a 30 horas resulta inviable sin afectar las actividades de operación de la red de subte”.
También aseguró que “La empresa trabaja activamente en un plan de desasbestización en continuidad con el proceso iniciado hace cinco años. Este trabajo se realiza a través de una mesa interdisciplinaria en la que participan también las entidades gremiales y que funciona en la Dirección de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Emova ratifica que las más de 2.500 mediciones realizadas sobre la calidad del aire en todas las áreas de trabajo del subte, arrojan resultados considerados adecuados para la salud. Las mediciones se realizan constantemente y están a cargo de instituciones y laboratorios especializados que fueron validados por la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así se ha demostrado y se continúa monitoreando que el ámbito del Subte cumple con las condiciones exigidas por las normas que regulan la seguridad en el trabajo en base a estándares científicos y técnicos”.
Finalmente, recomiendan a los usuarios a chequear el sitio web www.emova.com.ar para conocer el estado del servicio, el Centro de Atención al Usuarios (0800-333-6682) o en las redes sociales.