Red de radios

1.7.2023

La Cooperativa de Trabajo La Litoraleña, recuperada por los trabajadores hace 8 años cuando quebró la empresa Deconti SA, sigue ahora luchando contra los ataques judiciales que ponen en riesgo el permiso de expropiación de la empresa.

Los trabajadores y trabajadoras organizados en la fábrica niegan una orden judicial de desalojo y proponen un Proyecto de ley para expropiar la fábrica recuperada en 2016.
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°. Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación, en los términos de la Ley Nº 238, los bienes muebles, instalaciones y bienes intangibles junto a los inmuebles sitos en calle Giradot 331 y 345, identificado catastralmente como Circunscripción 15, Sección 47, Manzana 88, Parcelas 016 y 015 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º. La determinación del precio de los bienes sujetos a expropiación, del artículo 1° se hará de acuerdo a lo establecido en los artículos 9° y 11° de la Ley Nº 238.
Artículo 3º. Los bienes comprendidos en el artículo 1° deben ser destinados al funcionamiento a la Cooperativa de Trabajo “La Litoraleña Limitada”, matrícula 55456, mientras mantenga la actividad productiva y las fuentes de trabajo. A tal efecto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dona los mencionados bienes a la cooperativa a condición de que la entidad no modifique el objeto social a cuyos fines ha sido constituida.
Artículo 4º. Exímase a la Cooperativa de Trabajo “La Litoraleña Limitada” del pago de todo impuesto, tasa, sellado o timbrado que tenga origen en la tramitación de las habilitaciones y certificaciones administrativas para la continuidad de la actividad desarrollada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5°. Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley deben ser imputados a la partida presupuestaria correspondiente al presupuesto general de gastos y cálculos de los recursos de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6º. El Poder Ejecutivo, a los treinta (30) días de sancionada la presente ley, debe iniciar el proceso expropiatorio.
Artículo 7°. Comuníquese, etc.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La economía social en la Argentina surge fundamentalmente en las épocas de crisis. Después de la pandemia, el cooperativismo cobró mayor vigor como manifestó Mario Cafiero, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) hasta 2020: “La pandemia puso al descubierto el interés por la economía social y solidaria. En la Argentina se verifica la existencia de cerca de 10.400 cooperativas y 3.400 mutuales, así como casi 18 millones de argentinos y argentinas asociados/as a una cooperativa”.
La legislación nacional sobre cooperativas (Ley Nacional No 20.337) data de 1973 y precisa numerosas modificaciones en relación a la asignación de derechos y la necesidad de equiparar a los trabajadores y trabajadoras del sector con el resto de la clase obrera en materia previsional, de protección social, etc. Posteriormente, el Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa previsto en la Ley Nacional N° 23.427 preveía que los apoyos financieros se distribuyan entre Nación y provincias adheridas al régimen de coparticipación federal de impuestos en la forma que cada una establezca.
La importancia del cooperativismo en términos locales se pone en evidencia desde el mismo momento en que se reconoce en la lectura del artículo 48 de la Constitución de la Ciudad en donde se promueve junto a la actividad de la pequeña y mediana empresa al emprendedurismo cooperativo. Según el Informe elaborado por el INAES para diciembre de 2019, existen 1351 cooperativas con matrícula vigente en el ámbito de la Ciudad. El 82% corresponden al sector servicios y el 63,5% son cooperativas de trabajo.
En este marco, “La Litoraleña” lleva adelante su trabajo desde hace 7 años con más de 50 asociados produciendo tapas de tartas, empanadas y pastas envasadas. En el año 2016, después de la quiebra de Deconti SA, habiéndonos constituidos en Cooperativa de Trabajo, los trabajadores y trabajadoras de La Litoraleña solicitaron permiso de explotación a la Jueza Valeria Pérez Casado, del Juzgado Comercial Nacional N° 18, que fue denegado. Esto demandó años de reclamos hasta que la Cámara de Apelaciones dio la razón a la Cooperativa dando cuenta que estaba ajustada a derecho.
Este fue el comienzo de una inversión muy importante de tiempo y dinero para poner en funcionamiento la fábrica: mantenimiento de maquinarias, reacondicionamiento de instalaciones, habilitación de la fábrica a nombre de la Cooperativa, tramitación de registros correspondientes como productores de alimentos, recuperación de la clientela en el mercado, etc. Al día de hoy participa de todas las redes de distribución de productos cooperativos -tanto del ámbito público como del privado-, y mantienen un local de venta directa al público, crearon un programa de difusión del trabajo cooperativo para la comunidad educativa de todos los niveles.
La orden de desalojo se da luego que la jueza negara a la propuesta de los trabajadores de adquirir los bienes de la quiebra compensando los créditos laborales -salarios impagos, indemnizaciones, etc.- y que esta decisión fuera confirmada por la Cámara de Apelaciones y no permitieran un recurso ante la Corte Suprema de Justicia.
En virtud de lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.

1.7.2023

Durante los últimos días llegaron varias notificaciones de contravenciones a trabajadores de ambos hospitales. ¿El supuesto delito? Participar de un corte de calle en el marco de una reunión pactada en el Ministerio de Salud de la Nación.

La Fiscalía de la Ciudad imputa a dirigentes y representantes de los trabajadores de ambos hospitales por un corte en la 9 de julio el 23 de noviembre de 2022 acusándolos de obstrucción al tránsito.Ese día los representantes de los trabajadores mantuvieron una entrevista con el Ministro Collía. Los datos de los denunciados fueron aportados a la policía por el personal de seguridad de la Ministra de Salud Carla Vizotti, que fueron quienes gestionaron el ingreso de los representantes al ministerio.
Entre los procesados está la presidenta de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud del Hospital Posadas (Cicop-Seccional Posadas), Mirtha Jaime; el representante de Autoconvocados del Hospital Posadas, Carlos Colasurdo; la presidenta de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, Norma Lezana; la representante de residentes del Hospital Posadas, Ana Uribe; y la secretaria general Adjunta del Sindicato de Trabajadores de la Salud (STS), Graciela Flama, entre otros.
Este ataque se da en momentos que los gobiernos de un lado y del otro de la General Paz, así como los futuros candidatos dirimen quién aplica más rápido el plan del FMI que pretende hacer recortes aún más grandes en la salud pública y la educación. En este caso quieren ir sobre los que defienden la salud pública, que cada día está más vaciada, al servicio de pagar la fraudulenta deuda con el FMI. Es una persecusión sobre los que garantizan la atención de los sectores de la población cada vez más grandes que no pueden costear una prepaga y dependen solo de la salud pública. En vez de aumentar los salarios y el presupuesto, la justicia y el gobierno de Larreta atacan a los que denuncian las guardias vacías, sin personal ni insumos.
Ana Uribe, residente del Hospital Posadas, quien también es candidata del PTS en el Frente de Izquierda Unidad, expresó que: “Nos atacan a los que defendemos la salud pública, a los que pasamos largas jornadas atendiendo pacientes, muchas veces sin las condiciones óptimas, a sectores que no tienen acceso a una salud de calidad. Nosotros sí podemos contar lo que pasa en cada hospital, porque lo vivimos, le ponemos el cuerpo y no queremos mirar para otro lado, por eso nos pusimos de pie, nos movilizamos, votamos nuestros representantes y llevamos nuestro reclamo a los responsables de esta situación. La respuesta es esta; nos amenazan con aplicar una contravención, buscan intimidarnos, pero no lo lograran”.
El día viernes los trabajadores del hospital Posadas organizados en Cicop, autoconvocados y residentes debatieron en asamblea no dejar pasar este intento de amedrentamiento. Se votó el repudio, exigiendo el inmediato fin a las causas armadas por la policía y el macrismo, ya que el único delito flagrante es el del gobierno de la ciudad y nacional que priva a millones de una salud de calidad. A su vez votaron impulsar una campaña de firmas para mostrar que son miles los trabajadores con apoyo de nuestros pacientes los que defendemos nuestros hospitales.
En esa misma asamblea, profesionales presentaron el informe que armaron en base a recorridas y las distintas denuncias que fueron llegando de los servicios, evidenciando el ajuste que golpea fuerte en las condiciones de atención, aumentando aún más la precariedad con la que se trabaja: “no funciona el endoscopio de adultos, ni el aparato de medicina nuclear, faltan médicos especialistas en diagnóstico por imágenes, la aparatología para realizar estudios de audiología, se achicaron las camas de terapia intensiva pediátrica” son algunas de las denuncias que escuchaban atentamente tanto trabajadores como pacientes que presenciaron y participaron de la misma. Por eso, decían, es tan importante no dejar pasar los ataques a la protesta, porque la pelea contra estas condiciones es juntos y en las calles.
Por su parte, Laura Bogado, parte de la comisión directiva seccional y del CDP de CICOP por la minoría, solicitó que todas las organizaciones sindicales y sociales se pronuncien repudiando el hecho, pero enfatizó que aún faltaba el de “nuestro sindicato”, que al contrario de la comisión de pacientes que lanzó un repudio con correcta celeridad, no estaba ocurriendo lo mismo con la directiva provincial del sindicato de profesionales.
Es necesario que las organizaciones de trabajadores se pronuncien, empezando por la Cicop central que al día de la fecha no se ha pronunciado. Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud sacaron un comunicado en repudio.
Es vital la más amplia solidaridad, empezando por unir a los trabajadores del Hospital Posadas con el Hospital Garrahan y todos los sectores que estén en contra de la persecución a los que luchan. No se puede permitir ningún tipo de amedrentamiento por parte del Estado a trabajadores que no solo pelean por sus condiciones, sino que además hacen esfuerzos enormes por mejorar y sostener la salud pública día a día que como denunciaron en la asamblea, está en peligro. No hubo grietas a la hora de proponer cómo se defiende a los luchadores: “si nos tocan a uno, nos tocan a todos”.

30.6.2023

Los precios de alquiler aumentaron un 70,4 % en el primer semestre de 2023 en la Ciudad de Buenos Aires y un 11,2 % solo en el mes de junio, la máxima suba registrada hasta el momento. El incremento semestral marcó fue el doble que la suba registrada en el mismo período de 2022 (37,7%), según un informe del portal de negocios inmobiliarios Zonaprop.

Otra plataforma privada como Mercado Libre también elaboró un informe junto a la Universidad de San Andrés sobre el incremento de los precios de alquileres para el mes de junio en el Área Metropolitana (AMBA) y arrojó una cifra aún más alta: 15,3%, mientras que para CABA la medición fue unas décimas más bajas: 10,9%.
Estas cifras se conocen a punto de cumplirse tres años de la sanción de Ley de Alquileres, que continúa siendo boicoteada por las inmobiliarias y defendida por los inquilinos, que exigen más controles al Estado para efectivizar su cumplimiento. Según la organización Inquilinos Agrupados, el mercado inmobiliario incrementó los precios de los alquileres un 690% entre junio de 2020 y junio de 2023.
El valor de alquiler de un monoambiente en CABA, según el portal inmobiliario Zonaprop, es de 130.683 pesos por mes, mientras que un departamento de dos ambientes alcanza los 158.328 pesos por mes y una unidad de tres ambientes y 70 metros cuadrado se alquila por 205.081 pesos.
Palermo se posiciona como el barrio más caro, con un precio promedio de 205.483 pesos por mes, seguido por Belgrano y Saavedra con 188.066 y 186.891 pesos mensuales, respectivamente.
En la zona media se encuentran Almagro (156.829 pesos mensuales), Villa Luro (155.128 pesos mensuales) y Parque Chacabuco (146.106 pesos mensuales); y los barrios más económicos para alquilar son Liniers (114.447 pesos por mes), Monserrat (125.436 pesos por mes) y Constitución (130.207 pesos por mes).
Según ese relevamiento, se observa que el barrio de CABA donde ocurre el mayor aumento intermensual del precio de alquiler en pesos por m2 de departamentos fue Villa Crespo (19,9%).
Por su parte, el informe de Mercado Libre y la Universidad de San Andrés, precisó que considerando los municipios de AMBA (excluyendo CABA), la mayor variación intermensual de dicho precio de alquiler de casas ocurre en La Matanza (+18,2%), mientras que en el caso de departamentos ocurre en Ezeiza (+22,7%).
Zonaprop indicó además que la rentabilidad inmobiliaria sube levemente y se ubica en 4,95% anual, por lo cual se necesitan 20,2 años de alquiler para recuperar la inversión inicial, un 17% por debajo de lo requerido un año atrás.
A tres años de su sanción, la Ley de Alquileres no logró mejorar la situación de los inquilinos, bajo la presión de propietarios e inmobiliarias que se vieron perjudicados por pandemia de Covid-19, cuando se congelaron los desalojos y pagos de alquileres, y exigen seguir el ritmo del dólar paralelo y la inflación.
En abril pasado, el Ministerio de Economía dejó correr un trascendido sobre la derogación, vía decreto, de algunos puntos la Ley de Alquileres. Entre los puntos que se rumorearon estaban los más resistidos por propietarios e inmobiliarias: la extensión de tres años de los contratos, que el mercado busca reducir a dos, y el tiempo de actualización de la tarifa, que es anual en la norma y el mercado exige que sea trimestral o semestral.
Sin embargo, tres días después y con un mercado inmobiliario paralizado, la vocera presidencial desmintió que eso fuera a ocurrir: “La Ley de Alquileres es perfectible, pero es la que está vigente”. De todas formas, en los años transcurridos, el reclamo de organizaciones como Inquilinos Agrupados es la falta de controles por parte del Estado para hacer cumplir la norma, por lo que comenzaron a crecer los acuerdos mediante contratos temporales o en dólares.

30.6.2023

Se trata de una imputación contravencional por obstrucción de tránsito, en referencia a una movilización de trabajadores y trabajadoras de la salud que tuvo lugar el 23 de noviembre pasado sobre la Avenida 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires.

En aquella oportunidad la delegación de trabajadores sanitarios fue recibida por el viceministro de Salud, Alejandro Collia.
Según advierten desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), fue la policía encargada de la seguridad del Ministerio la que tomó los nombres de los dirigentes que se movilizaron y que ahora son imputados por el fiscal.
Entre los procesados está la presidenta de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud del Hospital Posadas (Cicop-Seccional Posadas), Mirtha Jaime; el delegado de los Profesionales Autoconvocados del Hospital Posadas, Carlos Colasurdo; la presidenta de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, Norma Lezana; la representante de residentes del Hospital Posadas, Ana Uribe; y la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Salud (STS), Graciela Flama; junto a otros dirigentes que componían la delegación.
Desde Fesprosa responsabilizaron además a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, “por el accionar delator de los servicios de seguridad del ministerio a su cargo”: “Exigimos que se retiren de inmediato las infundadas acusaciones contra las y los dirigentes y que se establezca una mesa de negociación que permita satisfacer los justos reclamos de los y las trabajadoras”, agregaron.

28.6.2023

Los jueces a cargo del juicio por el asesinato del joven futbolista hicieron lugar al pedido del fiscal y la querella luego de que la defensa de dos de los policías que están acusados de encubrimiento señalara que la cúpula policial estaba al tanto de esa actuación.

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires investigará al Jefe de la Policía local en el marco de la causa por el homicidio y posterior encubrimiento del crimen de Lucas Gonzáles. Se trata de Gabriel Berard, quien, según la defensa de dos acusados de encubrimiento, estaba al tanto de todo. El joven futbolista fue asesinado en el barrio de Barracas y por este hecho, 14 efectivos policiales están siendo enjuiciados hasta el momento.
Los jueces Hugo Navarro, Ana Dieta de Herrero y Marcelo Bartumeu hicieron lugar un pedido formulado en la jornada del pasado martes del juicio por el fiscal Guillermo de la Fuente y el querellante Gregorio Dalbón, luego de los alegatos referidos anteriormente.
Uno de los primeros en alegar fue el abogado Augusto Nino Arena, quien defiende al principal Cuevas. En alegato, además de pedir la absolución, “Cuando declaró (el exministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo) D’Alessandro dijo que el jefe de Policía le contó que hubo un enfrentamiento armado. ¿Vamos a creer que el jefe de Policía de la Ciudad no sabía nada? Cuevas le tiene pánico a esta gente, pánico por su vida, la de sus hijas y esposa. ¿Realmente ustedes creen que el jefe de Policía no sabía?”, expresó.
Más tarde, Natalia Arévalo, la codefensora y hermana del detenido por encubrimiento Ángel Darío Arévalo, dijo: “La madre de Lucas merece saber la verdad, quienes son los verdaderos encubridores de esto, (los culpables) no son los de menor jerarquía, sino que viene de más arriba”. Esto de acuerdo a la agencia referida más arriba.
Estas declaraciones muestran la podredumbre de la institución policial desde sus elementos subalternos hasta los encumbrados. Una institución que es el brazo armado del Estado para perseguir y poner en regla a los pobres.
Luego de la finalización de la jornada de alegatos, el fiscal De la Fuente pidió que se extraigan los testimonios de manera inmediata, y se remitan al juzgado de Instrucción y a la fiscalía correspondiente para que se investigue la actuación del comisario general Gabriel Berard. La solicitud fue acompañada por el abogado defensor Gregorio Dalbón.
Finalmente, el tribunal hizo lugar al planteo, por lo que ahora se remitirán las declaraciones que fueron brindadas durante el juicio oral para que sea un juzgado que investigue al comisario general.