Red de radios

Límites y desafíos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

22.9.2012

Se realizó el viernes 21 de septiembre una charla-debate titulada "Balance a 3 años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual", coordinada por el diputado por la Cuidad de Buenos Aires por Proyecto Sur, Julio Raffo y en la que participaron Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia de la Nación y ex director del COMFER, Henoch Aguiar, ex secretario de Comunicaciones, Martín García, ex presidente de la Agencia de Noticias Télam, Fabiana Arencibia, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), Natalia Vinelli, integrante de Barricada TV y del Espacio abierto de televisoras alternativas, populares y comunitarias, Fabián Rodríguez, ex Ministro de Espacio Público del Gobierno de la ciudad y hombre vinculado al macrismoy Walter Burzaco, titular de la Asociación Argentina de Televisión por Cable. La charla contó con diversas opiniones y se llevó a cabo de una manera respetuosa, en una modalidad que contó con aproximadamente 10 minutos por cada orador, y en la que luego los oyentes tuvieron la posibilidad de plantear sus inquietudes y preguntas a los panelistas.

Gustavo López abrió la conferencia y dejó bien en claro que él opiniaba a modo personal: “Todo punto de vista es la vista de un punto”, recordando una frase de Leonardo Boff, filósofo religioso cercano a la “Teología de la Liberación”. Hizo hincapié en el lugar que tuvieron los medios en los años noventa: “Los medios de comunicación jugaron un rol central, como empresas info-comunicacionales, en la estructuración del neoliberalismo”. Desde esta concepción, López remarcó que “la intención de la ley que se aprobó era transformar la comunicación, que hasta ese momento había sido una cuestión de seguridad estatal, en un derecho humano básico”. Para finalizar, destacó tres aspectos de la ley: “el derecho de todo ciudadano de dar, buscar y recibir información”, la cuestión de la producción de contenidos, que según él apunta a la “diversidad cultural” , y la desconcentración de los monopolios.

Por su parte, Henoch Aguiar mostró diferencias entre la ley “que soñamos” y la que “se dictó”. Según él, el “ente que va a administrar los derechos de la comunicación debería ser un ente lo más parecido a la Corte Suprema de Justicia, lo más alejado de cualquier movimiento de coyuntura político posible”, pero en la “ley que se dictó (…) no hay un ente realmente independiente y estable”. A su vez, Aguiar planteó diferencia con la forma en que la ley trata a los diferentes tipos de medios y los nuevos modos de concentración: “Hay un montón de pequeños medios que están creciendo pero no terminan de permear y arriba hay nuevas concentraciones, concentraciones diferentes”.

La tercera oradora fue Fabiana Arencibia, integrante de Red Eco Alternativo, prensa nucleada en la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA). En primer lugar dejó en claro la posición en que quedaron los medios alternativos con la nueva legislación, ya que afirmó que los mismos quedaron “débiles en el texto de la ley”. Arencibia también hizo hincapié en el rol del Estado, quién debe “garantizar el derecho a la información”. Posteriormente, Fabiana describió el proceso de reconocimiento de la existencia de los medios alternativos y puntualizó el problema central del lugar que le otorgaron a los mismos. “Después de batallar desde distintos sectores, la ley incorporó un artículo en el que reconoce la existencia de las emisoras comunitarias. (…)Pero después el artículo no legisla sobre nosotros porque quedamos diluidos en las ´sin fines de lucro´ (…) Que una radio de una asamblea de Catamarca sea equiparada con el canal de la fundación ´Construir´ de Gerardo Martínez nos pone en el mismo sector en absoluta desigualdad de condiciones”. También remarcó la importancia que tienen los medios comunitarios en una de las funciones más importantes de la ley: la relacionada a la pluralidad. “Nuestros medios son actores fundamentales en esto de multiplicar las voces y democratizar”. Arencibia, a su vez, planteó su preocupación por dos elementos: “la falta de elaboración del plan técnico y la no reserva del 33% para las sin fines de lucro (…) La autoridad de aplicación tiene que elaborar un plan técnico: hacer un mapa de todo el país para que todos conozcamos qué frecuencias están ocupadas, por quiénes, etc. A partir de esto y de la reserva del 33% para las ´sin fines de lucro´ debe iniciarse el concurso”. A su vez, marcó el terreno y la visión de la RNMA en cuanto la desmonopolización de Clarín y los demás bloques mediáticos, al asegurar que esto “no garantiza la democratización de la comunicación” ya que “las frecuencias de las que tengan que desprenderse no van a volver al Estado para ser concursadas, van a ser frecuencias que estos grupos puedan transferir entre privados”. Arencibia concluyó su intervención con una expectativa clara: “Que esta ley pueda llegar a lograr la legalidad que ha sido postergado durante todos estos años”.

Natalia Vinelli, integrante de Barricada TV y del Espacio Abierto de Televisoras Alternativas, Populares y Comunitarias, subrayó que los medios comunitarios no suelen ser muy tenidos en cuenta: “Quedamos bien para los discursos pero a la hora de repartir los beneficios no estamos muy presentes”. Remarcó ciertos puntos positivos de la ley como el “marco legal”, la “tendencia a la desconcentración” y el “debate social” que ella generó. No obstante, también aseguró que la ley muestra ciertas “deudas”, como el no reconocimiento a los medios alternativos “en su especificidad”, la cuestión de la sustentabilidad y los altos precios de los pliegos y las bases y condiciones necesarias para obtenerlos. Con respecto a esto, Vinelli declaró: “Se nos pedía que declaremos empleados, pero nosotros no somos empleados, somos militantes sociales”.

La charla fue cerrada con las intervenciones de Walter Burzaco y Fabián Rodríguez. El titular de la Asociación Argentina de Televisión por Cable atacó las supuestas restricciones que la ley impone al cable; Fabián Rodríguez aseguró que los medios no tienen por qué ser limitados e incluso defendió a Clarín, calificándolo como un “contrapoder”.

Trabajadores y estudiantes unidos contra la trata

19.9.2012

Carlos Saglul (ACTA)

Militantes de la Federación Universitaria de Buenos Aires, la Asociación Trabajadores del Estado de la Capital Federal y la Central de Trabajadores de la Argentina realizaron una movilización contra la trata de personas en el marco de acciones que se vienen realizando en el Barrio de La Boca.
 

Esto significó la condena de varios miembros de una red de explotación sexual de menores. Guadalupe Carnelli, de la FUBA, explicó a ACTA que “organizarse contra la explotación sexual es parte de las obligaciones que hoy tienen las organizaciones populares para dar contención a los sectores más empobrecidos de la juventud”

-¿Cuál es la razón de que movilizaran a Comodoro Py?

Hoy culmina una denuncia que se inició en el 2006 cuando se pudo impulsar que varias compañeras menores de edad pudieran denunciar a varios proxenetas que trabajaban en el barrio de La Boca. No es fácil enfrentar a una red de tráfico, por eso en todo momento se consideró fundamental dar contención, acompañar a las denunciantes. Por eso estamos aquí.

Según el veredicto Carlos Centurión, fue condenado a seis años por abuso sexual con acceso carnal contra una menor de trece años, Jorge Fortes también por la misma figura a un año. La pena máxima correspondió al proxeneta Jorge Rodríguez que estará 21 años tras las rejas por promoción de la prostitución, explotación económica de las menores y facilitación de corrupción.

-¿Cómo llegan a las menores?

A través de las compañeras de ATE que trabajan en Minoridad. La situación de las chicas es muy difícil ya que estos tipos se les acercan y en medio de la orfandad que viven y le ofrecen el intercambio sexual, como una transacción a cambio de dinero, a veces acompañada por una falsa protección y contención afectiva. Hay que entender que hablamos de adolescentes, niños.

-¿De alguna manera en estos casos las organizaciones populares, los trabajadores organizados, parecen cubrir un rol que le tocaría al Estado?

Las redes de prostitución no podrían subsistir si no tuvieran la complicidad de jueces, policías, funcionarios. Es al revés, en vez de contener ellos son parte del negocio. Las extranjeras no llegan al país sin la complicidad de Migraciones. Hace sólo dos años se logró que renunciará un alto jefe de la Policía Federal que en vez de controlar a los proxenetas, esa era su función, trabajaba con las redes. Eso lo sabe todo el mundo. Pero también las menores, por eso hay que darle contención desde otro lado.

-Hay una reciente Ley de Trata.

Somos muy criticas en muchos aspectos. Por ejemplo, no protege a la víctima. ¿De que te sirve sacarla del prostíbulo donde la tienen secuestrada, tenerla cuatro días y mandarla a la calle. A la miseria, al hambre…? No se trata sólo de meter preso al proxeneta sino de no ser hipócrita y atacar las causas que ocasionaron que estas chiquitas quedaran en manos de las redes de tráfico sexual. Por otro lado, exigimos que se expropie a los proxenetas. Hay que sacarles todos los medios. No es cuestión que estén dos días presos y después vuelvan a abrir el prostíbulo. Y fundamentalmente, hay que darles seguridad a las denunciantes. Las que trabajan en el prostíbulo saben que la policía pasa a cobrar. ¿Suponés que las víctimas van a sentirse protegidas por ese policía, que es parte de la red?

De cualquier manera la organización popular, no solo sirve para atender situaciones concretas como esta, sino para ir cambiando las condiciones más profundas de injusticia, que posibilitan esta clase de explotación.
 

Difundimos comunicado de la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB)

19.9.2012

Desde ayer, lunes 17/9, han sido tomados cuatro colegios y hoy martes se sumaran 20 colegios a la Toma Conjunta, coordinada por la CEB (Coordinadora de Estudiantes de Base). Somos colegios de varias especialidades: técnicos, normales, comerciales, bachilleres, nacionales, artísticos, etc. Hemos agotando muchas instancias legales (cartas, petitorios, juntada de firmas) y otras medidas como marchas, festivales, cortes de calle, etc., antes de llegar a esta medida.

Hace cinco meses nos enteramos que se llevaría a cabo la homologación del titulo (validación del titulo a nivel nacional), la que es obligatoria y que vemos necesaria. Para esto es preciso adecuar la currícula, pero abogando siempre porque nos agreguen contenido y no nos lo quiten.

La modificación se hace sobre la base de los marcos de referencia que impone el INET en conjunto con el Consejo Federal y luego el Ministerio de Educación de cada provincia realiza la nueva currícula de manera regional.

En nuestro caso el gobierno de la Ciudad una vez mas, decidió perjudicar intencionalmente a la educación publica, como lo viene haciendo hace tiempo y como lo hace con lo público en general, planteando una modificación que nos saca las materias más importantes de nuestras especialidades sin consulta previa ni participación real de la comunidad educativa. La modificación ataca directamente nuestros títulos (los colegios pasarían a ser bachilleres con orientación, en vez de egresar con titulo técnico egresaríamos con un bachillerato con orientación técnica), ataca al trabajo de nuestros docentes (ya que eliminarían horas cátedra ), y nos hace perder el groso del contenido que vemos hoy en día con nuestras currículas.

Por esto mismo, exigimos suspensión en el cambio de currícula inconsulto, participación obligatoria de la comunidad educativa (padres, docentes, estudiantes) en jornadas institucionales donde se acuerde cual tiene que ser el contenido que queremos como educativa garantizado por escrito, por el ministro Bullrich, y no por asesores sin poder real de decisión. Sumado a las reivindicaciones ya históricas que seguimos reclamando, como las reformas edilicias, becas y viandas en tiempo y forma, que no nos criminalicen (ayer listas negras, hoy 0800 por intromisión política).

Los depósitos judiciales nacionales deberán ser depositados en el Nación

17.9.2012

Los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales serán depositados a en el Banco Nación a partir de los próximos 30 días. Así lo dispone la ley 26.764 y el decreto de su promulgación, 1674/2012, publicados hoy en el Boletín Oficial.

La norma, votada en el Congreso el miércoles pasado, generó el rotundo rechazo de todo el arco opositor, que criticó la iniciativa por ser perjudicial para el Banco Ciudad y vinculó la iniciativa con la disputa política que la Casa Rosada tiene con el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. También lo atribuyeron a la necesidad del kirchnerismo de hacerse de fondos de cara a las elecciones legislativas del año próximo.

"Los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales que hasta esa fecha se encuentren depositados en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires continuarán en dicha entidad hasta la extinción de las causas que le dieron origen y como pertenecientes a ellas", determina la norma del Boletín, que lleva las firmas de la presidenta Cristina Kirchner; el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; y el ministro de Justicia, Julio Alak.

El volumen de los fondos en disputa asciende a los $ 6900 millones, un tercio del monto total que el Banco Ciudad destina a fondear sus líneas de créditos.

Aborto No Punible: Macri no respeta el fallo de la Corte Suprema de Justicia

16.9.2012

El gobierno porteño mediante resolución ministerial 1252/2012 sancionó un protocolo de atención de los Abortos No Punibles – ANP- en el cual establece varios requisitos que entorpecen el acceso de las mujeres a este derecho.

De esta manera niega arbitrariamente el derecho a la interrupción voluntaria de los embarazos producto de violación a las mujeres cuya gestación exceda las doce semanas, exige el consentimiento informado de los/as padres/madres para los casos de niñas y adolescentes embarazadas de entre 14 y 18 años, y otorga un margen de discrecionalidad muy grande al ejercicio de la objeción de conciencia por parte de los/as profesionales médicos/as desoyendo la correcta interpretación y proceder ante estos casos que la Corte Suprema de Justicia realizó en marzo de este año sobre el artículo 86 inciso 2º del Código Penal: "esta situación de ausencia de reglas específicas para acceder al aborto permitido en caso de violación supone tan solo como necesario que la víctima de este hecho ilícito, o su representante, manifiesten ante el profesional tratante, declaración jurada mediante, que aquel ilícito es la causa del embarazo, toda vez que cualquier imposición de otro tipo de tramite, no resultara procedente pues significará incorporar requisitos adicionales a los estrictamente previstos por el legislador penal"

En cuanto a los protocolos de atención, la Corte exhorta a las autoridades nacionales y provinciales a implementarlos no como forma de verse completado el derecho al aborto no punible (que ya existe en la ley penal y no requiere de protocolo para su existencia), sino como medio de lograr su aplicación concreta y de remover las barreras administrativas o fácticas que puedan existir.

Al crear esta resolución el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tiene en cuenta las discusiones que se vienen dando en relación al protocolo de atención de ANP en la legislatura y fundamentalmente no protege la salud y la vida de las mujeres imponiendo obstáculos y restricciones innecesarias para garantizar nuestros derechos.