Macri intenta imponer un modelo de familia cristiano
18.5.2012
En el marco de capacitaciones en servicio, las/os docentes del Programa Primera Infancia, perteneciente a la Dirección de Inclusión Educativa (Dir. Sonia Stegmann) dependiente de la Subsecretaría de Inclusión escolar y comunidad educativa (Subsec. María Soledad Acuña) del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, acudimos a la primera capacitación obligatoria de las jornadas de mejora institucional. Este encuentro –el primero de dos- a cargo del Gobierno de la Ciudad y bajo el consentimiento de la coordinación de nuestro programa, fue llevado a cabo por capacitadoras de la Fundación LECI, quienes nos entregaron un documento elaborado por su director, el Reverendo Raymond Roy, máster, entre otras, en “Animación de Comunidades y Familias” y en “Pastoral Carcelaria”
Esta Fundación sustenta sus máximas en “el valor central del mensaje evangélico” y para dar curso al primer encuentro presentó el material “Cambio yo, cambia mi mundo”. Ante el primer signo de desconcierto que nos trajo el título del taller, adentramos en su lectura y vimos como subrayan conceptos tales como “alumnos inadaptados”, exponiendo también, un concepto de familia cuyo modelo es heterosexual como único y universal, ‘anulando’ una sociedad democrática que reconoce y que lucha por la diversidad de familias que existen. Habla despectivamente acerca de las personas que viven en situaciones sociales similares a las de las comunidades en las que nosotras/os trabajamos denominándolas como ‘barrios populosos’ y calificaciones prejuiciosas como “inclinación sexual”, así como ejemplos protagonizados por sacerdotes, aportes de Jesús y evangelización para la escuela, claves para lograr la conversión del espíritu de las personas, el “único factor de cambio”, según el mencionado manual.
Consideramos que esta es una situación alarmante en la educación pública, gratuita y laica.
Que las/os trabajadoras/es de Primera Infancia fuimos convocadas/os a una capacitación que no respeta la libertad de culto para nosotras/os, ni para la comunidad que asiste a nuestros espacios educativos, atenta contra los derechos que garantiza el artículo 14 de la Constitución Nacional, la cual postula que todos los habitantes de la Nación gozan de los derechos de trabajar, de entrar, permanecer en el territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.
El hecho de presentar la capacitación como si fuera de “Comunicación” y no evidenciar sus verdaderos contenidos religiosos deja en claro las concepciones ideológicas de la gestión macrista:
No responde a un programa de capacitación amplio, pedagógico, científico donde se respeta la diversidad cultural, sin emitir juicio sobre la construcción de la idea de familia, sexualidad e identidad de género.
Intenta de manera arbitraria reproducir aquellas ideas, religiosas, ideológicas, con tendencia a fomentar la construcción de un pensamiento único y hegemónico que oprima, a partir del juzgamiento, la discriminación y la desvalorización de aquello que se considera diferente.
Sostenemos que el respeto por la educación pública, gratuita y laica es garantía de la convivencia en la diversidad. Consideramos la enseñanza de la religión como una decisión personal que debe mantenerse fuera del espacio de la escuela, dentro del ámbito privado y no, como lo considera el gobierno, como un aspecto a trabajar con las/os docentes de la escuela pública en un espacio asignado dentro del horario de trabajo de las/os docentes, dentro del ámbito educativo, obligatorio y con suspensión de clases.
Con este tipo de capacitaciones, el Gobierno no reconoce y no respeta la diversidad de culto, no considera la diversidad de familias que conviven en nuestra sociedad y estigmatiza a los sectores sociales más postergados. Es por demás peligroso pues intenta imponer como “deseable” un tipo de prácticas relacionadas con las concepciones ideológicas del cristianismo, incluyendo su idea de sociedad y familia. Esta situación agrava la política educativa que viene llevando adelante este gobierno, sumado al ataque a las Juntas de Clasificación y Disciplina y en el marco escandaloso del cierre de cursos que se está realizando.
De esta manera este gobierno ataca el derecho a la educación pública, gratuita y laica que hoy siguen siendo posibles gracias a la conquista y el sostenimiento de todas/os las/os trabajadoras/es de la educación, que se sostuvo desde los inicios con la Ley 1420, anclada en los principios de la Razón y no de la Fe y, en la actualidad, con la Ley Nacional de Educación que promueve el aprendizaje de saberes científicos fundamentales para comprender y participar reflexivamente en la sociedad contemporánea.
Por eso denunciamos que este atropello es una manera de impedir el pensamiento crítico y reflexivo que buscamos y pregonamos en los espacios educativos de lo que formamos parte.
Defendemos el derecho a enseñar y aprender respetando las particularidades de cada comunidad, ratificamos que esto es responsabilidad indelegable del Estado, siendo fundamental la participación de las familias y la sociedad.
La escuela tiene que promover valores democráticos, brindar igualdad de oportunidades y posibilidades, sin discriminación alguna; garantizando los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal.
Trabajadores y trabajadoras de Primera Infancia
Mayo 2012
