Cronologia. Parque Indoamericano
La vivienda es un derecho a ocupar
5.12.2011
El diario Perfil el domingo 5 de diciembre publicó una nota donde el gobierno de la Ciudad anunciaba que daría títulos de propiedad a los habitantes de las Villas de la Ciudad. Al día siguiente la Jueza María Cristina Nazar (a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N º 26 de la Ciudad de Buenos Aires) ordenó el desalojo del predio que había sido recuperado por vecinos/as de Lugano y Soldati en reclamo de “vivienda digna y tierras”. En primera instancia intervino la Comisaría N º 36.
En el desalojo del martes 6 intervino la Policía Metropolitana -a cargo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- y la Policía Federal -bajo las órdenes del gobierno nacional.
Ambas fuerzas reprimieron a cientos de pobladores/as que reclamaban “un lugar para vivir”. El saldo de la campaña fueron dos muertos, Bernardo Salgueiro y Rosmarie Puña, por parte de la Policía Federal, además de decenas de heridos. En declaraciones a la prensa Diosnel Pérez, delegado e integrante del Frente Popular Darío Santillán y miembro de la junta vecinal de Villa 20, denunció que la toma “fue una protesta por falta de cumplimiento de la ley 1770, de 2005, que disponía la urbanización de la Villa 20, con la construcción de 1600 viviendas".
Los pobladores/as volvieron a recuperar el predio luego del desalojo el miércoles 8 e instalaron carpas. La cantidad de vecinos que se sumó a la toma creció, situación que dio cuenta de la necesidad de vivienda del pueblo trabajador/desocupado. Ese mismo día el repudio a los asesinatos y al desalojo se expresó en una marcha conjunta al predio de Soldati de organizaciones sociales, políticas, culturales, estudiantiles y de derechos humanos.
En paralelo, se realizó una reunión en la sede de la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS) en Villa Soldati, donde no se logró llegar a ningún acuerdo. Desde el gobierno de la Ciudad se prometió que se iban a instalar baños químicos en el predio, la entrega de agua y alimentos.
Los ataques de las patotas y los barrabravas del jueves 9 dejaron como saldo la muerte de Juan Castañeta Quispe, y más de 30 heridos graves."Julito" Capella, barrabrava de Huracán aparece identificado a través de las imágenes de los medios disparando contra los pobladores en Villa Soldati. Estos grupos que intentaron desalojar la toma, buscaban quebrar la lucha por la vivienda digna, y expresaron la tercerización de la represión por parte del Estado.
En esos días transcurridos, los muertos y los heridos y la atrocidad de los hechos que acontecieron, mostraron la decisión del Gobierno Nacional de dar vía libre a las prácticas patoteriles, intentando asociar todas las muertes a estos grupos armados extraoficiales, desligándolos de sus vinculaciones políticas. Por su parte, el Gobierno de la Ciudad incentivaba a la represión y se dedicaba a anunciar discursos xenófobos y racistas, deslindándose de la responsabilidad del accionar de la Policía Metropolitana e incumpliendo con la promesa de baños químicos y ayuda para las familias.
El día de los Derechos Humanos –viernes 10 de diciembre– las patotas armadas asesinaban a otro joven de 19 años, Juan Valero. El director del SAME, Alberto Crescenti, dijo en declaraciones que el joven estaba herido y que lo sacaron de la ambulancia y lo "remataron en el lugar", en tanto que el médico Julio González que se encontraba en el interior de la ambulancia debió ser internado por el stress que le produjo la situación. El SAME confirmó oficialmente que les fue "imposible" entrar al predio ya que las patotas impidieron con piedras y disparos de armas de fuego su ingreso para asistir a las familias.
Las patotas que se manifestaban como pertenecientes al grupo de Marcelo Chancalay – conocido puntero de Villa Lugano- más los barrabravas de Boca y Huracán y personas ligadas a SUTECBA, ese día avanzaron disparando y quemando las carpas de las familias, quienes resistieron y enfrentaron el ataque con piedras.
Mientras el predio era “zona liberada” para seguir matando y amedrentando a vecinos y vecinas que exigían un lugar para vivir, en el Anexo de la Cámara de Diputados se autoconvocaba una Comisión de legisladores que impidió en un comienzo el ingreso a las organizaciones sociales y delegados de la toma que se acercaron hasta allí. Luego se habilitó el ingreso y hablaron los delegados y las organizaciones. Los legisladores allí presentes, pese a manifestar su intención de darle una solución al conflicto y de hacerse presentes en la toma, no lo hicieron.
Las organizaciones sociales y políticas que salieron a las calles de Capital el viernes iniciaron un corte en las avenidas Callao y Corrientes en repudio a los asesinatos, que terminó con un escrache en las puertas de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad. A la medianoche se realizó una reunión entre el Gobierno Nacional, Gobierno de la Ciudad y organizaciones sociales, que continuó al día siguiente. En la negociación del sábado 11 la lucha y la resistencia por parte de los pobladores y organizaciones sociales y políticas que apoyaron el reclamo, dio como resultado el supuesto compromiso de garantizar la integridad de los vecinos, alimentos, agua y una posta sanitaria.
En la conferencia de prensa del sábado, el Jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, anunció que a partir de las 17:00 se iba a instalar un cerco por parte de la Gendarmería Nacional con la intención de impedir la entrada de patotas externas. Sin embargo, horas después del anuncio, se militarizó el predio impidiendo la entrada y salida, tanto de pobladores como el ingreso de alimentos, agua, entre otros suministros.
El censo que se realizó el domingo 12 en las 130 has. del predio de Villa Soldati por parte del Ministerio de Desarrollo Social de Nación a las familias, arrojó como resultado final un total de 13.333 personas con necesidad urgente de vivienda. (Hubo 5866 personas censadas en el predio y otras 7.467 que no estaban en el lugar, pero que eran parte de esas familias).
Ese mismo día, se realizó en Plaza de Mayo un festival por los Derechos Humanos organizado por el Gobierno de la Nación, donde el único que pasó por la memoria la situación de los asesinatos de Soldati, de Mariano Ferreira, Roberto López y Sixto Gómez de la Comunidad Primavera del pueblo Qom en Formosa, fue el cantante de la banda “Calle 13”.
El Gobierno de la Ciudad y Nación anuncian una “oferta” el martes 14 en la cual el se comprometieron a otorgar a futuro una vivienda a todos aquéllos que “la necesiten” y fueron censados. En el documento provisto por el Ministerio de Desarrollo Social de Nación se reconocía que los pobladores necesitaban vivienda y que habían estado en la toma del predio por esa necesidad. Además, se planteaba a los vecinos que no tenían DNI que los iban a tramitar. Todos los censados debían firmar el documento y luego retirarse del predio, si se negaban a la noche se produciría un nuevo desalojo y no iban a estar registrados en ningún plan de vivienda. Bajo tal amenaza, el miércoles 15 todos los pobladores desocuparon el predio bajo una promesa que carecía de validez legal.
Mientras en una conferencia de prensa el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández sostenía que “Todo aquel que usurpe no tendrá derecho a formar parte del plan de vivienda ni acceder a ningún plan social”, el jefe de gabinete porteño, Rodríguez Larreta sostuvo que "la prioridad la tendrán los que más lo necesitan. Quienes hoy están en el Parque y fueron censados no serán excluidos pero tampoco serán priorizados”. El papel de los medios masivos de comunicación fue ocultar parte de los conflictos tras un lenguaje simbólico y generar polos opuestos que no son, por ejemplo, el trabajador en lucha por vivienda fue denominado “usurpador” vs. otro trabajador denominado “vecino”, como dos entes que en principio no tendrían nada en común.
La causa de la toma no fue explicada y se priorizó el testimonio de sólo uno de los actores involucrados, el “vecino que paga impuestos”, al que se lo separa de su condición de trabajador. De esta forma, el trabajador que toma tierras es un “usurpador” y el trabajador que está en contra un “vecino”. Con este reduccionismo, la prensa esquiva la razón del conflicto y simboliza un vecino indefenso ante la violación ejercida por los “usurpadores inmorales”.
