LAS JUNTAS DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA EN LA CABA

 

Las Juntas de Clasificación y Disciplina EN LA CABA

Publicado el 10 de Octubre de 2011

Por Pablo Imen Especialista en Educación. Investigador UBA y C. C. Cooperación
 

Cambiar el Estatuto, suprimir las juntas, evaluar docentes, denunciar ante la justicia a los estudiantes díscolos, concebir a la educación como mercado constituyen las piezas del proyecto educativo macrista.
 

Las Juntas de Clasificación y Disciplina son órganos de gobierno del sistema educativo de la Ciudad, y se encargan de resolver a propósito de la vida laboral de los docentes de las escuelas públicas: allí se decide sobre traslados, ascensos o sanciones de los enseñantes. Hasta hoy esas atribuciones se realizan a través de las juntas, que son colegiados compuestos por representantes de los propios docentes y también por representantes del Estado de la Ciudad.
El ministro Bullrich a través de la Legislatura está intentando desmantelar estos órganos y unificarlos en una Oficina Única de Clasificación subordinada al ministerio correspondiente. Los argumentos defendidos por el oficialismo PRO son dos: la presunta ineficiencia y la posible falta de transparencia de las juntas que, insistimos, incluye representantes del Poder Ejecutivo. Y sin decir “agua va” introducen un proyecto de ley alegando que el estilo PRO es, a pesar de esa política de hechos consumados, dialoguista. Curioso modo de dialogar.
La discusión sobre los mecanismos de evaluación del trabajo docente nos dicen acerca de qué significa trabajar bien. Y trabajar bien presupone que la educación tiene objetivos claros, y medios para llevarlos adelante. Una cosa es si los fines educativos apuntan a formar ciudadanos conformistas y trabajadores dóciles y otra muy distinta es si la propuesta es formar hombres y mujeres libres, con autonomía de pensamiento, que desarrollen todos los aspectos de su personalidad, capaces de construir un proyecto colectivo de presente y de futuro. En uno y otro modelo pedagógico se enseña Matemática, Lengua, Historia, Ciencias Naturales y Sociales, se hace deporte… pero el modo de encarar esos conocimientos, esas relaciones pedagógicas, organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, evaluarlos son enteramente distintos.

TRANSPARENCIA, DIÁLOGO Y EFICACIA. La legisladora PRO Victoria Morales Gorleri pone en entredicho la transparencia y eficacia de las Juntas de Clasificación. Deja entrever también que la dependencia del Poder Ejecutivo y la normalización de las calificaciones docentes hace prácticamente innecesarias las juntas. El planteo encarna el verdadero sueño del tecnócrata, que supone que el acto pedagógico puede traducirse a una simple cuantificación de puntos que se comparan y, cual mecanismo mercantil, gana el que más puntos consigue. El que más puntos tiene es aquel que hizo más cursos, cada uno de los cuales tiene un puntaje asignado.
La primera objeción al planteo es el supuesto de que el Poder Ejecutivo despliega prácticas dialoguistas, transparentes y eficaces. No tenemos certeza acerca de quiénes designaron a Ciro James, Jorge Fino Palacios, Osvaldo Chamorro o Abel Parettini Posse pero tenemos todo el derecho a dudar de la eficacia, transparencia y democracia en nombramientos de personas que tienen innegables responsabilidades sobre la vida pública y social de la Ciudad.
La segunda objeción es la perspectiva que plantea el presupuesto tecnocrático de que si un docente hace un posgrado enseñará mejor. No hay ninguna evidencia de que esto ocurra, y suele haber una relación más bien opaca entre los niveles de perfeccionamiento y el desempeño en las instituciones educativas. Como hace casi dos siglos señaló Simón Rodríguez, maestro de Simón Bolívar: “El título de maestro no debe darse sino al que sabe enseñar, esto es, al que enseña a aprender; no al que manda a aprender o al que indica lo que se ha de aprender, ni al que aconseja que se aprenda. El maestro que sabe dar las primeras instrucciones, sigue enseñando virtualmente todo lo que se aprende después, porque enseñó a aprender.”
El enseñar a aprender se combina con el enseñar a pensar, según nos enseña Simón Rodríguez: “‘no será ciudadano el que para el año de tantos no sepa leer y escribir’ (han dicho los Congresos de América). Está bueno, pero no es bastante. (…) ¿qué leerá el que no entiende los libros? ¿de qué hablará el que no tenga ideas? No será menester ir muy lejos a buscar un ejemplo, con qué responder a estas preguntas.  (…) IDEAS!…IDEAS! primero que las LETRAS.”
De estas sustantivas definiciones acerca de lo que esperamos de un buen maestro deben quedar claras dos cosas: que la cantidad de cursos que realice no tienen ninguna incidencia en su práctica si no se liga a una reflexión individual y colectiva de los conocimientos o métodos incorporados en su perfeccionamiento en relación a su práctica. Segundo, que hay que generar condiciones para que el docente pueda enseñar bien, que estas condiciones son materiales, simbólicas e institucionales. La política educativa del macrismo, a contramano de estas imprescindibles necesidades para la buena educación, ha desplegado medidas que van en sentido contrario: empeoramiento de las condiciones materiales de las escuelas, retroceso en los salarios docentes, quita de las jornadas de reflexión, vaciamiento de los ámbitos de formación como el Cepa, prácticas autoritarias y persecutorias. La política educativa macrista es también un proyecto político pedagógico basado en el autoritarismo, la mercantilización educativa y la desresponsabilización estatal. Así, para Bullrich la idea de calidad podría resumirse como sigue: se trata de expertos que elaboran contenidos , empresas editoriales que los traducen en manuales, docentes que aplican ese paquete pedagógico sobre alumnos que son medidos en exámenes estandarizados que promueven premios y castigos, a los propios estudiantes y, por supuesto , a los docentes. Puede concluirse que según este modelo, la buena educación implica la formación de repetidores de conocimientos ajenos a las necesidades, intereses y contextos de la propia comunidad educativa.
Este proyecto tiene algunas consecuencias que cabe enunciar. Primero, reduce el acto pedagógico a una práctica enajenada y enajenante tanto para los docentes como para los alumnos. Esos conocimientos en lugar de ser instrumentos para comprender y actuar en la realidad se convierten en instrumentos de sometimiento y amenaza frente al dispositivo evaluador. Segundo, promueve la desigualdad y la competencia como valores que sustentan la lógica de la medición y comparación. La escuela pública es un lugar que debe propiciar la igualdad y los aprendizajes: una escuela que no enseña a aprender a los más vulnerables es como un hospital que sólo atiende a los sanos. Y la existencia de maestros que enseñan mal no puede ser un objetivo aceptable para una política educativa pues el costo lo pagan los niños, vulnerándose su derecho a la educación.
Niños que aprendan y maestros que enseñen es la fórmula para una política democrática y eso no se logra ni con la expulsión de los estudiantes ni con la amenaza a los docentes. Es preciso desarrollar mecanismos colaborativos, participativos, con tiempos institucionales que permitan ir construyendo una educación ciudadana y emancipadora. Una educación para la justicia, para la igualdad, para la participación. Claro, nada de esto está en los planes neoliberal-conservadores de Mauricio Macri y sus ministros de Educación. Cambiar el Estatuto, suprimir las juntas, evaluar docentes, denunciar ante la justicia a los estudiantes díscolos, concebir a la educación como mercado constituyen las piezas del proyecto educativo macrista. Es por eso que Esteban Bullrich envió en septiembre una carta a los docentes que se habían inscripto voluntariamente en las evaluaciones que se prevén realizar: “Queremos compartir con ustedes la alegría que nos produce que la cantidad de inscriptos haya superado las expectativas poniendo a la convocatoria al nivel de las primeras que tuvieron experiencias exitosas como… Chile.” A confesión de partes, relevo de pruebas.

QUIEBRA DE LACAR: EL JUEZ NO CUMPLE LA NUEVA LEY Y QUIERE SUBASTAR LAS FUENTES DE TRABAJO DE 250 OBREROS

 

QUIEBRA DE LACAR: EL JUEZ NO CUMPLE LA NUEVA LEY Y QUIERE SUBASTAR LAS FUENTES DE TRABAJO DE 250 OBREROS

10.10.2011
  
Pedido de recusación del juez y revocatoria de sus medidas. Marcha al Juzgado Comercial 17 (Marcelo T de Alvear 1840) el martes 11 de octubre a las 10 de la mañana.
 
Finalmente el martes 4 de octubre el Juez en lo comercial Federico Gerri declaró la quiebra de la firma NOSTARCO que comercializaba la marca de camperas LACAR. El mismo día, la mayoría de los obreros despedidos se autoconvocaron en la Alameda y conformaron la Cooperativa de Trabajo LACAR, la cual inmediatamente inscribieron en el INAES. De acuerdo a la nueva ley de quiebras conquistada luego de una dura lucha del Movimiento de Fábricas Recuperadas, el juez debería darles prioridad a los trabajadores para que adquieran la compañía en quiebra con sus créditos laborales, los que serán calculados conforme a la indemnización completa que se establece en la Ley de Contrato de Trabajo. En este caso, el juez debe mandar a realizar una liquidación de los créditos que tuvieren los empleados integrantes de ella en contra de la fallida, con privilegio especial y general. Lo que comenzó el pasado 19 de setiembre con un vaciamiento fraudulento que dejó a 250 trabajadores en la calle e impuso a los obreros una firme resistencia a nuevos vaciamientos, podría terminar con final feliz y con la fábrica y la marca bajo el control de los trabajadores si el Juez y el Síndico se atuvieran a lo que dicta la ley.
 
Sin embargo, contrariamente a lo que establece la ley, el Juez resolvió sortear rápidamente a un martillero, dar la espalda a los trabajadores y ordenar la subasta de todos los bienes de la empresa sin base, en los próximos diez días y al mejor postor, en una insólita maniobra que favorecería a los propios amigos del patrón José Tarica que volverían a apropiarse de los bienes por chirolas, sacándose a 250 trabajadores de encima.
 
En muy pocos días, los trabajadores de LACAR fueron testigos de las inútiles audiencias en el Ministerio de Trabajo, donde la patronal no concurría y la funcionaria del Ministerio se negaba a inspeccionarla e irlos a buscar; de cómo sus dirigentes sindicales en lugar de defenderlos, les sugerían que fueran a implorarle a la patronal que les pagaran al menos el 50 % de sus indemnizaciones; de un síndico que se escondía y no quería recibirlos y ahora de un Juez que no cumple la ley y quiere subastar todo por dos pesos entre los amigos del patrón de LACAR.
 
Los trabajadores de LACAR resistieron todas estas maniobras, bloqueando una de la sedes de la firma para evitar más vaciamientos, presentando una denuncia penal contra la empresa y otra en el juzgado comercial, acreditando ante escribano la increíble pasividad del funcionario del Ministerio de Trabajo. Ahora deben dar la última batalla contra un juez que se niega a aplicar la ley y pretende subastar sus fuentes de trabajo.
 
Por ese motivo, este martes 11 de octubre desde las 10 hs. los trabajadores de Lacar se concentrarán frente al Juzgado en lo Comercial 17, ubicado en Marcelo T de Alvear 1840 junto a organizaciones sociales para presentar un pedido de recusación del Juez en la causa, de revocatoria de su insólita medida de subasta sin respetar la prioridad que tienen los trabajadores para la continuidad laboral, además de un pedido de destitución del Juez ante el Consejo de la Magistratura y reservándonos el derecho de la apelación en subsidio ante todas las instancias que sean necesarias para hacer valer el cumplimiento de la ley. Los trabajadores de las fábricas recuperadas no lucharon tantos años para sacar una ley de quiebras a favor de los obreros para que ahora algunos jueces no la quieran aplicar. Los trabajadores de Lacar no van a permitir la subasta de sus fuentes de trabajo. Por tal motivo, convocan a la ciudadanía y organizaciones que quieran acompañarlos a protestar frente al Juzgado 17 y hacer valer los derechos obreros. Lacar es de los trabajadores.

Raffo promueve Ley antidiscriminación en la Ciudad

 

Raffo promueve Ley antidiscriminación en la Ciudad

6.10.2011

 

En la sesión de  de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el diputado Julio Raffo (Proyecto Sur) evocó el 76 aniversario de la creación de la Delegación de Asociaciones Israelitas de la Argentina (DAIA), enfatizando la grave amenaza ante toda discriminación como la que, en estos días, ha aparecido bajo el rostro del antisemitismo en un informe realizado por el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

 

Raffo adelantó que estaba presentando un proyecto de ley para que en la Ciudad de Buenos Aires se combata todo tipo de discriminación.

 

A continuación, presentamos el proyecto de ley mencionado.

 

PROYECTO DE LEY

 

Art 1º- Durante el ciclo lectivo de 2012 el Ministerio de Educación implementará el Programa “La Discriminación es un crimen” que prevé esta ley.

 

Art 2º-   El Programa “La discriminación es un crimen” consiste en que, en todas los establecimientos educacionales de la Ciudad, se dedique una jornada completa a ilustrar a la comunidad educativa respecto del flagelo de toda la discriminación, respecto de sus diversas manifestaciones en la Historia y, en especial respecto del antisemitismo en nuestro país. A esos eventos se invitará formalmente a  exponer,  y en iguales condiciones de participación, a representantes  de todos los cultos y personalidades de la cultura, la ciencia o la política que fueren no creyentes.

 

Art 3º- El Ministerio de Educación elaborará materiales ilustrativos y didácticos   respecto de la naturaleza y el flagelo de la discriminación a ser distribuidos en esos eventos conjuntamente con los materiales que presenten las comunidades interesadas y que fueren consideradas de utilidad para el objetivo perseguido por el Ministerio de Educación.

 

Art 4º- El Ministerio de Educación invitará al INADI a participar en esta campaña.

 

Art. 5º- Anualmente, en todos los establecimientos educativos de la Ciudad, se realizará una jornada en la que participará la totalidad de la comunidad educativa, dedicada a exponer los peligros y el flagelo de la discriminación en sus diferentes manifestaciones, dedicando cada una de ellas a cada una de las formas y perjudicados directos de la discriminación que apareciese, en la oportunidad, con mayor énfasis en nuestra Ciudad. 

 

FUNDAMENTOS

 

Sr . Presidente:

Debe alarmar en sumo grado, a la sociedad argentina, el resultado de un reciente trabajo de investigación realizado por la Universidad de Buenos Aires respecto de la presencia de actitudes o concepciones antisemitas.

El antisemitismo, como toda forma de discriminación, es una peligrosa deformación del alma humana que atribuye al “otro”  –a algunos otros- cualidades nocivas y el ser causa de algunos de los males que lo aquejan.

 

La infundada generalización, el odio, el resentimiento y la irracionalidad anidan en el núcleo vital de la discriminación y han encontrado y encuentran en ella el camino para  la persecución, la agresión e, inclusive, el crimen.

 

Así la Historia registra hechos de dimensión y crueldad inconcebibles, como lo fueron los “pogroms”, la expulsión de los judíos e islámicos, hermanados en un mismo padecimiento monstruoso, de la España de los Reyes Católicos, que no supo ser la España de Alfonso el Sabio, la España de Cervantes o  de Fray Bartolomé de las Casas; como lo fueron los abominables sistemas de esclavitud de nuestros hermanos de África y nuestros hermanos aborígenes;  y, ya en el siglo XX, el crimen la Shoah, que exterminó a seis millones de judíos en la Europa nazi, bajo la miradacómplice o complaciente de Estados, gobiernos e instituciones que no reaccionaron a tiempo para evitar o, al menos, denunciar, ese crimen contra la Humanidad.

 

En nuestros días hay quienes discriminan a los islámicos, atribuyéndoles el rostro del terrorismo, el cual muchas veces lo cometen Estados que envían a sus agentes a  matar fuera del escenario del combate y fuera de todo proceso legal. Hay quienes discriminan  a los judíos, y agravian a la Historia negando el Holocausto y negándoles, como le sucede también al pueblo palestino, el derecho a vivir en su propio Estado, en paz, respetando y siendo respetado por sus vecinos.

 

De acuerdo a la investigación mencionada el rostro de la discriminación se exacerba hoy, aquí y entre nosotros, con nuestros compatriotas judíos, a cuyo respecto cabe recordar las significativas palabras que pronunció San Ignacio de Loyola negando la acusación de ser “judío” ante la Inquisición: “No tengo el privilegio de pertenecer a la misma raza que nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María”; palabras que en nuestros tiempos deben ser resignificadas, porque no debe haber privilegio alguno en pertenecer a una u otra comunidad ni, según nos enseña la ciencia de hoy, hay efectivamente “razas”, al menos en los términos en que lo pretenden los mentores e ideólogos de la discriminación. San Ignacio, en aquella oportunidad, y en aquellas circunstancias, mostró una actitud cuyo contenido ético supera largamente al significado literal de sus palabras.

    

La Argentina, y dentro de ella nuestra Ciudad, Señor Presidente, debe ser una tierra libre del flagelo de la discriminación en todas sus manifestaciones. Pero para ello, en el marco de nuestras competencias,  debemos reaccionar a tiempo, con dinamismo y con energía y en forma permanente para combatir ese flagelo que agravia y deshonran a las comunidades que lo toleran.

 

Es por ello  que consideramos urgente la implementación de la campaña del programa extraordinario de concientización que se propone con este proyecto.

 

 

 

NUEVO PROYECTO PARA APROBAR ACUERDO MACRI-IRSA: SIN CONDICIONAMIENTOS A LEGISLATURA

 

Ex Ciudad Deportiva Boca Jr.

NUEVO PROYECTO PARA APROBAR ACUERDO MACRI-IRSA: SIN CONDICIONAMIENTOS A LEGISLATURA

6.10.2011

 

El gobierno porteño presentó ayer un nuevo proyecto de ley (2078-J-2011) para aprobar el convenio con el grupo IRSA, a fin de urbanizar los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors.Si bien el nuevo texto -que reemplaza al presentado hace apenas dos meses atrás- corrige las cláusulas que pretendían ejercer presiones inadmisibles del Poder Ejecutivo y de los grupos económicos sobre la Legislatura, no modifica la esencia del proyecto inmobiliario: un barrio de lujo que no da respuesta a las necesidades de vivienda de los ciudadanos de Buenos Aires.

 

Para el legislador del Partido Socialista Auténtico -Bloque Proyecto Sur-, Adrián Camps, "el debate legislativo, ya libre de presiones, podrá centrarse en las características del emprendimiento y su impacto ambiental, los compromisos que se le pretenden imponer a la Ciudad sobre la costa del Río de la Plata, el Canal de la Reserva Ecológica y la solución para el problema habitacional de la Villa Rodrigo Bueno".   

 

El proyecto anterior establecía, en su cláusula tercera, que el convenio perdería validez de no ratificarse antes del 10 de diciembre de 2011 y que la empresa se atribuía el derecho de otorgar a los legisladores una prórroga de 300 días. Mientras que la cuarta imponía que los anexos y la ley no podían ser modificados.

 

El nuevo texto del acuerdo Macri – IRSA recoge parte de las críticas planteadas por el legislador Adrián Campsacerca de las presiones y la necesidad de audiencia pública -establecida por los artículos 89 y 90 de la Constitución Nacional para las leyes que modifican el Código de Planeamiento Urbano-. Además, extiende hasta el año 2013 el plazo para el debate del convenio y la sanción de la ley.

 

METROVÍAS SIGUE INCUMPLIENDO CON LA LEY

 

 

METROVÍAS SIGUE INCUMPLIENDO CON LA LEY

4.10.2011

 

 El pasado 28 de Septiembre, la empresa Metrovías emitió un comunicado donde señala que "Desde hoy comenzó a funcionar un nuevo sistema de anuncio automatizado del nombre de las estaciones en las primeras formaciones de la Línea C, que une las cabeceras Constitución y Retiro, que permitirá mejorar la información al pasajero, en especial para las personas no-videntes." Este plan sólo considera la implementación de este sistema para las líneas B, C y D ya que, según señalan los concesionarios, son las únicas que tienen las condiciones técnicas necesarias.

 De esto se desprende que las líneas A, E y H quedarán excluidas de este sistema y, por ende, las personas no videntes o de visión reducida que utilizan periódicamente el servicio. Así, Metrovías está incumpliendo con la Ley Nº 3.710 de la Ciudad de Buenos Aires, autoría del Diputado Fernando Sanchez (CC), que ordena que:  

"Se debe implementar un sistema de identificación por voz de todas las estaciones mediante los parlantes ubicados en el interior de los vagones a fin de que se anuncie, a través de los mismos, el nombre de la estación en la que el subte realiza su parada cada vez que éste se detenga en dicha estación. A la vez, se deberá anunciar el nombre de la estación en que el subte realizará la próxima parada. En el caso de no tener disponibles altavoces en cada uno de los vagones de todas las unidades que circulan por la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, la empresa concesionaria deberá instalarlos".

 El legislador porteño Adrián Camps -Partido Socialista Auténtico en Bloque Proyecto Sur-, quien recorrió junto a la legisladora electa Virginia González Gass las instalaciones para constatar la aplicación parcial de esta ley, afirmó: "Esta norma no establece prioridades ni preferencias  en las líneas de subterráneos donde debe implementarse el sistema. Además, la norma, promulgada el 13 de enero de este año, fijó un plazo de seis meses a partir de su promulgación para ser aplicada. Por lo tanto, este sistema debía estar funcionando desde el 13 de julio de 2011. En consecuencia, el período concedido por la ley para realizar las obras correspondientes ya está vencido. La empresa, en su comunicado, no hace referencia ni a las tres líneas que quedan por fuera del sistema ni a la normativa que reglamenta su implementación."

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