Red de radios

31.5.2023

El secretario ejecutivo de la AGTSyP aseguró que, pese a manifestarse abiertos al diálogo, el Gobierno porteño cerró todos los espacios posibles de intercambio con los trabajadores.

El secretario ejecutivo de la Asociación Gremial De Trabajadores Del Subte Y Premetro (AGTSyP), Claudio Dellecarbonara, cruzó este miércoles al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en medio de las denuncias por la presencia de asbesto en las unidades.
Por una radio, Dellecarbonara aseguró que “hay una complicidad manifiesta del Gobierno de la Ciudad que permite que esto suceda”. Además, denunció que si bien los funcionarios dicen estar abiertos al diálogo, “cerraron todos los canales” de intercambio con los trabajadores.
“No nos han dado ningún ámbito de discusión y continúan con estos ataques”, aseguró a horas de que el PRO en la Ciudad de Buenos Aires terminó de definir sus internas, donde se impuso el exintendente bonaerense Jorge Macri.
Por eso, agregó: “Se genera una intención de profundizar el conflicto, que cambiemos el eje de la protesta y nos acusen de salvajes. Y tiene que quedar claro que estamos defendiendo la vida en lo que es una verdadera crisis sanitaria bajo tierra”.
La denuncia de los trabajadores
Dellecarbonara reveló en diálogo con La García que este no es un reclamo nuevo, sino que lleva más de cinco años, pero que las consecuencias de la falta de respuestas son cada vez más graves entre los trabajadores.
“Fuimos los propios trabajadores los que tuvimos que descubrir que este material estaba presente. Un material prohibido en Argentina. No solo no lo retiraron las concesionarias y los diferentes gobiernos desde ese momento, sino que tampoco nos advirtieron sobre la presencia de este mineral”, expresó con preocupación.
Y continuó: “Esto tiene consecuencias en la salud de muchos compañeros. Ya tenemos tres fallecidos solo en los últimos años. Un compañero que está muy grave ahora, que tiene una esperanza de vida de dos meses. Otros seis que desarrollaron cáncer y casi 90 compañeros que están afectados”.

Los usuarios en riesgo

Además, el sindicalista explicó que las consecuencias negativas no recaen únicamente en los trabajadores del subte, sino que alcanzan a los propios usuarios que usan este medio de transporte todos los días.
“Hay millones de usuarios que están en riesgo y hay un usuario afectado por este mineral. La audiencia pública buscaba exigir que se cumpla con la ley, con los fallos de la justicia, para cambiar la flota contaminada y reducir la jornada de trabajo para minimizar los efectos de insalubridad”, expresó.
Y agregó: “De esto se trata nuestra pelea, nuestra lucha. Estamos peleando por proteger nuestra salud y la de los usuarios y la empresa no solo no nos da respuestas, sino que nos ataca. Nos quita el salario por el que venimos a trabajar”.

30.5.2023

Van más de dos años sin ascensores en la institución. Mientras tanto, el vaciamiento a los profesorados impulsado por Larreta, Acuña y Lista se expresa también en reformas inconsultas a los planes de estudio, amenazas de traslado de la institución y cerrando las inscripciones al segundo cuatrimestre de cinco carreras. En los Normales afectó al Profesorado de Educación Inicial en once de trece instituciones. Se votó en asamblea del Centro de Estudiantes del Alicia realizar clases públicas durante la semana del 29/5 al 2/6.

Se realizó un corte parcial de calle con clases públicas en la esquina de Avenida Córdoba y Ayacucho que tendrá continuidad durante toda la semana. Esta medida fue votada en la última asamblea del Nuevo Centro de Estudiantes del I.E.S Nº1 “Dra. Alicia Moreau de Justo”, que contó con la solidaridad del Centro de Estudiantes del Joaquín V González y la adhesión del Centro de Estudiantes del Normal 1, acercándose estudiantes organizadas en su Secretaría General.
Esta medida surge a raíz de que no se cuenta con ascensores en la institución desde el 10 de agosto del 2021: hace más de dos años. Ante esta situación, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de Emanuel Lista rechazan dar soluciones al ascensor de forma inmediata y plantean que es necesario “trasladar” la institución. Sin siquiera presentar por escrito un informe técnico de los relevamientos realizados por la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente ni planteando ningún argumento sólido para esto. Las y los estudiantes organizados en asamblea, en sus carteles durante los cortes, dicen bien claro: “¡No al traslado”, “¡Plata para infraestructura YA!”, “Arreglo inmediato de los ascensores”.
Pocos días antes de las clases públicas realizadas el día de hoy se dio a conocer un nuevo ataque a los institutos de formación docente: Se cerraron las inscripciones de mitad de año a los profesorados de Historia, Psicología, Filosofía y la carrera de Psicopedagogía en el IES Nº1. Desde principios de este año se encuentra cerrada la inscripción al profesorado de Física. Además, se cerró la inscripción al Profesorado de Educación Inicial en 11 de 13 escuelas normales. Junto con la iniciativa de las reformas inconsultas a los planes de estudio que quieren realizar en estos años, se confirma que todas estas situaciones son parte del plan de vaciamiento del Gobierno a los profesorados porteños para que avance el proyecto de la UniCABA. Una universidad creada para formar docentes a imagen y semejanza del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, de las reformas del macrismo en el nivel secundario y de una vida y un mundo laboral cada vez más precarizado.
Susana Gómez, presidenta del Nuevo Centro de Estudiantes del Alicia, y militante de la Corriente Docente-Estudiantil 9 de Abril, le dijo a este medio: “Además de estas medidas de visibilización en las calles, en la última asamblea también votamos poner en pie, entre estudiantes y docentes de distintas carreras, una Comisión Interclaustros de Relevamiento Edilicio para los ascensores independiente de las autoridades y los Gobiernos, todos ajustadores de la educación, para construir un plan alternativo al que nos propone el Gobierno. Les estudiantes estamos construyendo una respuesta a sus intentos de vaciamiento”.
Esta semana continuarán las clases públicas y las distintas iniciativas votadas en asamblea para plantarse contra los ataques de los Gobiernos.

30.5.2023

Fue este martes y continuará mañana, la auditoria publica al sistema de Boleta Única Electrónica. Apoderados de los partidos y especialistas presentes vieron con preocupación irregularidades que no garantizan el voto secreto, mientras la justicia deberá fallar sobre el amparo presentado por la izquierda “Larreta puso a auditar el voto electrónico a un aportante del PRO”, denunció Myriam Bregman.

Este martes comenzó la auditoria pública para que partidos políticos y especialistas puedan comprobar el funcionamiento del sistema informático de la Boleta Única Electrónica (BUE) que se utilizará en las próximas elecciones porteñas. La empresa adjudicataria, MSA S.A., presentó el software y las maquinas que se utilizarán en el cuarto oscuro de la elección porteña. Muchas dudas expresadas por los presentes no fueron saldadas, en un clima de confusión entre quienes eran parte de la empresa y parte del gobierno porteño, toda una irregularidad y confusión.
Recordemos que MSA fue la única empresa que se presentó a licitación pública y es la misma empresa que ya realizara el sistema para la votación porteña en el 2015, donde se comprobaron decenas de irregularidades, desde la violación del voto secreto, la posibilidad de hackeo y cambio del voto que emita la población, entre otras fallas.
Desde el vamos, esta auditoria se da en medio del amparo judicial presentado por Myriam Bregman, diputada nacional porteña del Frente de Izquierda, junto a la legisladora Alejandrina Barry y el precandidato a diputado por la Ciudad Patricio del Corro.
En dicho amparo se denuncia la parcialidad del IGE, donde “uno de los encargados de auditar el sistema de votación electrónica es Jorge Ariel González, gerente operativo de Información y Tecnología (de dicho Instituto) y descubrimos que fue aportante y contribuyente a la campaña de Juntos por el Cambio en las elecciones del 2021”, nos explica Patricio del Corro. Recordemos que el IGE sería el órgano que garantice transparencia en las elecciones.
Además, del Corro agregó como denuncia en el amparo que “el Instituto de Gestión Electoral está a cargo de la transparencia eleccionaria y por ley debe ser un órgano imparcial, donde sus autoridades deben ser nombradas por votación en la Legislatura porteña. Sin embargo, su director está puesto a dedo por decreto desde el año 2018 por el propio Larreta, mientras traban su tratamiento legislativo”.
Así lo explicaba Patricio conversando con Luisa Valmaggia sobre la licitación de la Boleta Única Electrónica en Radio Nacional, quien como parte del PTS en el Frente de Izquierda participó en este primer día de auditoría que se realizó en la Usina del Arte.
Yendo a la audiencia misma, que seguirá en los próximos días, la empresa MSA no pudo saldar ninguna de las dudas de cómo se presentarán las listas e internas de cada fuerza en la pantalla de la máquina de votación, ya que será el tribunal electoral el que defina sobre este importante tema. En esta audiencia específica sobre el hardware y software presentados por MSA, en principio, se observaron las mismas inquietudes que en la pasada elección del 2015.
Dialogamos con Andrés Snitcofsky, diseñador gráfico, presente en la auditoria, donde como reflexión surgió en primera instancia la “privatización de la elección”, ya que todo el sistema está en manos de una empresa privada. Y por otro lado, la necesidad de ser experto en informática para poder entender el funcionamiento de algo que debería ser sencillo para cualquier ciudadano en edad de votar, que en principio es la garantía del voto secreto, como de la transparencia del conjunto de la elección. “El secreto del voto EVIDENTE PARA EL VOTANTE no existe más”, explicaba Andrés en sus redes sociales.
Mientras, por otro lado, podría un tercero alejado del “cuarto oscuro” poder percibir a quién eligió el votante. Como así también es dudoso si los fiscales de las distintas fuerzas puedan ir chequeando los horarios de votación y la cantidad de votantes por mesa.
Como bien, dice Andrés “no soy ni “informático” ni experto en tecnología Electoral. En lo único que puedo considerarme experto es en preguntar y desconfiar. Les invito a lo mismo”. Quitar la comprensión al votante del sistema y de los elementales derechos del ciudadano, es simple y sencillamente una estafa electoral, dejada al designio de “expertos”. No por nada la auditoria no fue publica y transmitida para que el conjunto de los futuros votantes pudiera dar cuenta y formarse una opinión para defender el mínimo derecho a elegir a sus representantes. Creer o reventar, parece ser la cuestión.
Mientras tanto, en los próximos días distintos “expertos informáticos” participarán de la audiencia y seguiremos informando. Y mientras siguen corriendo los días para que la justicia se expida sobre el amparo presentado por Myriam Bregman, Patricio Del Corro y Alejandrina Barry, todos integrantes del PTS en el Frente de Izquierda.

30.5.2023

Por Martín Suárez

El 90% factura al gobierno porteño y solo 23 trabajadores pasaron a planta permanente. El 85% del sector está integrado por madres solteras y único sostén de familia. “Nuestros salarios llegan apenas a los 116 mil pesos”, denuncian.

Los ex agentes de la Guardia Urbana porteña son un cuerpo creado hace más de 10 años que ha ido cambiando de nombre a lo largo de esta década: al inicio Guardia Urbana, más tarde Senderistas y en 2017 los denominaron Agentes de Prevención. Son trabajadores y trabajadoras de personal civil no armado, bajo el ala del Ministerio de Seguridad porteño y, a partir de diciembre de 2020, comenzaron a formar parte del sistema integral de seguridad pública de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien participan en varias actividades que hacen al orden público, su principal función es cubrir la entrada y salida de las escuelas porteñas, en los 392 senderos escolares. Pese a la larga jornada de trabajo, las y los Agentes de Prevención del delito de la Ciudad de Buenos Aires están precarizados, pagan monotributo categoría A, carecen de ART y tienen salarios que llegan a 116.000 pesos, casi 100.000 pesos menos de lo que estipula la canasta básica de alimentos. Este lunes realizaron un paro total de actividades y se movilizaron a la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.
La precarización laboral en la Ciudad de Buenos Aires alcanza a todos los sectores públicos. Un relevamiento realizado por la Asociación de Trabajadores del Estado de la Ciudad (ATE Capital), asegura que, en el distrito más rico del país, las y los empleados estatales son pobres: hay más de 20.000 trabajadores precarizados cobrando salarios de miseria. A las pocas horas de que el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, presentara formalmente las pistolas Taser, miles de agentes de prevención se movilizaron a la sede del ministerio de Seguridad en Avenida Patricios al 1142, en el barrio de Barracas, para reclamar mejores saliros y condiciones dignas de trabajo.
“Nosotros formamos parte de esa masa de trabajadores profundamente precarizados. Todos los meses facturamos al gobierno, hay compañeros que tienen que pagarle a un contador para que les haga los trámites y no tenemos aseguradora de riesgo de trabajo”, explica a Tiempo Jorge Molina Herrera, Agente de Prevención del gobierno porteño de la Ciudad de Buenos Aires y delegado de la Junta Interna de ATE.
Según la información oficial, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 392 Senderos Escolares, que están cubiertos por 724 Agentes de Prevención que, sumados al ingreso de las nuevas camadas, superan el millar. “Con el ingreso de las nuevas camadas de compañeros y compañeras que se realizó en los últimos meses, hablamos de alrededor de 1200 agentes de prevención”, detalla Molina. De ese total 1.100 son monotributistas, 23 están en planta permanente y el resto también en situación irregular. Es decir, más del 90 % de los y las trabajadoras están en condiciones de contratación precarias.
El reclamo tuvo como consigna el pase a planta de todos los y las agentes, la necesidad de tener una “ART acorde a las tareas de riesgo”, ya que actualmente trabajan con un seguro tercerizado, y mejores condiciones laborales. “Somos trabajadores que no tenemos ningún derecho laboral, totalmente precarizados. El 85% de nuestro sector está integrados por mujeres, muchas de ellas madres solteras y único sostén de familia. Nuestros bajos salarios son también parte de la violencia de género que realiza la administración porteña contra nuestras compañeras”, agrega Molina.
Tras la movilización, las y los trabajadores fueron recibidos por representantes del GCBA quienes manifestaron la intención de una nueva reunión para el próximo 14 de junio. Por su parte, los agentes adelantaron que si para esa fecha no hay soluciones concretas a sus reclamos realizarán otra asamblea para decidir una nueva medida de fuerza.

Trabajadores pobres en puestos importantes

En sus medios oficiales el gobierno porteño destaca la labor de los Agentes de Prevención al mismo tiempo que se niega a otorgarles los derechos laborales. “Forman parte del Sistema Integral de Seguridad Pública y están disponibles en las calles para guiar y ayudar, y para mantener el orden y la seguridad en el espacio público. Asimismo, controlan los senderos escolares de manera activa”, subrayan en su web oficial. En la misma, “los vende” como un sector importante de todo el circuito de seguridad del distrito: “Están en contacto con la Policía, los Bomberos, los Agentes de Tránsito, los Guardaparques, el SAME y Emergencias, a quienes notifican sobre cualquier situación de riesgo ajeno a su ámbito de actuación. De esta manera, no solo previenen, sino que contribuyen a la pronta resolución de cualquier inconveniente que se presente”, acentúa la información.

30.5.2023

Entrevista a Fabián Pierucci, síndico y Responsable de Planificación de la fábrica

Mario Hernandez

MH: Contanos qué está pasando con La Litoraleña, empresa recuperada por sus trabajadores del barrio de Chacarita.

FP: Yo formo parte de la cooperativa. Se trata de una empresa recuperada hace 8 años. Viene de una experiencia patronal fallida, de un proceso de vaciamiento que significó que queden 115 familias en la calle.
La cooperativa se creó como una actividad defensiva. Teníamos la decisión y la organización para mantener los puestos de trabajo y conformando la cooperativa podíamos lograr la continuidad laboral.
Esto fue después de una cantidad de avatares que significaron, primero, una denuncia por usurpación porque tuvimos que ocupar la fábrica para impedir su cierre definitivo.
Ante la decisión de la asamblea del 27/11/2015 donde se decidió ocupar y hacer una retención de actividades porque había, por ejemplo, 800 cheques sin fondo, se había dejado de pagar los impuestos, los aportes patronales, las retenciones que se hacían de la nómina laboral. Se había dejado de pagar servicios, insumos y salarios.
Esto desencadenó la iniciación de un paro y un inicio de negociación con la patronal que se había comprometido a pagar parte de la deuda salarial y tras cartón manda 29 telegramas de despido con causa. Eso hizo que el vínculo con la patronal prácticamente se cortara e iniciar un proceso de producción autogestionada.
Pedimos al juzgado de la quiebra que acelerara los tiempos judiciales correspondientes al pedido de convocatoria de acreedores, del concurso y a quién iba a dar la continuidad, entonces la jueza nos dice que teníamos un delito preexistente que era la usurpación. Nos niega el pedido, apelamos a la Cámara, esperamos dos años, en el medio seguimos produciendo en forma clandestina porque teníamos una consigna policial que nos impedía entrar y sacar cosas, era una pelea todos los días.
Alquilamos un local en Boedo para tener sede fiscal. Ya estábamos constituidos en cooperativa, habíamos logrado el CUIT para poder facturar. Éramos legales como cooperativa, pero clandestinos en la producción de mercaderías.
Ganamos la apelación y entonces nos exigen una cantidad de cosas como, por ejemplo, que la fábrica esté habilitada a nombre de la cooperativa. Era una tarea ciclópea que nos demandó una cantidad de tiempo, dolores de cabeza y dinero. Cuando logramos cumplimentar los requisitos solicitados por el juzgado, nos dan un año de explotación. Que ni siquiera era útil para amortizar los gastos de la habilitación.
Pedimos una prórroga, también nos habían impuesto un canon, como una especie de alquiler que cumplimentamos y después de dos años nos niegan una nueva prórroga.
Entramos en una disputa por razones técnicas, por ejemplo, cómo habían liquidado las indemnizaciones que constituyen el monto principal de las acreencias laborales, la actualización, porque el dólar en 2015 estaba a $ 14, entonces ya había una cantidad considerable de tiempo y se habían devaluado nominalmente los montos.
Y por segunda vez nos falla en contra y en el 2020 nos niega la compensación, los pedidos que habíamos realizado por las liquidaciones y actualizaciones y nos manda una orden de desalojo en plena pandemia.
Volvemos a apelar y por todo este tiempo hasta hace un mes atrás que la Cámara de Apelaciones dicta un fallo en contra, sin mayor argumentación y nos queda como última instancia la Corte Suprema. Hacemos una presentación muy detallada y adherimos a la misma la apelación que había hecho la fiscal Boquín que prácticamente funcionó sin conocerla, como si hubiera sido nuestra abogada defensora y era la fiscal de la causa y nos niegan la posibilidad de llegar a la Corte Suprema así que hoy estamos con una orden de desalojo vigente y ya empiezan a correr los tiempos.

MH: ¿Cuál es la perspectiva que se presenta a los trabajadores de La Litoraleña?

FP: Hoy por hoy estamos buscando una solución política, vías judiciales ya no tenemos y sabemos que contamos con la fuerza de la clase trabajadora, el movimiento cooperativo, de otras empresas recuperadas. Estamos tratando de presentar un Proyecto de ley de expropiación a favor de la cooperativa y la decisión de la asamblea de resistir hasta el último aliento el desalojo y conservar la fuente laboral con la fábrica en funcionamiento.

MH: Supongo que allí nos veremos defendiendo esta fábrica recuperada por sus trabajadores. Recuerdo frente a la casa de una de mis hijas, en Boedo, que tienen un local de venta al público de sus productos y de otros productos cooperativos.

FP: Ese fue nuestro primer sitio autónomo después de la quiebra.

MH: Los micrófonos quedan abiertos y el cuerpo dispuesto para defender La Litoraleña.

FP: Muchísimas gracias.