COMIENZA LA SEMANA DE BOEDO

 

 

 

COMIENZA LA SEMANA DE BOEDO

15.09.2011

 

La Red de Cultura Boedo, integrada por medio centenar de instituciones barriales anuncia que el viernes 16 de septiembre comenzará la Semana de Boedo 2011.

Durante la Semana se podrá participar de charlas, muestras y recitales que expresan la múltiple y diversa actividad cultural y comunitaria que se desarrolla en nuestro barrio.

El 18 de septiembre, a partir de las 11:45hs, el festejo estará en la calle. Un escenario principal se montará sobre nuestra avenida principal y su cruce con el Pasaje San Ignacio. Hacia ambos lados, entre Carlos Calvo y Estados Unidos se ubicarán alrededor de 100 stands entre los que se ubicarán instituciones, pequeños emprendimientos y artesanos. Este año el eje temático es el juego con los chicos asi que los esperamos para compartir una tarde de alegría y diversión JUGANDO CON LOS CHICOS. ORGANIZA: RED CULTURA BOEDO

TENSA ESPERA EN SOHO

 

 

 

TENSA ESPERA EN SOHO

14.9.2011

 

MAÑANA (Jueves 15) HAY AUDIENCIA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO AL MEDIODÍA

CONVOCAN A CONCENTRAR EN LA FÁBRICA DESDE LAS 15 HS.

 EN DÍAZ COLODRERO 3562, VILLA URQUIZA

 

El martes se desarrolló la audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación presidida por la Jefa del Departamento de Relaciones Laborales, la Dra. Mercedes Gadea. A la misma concurrieron los delegados de la comisión interna de SOHO y los abogados representantes de la patronal. También concurrió el Dr Luis Caro, referente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, en calidad de abogado patrocinante de los obreros en conflicto y la diputada Fernanda Gil Lozano en carácter de miembro de la Comisión de Trabajo del Congreso de la Nación. Estuvo ausente sin aviso el Sindicato

De Comercio que telefónicamente le avisó a la patronal (¿?) que concurriría a la

próxima audiencia del día jueves, obviando comunicárselo tanto al Ministerio

como a los trabajadores de la empresa.

  

Fueron tres horas de durísimas discusiones donde la patronal

una vez más intentó criminalizar el conflicto con el cuento de la usurpación,

cuando en realidad los trabajadores sólo han resuelto permanecer por tiempo

indeterminado en sus puestos de trabajo en prevención al vaciamiento inminente

de la empresa y en resguardo de sus fuentes laborales. Los abogados de la

empresa, no obstante, anunciaron que en el día de la fecha presentaron el

concurso preventivo de crisis, algo que fue bien visto por los delegados de los

trabajadores ya que en el contexto de la nueva ley de quiebras, les otorga prioridad en sus derechos en caso de quiebra.

La patronal blanqueó su intención de despedir a todo el sector de corte y no

ofreció ninguna alternativa a los despidos. Los delegados reafirmaron que hasta

que no existan garantías de continuidad laboral de los trabajadores continuarán

con su permanencia en los puestos de trabajo. El representante del Ministerio contraofertó a la patronal que abriera un listado de retiros voluntarios en lugar de

despidos compulsivos, algo que fue aprobado por los delegados, ya que una

minoría de trabajadores que no participan del conflicto tienen intenciones de

dejar voluntariamente la empresa, a diferencia de aquellos que están en plan de

lucha en defensa de sus puestos de trabajo. Pero la patronal es reacia a esta

salida porque su intención es echar compulsivamente a los que luchan y alentar

luego a que se vayan por su cuenta aquellos que ya tiene decisión de hacerlo.

 

Finalmente se acordó una nueva audiencia para el jueves 15 a

las 12 hs. acordando que hasta esa fecha la permanencia de los trabajadores en

la fábrica no debe afectar el normal funcionamiento de la empresa, cosa que

hasta ahora los obreros ya habían garantizado. Los representantes de la

patronal insistíeron infructuosamente que el Ministerio exhortara a los

trabajadores a desocupar la fábrica, cosa que no fue admitida. Así como se les

pidió a los trabajadores no afectar el normal funcionamiento de la fábrica en

horario laboral, del mismo modo se le pidió a la patronal no tomar ninguna

medida contractual hasta tanto se resuelva el conflicto. Terminada la

audiencia, los delegados hicieron una asamblea con los obreros en lucha,

quienes ratificaron la permanencia por tiempo indeterminado en la fábrica de

modo pacífico sin entorpecer el “normal” funcionamiento de la empresa, siempre

y cuando sea “normal” y no viles maniobras de vaciamiento.

 

Mañana miércoles, habrá otra audiencia, esta vez en el fuero

penal, donde la patronal volverá a la carga con su intento de criminalizar el

conflicto y donde los delegados demostrarán que no están cometiendo delito

alguno al permanecer pacíficamente en resguardo de sus puestos de trabajo. No

obstante, atentos a esta audiencia y a la del jueves, los trabajadores se mantienen

en guardia y expectantes. La patronal que ha basado su producción en talleres

clandestinos con trabajo esclavo, que ha hecho fortunas con el contrabando de

autos de alta gama, que ha precarizado y avasallado los derechos de sus

trabajadores registrados y que ahora prepara un vaciamiento fraudulento no

saldrá esta vez impune. Las próximas 48 horas serán decisivas. Convocan a comisiones internas, organizaciones sociales, trabajadores y vecinos a concentrarse en la puerta de SOHO (Díaz Colodrero 3562) el próximo jueves 15 a las 15 hs. mientras concluye la

audiencia en el Ministerio de Trabajo a fin de apoyar a los trabajadores en

lucha en su momento más crítico porque de no haber respuesta favorable, la

lucha continuará y los trabajadores de SOHO necesitan del apoyo de todos.

 

 

LO QUE EL MINISTRO MONTENEGRO OMITE SOBRE LOS ‘SAPITOS’

 

LO QUE EL MINISTRO MONTENEGRO OMITE SOBRE LOS 'SAPITOS'

13.09.2011

A raíz del trágico accidente ferroviario ocurrido hoy en la Estación Flores del ramal Sarmiento, el Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro acusó a vecinos y ambientalistas por haber frenado obras de pasos bajo nivel conocidas como 'sapitos'.

 

"Montenegro miente. Las obras planteadas por el gobierno porteño, frenadas por la decisión de la justicia, no solucionan el problema de los accidentes, porque no eliminan las barreras. Además, debido a su baja altura, solo permitían el paso de automóviles por arterias secundarias; el grueso del tránsito -incluyendo colectivos y camiones- seguiría pasando por las actuales barreras. Esta es la principal crítica vecinal que surge de los amparos presentados", aseguró el legislador Adrián Camps, vicepresidente de la Comisión de Protección y Uso del Espacio Público e integrante de la de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña.

 

"El Ministro Montenegro dijo esta mañana que no entendía los planteos contra los túneles. Los  argumentos de los vecinos y los que yo mismo he expresado en los proyectos que, sobre este tema, presenté en 2010 son muy claros. Sólo un necio no los entendería. Ninguno de los túneles frenados por acciones judiciales elimina barreras ni  pertenece a la línea del Ferrocarril Sarmiento", denunció el diputado porteño.

 

Adrián Camps presentó durante el año pasado dos proyectos de ley -Exp. 2989-D-2010 y Exp.  3297-D-2010- para derogar parte de la norma que habilita la construcción de túneles por calles secundarias. En ellos plantea la necesidad de construirlos donde actualmente hay barreras y que su altura permita la circulación del transporte público de pasajeros y de cargas. Los expedientes están hoy en las comisiones de Presupuesto y  de Obras Públicas, ambas presididas por el PRO. Hasta la fecha los expedientes no han ingresado en el temario pese a que cuentan con pedido de pronto despacho desde marzo de este año.

 

"En algo estoy de acuerdo con Montenegro; seguir viajando en tren así es un peligro para la seguridad. Por eso presenté los proyectos mencionados y los vecinos hicieron lo propio con los amparos. La solución es sin duda la eliminación definitiva de las barreras", aseguró Camps.

 

LISTA DE PASOS BAJO NIVEL QUE NO ELIMINAN BARRERAS Y TIENEN FRENO JUDICIAL:

Paso Bajo Nivel Empedrado – FFCC Ex San Martín

Paso Bajo Nivel Marcos Sastre – FFCC Ex San Martín

Paso Bajo Nivel Navarro – FFCC Ex San Martín

Paso Bajo Nivel Varela – FFCC Ex San Martín

Paso Bajo Nivel Besares – FFCC Mitre – Ramal Tigre

Paso Bajo Nivel Deheza – Ex FFCC Mitre – Ramal Tigre

Paso Bajo Nivel Arias – Ex FFCC Mitre – Ramal Mitre

Paso Bajo Nivel Quesada – Ex FFCC Mitre – Ramal Tigre

Paso Bajo Nivel Pacheco – FFCC Mitre – Ramal José León Suárez

Paso Bajo Nivel Ceretti – FFCC Mitre – Ramal José León Suárez

Paso Bajo Nivel Altolaguirre – FFCC Mitre – Ramal José León Suárez

Paso Bajo Nivel Burela – FFCC Mitre – Ramal José León Suárez

Paso Bajo Nivel Zamudio – Ex FFCC Mitre – Ramal José León Suárez

Paso Bajo Nivel Cuenca – FFCC Ex Urquiza

Paso Bajo Nivel Llavallol – FFCC Ex Urquiza

 

 

SE ADJUNTA TEXTO DE PROYECTOS DE LEY Y AMPARO PRESENTADO POR LOS VECINOS

 

 

PROYECTO DE LEY

 

Artículo 1º – Los pasos bajo nivel de las vías del ferrocarril que se construyan para conectar calles y avenidas de la Ciudad de Buenos Aires deben cumplir con los siguientes requisitos:

 
a- Reemplazar un paso a nivel con barreras.

 

b- Si la calle o avenida es utilizada por medios de transporte público de pasajeros y/o transporte de cargas, la construcción del paso bajo nivel debe permitir la circulación de las unidades empleadas al momento de aprobar la construcción.

 

c- Permitir la circulación de los peatones y accesibilidad para los discapacitados.

 

d- Los pasos bajo nivel podrán construirse para conectar calles que no cuentan con paso a nivel con barreras cuando no existan alternativas que cumplan con dicho requisito a una distancia menor a trescientos metros, a derecha e izquierda, del lugar de paso.

 

e- Los pasos bajo nivel no podrán construirse en calles internas de los barrios, clasificadas como Red Vial Terciaria por el Código de Planeamiento Urbano (6.1.1.4), dentro de zonificaciones residenciales de baja densidad R2-B1/2.

 

Artículo 2º: Derógase los ítems del ANEXO I al que hace referencia el artículo 2º de la ley Nº 3528 detallados a continuación:

 

  • Paso Bajo Nivel Empedrado – FFCC Ex San Martín
  • Paso Bajo Nivel Marcos Sastre – FFCC Ex San Martín
  • Paso Bajo Nivel Besares – FFCC Mitre – Ramal Tigre
  • Paso Bajo Nivel Iberá – Ex FFCC Mitre – Ramal Tigre
  • Paso Bajo Nivel Deheza – Ex FFCC Mitre – Ramal Tigre
  • Paso Bajo Nivel Quesada – Ex FFCC Mitre – Ramal Tigre
  • Paso Bajo Nivel Navarro – FFCC Ex San Martín
  • Paso Bajo Nivel Varela – FFCC Ex San Martín
  • Paso Bajo Nivel Zamudio – Ex FFCC Mitre – Ramal José León Suárez
  • Paso Bajo Nivel Arias – Ex FFCC Mitre – Ramal Mitre

 


Artículo 3º: Comuníquese etc.
 


 

Sr. Presidente:

 

El presente proyecto de ley tiene relación con la Ley Nº 3528 sancionada con fecha 5 de Agosto de 2010, promulgada con decreto N° 677/010 del 30/08/2010 y publicada en el BOCBA N° 3499 del 08/09/2010, en general, y a su Anexo I en particular.

 

Simultáneamente, complementa el proyecto de ley –Exp. Nº 2989-D-2010- de mi autoría, presentado con fecha 8 de octubre pasado, y promueve la realización de estudios y análisis previos a fin de garantizar que éstas no causen gastos innecesarios e ineficientes, sino que provean soluciones definitivas a los problemas de tránsito existentes en nuestra Ciudad.

 

Todo esto en concordancia con los objetivos que originaron la Ley Nº 3528, detallados a continuación:

 

  • La disminución de accidentes, hechos delictivos, ruidos molestos y emisiones de gases vehiculares durante las interrupciones del tránsito, producidos durante las interrupciones del tránsito ocasionadas en los actuales pasos a nivel.
  • La agilización del tránsito vehicular, descongestión de arterias y el mejoramiento en las comunicaciones viales, tanto para vehículos livianos como para el tránsito pesado entre ambos lados de las vías.

 

Para lograr los objetivos arriba mencionados, deben subsanarse las imperfecciones y/o falta de previsión en algunas de obras contempladas en el Anexo I de la ley 3528, no descuidando con ello el afán de progreso y desarrollo de los distintos barrios porteños y la conectividad de la Ciudad en su conjunto.

 

A tal fin, este proyecto dispone la construcción de nuevos pasos bajo nivel, siempre y cuando reemplacen el paso a nivel existente, su altura permita la continuidad de circulación del transporte público de pasajeros y/o de cargas, que ahí hubiese existido previamente, se garantice la circulación para peatones y discapacitados, y sólo se permitan nuevos pasos en calles clasificadas como Red Vial Primaria y/o Secundaria por el Código de Planeamiento Urbano, cuando no existan alternativas a una distancia menor a trescientos metros del lugar de paso, particularmente sobre Avenidas. Paralelamente, el proyecto deroga los pasos bajo nivel, listados en el anexo I de la ley 3528, que no contemplen los requisitos nombrados.

 

A modo de ejemplo, en lo que respecta el proyecto de cruce vehicular bajo nivel sobre la calle Besares, en su intersección con las vías del FFCC Mitre, los vecinos manifiestan que este proyecto afecta seriamente su vida cotidiana, ya que causaría un fuerte impacto ambiental negativo en el barrio. Dicha preocupación motivó la presentación de un amparo, que tramita bajo expediente nº 3975- FERNÁNDEZ RICARDO c/GCBA s/AMPARO en el Juzgado Nº 9. Expresan, también, que hay alternativas mucho más idóneas para llevar a cabo la obra del paso bajo nivel: El Boulevard Comodoro Rivadavia, por ejemplo, se encuentra a escasos metros de la ubicación del proyecto, según se detalla en el anexo I de la ley en cuestión. En esa arteria fueron expropiados oportunamente varios inmuebles, con el propósito de construir un paso rápido de doble mano, que conectaría eficazmente las zonas divididas por las vías del ferrocarril. Existen, además, en las proximidades (sobre Manuela Pedraza, Crisólogo Larralde, Ramallo) pasos a nivel (no está contemplado eliminar ninguno de ellos), que se podrían convertir a pasos bajo nivel.

 

Con referencia a los pasos bajo nivel previstos para las calles Empedrado y Marcos Sastre (complementarios entre sí, ya que cada uno sería de una sola mano), los vecinos objetan que el proyecto no anula ninguna de las barreras existentes (Empedrado, Nazca y Nogoyá), y tampoco se prevé una altura suficiente para que la línea de colectivo 113 – que cambió su recorrido derivándolo por la calle Empedrado, respondiendo así a largos años de lucha de los vecinos – para que pueda transitar por el paso bajo nivel, ya que éste dispondrá de tan sólo de 2.50 metros de altura.

 

Los vecinos sostienen que el proyecto debe hacerse en función de las necesidades y que existen alternativas de cruce de vías que deberían ser reacondicionados (ej.: mejoramiento del puente ya existente de la Av. San Martín con acceso para discapacitados), u otros cruces a nivel que deberían convertirse en bajo nivel (ej.: sobre Av. Nazca, Av. Chorroarín o sobre Nogoyá).

 

También se manifestaron fundadas objeciones que quedan subsanadas observando los requisitos del presente proyecto de ley con respecto a los demás Pasos Bajo Nivel citados en el artículo 2º, siendo en todos ellos la principal objeción, que no reemplazan las barreras existentes, y de esta forma no se está cumpliendo con el fundamento básico que dio origen a la realización de las obras, es decir, eliminar las barreras.

 

Además, el impacto ambiental altamente negativo que significa derivar el tránsito hacia los barrios, netamente residenciales y tranquilos, sin haber considerado la opinión de los vecinos, evitando así el menor impacto a las características propias e históricas de los barrios. El cruce bajo nivel debería realizarse por las Avenidas, que son el verdadero problema debido al intenso tráfico que tienen, ydonde las obras no sólo mejorarían el flujo vehicular de automóviles, sino también el del transporte público y tránsito pesado.

 

Por lo antedicho, requerimos la reconsideración de requisitos fundamentales para llevar a cabo las obras contempladas en el anexo I de la Ley Nº 3528 a fines de garantizar la preservación de los intereses públicos.

 

 

INTERPONEN ACCION DE AMPARO- SOLICITA MEDIDA CAUTELAR

 

Señor Juez:

 

CECILIA RAQUEL TOMALINO, con domicilio real en Nueva York nº 3201, de esta ciudad, CARLOS ALBERTO SERRA, con domicilio real en Cuenca nº 3961, de esta ciudad, SILVIA ELDA AGUILAR, con domicilio en Cuenta nº 3961, LUIS CESAR ALEJANDRO DOLCETTI, con domicilio en José Luis Cantilo nº 4161, ROBERTO OSCAR LARREGUY, con domicilio en Navarro nº 4081, GUILLERMO GARCIA, con domicilio en Nueva York nº 3198 planta baja, SILVIA SUSANA SOMOYA OLLER, con domicilio en Nueva York nº 3211, EDUARDO C. CESARONE, con domicilio Ceretti nº 2481, ANALIA MARTINEZ, con domicilio en Ceretti nº 2481, PABLO SEBASTIAN CESARONE, con domicilio en Ceretti nº 2481, MIGUEL ANGEL PEREZ, con domicilio en Llavallol nº 4081, piso 5º “A”, ALEJANDRO FERRANTE, con domicilio en Ceretti nº 2477, y MARCELO FERRANTE, con domicilio en Ceretti nº 2477, todos por derecho propio, con el patrocinio letrado del Dr.   DIEGO HICKETHIER, constituyendo domicilio en Av. Córdoba  817 2º "4"de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a V.S. nos presentamos y decimos:

 

I

       OBJETO

 

i) Venimos a interponer acción de amparo en los términos del artículo 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 43 de la Constitución Nacional) y de la Ley 2145, contra el Poder Ejecutivo de esta ciudad –Ministerio de Desarrollo Urbano, para que se declare la nulidad y se deje sin efecto todo lo actuado respecto de las  siguientes obras, todas correspondientes a licitaciones públicas de AUTOPISTAS URBANAS S.A. (AUSA):

 

  1. Licitación Pública N° 07/2010: Pasos Bajo Nivel de Calle Arias y Vías del Ex FFCC Mitre Ramal Mitre y Calle Ceretti y Vías del Ex FFCC Mitre Ramal J.L. Suárez. Estado: Adjudicada.

 

 

                                                                                              

  1. Licitación Pública N° 08/2010: Pasos Bajo Nivel de Calle Iberá y Vías del Ex FFCC Mitre Ramal Tigre; y Calle Besares y Vías del Ex FFCC Mitre Ramal Tigre. Estado: Adjudicada.
  2. Licitación Pública N° 09/2010: Pasos Bajo Nivel de Calle Cuenca y Vías del Ex FFCC Urquiza y Calle Llavallol y Vías del Ex FFCC Urquiza. Estado: Precalificación.
  3. Licitación Pública N° 12/2010: Pasos Bajo Nivel de calle Deheza y Vías del Ex FFCC Mitre ramal Tigre y calle Quesada y vías del Ex FFCC Mitre ramal Tigre. Estado: Evaluación de Ofertas.
  4. Licitación Pública N° 13/2010: Pasos Bajo Nivel de calle Navarro y vías del Ex FFCC San Martín y calle Varela y vías del Ex FFCC San Martín.  Estado: Evaluación de Ofertas.
  5. Licitación Pública N° 14/2010: Pasos Bajo Nivel de calle Marcos Sastre y vías del Ex FFCC San Martín y de la calle Empedrado y vías del Ex FFCC San Martín“.  Estado: Evaluación de Ofertas.
  6. Licitación Pública N° 15/2010: Paso Bajo Nivel de la Calle Pacheco y Vías del Ex FFCC Mitre Ramal José León Suárez. Estado: Llamada.
  7. Licitación Pública N° 17/2010: paso bajo nivel de la calle Altolaguirre y vías del ex FFCC Mitre Ramal José León Suárez y de la calle Zamudio y vías del ex FFCC Mitre Ramal José León Suárez.  Estado: Llamada

           

 

Se ordene dejar sin efecto las mismas, siempre que no se lleve adelante previamente, la eliminación de las barreras y la construcción de un paso bajo nivel apto para transporte pesado.

La puesta en peligro de nuestros derechos constitucionales y legales que en forma inminente amenaza la demandada mediante sus actos ilegales y arbitrarios, como veremos, nos legitima para impulsar la presente acción.

ii) Asimismo, y debido a la urgencia del caso, solicitamos medida cautelar  de “no innovar”, para que hasta tanto V.S. resuelva sobre el fondo del asunto, se suspendan los llamados a Licitación y todo otro acto direccionado a ejecutar las obras de los pasos bajo nivel señalados en 1.

            iii) Finalmente, para el caso que resultara necesario, solicitamos se declare la inconstitucionalidad de las leyes Nª 3.060, 3.528 y de toda otra norma que resulte procedente a fin de hacer lugar a la presente acción.

Todo ello, en razón de las consideraciones que abajo se expondrán.

 

II 

HECHOS. FUNDAMENTOS DE LA PETICIÓN

 

1.- Marco fáctico de la acción

 

Los suscriptos somos vecinos de los barrios de Coghlan, Agronomía, Núñez, Villa del Parque, Villa Devoto, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón y Saavedra, de esta ciudad.

Todos nosotros, hemos elegido el barrio y la calle de nuestra residencia, en virtud de su tranquilidad, precisamente, por tratarse de zonas residenciales.

En efecto, se trata de calles de las que se encuentran clasificadas como Red Vial Terciaria por el Código de Planeamiento Urbano (6.1.1.4); que las define como calles de acceso o servicio local, incluyendo los pasajes y las calles peatonales, siendo su función servir al tránsito local.

Clasificación que resulta pertinente traer a colación por cuanto, precisamente, no integran ni la Red VialPrimaria, que está integrada por las autopistas y las avenidas de tránsito rápido (cuya función es prolongar, dentro de la Ciudad, los accesos que vinculan a ésta con su región y el resto del país, distribuir el tránsito regional a la Red Secundaria y permitir el rápido ingreso y egreso a los distritos centrales) ni la Red VialSecundaria, que está compuesta por las avenidas de mano única, las de doble mano con o sin giro a la izquierda y las calles o pares de calles de distribución (cuya función es ser colectoras y distribuidoras que conectan los centros generadores de tránsito entre sí y con la Red Primaria. Absorben el máximo caudal de transporte público automotor y sirven de interconexión entre diferentes áreas urbanas). Ello, según el mismo Código de Planeamiento Urbano (6.1.1.2 y 6.1.1.3).

Y si bien la eliminación de los cruces ferroviarios en la Ciudad de Buenos Aires resulta de indiscutible necesidad, por cuanto permite disminuir los riesgos de accidentes viales y ferroviarios, aumentar la fluidez en el tránsito vehicular, reducir la combustión por parte de los automóviles que deben esperar para atravesar los cruces a nivel cada vez que cierran las barreras, e incluso, aumentar la frecuencia de los trenes y a su vez, fomentar la conectividad vial; se trata de obras que deben llevarse adelante en un todo conforme con la legalidad, respetando los derechos elementales de los habitantes de esta ciudad, de forma que no se desnaturalicen sus objetivos y se cumplan sin realizar discriminaciones arbitrarias.

Asimismo, debe considerarse la opinión de los vecinos y analizar en cada caso particular, la conveniencia, el costo y la oportunidad de realizar las obras, procurando mejorar la conectividad vial garantizando el menor impacto a las características propias e históricas de los barrios.

En los casos que motivan la presente acción, como se verá, precisamente no se han respetado dichos presupuestos, ni cumplido con los requisitos previos legales citados, generando un riesgo cierto e inminente de afectación de derechos constitucionales y legales de quienes demandamos.

De acuerdo a lo programado, la ejecución de los proyectos que motivan el presente amparo, incluyen la construcción de pasos bajo nivel de los denominados “sapitos”, pero no reemplaza los pasos a nivel existentes. De esta forma no se está cumpliendo con el fundamento básico que da origen a la idea de realizar pasos bajo nivel, es decir, eliminar las barreras. El mismo Diputado Álvaro González, propulsor de la ley que dio origen a las obras objeto del presente,  durante la sesión legislativa, destacó que las obras de pasos bajo nivel resultan necesarias por la cantidad de accidentes ferroviarios que suceden en nuestra Ciudad. Dijo el mencionado Diputado: “Como somos conscientes de lo que se ha hecho, también lo somos de lo que resta por hacerse; por ello hoy, señor presidente, traemos a consideración de esta Legislatura el financiamiento de 25 pasos bajo a nivel, los que se sumarán al stock de obras anteriormente detalladas y nos permitirán continuar mejorando el flujo vehicular y la calidad de vida de todos los porteños. Estas obras permitirán reducir la cantidad de accidentes, generar una reducción de los gastos de seguridad y permitir el incremento de la frecuencia ferroviaria”.Resulta evidente que nada de esto sucederá si las obras se hacen en calles interiores de los barrios y no en las avenidas donde actualmente se ubican los pasos a nivel.

Ello producirá una derivación de un porcentaje del tránsito a las calles en las que viven quienes aquí se presentan, causándonos un claro perjuicio; entre otras cosas, porque al mantenerse los pasos a nivel, la posibilidad de accidentes viales no disminuirá, sino que se trasladará en parte, a las calles internas. Lo mismo ocurrirá con la contaminación ambiental por el ruido y la combustión; alterando indebidamente la normal tolerancia de los vecinos.

 

 

2.- Marco jurídico

 

2.1. Arbitrariedad de la medida. Su nulidad y la declaración de inconstitucionalidad.

 

Mediante la Ley N° 3.060, se otorgó la concesión de obra pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la C.A.B.A., a la empresa AUTOPISTAS URBANAS S.A. (AUSA), teniendo por objeto a) La explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de la Red conforme el detalle del Anexo I que forma parte de la Ley. b) La ejecución de las obras públicas viales aprobadas por la autoridad de aplicación y la ejecución de obras públicas no viales, las que deberán contar con previa autorización de la Legislatura.

Y mediante la Resolución N° 356-MDU-MHGC-10 (del Ministerio de Desarrollo Urbano y del Ministerio de Hacienda de la ciudad) se estableció que AUSA sería la encargada de la ejecución del Plan de Obras y Cronograma de Inversiones, entre las que se encuentran los Pasos Bajo Nivel objeto de autos.

Por otro lado, mediante la ley N° 3.528, la Legislatura autorizó la utilización de fondos para “un plan de mejoramiento y ejecución de obras nuevas que faciliten la interconectividad entre las distintas áreas de la ciudad, el desplazamiento entre y por las vías secundarias, y la integración de éstas con la red de autopistas y vías interconectadas”. Objetivos que claramente, debieran involucrar las calles que integran la Red VialSecundaria e incluso, la Red VialPrimaria, pero sin comprometer  ni desnaturalizar las características de las calles que integran la Red VialTerciaria, como en la que vivimos.

Pero lo cierto es que del listado que se incluye en el Anexo I de la ley, surge que de las 25 obras una mínima cantidad que apenas alcanza las 6, son obras de reemplazo de barreras por pasos bajo nivel. El resto –sacando la ampliación del Puente Pacífico y el Puente Roca-son pasos bajo nivel en lugares en donde hoy no existen barreras y que además, están emplazados en calles internas de los barrios.

Circunstancia que desnaturaliza la manifestación de objetivos que tiene la propia ley en su articulado, y que por otro lado, incumple con el Plan que existe desde el año 1981, elaborado mediante la Resolución 7/81 (SETOP), que estableciera la necesidad de eliminar y suplantar los pasos a nivel existentes en la ciudad –que son alrededor de 100-, por pasos bajo nivel que permita el paso de todos los vehículos (automóviles, colectivos, camiones, etc.) y por ende, elimine las grandes desventajas que traen las barreras para la circulación del congestionado tránsito de la ciudad.

Agravando la circunstancia referida, el hecho de que de las 25 obras autorizadas, el Gobierno escogiera para ejecutar sólo 13, que “casualmente” no cumplen con dicha necesidad, al tratarse de los pasos bajo nivel en lugares en donde hoy no existen barreras y que además, están emplazados en calles internas de los barrios; proyectados únicamente para autos particulares.

En efecto, los proyectos que se llevarán adelante no eliminan las barreras en los cruces ferroviarios existentes, sino que crean un nuevo paso bajo a nivel en donde no existe uno, que además sólo permite el paso de vehículos livianos (sin contemplar el tránsito pesado ni el transporte público).

Al respecto, la medida aquí impugnada altera la residencialidad de nuestros barrios, afectando derechos elementales de los suscriptos y de todos los vecinos de las zonas afectadas; y ni siquiera elimina el problema para el resto de la ciudad,en virtud de la subsistencia de las barreras a nivel existentes y por ende, de los problemas que hoy por hoy traen las mismas. Tornándose ese acto, a toda vista irrazonable.

Ello, toda vez que por nuestras calles comenzarán a transitar innumerable cantidad de automotores, que ante la posibilidad de agilizar su paso y evitar la congestión de tránsito que sin dudas continuará, se desviarán de las calles y avenidas más “transitadas” -integrantes de la Red VialSecundaria- para circular por las calles de acceso local, en cantidad que no corresponde con la categoría de una Red Vial Terciaria.

Debe considerarse que el 90 % del parque automotor que circula por los cruces ferroviarios es transporte liviano, lo que asegura que un gran caudal de tránsito se volcará a las calles internas, sin dudas, hasta hacerlas colapsar.

Y no se trata de defender la “residencialidad” sin fundamento, ni de invocar una especie de “intangibilidad” de los barrios como los que residimos, sino de considerar en una evaluación razonable, que el aumento de los flujos de tránsito tornará insuficiente la capacidad de las arterias internas. Circunstancia que lejos de propiciar una mejor calidad de vida y una reducción de los tiempos de viaje y de los accidentes viales, provocará congestiones de automóviles en las diferentes calles en las que hasta ahora pasa un auto cada tanto, que no están preparadas para recibir el caudal de vehículos que se puede prever.

Lo que además, generará una contaminación ambiental inevitable, ante el aumento de las mediciones de gases contaminantes y partículas de combustión de automotores. Sumado a los altos niveles de presión sonora en la vía pública. 

Tampoco se ha previsto que en las calles internas de nuestros barrios, existen varios colegios y que en esas zonas, la velocidad permitida es hasta 20 km/hora; con el objeto de cuidar la seguridad de los niños a la entrada y salida de su escuela. Velocidad que difícilmente sea respetada por los automovilistas que busquen una circulación más rápida.

Por todo lo cual, las consecuencias de la ejecución de las obras de los pasos bajo nivel, manteniendo los cruces ferroviarios, son fáciles de adivinar: cada vez que baje la barrera y se congestione el cruce ferroviario, los autos se desviarán hacia los pasos bajo nivel, que por sus características, tampoco tardará en congestionarse.

Entonces V.S., en la ciudad habremos invertido 17 millones de pesos cada uno y el resultado será que tendremos dos vías congestionadas. Es igual que pagar para diseminar un virus en lugar de neutralizarlo!!!.

Ello, insistimos, sin eliminar los riesgos y dificultades que generan los pasos a nivel existentes, que no serán suplantados; por los que, como dijimos, deberá seguir pasando el transporte pesado como los colectivos y los camiones; que no podrán utilizar los nuevos pasos bajo nivel. Lo que además, implica un clara discriminación respecto de los habitantes que utilizan el transporte público y no tiene autos o no pueden costear las tarifas de taxis y remises; y además, se da de bruces con lo dispuesto por el art. 7° del Plan Urbano Ambiental, Ley 2930, que establece como una de las políticas públicas,  procurar el desaliento del uso de automóviles privados.

Sin menospreciar por otro lado, el derecho que tiene cada habitante como los suscriptos, de elegir las características del lugar de su residencia, que también se verá vulnerado. Ni desconocer la disminución del valor inmobiliario que tales cambios generarán en las propiedades que se encuentran sobre las calles afectadas. Es evidente que quienes eligen vivir en un barrio, y en una calle “interna”, es porque priorizan la tranquilidad, el silencio y el aire puro, por sobre la accesibilidad; de lo contrario buscaría vivir en el centro de la ciudad o sobre avenidas o calles más cercanas o de mayor acceso a ellas.

No debe perderse de vista que en nuestro barrio, los vecinos están acostumbrados a pasear sus perros por las veredas, caminar por las calles, disfrutar del aire puro, el silencio, el paisaje arbolado… y todo eso corre riesgo cierto de desaparecer como consecuencia de la obra impugnada por arbitraria. 

Circunstancias todas de gran incidencia, pero que no parecen haber sido contempladas por los funcionarios y empresarios que han avanzado en los actos tendientes a ejecutar la obra cuestionada.

Lo que torna arbitraria, por irrazonable, la medida en cuestión, superando todo límite de discrecionalidad permitida. Por lo cual venimos a solicitar se ordene dejar sin efecto la misma, declarando la nulidad de todo lo actuado.

En efecto, en el caso de las facultades discrecionales, el juez puede anular el acto en lo que concierne al objeto, cuando ha habido violación a los límites de las facultades discrecionales: irrazonabilidad, falta de sustento fáctico suficiente, desproporcionalidad, desviación de poder, el alterum non lædere, etc.

Ese es precisamente, el límite que diferencia la discrecionalidad de la arbitrariedad que hemos denunciado; límite que sin ninguna duda ha sido traspasado en el caso de autos, en claro perjuicio de los suscriptos.

En tal sentido, “Jamás existirá una norma tal que autorice a un funcionario a hacer absolutamente cualquier cosa, sin limitación alguna; siempre existirá alguna otra norma o principio que le fije de antemano ciertos límites a los que deberá ajustar su acción…”[1].

 Y “En verdad, la total irrevisabilidad de la actividad administrativa no puede lógicamente presentarse, porque existen a su vez ciertos límites jurídicos a las facultades discrecionales de la administración y el juez, para determinar si esos límites han sido violados o no, debe necesariamente revisar también la parte discrecional del acto. En ningún momento se puede pensar actualmente que una porción de la actividad administrativa pueda estar fuera o por encima del orden jurídico y es por ello que se enuncian una serie de principios de derecho que constituyen una valla a la discrecionalidad administrativa”[2].

Asimismo, estamos en condiciones de solicitar la declaración de inconstitucionalidad de las normas en que se funda dicha medida. Las citadas ut supra (Leyes 3.060 y 3.528) y toda otra norma que resulte pertinente declarar su inconstitucionalidad, en orden a la facultad de los tribunales de declararla aún de oficio (art. 14 de la Constitución).

Ello, por afectar derechos constitucionales consagrados en los arts. 10, 11,12, 17, 18, 19, 20, 26 a 31, 48, 52, 56 y 63 de la Constitución de la ciudad, en virtud de las circunstancias señaladas; y en tanto son la base normativa de los actos de gobierno aquí cuestionados.

Asimismo, toda vez que como fuera señalado, la ley 3060 otorga sin más la concesión de obra pública de la Red de Autopistas y Vías interconectadas de la ciudad, a AUSA, estableciendo como uno de uno de sus objetivos, la ejecución de las obras públicas viales aprobadas por la autoridad de aplicación (art. 2), autorizando a que la concesionaria pueda ejecutar las obras objeto de la concesión por sí o mediante la contratación de terceros (art. 3). Por lo que viola abiertamente las disposiciones del art. 84 de la C.C.A.B.A.que en función de los arts. 80.2.h. y 81.3 y 4., prohíbe la delegación legislativa en la materia.

Al respecto, en los autos caratulados “LUBERTINO MARIA JOSE Y OTRO C/ GCBA S/AMPARO (ART. 14 CCABA)” EXPTE. N° 34409/0, conexa con “EPZSTEYN, EDUARDO EZEQUIEL Y OTRO C/ GCBA S/AMPARO (ART. 14 CCABA)” EXPTE. N° 34682/0, la Fiscal Mariana Pucciarello, en su dictamen “…destacó –con cita de la CSJN y la PGN- que sin perjuicio de la figura societaria que reviste AUSA “existen algunos aspectos que necesariamente deben ser sometidos al derecho público”, como ser el contrato de obra pública cuya licitación fue encomendada a AUSA por resolución 515/2009”.[3]

Así, resulta nula por inconstitucional, la norma del art. 3° de la ley 3060 en cuanto encomienda a AUSA obras y servicios públicos, por violar normas y principios de Derecho Público aplicables a las contrataciones del Estado. Pues más allá de su denominación (sociedad anónima con participación mayoritaria del Gobierno de la Ciudad), esa empresa forma parte del sector público, lo que debe ser considerado a los fines de su adecuación a sus principios y controles.

Máxime, cuando lo hace omitiendo asegurar la protección de derechos constitucionales y legales tales como la publicidad, la participación ciudadana, la protección del ambiente, la priorización del transporte público, la gestión urbana integrada y la igualdad, entre otros.

Asimismo, tanto la Resolución N° 356-MDU-MHGC-10 (del Ministerio de Desarrollo Urbano y del Ministerio de Hacienda de la ciudad), como ley 3.528 que autorizara la utilización de fondos para la ejecución de las obras encomendadas a AUSA entre las que se encuentran las aquí cuestionadas, desconocen las disposiciones del Plan Urbano Ambiental, Ley 2930 (art. 7), y violan las normas constitucionales de gestión ambiental, obviando los problemas de tránsito, contaminación sonora y ambiental que conlleva el estímulo del transporte individual en detrimento del transporte público.

Y, por otro lado, el mentado objetivo de facilitarla interconectividad entre las distintas áreas de la ciudad, no debe convertirse en una desconexión barrial que implique un obstáculo para la circulación de los peatones e incluso, que dificulte el traslado y accesibilidad de los discapacitados.

Como lo advertimos, la ley lejos está de tender a la eliminación de los pasos a nivel existentes, como es necesario para eliminar los riesgos de colisión y permitir incrementar las frecuencias de los trenes. Autorizando la utilización de fondos, para la realización de obras que en su mayoría, se sitúan en calles internas en donde hoy no existen pasos a nivel; lo que consecuentemente provocará un desvío de tránsito vehicular proveniente de las avenidas o calles principales, afectando la tipología de las arterias internas de los barrios.

Además, no existe un equilibrio en la inversión de los fondos de la ciudad, puesto que claramente, se beneficia la realización de obras en el norte de la Ciudad por sobre el sur; y se deja de lado el transporte masivo de pasajeros y el transporte de insumos productivos en la ciudad, a traves del transito pesado.

 

2.2. Violación de los procedimientos.

 

Asimismo, como veremos, en abierta violación de disposiciones legales y constitucionales vigentes en la materia, la empresa AUTOPISTAS URBANAS S.A. (AUSA), el 11 de agosto de 2010, lleva adelante las licitaciones privadas en abierta violación de disposiciones legales y constitucionales vigentes en la materia.

En efecto, AUSA llamó a la licitación sin haberse realizado previamente, un Estudio de Impacto Ambiental y la Audiencia Pública correspondiente, considerando que las obras se presumen como de relevante impacto ambiental y el efecto preventivo de ambas exigencias.

En este sentido, ni la ley 3.060 ni la Resolución N° 356-MDU-MHGC-10, ni la ley 3.528, establecen expresamente el cumplimiento de dichos requisitos de raigambre constitucional para la obra en cuestión; los que deben estar a cargo del Gobierno de la Ciudad y no de la concesionaria, como lo dispone la primer norma en la última parte de su art. 3°. Por lo que la constitucionalidad de estas normas encuentra nuevos vicios que determinan su nulidad.

En primer lugar, la Ley N° 6 de Audiencias Públicas determina que el proceso de Licitación se inicie con la consulta a los vecinos, presentando el plan de obra, y sólo luego de ello, se realice el proceso de adjudicación.

Y la Ley 123 en su art. 13 define las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos que se presumen como de Impacto Ambiental con relevante efecto, entre las que están incluidas: “…a) Las autopistas, autovías y líneas de ferrocarril y subterráneas y sus estaciones…”; y “…k) Las obras relevantes de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que presten servicios públicos…”. Estableciendo en su art. 26 que Finalizado el análisis de las actividades, proyectos, programas o emprendimientos categorizados como de relevante efecto ambiental y elaborado el Dictamen Técnico por parte de la Autoridad de Aplicación, el Poder Ejecutivo convoca en el plazo de diez (10) días hábiles a Audiencia Pública Temática, de acuerdo con los requisitos establecidos por la Ley No 6…”.

Asimismo, el art. 30 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece “…la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública”.

Sin embargo, en algunos casos, no se llevó adelante ninguna Audiencia Pública, dejándonos a los vecinos afectados, en absoluta indefensión y desconocimiento; en otros, la misma no se realizó con carácter previo.

Si bien el carácter de la Audiencia Pública no es vinculante, la ley la ha impuesto como requisito previo, a fin de permitir que los interesados puedan exponer sus puntos de vista, evacuar sus dudas y principalmente, anoticiar a las autoridades de eventuales irregularidades en las obras y afectaciones de derechos que pudiera generar, como las que padecen la obras que aquí se cuestionan.

Finalidad que sin dudas se ve frustrada cuando, como sucede en muchos casos, se ha hecho ya apertura de sobres e iniciando el proceso de “evaluación de ofertas” sin realizar previamente la Audiencia Pública; lo que condiciona su virtualidad y por otro lado, genera costos  innecesarios (considerando que existen probabilidades que se adviertan graves irregularidades que hagan necesario cambios sustanciales en las condiciones o características de la obra, e incluso su no realización).

Cabe señalar, además, que en los casos en que se ha celebrado la audiencia, ya dijimos también sin la correspondiente anticipación que prevé la constitución local y las normas que han regulado el procedimiento, las mismas han sido organizadas casi “subrepticiamente”, como si se tratara de dificultar la participación de los vecinos afectados; ilustramos con un ejemplo: la audiencia por la obra de la calle Ceretti en Villa Urquiza fue publicada en los diarios Ámbito Financiero y La Prensa que no son precisamente los de mayor circulación, y en un diario zonal por el que finalmente nos enteramos; cuando llamamos para confirmar día y hora se nos informó una nueva fecha; cuando algunos vecinos fuimos el día que nos indicaron nos enteramos que la audiencia se había celebrado en la fecha original; sólo concurrió un vecino.

De hecho, existen experiencias anteriores, como el caso de la obra proyectada para la Av. Olazabal, en la que como resultado de la Audiencia Pública, se determinó la no realización de la obra por su no viabilidad. 

Tal como surge del DECRETO Nº 1144/GCABA/08, con fecha 20 de Septiembre de 2007, en autos caratulados "Epszteyn, Eduardo Ezequiel c/ GCBA s/ Amparo" (Expte. 26.455/0) en trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 9 Secretaría N° 17 se concedió una medida cautelar, que en su parte resolutiva dice: "(…)ordenando al GCBA la suspensión de los efectos del Decreto N° 664/07 correspondiente a la Licitación Pública N° 1078/06 y la consecuente ejecución de la obra hasta tanto exista en autos sentencia definitiva firme o, en su caso, se convoque la Audiencia Pública prevista en el artículo N° 26 de la Ley N° 123 (…)".

Así, mediante el Decreto N° 311/08, se dispuso la convocatoria a audiencia pública para el análisis de la construcción de cruces bajo nivel en las calles Olazabal, Superí y Av. Monroe con vías del Ferrocarril Urbano de Transporte de Pasajeros, Ramal José León Suarez (ex FFCC Mitre).

La audiencia pública se realizó el día 29 de Mayo de 2008 y en el citado Decreto, dictado con posterioridad a la misma, se dispuso que  toda vez que los vecinos consideraron prioritaria la realización de las obras hidráulicas y, atento a que las licitaciones para la ejecución de las mismas ya han sido convocadas resulta conveniente priorizar su realización, y, por lo tanto no ejecutar la obra vial hasta su efectiva concreción.

En efecto,"Las opiniones recogidas durante la audiencia pública son de carácter consultivo y no vinculante, siendo obligatorio para la autoridad responsable de tomar la decisión explicitar, en los fundamentos del acto administrativo o normativo que se sancione, de qué manera ha tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en el caso de que no se hayan puesto en práctica, las razones por las cuales las ha desestimado

Es importante señalar que al no tener las propuestas expresadas en una audiencia carácter vinculante, las conclusiones extraídas del intercambio con los vecinos no obligan a las autoridades a seguirlas, con lo que fácilmente puede ser desantendidas. Más aún, al realizarse la audiencia por lo general con posterioridad a la decisión tomada, se pierde el sentido que debería tener como mecanismo de consulta"[4].

Además, por cuanto no se ha puesto a disposición de los vecinos, la Evaluación de Impacto Ambiental respectiva, con la anticipación necesaria para posibilitar a los interesados su estudio y posterior discusión.

Resulta oportuno considerar que la Constitución de la ciudad, en consonancia con el art. 41 de la Constitución Nacional, dispone en su art. 26: “El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras. Toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar. El daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponer. (…)Toda persona tiene derecho, a su solo pedido, a recibir libremente información sobre el impacto que causan o pueden causar sobre el ambiente actividades públicas o privadas”. En relación con el citado art. 30, que impone la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental en todo proyecto susceptible de relevante efecto.

Y en su art. 27, la Constitución de la ciudad, prescribe que la  Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área metropolitana. Instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que promueve, entre otras,  La seguridad vial y peatonal, la calidad atmosférica y la eficiencia energética en el tránsito y el transporte”.

Además, el art. 29 de la Constitución local reza: “La Ciudad define un Plan Urbano Ambiental elaborado con participación transdisciplinaria de las entidades académicas, profesionales y comunitarias aprobado con la mayoría prevista en el artículo 81, que constituye la ley marco a la que se ajusta el resto de la normativa urbanística y las obras públicas”.

Así, El Plan Urbano Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 2930, en su art. 14 determina la obligatoriedad de realizar un estudio de diagnóstico con el objeto de dar sustento a las propuestas formuladas. Sumado a que “Además de describir y evaluar el estado de situación correspondiente al caso, deberán plantear las hipótesis que den razón del problema y los escenarios alternativos futuros, caracterizados según sus dimensiones sociales, económicas, urbanísticas y ambientales, que puedan preverse en caso de no realizarse intervenciones”.

Por otro lado, la Ley 123, dispone en su art. 1º, que: “La Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme a los términos del artículo 30° de su Constitución determina el Procedimiento Técnico – Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) con el fin de coadyuvar a:

  1. Establecer el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano, preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras.
  2. Preservar el patrimonio natural, cultural, urbanístico, arquitectónico y de calidad visual y sonora.
  3. Proteger la fauna y flora urbanas noperjudiciales.
  4. Racionalizar el uso de materiales y energía en el desarrollo del hábitat.
  5. Lograr un desarrollo sostenible y equitativo de la Ciudad.
  6. Mejorar y preservar la calidad del aire, suelo y agua.
  7. Regular toda otra actividad que se considere necesaria para el logro de los objetivos ambientales consagrados por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”

Y en su art. 9 dispone:

El Procedimiento Técnico – Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental está integrado por las siguientes etapas:

  1. La presentación de la solicitud de categorización.
  2. La categorización de las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos con relevante efecto y sin relevante efecto, según correspondiere. (Conforme texto Art. 4º de la Ley Nº 452 BOCBA Nº 1025 del 12/09/2000).
  3. La presentación del Manifiesto de Impacto Ambiental acompañado de un Estudio Técnico de Impacto Ambiental.
  4. El Dictamen Técnico.
  5. La Audiencia Públicade los interesados y potenciales afectados.
  6. La Declaraciónde Impacto Ambiental (DIA).
  7. El Certificado de Aptitud Ambiental.

 

Normativa que ha sido desconocida y entendemos, es otra causal más que determina la nulidad del acto de gobierno cuestionado en las presentes actuaciones. Toda vez que la supuesta necesidad o eventual oportunidad, mérito y conveniencia de las obras que pudiera invocar la autoridad, no autoriza a sortear el debido proceso formal y material, ni ser contraria a la transparencia, eficacia, eficiencia, publicidad y economía del proceso licitatorio, ni a la debida participación ciudadana y al respeto constitucional.

En el sentido señalado, la Defensoríadel Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en la actuación N° 4254 iniciada por una vecina domiciliada en Devoto en función de su preocupación por las obras de construcción de pasos bajo nivel para las calles Llavallol y Cuenca en su intersección con las vías del ex Ferrocarril General Urquiza- recientemente resolvió recomendar al Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la ciudad, “ … convocar a una Audiencia Pública Temática de acuerdo a los establecido por el art. 30 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley 6, con anterioridad a toda decisión respecto del llamado a licitación de los Pasos Bajo Nivel en la calle Cuenca y vías del ex Ferrocarril General Urquiza y calle Llavallol y vías del ex Ferrocarril General Urquiza, y los Pasos Bajo Nivel de la calle Navarro y vías del ex Ferrocarril General San Martín y calle Varela y vías del ex Ferrocarril General San Martín…”. Estableciendoque: “…se deberá poner a disposición del público con una antelación mínima de veinte días, el correspondiente expediente, el cual deberá constar con toda la documentación técnica correspondiente (estudios de suelos, memorias, planos, cómputo, presupuesto, etc.) en el nivel de anteproyecto y un detallado Estudio  de Impacto Ambiental, Plan de Mitigación durante el período de la obra y Estudio de Diagnóstico y Evaluación de Impacto a que se refiere el Plan Urbano Ambiental…”. Recomendado asimismo, suspender provisoriamente la encomienda a AUSA para los respectivos proyectos, mediante el dictado de los autos administrativos correspondientes –las negritas me pertenecen-[5].

Y en los citados autos “LUBERTINO MARIA JOSE Y OTRO C/ GCBA S/AMPARO (ART. 14 CCABA)” EXPTE. N° 34409/0, conexa con “EPZSTEYN, EDUARDO EZEQUIEL Y OTRO C/ GCBA S/AMPARO (ART. 14 CCABA)” EXPTE. N° 34682/0, la Justicia de la ciudad ya se ha expedido en otro caso, declarando la nulidad de un llamado a licitación convocada por el Ministerio de Urbano a través de AUSA, para una obra pública –en ese caso para los túneles bajo la Avenida 9 de Julio-, por no haberse cumplido con dicho requisito.

Al respecto, el magistrado advirtió en esa oportunidad, que en cuanto al Estudio de Impacto Ambiental, “…su carácter preventivo viene impuesto por su propia naturaleza y teleología tuitiva, por lo que la Constitución establece expresamente que la evaluación del impacto ambiental debe ser previa (art. 30, CCABA). Numerosos precedentes en la jurisprudencia del fuero se han expedido respecto de la cuestión (…). Como acertadamente señala la demandada (fs. 278 vta.), corresponde al responsable o proponente del proyecto –en este caso, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- la presentación del estudio de impacto ambiental. En la misma orientación, se ha destacado que la EIA debe asegurar que la información ambiental esté disponible tanto para los entes oficiales como para los ciudadanos, antes de la toma de alguna decisión o concesión de una autorización.” (cons. 7.1.).

Y la Cámara del fuero, en sentido coincidente, resolvió: “El artículo 30 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece la obligatoriedad de realizar la evaluación de impacto ambiental con carácter previo a todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y “su discusión en audiencia pública”.

Así, se desprende la exigencia de la audiencia pública con carácter general y obligatorio para todas las actividades, proyectos, programas o emprendimientos que puedan producir un impacto ambiental de relevante efecto (conf. art. 4 citado, Ley 123 sancionada el 10/12/1998, promulgada el 19/1/1999 y publicada con fecha 1/2/1999)”[6].

En tal sentido, Quiroga Lavie señala en su comentario al art. 30 de la C.C.A.B.A.:  "Va de suyo que el incumplimiento de ambas obligaciones, la de realizar el estudio de impacto ambiental previo y la de llevar a cabo la referida audiencia pública, habilitará la adopción de las medidas judiciales pertinentes: por un lado la de no innovar, para evitar que se avancen obras o instalaciones que puedan producir daños o gastos inconvenientes, pues luego habrá que desandar lo hecho; por otro lado, la omisión de estas obligaciones determinará la nulidad de todo lo actuado, así como la responsabilidad de todos aquellos que consintieron avanzar en esas condiciones el emprendimiento".[7]

Por todo lo cual, venimos a solicitar se declare la nulidad de la Resolución N° 356-MDU-MHGC-10, y se deje sin efecto todo lo actuado respecto de la obras.

Esto considerando como circunstancia a favor, que en ningún caso han comenzado las obras, y que en algunos ni siquiera han sido adjudicadas; y como fundamento de la nulidad solicitada, no sólo el incumplimiento del procedimiento aquí señalado sino la gravedad de las irregularidades advertidas en el acápite precedente y el riesgo creado a los derechos constitucionales reseñados.

 

       III

LEGITIMACION ACTIVA

 

Atento los derechos involucrados, en nuestro carácter de vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, y en especial de los barrios afectados, y en los términos del art. 14 de la C.C.A.B.A., no hay dudas que nos encontramos legitimados para iniciar esta acción; ya que se trata de un amparo que persigue la protección de derechos de incidencia colectiva, cuya titularidad corresponde a toda persona o habitante de la Ciudad y en especial, a los vecinos de nuestros barrios.

El desarrollo actual en relación a la legitimación en la acción de amparo, especialmente en el orden local, permite prescindir de mayores argumentaciones sobre el punto.

Sólo a mayor abundamiento señalamos que el art. 14 de la Constitución local amplió significativamente los límites del amparo, al legitimar “a cualquier habitante” para interponer la acción en supuestos como el presente; habiéndose indicado en relación a la legitimación de este artículo que “…amplía la franja de legitimados y de los derechos e intereses tutelados, con relación al ya generoso texto del art. 43.”[8], y que “se ha consagrado el amparo como acción popular, incluso en defensa de los derechos individuales”[9].

Y en esta tesitura, y en relación al control de los actos de gobierno que se persigue con este amparo, tiene dicho la Excma. Cámara del fuero: “… esta Sala señaló que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires constituye una pieza jurídica que se distingue en el universo federal de la República por definir a las instituciones de la ciudad de Buenos Aires en su artículo 1º como una democracia participativa … La participación ciudadana, en la conformación del orden social, no se agota en los poderes políticos, sino que –aunque con las modalidades específicas que impone la función a su cargo- comprende también al Poder Judicial. …En ese orden, una de las formas de participación ciudadana en el control de la actividad estatal que previeron los constituyentes descansa en un amplío acceso a la justicia (conf. art. 12, inc. 6 CCABA)”.[10]

 

IV

PROCEDENCIA FORMAL DE LA ACCION

 

En los términos del mismo art. 14 de la Constitución local y de la ley 2145, tampoco hay dudas de la procedencia de la acción.

El Poder Ejecutivo avanza con obras que vulneran las leyes aplicables, así como derecho protegidos por la Constitución local, y no existen otra vía más rápida que la del amparo para poner freno a dicha situación.

El trámite rápido del amparo, no sólo permite dar debida protección a los derechos de incidencia colectiva involucrados, sino que permitirá evitar lo

La Protocomuna Caballito invita a los vecinos

 

La Protocomuna Caballito invita a los vecinos

12.09.2011

 

Los invitamos a un encuentro general de vecinos del área metropolitana de Buenos Aires atacados por la especulación inmobiliaria. Los edificios de altura. Las “normas especiales” en los Códigos. La falta o deficiencias de infraestructuras de servicios. La incapacidad de controlar o permisividad desde el ejecutivo macrista con los constructores.

Por la búsqueda de un modelo de ciudad participativo desde los Barrios y las Comunas. Para que seamos los vecinos los que decidamos cual es el modelo de crecimiento de nuestro entorno. Y no los especuladores. Por el pleno cumplimiento del Plan Urbano Ambiental y la sanción de un nuevo Código de Planeamiento urbano morfológico (retrasado 35 meses por Macri).

Convocamos a todos los vecinos y organizaciones a participar de la reunión de la Red Verde Ciudadana que se realizara el MIÉRCOLES 14 DE SETIEMBRE en el salón Susan, José Pedro Varela Nº3235, a las 19 horas.

El fin de este encuentro vecinal es la búsqueda de potenciar nuestras posibilidades conociendo las problemáticas y las experiencias de los participantes. Para aprender de los éxitos y de los momentos difíciles de sus historias. Con la expectativa de que  realizando acciones de forma coordinada potenciemos nuestras capacidades de mejorar la calida de vida de nuestros barrios.

Participarán integrantes “electos” de las Juntas Comunales y Legisladores de la Ciudad. 

 

Por último les enviamos nuestra aclaración a la nota publicada por Perfil y la nota completa para su análisis.  

 

Nuestro comentarios a la nota publicada por Perfil                        

 

Para empezar muchos de los edificios más importantes no estaban habilitados al momento del censo (Torres Dos Plazas, Nuevo Caballito. Varias grandes de Directorio,  Pedro Goyena, Honorio Pueyrredon, etc. El mayor permisado en m2 de Caballito fue en 2006 y 2007, donde represento el 15% del total de la ciudad.

 

En segunda instancia muchos son "reserva de valor" un lindo eufemismo para especulación inmobiliaria. El promedio de edificios vacíos de la Argentina es de 18%. El de la Ciudad de 24%. El de Puerto Madero 70%. Un % muy importante (40 o 50%) de lo que se construyo esta vacío. Estamos en el borde de una burbuja.

Dice el broker. Hay millones de m2 de vivienda de lujo y suntuosa construidas en los últimos 7 años vacíos en estos barrios (Urquiza, Caballito, Palermo). Porque con el argumento de que a los "ladrillos" no te los pueden robar ni tomar el gobierno. Se convalido un modelo destructivo para la sociedad porteña. El Mercado sin la dirección Estatal solo genera desigualdad y millones de m2 sin gente. Una paradoja. Más vivienda vacías y más personas con necesidad de vivienda. En una ciudad que durante 10 años construyo la inversa de lo que necesitan sus habitantes. Y sigue haciéndolo.

 

Tomando los datos de la Secretaria de Planeamiento los 3.317.133 m2construidos en Urquiza, Palermo y Caballito representan 47.000 departamentos de 70m2. Calculando por las 2,5 personas por departamento nos da una potencialidad de ocupación de casi 120.000 personas. Las infraestructuras de servicio tienen que estar preparadas para el abastecimiento de la población potencial. Sin importar que no estén habitados. Ya que no se puede prever cuando será el momento de la ocupación.

 

Pero atención. Ya hace muchos años se dijo que todo lo sólido se diluye en el aire. El comienzo es muy parecido al de una avalancha en la montaña. Casi no se nota. Unos pocos salen a vender porque necesitan efectivo. Lo que sigue es conocido. Japón, EEUU, España.

El precio en dólares de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires creció de 120 a 130% en los últimos diez años. Una propiedad que valía 100.000 U$S hace diez años representaban 100.000$. Hoy esa propiedad vale 240.000 U$S. Mas de 1.000.000 de pesos. Nada en una economía normal puede tener ese rendimiento. Las burbujas explotan.

 

PERFIL EDICIÓN IMPRESA Sábado 10 de septiembre de 2011

Pese al boom inmobiliario, crece poco la población en Caballito y Palermo

En diez años se incrementó sólo el 0,3% y 3,4% respectivamente. Los dos barrios concentran más del 22% de los metros construidos.

Por Gustavo Ajzenman

 

Los resultados del Censo Nacional 2010 arrojaron un dato curioso que desafía el sentido común: los barrios de Palermo y Caballito, dos de los protagonistas excluyentes del boom inmobiliario porteño, prácticamente no crecieron en población en los últimos diez años.

Palermo (Comuna 14) y Caballito (Comuna 6), junto con Villa Urquiza (que con a Saavedra, Coghlan y Villa Pueyrredón conforma la 12)  fueron los barrios en los que más se construyó en los últimos diez años. Según relevó la Subsecretaría de Planeamiento,entre 2001 y 2009, se edificaron allí 3.317.133 m2 , de los cuales más del 85% fue destinado a uso residencial. Sin embargo, la población creció en esas comunas solamente el 0,3 y el 3,4 % respectivamente. Porcentajes pequeños, si se los compara con el promedio de 4,1% del resto de la Ciudad , donde las inversiones fueron menores. Si bien se espera un comportamiento similar en Villa Urquiza, aún no es posible saberlo porque los resultados del censo no están todavía discriminados por barrio.

 

Los números sorprendieron incluso a los funcionario de la Dirección de Estadísticas y Censos porteña. “De acuerdo con nuestras proyecciones, se esperaba mucha más gente; se sabe que hubo un crecimiento de las viviendas deshabitadas, pero aún falta más datos para poder determinar exactamente qué pasó”, reconoce Victoria Mazzeo, jefa del Departamento de Análisis Demográfico.

Tal vez no haya que buscar la explicación en un fenómeno demográfico sino económico, o financiero, que en el fondo esconde una de las causas principales de la crisis habitacional. El Censo reveló que el 24% de las viviendas porteñas está deshabitado.

Según los brokers consultados por PERFIL, si se computan solamente los edificios nuevos, germinados al amparo del boom inmobiliario, el número podría ser bastante mayor.

 

¿Por qué construir edificios que no serán estrenados?Para Arturo Grieben Saubidet, de la división de tasaciones de LJ Ramos, el mercado se encuentra al borde de una burbuja. “Los inversores compran propiedades en el pozo esperando sacar una ganancia cuando las revendan, pero como es muy difícil para el consumidor final acceder a créditos hipotecarios, después no encuentran clientes y guardan los departamentos como reserva de valor”, explica.

El especialista señala también otra causa: la tendencia de los porteños a vivir solos y a tener familias menos numerosas. “Después de 2001, empezaron a mudarse los hijos que en aquel momento no tenían dinero para hacerlo”, sostiene. Héctor Lostri, Subsecretario de Planeamiento porteño, ensaya una explicación similar: “La tendencia de los últimos treinta años es hacia una mayor cantidad de hogares, pero con una menor cantidad de integrantes, lo que significa un constante incremento de la demanda de viviendas con muy bajo crecimiento demográfico”. Según calcula, el promedio de personas por hogar decreció en veinte años de 2,9 a 2,5.

 

La novedad de que, a pesar de los pronósticos, sus barrios no están rebalsando de gente no tranquiliza demasiado a los grupos de vecinos que históricamente se opusieron al asentamiento de grandes edificios en esas zonas que, anteriormente, eran residenciales.“Es cierto que el cuarenta por ciento de las obras nuevas deben estar vacías, pero los departamentos están, y cuando se ocupen van a colapsar los servicios”, advierte Gustavo Desplats, coordinador de Proto Comuna Caballito.

Contraste social. Hubo dos comunas que en los últimos diez años se despegaron del promedio de crecimiento demográfico del resto de la Ciudad , la 1, donde conviven Puerto Madero con la Villa 31, creció el 19,7%, mientras que la 2, compuesta únicamente por Recoleta, menguó en el 4,6%. El boom de la construcción fue doble en la Comuna 1. Se solicitaron permisos por 1.860.032 m2 , fogoneados, fundamentalmente, por la construcción en Puerto Madero, pero se calcula que más del 70% de las viviendas se encuentran desocupadas. Según Censos y Estadísticas del Gobierno, el aumento demográfico se justifica por el crecimiento de las Villas 31, 31 bis, donde viven actualmente más de 26 mil personas, el 217% más que hace una década en el mismo espacio. Recoleta es la comuna menos poblada (157.932 personas) y poco recambio. Las construcciones también son escasas, debido a que el precio de del m2 puede llegar a duplicar el del promedio de la Ciudad.

Sentencian al Gobierno porteño a mantener el refugio nocturno para los chicos en calle

 

Sentencian al Gobierno porteño a mantener el refugio nocturno para los chicos en calle

1.9.2011

 

La jornada de este miércoles fue exitosa respecto a nuestra denuncia para evitar el cierre del refugio nocturno para chicos en situación de calle. Aunque la tristeza nos invade por el mafioso asesinato de Candela Rodríguez, por otro lado conseguimos un paso esencial, la jueza admitió el amparo contra el Gobierno de la Ciudad para que no cierre el refugio para decenas de chicos que escaparon de sus casas y viven de la limosna. Aquí la nota escrita en Noticias Urbanas.

Este fallo no es una victoria por la capacidad de los abogados para hacer escritos sino porque todos ustedes, cartoneros, costureros y militantes, le hicieron el aguante a los pibes”, gritó mediante un megáfono Juan Grabois, abogado y fundador de la organización cartonera que junto a otras dos ong’s presentó un amparo este mediodía para preservar un refugio nocturno para chicos en situación de calle.
Cerca de las 17.30 horas, desde la vereda de la Subsecretaría de Promoción Social, en México al 1600, Grabois agitaba en su mano el fallo judicial de tres hojas a favor de la vigencia del refugio nocturno que se instaló en el Centro de Atención Integral para la Niñez y Adolescencia (CAINA), ubicado en avenida Paseo Colón 1366.
Noticias Urbanas accedió a la sentencia que concede la medida cautelar solicitada por las ong’s y, en consecuencia, ordena al Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de María Eugenia Vidal, que “mantenga abierto” el CAINA “a fin de posibilitar la concurrencia nocturna de los menores que lo requieran a partir del día de la fecha y hasta tanto se dicte sentencia definitiva”, dejó asentado con su firma la jueza Lidia Lago, a cargo del juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 7.
La Alameda, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), y la Fundación Che Pibe además de presentar el amparo titulado “Vera Gustavo Javier y Otros contra GCBA sobre Amparo”, fueron hasta la sede de Promoción Social para repudiar la actitud de las autoridades. Allí señalaron a la ministra Vidal y su subsecretaría Soledad Acuña como responsables de cerrar el refugio para chicos en situación de calle, que además por lo que publicó el diario Crónica viven en constantes abuso sexual en los baños del Shopping Alto Palermo.
Este cronista comprobó que se cumplió con la sentencia del expediente Nº 42263/0. A partir de las 20 horas los niños en situación de calle llegaban caminando hasta el CAINA en la avenida Paseo Colón.
Por diversas fuentes este medio supo que tras el fallo de la jueza Lagos, la cartera de Desarrollo Social bajó la orden a los diez empleados del refugio nocturno de volver al trabajo. Ellos se vieron sorprendido ante la información ya que estaba confirmado que concluía su tarea en el “Plan Frío 2011″ este martes a la noche. De hecho el contrato de los empleados dura tres meses.
Una fuente irrefutable explicó el trasfondo del programa. “Se hizo porque no quieren el escándalo de un niño muerto por frío”.
Los otros dos refugios nocturnos, para mujeres el ubicado en la calle Pepirí en Barracas, y La Boquita no están activos. Uno fue cerrado el lunes y el otro en La Boca la semana pasada.
Noticias Urbanas se comunicó con el director del CAINA. El psicólogo, Emilio Zadcovich, afirmó que “desde hace cinco años el operativo frío tiene limitaciones en el tiempo. Empieza en abril o mayo y finaliza en agosto. Ahí es cuando vienen los chicos. Ellos duermen en colchones tirados en el piso. Es costumbre en esos meses cuando se produce la ola de frío más dura”.
Después Zadcovih, responsable director del CAINA, aclara que las actividades desde “la mañana a la tarde siguen con normalidad. Eso es así desde hace veinte años”.
Cuando este medio repreguntó respecto si existe posibilidad de extensión del programa producto de las noches que continúan con niveles de baja temperatura, el psicólogo prefirió no contestar. “Me van a tirar de las orejas. Tengo expresas ordenes de no hablar y derivar a la Dirección General de Niñez, a cargo de Vanesa Wolanik”, cerró la entrevista.
En el amparo judicial, al que accedió Noticias Urbanas, figura que “el Gobierno de la Ciudad omite el cumplimiento de normas” como los artículos 19 y 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establecen la obligatoriedad de la adopción de todas las medidas administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger a los niños contra todas las formas de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual así como el derecho de los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar a recibir la protección y asistencia especiales del estado. “Lo mismo vale para las disposiciones de los arts. 8 y 9 de la ley nacional 26.061″.
A su vez el amparo describe a los chicos que están perjudicados con el cierre del refugio nocturno. “Un grupo de quince niños de entre 10 y 14 años que fueron abandonados por sus padres o se escaparon de situaciones de violencia familiar y abuso se conocieron en la Villa 1-11-14, pero debieron irse por la violencia que allí se vivía. Luego de deambular por distintos lugares fueron a parar en el McDonalds del Alto Palermo, donde pasan el día pidiendo comida y monedas a los transeúntes del lugar”

Enviamos comunicado de convocatoria a marcha y texto de la denuncia penal que será presentada este miércoles ante los tribunales contencioso administrativo de la Ciudad para evitar el desalojo de 25 niños en situación de calle por parte del GCBA.
 
DENUNCIA Y MARCHA: DESDE ESTA NOCHE EL GCBA ARROJA A LA CALLE A 25 NIÑOS ABANDONADOS DE 10 A 14 AÑOS!
Miércoles 30/08  A LAS 15 hs

Denuncia penal y escracheal Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes  Subsecretaria de Promoción Social

México 1661

Convocan Alameda- MTE- Fund Che Pibe.

Braian, Carlitos, Jona, son algunos de los niños sin techo
ni familia que desde esta noche no podrán dormir en el refugio nocturno ubicado
en el CAINA y quedarán a merced de las redes de trata, los transas y los
peligros de la calle por la increíble crueldad que está a punto de cometer el
Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Secretaría de
Promoción Social del Gobierno de la Ciudad.

Estos chicos pasan el día pidiendo comida o monedas en el Mc Donalds del Alto Palermo, sufriendo malos tratos del personal de dicha cadena y sin ningún tipo de asistencia. De por sí, esto constituye una situación aberrante y evidencia un nivel de desidia estatal incompatible con el Estado de Derecho.
Como si fuera poco, esta noche, con la excusa de que termina el invierno y se acaba el “Operativo Frío”, en el que se gastaron fondos para la campaña llegando incluso a comprar 5000 limas de uñas con los colores del PRO, el Gobierno de la Ciudad despiden a los operadores del CAINA y cierran las puertas del refugio nocturno ubicado en Paseo Colón 1333 sin derivar a los pibes a un lugar mejor.
Los tiran literalmente a la calle. Se los regalan a la mafia para que los abuse y
explote.
Son los más excluidos de entre los excluidos, con el agravante de que son pibes y no tienen padres. En muchos casos, se escaparon de sus casas porque se los golpeaba o abusaba.
Advertidos de esta situación por los trabajadores cartoneros que trabajan en la zona, nos acercamos a los chicos que nos pidieron ayuda. Por eso, presentamos mañana un recurso de amparo urgente y marchamos también mañana a las 15 hs. a la
Secretaría de Promoción Social (México 1661) para exigir que se prorrogue el
funcionamiento del albergue hasta encontrar una solución de fondo que restituya
los derechos que el Estado le robó a estos pibes.
Sin perjuicio de que vamos a luchar incansablemente para revertir esta decisión perversa, apelamos a los más elementales sentimientos de humanidad por parte de las autoridades y exigimos asistencia para los pibes de la calle. Una vez más, el MTE, la Alameda y la Fundación Che Pibe juntos en la pelea diaria por una sociedad sin esclavos, ni excluidos.
El accionar del Gobierno de la Ciudad constituye sin lugar a duda una violación al Pacto San José de Costa Rica y a la Convención de los Derechos del Niño. Es un CRIMEN y lo tenemos que PARAR.
 

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