Red de radios

Reconocimiento a un luchador contra la impunidad
La lucha del abogado Alberto Pedroncini por los derechos humanos fue reconocida por la Legislatura porteña. Al declarárselo Ciudadano Ilustre se mencionaron sus aportes jurídicos, que han servido en América y Europa para desarmar las políticas de impunidad.

El jurista y militante por los derechos humanos recibió el diploma de Ciudadano Ilustre de Buenos Aires, que le fue otorgado por su destacada trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos, las libertades públicas y las garantías constitucionales.
Pedroncini, de 88 años, abogado de profesión, militante e inclaudicable luchador, sufrió la persecución y la cárcel por bregar por esos principios.
En una cálida ceremonia que se realizó la noche del martes en el Salón Dorado de la Legislatura, el legislador Julio Raffo, Vicepresidente Segundo del cuerpo y gestor de la iniciativa, destacó que Pedroncini es un ejemplo de coraje personal, al defender los derechos humanos en plena dictadura conociendo los riesgos en que ponía su vida; de coraje político, al asumir una posición política perseguida como era el comunismo; y jurídico, al idear y avanzar en conceptos originales y novedosos para hacer posible el juzgamiento de los autores de genocidio no sólo en nuestro país, sino también en América Latina y Europa.
Hablaron en reconocimiento a su trayectoria Adolfo Pérez Esquivel (Servicio de Paz y Justicia-SERPAJ), Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora), Beinusz Szmukler (Presidente del Observatorio de Justicia Argentina), Eduardo Tavani (Presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires-AABA), Ana María Careaga (Directora del Instituto Espacio para la Memoria-IEM) y el abogado Jaime Nuguer.

Contra la precarización y el fraude laboral en el Ministerio de Educación porteño
Los trabajadorxs realizarán el lunes 2 de mayo, desde las 12.30, una concentración y radio abierta en la planta baja de Esmeralda 55 para denunciar el vaciamiento de la educación pública y exigir el pase a planta de todos los contratados.

Los integrantes de la Junta Interna ATE Educación también reclaman la unificación de las modalidades contractuales a horas con plenos derechos salariales, reconocimiento de antigüedad desde el primer contrato y movilidad salarial. Además exigen la inmediata titularización de todos los trabajadores de la educación precarizados del Ministerio de Educación del GCABA.
A su vez, aseguran que la precariedad y el fraude laboral favorecen el vaciamiento del ámbito público a favor de los intereses privados. Esta situación, dicen, “Ha quedado clara a raíz de la toma de conocimiento público de las contrataciones de la firma Prima S.A. para la provisión y conectividad de computadoras, y de la consultora Axialent Conscious Business para capacitar a directivos y supervisores de escuelas de gestión estatal”.
En el último caso, el precio que pagará el Estado a dicha consultora privada por dos jornadas de capacitación equivale, aproximadamente, a 9100 horas de Planta Transitoria Docente (salario bruto, sin antigüedad ni FONID); número que representa alrededor del 15% del total de horas aprobadas para CePA, para todo 2011. Es decir que una consultora privada embolsará por una capacitación de dos días el equivalente, en pago bruto en horas, a la sexta parte de la Planta Transitoria Docente creada para todo 2011 para la Escuela de Capacitación del Ministerio de Educación.
Ambas decisiones implican una gigantesca transferencia de recursos públicos y de poder de decisión sobre política educativa a empresas privadas. Son las dos caras de una misma política: precariedad y fraude laboral en el ámbito público, transferencia de recursos y del control de la enseñanza a las empresas privadas”, denuncian.

De acuerdo a lo decidido en la reunión del martes 19 de abril de 2011, les solicitamos envíen su conformidad para hacer la presentación ante las Autoridades Legislativas.

Buenos Aires 26 de abril de 2011

Los abajo firmantes, integrantes del registro de medios vecinales, en su carácter de productores radiales independientes, nos dirigimos a usted a fin de poner en conocimiento y solicitar su intervención ante el acto discriminatorio del que hemos sido objeto al ser excluidos del otorgamiento de la pauta publicitaria de audiencias publicas de la legislatura porteña, de acuerdo a la ley Nº 6 art. 45 inc. C.

De acuerdo al decreto reglamentario 295-VP-2010 y su disposición Nº 1- DGCyC-2011 la dirección de compras y contrataciones de esta casa legislativa, de manera discrecional, decidió dejar de lado a las producciones radiales independientes. 

Por tal motivo le solicitamos una reunión a la brevedad posible, a los efectos de resolver este conflicto.

ATTE.

Punto Seguido – Guadalupe Grunauer

El Reloj – Gustavo Pirich.

A medio Camino – Néstor Muñoz

El grupo de teatro comunitario

ElÉpico deFloresta
reestrena…

"Los indios estaban cabreros"

Una particular mirada de la conquista según Agustín Cuzzani

¡¡¡Gran fiesta gran!!!

Domingo 17 de abril desde las 14.30 hs.

Corralón de Floresta, av. Gaona 4660 C.A.B.A.

Actuarán también:

EnsambleCoral Devoto

 ¡¡¡y gran cierre con HoracioFontova!!!!

Buffet a precios populares.

Entrada libre y gratuita, se suspende por lluvia.

El Épico de Floresta ha sido declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DecreMacri: otra “gestión” Pro que se tiró a todxs en contra
Por decreto de necesidad y urgencia el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires convirtió en contravención las acciones gremiales que bloquean la salida de los diarios, citando textualmente el bloqueo al diario Clarín del 26 y 27 de marzo pasados. La medida recibió críticas contundentes de diversos sectores políticos, gremiales y sociales.

(Celeste Neyra- Red Eco) Ciudad de Buenos Aires- El decreto 2/11 firmado el 11 de abril por Mauricio Macri y otros funcionarios, establece sanciones para quien “impida, obstruya u obstaculice la producción, impresión, distribución o difusión de ideas, opiniones o informaciones a través de cualquier medio de prensa o de comunicación masiva”. Inmerso en su catarata de argumentos pre electorales sobre “el peligro” en que “la Presidenta Kirchner está poniendo a los Argentinos”, el Jefe de Gobierno no escatimó recursos y acudió a una medida de necesidad y urgencia para un tema que amerita debates legislativos y sociales.
Para la agrupación gremial La Naranja de Prensa el accionar macrista se trata de “un intento por terminar con el derecho a huelga con el que cuentan constitucionalmente los trabajadores de los medios” y llaman al conjunto del gremio de prensa a defender los legítimos derechos conquistados.
Por otro lado, fuerzas políticas diversas, como Proyecto Sur, la Coalición Cívica, el kirchnerismo, a través del Ministro de Trabajo, Diálogo por Buenos Aires, Nuevo Encuentro, Encuentro Popular para la Victoria y legisladores opositores al Pro, mostraron su total disconformidad y anunciaron presentaciones judiciales y el debate en la Legislatura que debe darse dentro de los próximos 30 días.
El decreto establece multas de $5.000 a $50.000 o el arresto de 3 a 10 días, para quienes realicen esta contravención. También aplica las mismas sanciones para quien “intimide u hostigue a directivos, gerentes, trabajadores, periodistas o distribuidores de medios de prensa o de comunicación masiva buscando alterar su contenido, línea editorial o sistemas de comercialización y/o distribución”.
Paradójico es que entre los considerandos se utilicen la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como argumentación opuesta a sus propios principios, como si por un decreto del Jefe de Gobierno de la Ciudad se pudiera saldar la discusión sobre si realmente la acción de bloquear las salidas de los diarios coarta la libertad de imprenta y no si el DNU 2/11 se contradice con la libertad de expresión.
Sin embargo, el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires bien puede considerarse coherente con esta medida, porque pese al gran debate que generó y a las movilizaciones en su contra, logró establecer un nuevo escenario de lo permitido y lo prohibido.
A partir de su sanción en el año 2004, el uso del espacio público quedó negado para trabajos y prácticas sobre las que se profundizó la marginación que ya transitaban. Las acciones de vendedores ambulantes, cuida coches, limpiadores de vidrios y prostitutas, entre otras, fueron observadas, descriptas y reguladas desde un modelo que no les era propio. 
Así se estipularon en 2004, regulaciones para quienes en adelante fueran los prohibidos, los corridos del espacio visible por esos “vecinos” que tanto le gusta citar a Macri. Los mismos a los que quizás pretende asustar mediante la diabolización de las acciones gremiales, llevándolas hacia el campo de lo sancionable.

Por la reapertura de los centro de salud barriales
Vecinxs y numerosas organizaciones sociales e instituciones barriales de la Villa 21/24, junto a las trabajadorxs de los Centros de Salud de la Villa (CESAC 35, 8 y 30), se movilizarán mañana, viernes, para decirle NO al gobierno de Mauricio Macri.

A las 11, realizarán un corte en Iriarte y Vélez Sarsfield, y media hora más tarde marcharán hacia el Colegio Público de Abogados, ubicado en Avenida Corrientes 1441. Allí se llevará adelante una Audiencia Pública, convocada por el Juez Roberto Gallardo para reclamarle al gobierno porteño que garantice la atención médica en las salitas de la zona sur de la ciudad.
“Denunciamos la discriminación del gobierno de Macri a quienes vivimos en la zona sur de la ciudad, o en las villas de la capital. Parece que la sola condición de tener una vivienda precaria te hace peligroso y conlleva a no tener derecho a ser trasladado en una ambulancia del SAME porque ´no están dadas las condiciones de seguridad´. La muerte de Humberto Ruiz, vecino de la Villa 31 causada porque la ambulancia del SAME no ingreso al lugar por considerarlo ´peligroso´ es la muestra de las políticas PRO. Es vergonzoso que, tras la muerte de Ruiz y ante el reclamo y la protesta de los vecinos, Macri haya reiterado su pedido de utilizar a la Policía Federal para desalojar el corte de los vecinos”, señalan las agrupaciones convocantes en un comunicado, en el que además hacen responsables por lo sucedido en la Villa 31 y las consecuencias que pueda tener mantener el cierre de los CESACs, a los ministros de Salud, Jorge Lemus, de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro, y al Jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, citados para la audiencia de mañana.
 

ANTE EL POTENCIAL DESALOJO DE LA FABRICA RECUPERDA IMPA
"De acá nos sacan muertos"

(AW) Trabajadores, estudiantes, vecinos, militantes se reunieron ayer por la tarde en el barrio de Almagro en CABA donde funciona IMPA uno de los estandartes nacionales de que es posible trabajar sin patrón, para prever la resistencia a la política de desalojo del gobierno Macrista. El próximo lunes volverán a reunirse para tratar la organización.

Buenos Aires, 14 de abril de 2011

Por Amalia Colombo

El jueves de la semana pasada el tribunal de la Cámara Comercial Sala A, ratificó el fallo del juez en lo comercial Héctor Vítale confirmando así la Inconstitucionalidad de la Ley de Expropiación de la Legislatura Porteña el 12 del pasado diciembre que otorgaba la tenencia provisoria a los trabajadores de Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentina (IMPA).
El sol ya no entra en la fábrica un poco después de la hora del té, adentro hay mucha oscuridad y el silencio ensordece. De pronto los murmullos vienen del primer piso, desde el teatro "Nora Cortiñas", nombre de una de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora a la que, los trabajadores de IMPA honraron nombrándolo así.
Entonces Eduardo Murúa, trabajador de IMPA comienza dando cuenta cómo antes de ser notificados de la decisión del tribunal, tuvieron temprano a la mañana en la fabrica, que además funciona como bachillerato popular donde asisten 150 chicos, centro de salud, lugar para el desarrollo de talleres de música, de actuación, cultural, una visita inesperada: "Llegó un hombre que resultó ser un funcionario de un juzgado, muy interesado en cuántos somos, que hacemos, que grande el lugar para tan pocos, entre otras cosas". Todo esto y lo de cuánto sale el terreno, volver en tres semanas para hacer el desalojo, salió de boca del taxista que oyó hablando al curioso con una mujer que no bajó del taxi, la jueza Isabel Miguez.
"A estos 15 locos los vamos a desalojar; les vamos a hacer un juicio de usurpación a todos", decían jueza y secretario que no contaban que tras ser dejados en el juzgado Comercial y Tribunales, el taxista volvería indignado a contarles todo a los dueños de la fabrica.
La denuncia de la gente de IMPA no se hizo esperar. En una entrevista para un diario judicial la jueza Miguez admite lo sucedido, pero dice que fue una equivocación, que lo hizo solo por curiosidad, y ese mismo día en que despertaron y olieron el café, el tribunal integrado además por dicha jueza, falló en contra de la expropiación establecida en la ley 2969, que cedió el predio el cuatro de diciembre de 2008 a la cooperativa compuesta por trabajadores de IMPA.
Desde la cooperativa están llevando a acabo acciones en el marco judicial mediante un recurso en queja a la Corte para ver si les puede dar una medida cautelar para ganar tiempo hasta que surja una ley que deje de darles la propiedad de forma superficial y transitoria.

La próxima semana, estarán abocados a la denuncia penal a Miguez, además de la acusación a la Cámara y a los jueces que participaron de esto en el Consejo de la Magistratura.
"Tuvimos un enorme apoyo de todo el arco político (a excepción del macrismo y el peronismo federal), entendieron rápido, se metieron en el tema".
"Pedimos una ley de expropiación definitiva ya, este mes en la Legislatura porteña y que cada ministro llame a la Ministra de Seguridad (Nilda Garre) por si hay policía tratando de desalojar violentamente porque nosotros vamos a resistir, y que cumpla con lo que viene diciendo el gobierno de que no va a reprimir el conflicto social", asegura Murúa.
Además dijo que en la Cámara de Diputados, Ariel Basteiros Vicepresidente del Bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario, presentó a lo largo del día la ley de expropiación de IMPA pero en el Congreso Nacional, lo cual consideran fundamental, no solo para ellos sino para todas las empresas recuperadas.
"Lo que estuvimos pensado con los compañeros son las medidas de siempre: las guardias nocturnas, actividades culturales", expone Murúa quien además dice que no están asustados sino más bien muy acostumbrados al ataque del establishment, y sobre todo no se dejan llevar por las casualidades, y es que de 26 leyes que hay en la ciudad justo la de IMPA se declara inconstitucional.
En 2008 la fábrica sufrió un intento desalojo que dejó varios trabajadores golpeados y detenidos. Este desenlace se suscitó ya que la fábrica diez años antes tenía una deuda de cinco millones de pesos, de la que la cooperativa se hizo cargo. En 2008 quedaban impagos un millón y medio. El desalojo se produjo luego de que dos de los acreedores se presentaran en el juzgado para pedir la quiebra y remate de la fábrica. El juez había ordenado un primer operativo para sacar a la gente de la fábrica, tras dictar la quiebra, pero el desalojo fue impedido por los trabajadores.
Ya en 2009, ante otra notificación, del juez en lo comercial Héctor Vítale cuyo fallo ratificó el tribunal, declaró "inconstitucional" la ley de "utilidad pública" que la Legislatura porteña aprobó por unanimidad para "conservar la fuente de trabajo" de la cooperativa de trabajadores de IMPA; se realizó entonces "una vigilia cultural" y dos trabajadores uno de los cuales era Murúa, mantuvieron una huelga de hambre durante varios días.
"Estamos dispuestos a hacer todo el sacrificio, a resistir en el peor escenario porque de acá nos sacan muertos", finaliza Murúa su explicación.
Según el Catalogo de Empresas Recuperadas del Gobierno de La ciudad en su pagina web, "Actualmente, IMPA es en facturación la segunda empresa de aluminio del país, procesando y comercializando aluminio en sus fases de fundición, laminación, extrusión e impresión", pero también habla de 169 trabajadores, cuando de boca de los propios protagonistas, se aclara que son 53, el dato del macrismo se debe a que trabajan con los mejores equipos.
"Si nos tocan acá, nos tocan por todos lados, así que lo que haya que hacer estamos dispuestas. Uno por ahí podía preverlo, pero de esta manera solapada que lo hizo (la justicia, el gobierno porteño) son verdaderamente indignos. Y si tenemos que ver a todos los políticos así será", manifestó Nora Cortiñas sobre la situación, acompañada de Mirta Baravallo, compañera de lucha y plaza.
Muchos jóvenes alumnos y ex alumnos del bachillerato de IMPA, vecinos, actores que pueden hacer lo suyo solo en el escenario de la fabrica donde se realiza la reunión, alumnos de los diferente talleres, compañeros de otras fabricas recuperadas, delegados del subterráneo, militantes de partidos políticos solidarizados con la causa, todos los que tomaron el micrófono o hablaron sin el, expresaron su respaldo para proteger la fabrica, repudiaron la mentalidad negociante del gobierno de la Ciudad a la que responde, según los testimonios, el poder judicial, su ambición inmobiliaria en detrimento del pueblo. Por ahora no esta todo dicho, de igual forma los trabajadores llamaron a estar alertas.