Red de radios

13.5.2023

Por Sofía Caram

Magistrados que accedieron a las fechas en que el Ministerio de Seguridad porteño pedía datos detectaron que coincidían con resoluciones que iban a firmar en causas de la vicepresidenta.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo del fiscal Sergio Rodríguez notificó a más de doscientos magistrados/as que el Gobierno de la Ciudad pidió al Registro Nacional de la Personas sus datos personales “presumiblemente sin justificativo válido”. Las actuaciones que levantaron la sospecha de los investigadores de la PIA tuvieron lugar en el marco del convenio firmado entre el Renaper y la cartera de Justicia de CABA para la obtención de datos biométricos de personas prófugas. Bajo ese paraguas es que se habría buscado información sensible sobre jueces/as y fiscales.
Pero lo que advirtieron algunos de los afectados -ahora notificados del detalle- es que sus movimientos fueron consultados en fechas clave. Por ejemplo, el mismo día en que se cruzaban las solicitudes de información tenía lugar la firma de alguna resolución a favor de Cristina de Kirchner. “Estaban pescando. Saben dónde vivo, si me mudo, con quién vivo, etc.”, advirtió una de las víctimas a Ámbito. Esta práctica se repitió incluso también con concursantes para vacantes estratégicas.

Coincidencias

Tras la comunicación de la PIA, varios de los afectados encontraron coincidencias entre los pedidos de información sobre ellos y hechos trascendentes en el marco de actuaciones en expedientes sensibles. Uno de ellos, es el juez de la Cámara de Casación de Py, Alejandro Slokar. Según le notificó la PIA, pidieron sus datos al Renaper el 23/09//2021 a las 10:57 de la mañana. Según reconstruyó Ámbito, ese día, a esa hora, tras haber llevado a su hijo a vacunar contra el covid-19 a Exaltación de la Cruz, el magistrado estaba en su casa firmando en forma digital una resolución favorable a la vicepresidenta Cristina de Kirchner. Era en el marco de la causa por el envío de diarios a Santa Cruz en el avión presidencial. Aquel fallo salió 2 a 1 favorable a la vicepresidenta. La lista de los “espiados” es variopinta y supera los doscientos.
Uno de los casos es el del fiscal Javier De Luca. El Ministerio de Justicia de CABA pedía sus datos biométricos el mismo día en el que estaba alegando a favor de Milagro Sala. El funcionario, quien recibió la notificación de dos pedidos sobre sus movimientos, manifestó su preocupación ante la consulta de Ámbito y advirtió que “alguien está armando un banco de datos que no tiene modo legal para armarlo, entonces usa el convenio como vehículo”.
Otro caso ocurrió el 25 de marzo del 2020 a las 14:53. Ese día fueron solicitados los datos de Marcela Pérez Pardo, la esposa del exjuez destituido por el macrismo, Eduardo Freiler. En ese momento, se estaba por tratar si se cerraba o no el pedido de juicio político contra ella y contra la sala L de la Cámara Civil que ella componía, por una resolución de una causa del Instituto Patria contra la Inspección General de Justicia presentada en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. Aquel fallo salió 3 a 1 a favorable al Patria, pero Pardo, quien pertenece a Justicia Legítima, fue la única de los tres que figura en el pedido de datos biométricos.
El hecho sin precedentes y que generó alarma entre los cientos de notificados derivó en una denuncia penal de oficio, por tratarse de un presunto delito de acción pública (violación de secreto). La causa (CFP 1311/23) quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo de Comodoro Py.
Mientras algunos de los afectados evalúan presentarse en la causa penal como querellantes, otros analizan alternativas por vía administrativa. “Hay gente que juega a esto como si estuviera en el Tinder. O juegan a la Play Station con los ciudadanos. No se puede vivir así. No vivimos en una sociedad transparente. Tenemos que poder mantener en reserva lo que cada uno quiera. No puede estar todo expuesto. No hay ninguna sociedad que pueda funcionar así”, expresó De Luca.

Inconstitucional

Además de esta causa que ahora tramita en la Justicia federal, hubo otras denuncias de iniciativa privada que tuvieron lugar en la justicia de la Ciudad. Tras la demanda del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y del Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIO) la Cámara de Apelaciones de la Ciudad confirmó en abril de este año la inconstitucionalidad del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos implementado por el Gobierno porteño y que en su momento defendió el desplazado ministro de Seguridad Marcelo D’Alessandro.
La Sala I rechazó las apelaciones del Gobierno de la Ciudad y del Ministerio Público Fiscal y confirmó la sentencia de la jueza de primera instancia Elena Liberatori, que en septiembre de 2022 había dicho que el sistema de progresión biométrica se implementó sin la debida protección de los derechos de las y los habitantes.
No han sido los únicos casos ni las únicas coincidencias que llaman la atención. Magistrados nucleados en la Lista Celeste de la Asociación de Magistrados ya alzaron su voz, preocupados.

13.5.2023

Los gastos de la Canasta Básica Alimentaria que marcan el límite de la indigencia tuvieron el mes pasado un aumento del 11,04%, 1,21 punto porcentual más que el 9,83% de incremento registrado en marzo.

Una familia de cuatro miembros que habita en la ciudad de Buenos Aires necesitó en abril percibir ingresos de por lo menos $ 119.742,08 para no ser considerada en situación de indigencia, $208.568,76 para no quedar comprendida en la pobreza y $ 320.278,95 para ser considerada de clase media, de acuerdo con los datos difundidos por la Dirección General de Estadística y Censos porteña.
De esa forma, los gastos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marcan el límite de la indigencia, tuvieron el mes pasado un aumento del 11,04%, 1,21 punto porcentual más que el 9,83% de incremento registrado en marzo, en tanto el acumulado en doce meses llegó al 129,53%, 12,13 puntos más que el 117,40% de la medición previa.

Economía de la familia

En el caso de la Canasta Básica Total (CBT), que establece el tope de la pobreza, el incremento mensual fue del 9,06% (menos que el 9,23% de marzo) y el interanual del 118,93% (111,39% en el mes anterior), mientras que la Canasta Total (CT), que en diferentes proporciones delimita al sector medio frágil, la clase media y los sectores acomodados, subió 8,97% en el mes (menor al 9,24% de marzo) y 117,67% en relación con abril de 2022 (110,35% en la medición anterior). Los montos señalados no incluyen el pago de alquiler de vivienda ni de expensas comunes, por no ser considerados gastos de consumo.
La evolución de las canastas en abril reflejó el mayor peso relativo de los alimentos básicos respecto de los gastos en otros bienes, servicios y tarifas, que no forman parte de los gastos de indigencia, razón por la que los porcentajes de este último estrato tuvieron un incremento superior al de los demás. Al respecto, el lunes se informó que la inflación en la Ciudad había sido del 7,8% en abril, pero el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 10,4%.
La situación es similar en la comparación interanual, si se tiene en cuenta que los aumentos de la CBA son 10,8 puntos porcentuales mayores a los de las canastas que miden la pobreza y 11,86 puntos más en el caso de la clase media. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el martes 16 de mayo su medición de las canastas básicas.
Se trata de un dato que cobrará una importancia adicional debido a que en los criterios de segmentación de los subsidios a las tarifas de servicios públicos, se excluye del beneficio a los usuarios con ingresos superiores a 3,5 veces la CBT. Si se tomara como referencia la medición de la Dirección de Estadística porteña, ese nivel pasaría a ubicarse en $ 729.990,62 mensuales. A diferencia del Indec, que reconoce solamente las categorías de pobres e indigentes, su homólogo de CABA dispone de seis estratos sociales en su clasificación.
En abril, los recursos necesarios para estar comprendidos en cada categoría fueron los siguientes: en situación de indigencia, hasta $ 119.742,07; de pobreza no indigente, de $ 119.742,08 hasta $ 208.568,75; y no pobres vulnerables, de $ 208.568,76 hasta $ 256.223,15. En el caso del sector medio frágil, de $ 256.223,16 hasta $ 320.278,94; clase media, de $ 320.278,95 hasta $ 1.024.892,63 y sectores acomodados, $ 1.024.892,64 o más.

11.5.2023

Este jueves la Legislatura trató los proyectos del oficialismo con respeto al grave problema de los alquileres en la Ciudad. “Un banco de viviendas públicas e impuestos progresivos a la vivienda ociosa serían parte de una solución, pero en estos 16 años el macrismo en sociedad con el peronismo solo regaló terrenos públicos y le bajaron los impuestos a las constructoras”, declaró Alejandrina Barry, legisladora del Frente de Izquierda.
Luego de un mes sin sesiones en la Legislatura, por culpa de las peleas internas en el oficialismo, volvió a sesionar y se trataron los proyectos que Larreta presentó hace un mes con un video por redes sobre la crisis habitacional y la grave situación de los inquilinos porteños.
Alejandrina Barry del Frente de Izquierda fue categórica al comenzar su intervención “¿Qué vamos a discutir en esta sesión? ¿La campaña electoral de la inmobiliaria de Larreta o un problema estructural como la vivienda?”.
No vamos a contar nosotros la grave situación que todos los espacios políticos reconocen y millones sufren en la Ciudad más cara para alquilar y donde el sueño de la casa propia está fuera de la perspectiva en todo el país. Así lo declaraba Alejandrina: “La ciudad con la mayor proporción de inquilinos del país, más de un tercio alquilan y la mitad viven hacinados, la peor parte se la llevan las mujeres jefas de hogar y la juventud destinando una mayor parte del salario devaluado para el alquiler.
Esta crítica surge de que los proyectos presentados por el oficialismo larretista contienen beneficios impositivos para la construcción de viviendas destinadas para alquiler. Si las clases medias ni pueden alquilar, menos podrán construir, por tal motivo estas medidas solo benefician a las constructoras.
En su intervención dio cuenta de la realidad de la Ciudad con los que se encuentran del otro lado del mostrador de los inquilinos al momento de alquilar “Del otro lado, los especuladores inmobiliarios son más ricos y concentran más propiedades. La mitad de las construcciones son para viviendas lujosas que se mantienen vacías, Existen más de 200.000 viviendas ociosas destinadas a la especulación”.
Para dejar clara la situación de estos últimos años que desmienten los dichos de Larreta, Alejandrina exponía “En la última década se construyeron el doble de viviendas que personas nuevas que habitan la ciudad. Son datos del censo. ¿Con qué cara nos vienen a decir que seguir dándoles beneficios para los especuladores se va a revertir el problema?
Por su parte los libertarios una vez más actuaron como “colectora del PRO” acompañando en este caso a Larreta en los beneficios para las constructoras. Hablan contra los impuestos, pero solo bajan el de los ricos, así lo expresaba Alejandrina “Acá se ve la consecuencia de la lógica capitalista: la vivienda es sólo una mercancía, gente sin casas y casas sin gente. Pibes durmiendo en las calles para que ricos se hagan más ricos especulando con viviendas vacías. Esa es la famosa mano invisible del mercado, la teoría del derrame y todas truchadas que vende la derecha y compra el peronismo. Los defensores de la propiedad privada están privando a las mayorías del mínimo derecho a tener una vivienda digna, que no implique vivir o morir en la más absoluta precariedad”.
Siguiendo la explicación de las medidas del oficialismo, Alejandrina salió a cruzarlos “Los créditos para alquilar que salió a anunciar Larreta tiene su antecedente, el programa “Alquilar se puede” y fue un fiasco. Gastaron más presupuesto en publicidad que en los créditos otorgados, que sólo contó con 10 beneficiarios. Más trucho que votante de Larreta con Fanta”.
Sobre la debatida ley de alquileres, todos juegan igual, así lo denunciaba Alejandrina: “En esta situación para colmo vienen impulsando la derogación de la Ley de Alquileres. Larreta, Massa y Milei trabajan de empleados de los pulpos inmobiliarios. O ustedes creen que hoy se cumple que los aumentos son anuales, y a la hora de renovar contratos no saben que lo aumentan a gusto”.
Y con respecto a las inmobiliarias fue categórica “Los mismos que sacan las viviendas del mercado generan rumores de derogación de la ley para hacer una corrida de alquileres. Son como los sojeros especulando con la devaluación”.
Con respecto a la actual oposición del peronismo al proyecto oficial, Alejandrina les recordó “Otorgarles beneficios impositivos a los que concentran el suelo urbano, no es una política privativa de Cambiemos. Hace un par de años aquí el peronismo les votó beneficios a las grandes constructoras que lo único que hizo fue acrecentar el problema”. Refiriéndose al acompañamiento de todo el bloque peronista a ese proyecto, en medio de la pandemia, que estuvo desde el viejo peronismo porteño, socio del macrismo, hasta la misma Ofelia Fernández.
También trajo a colación otro acompañamiento del peronismo con respecto a terrenos públicos “…le han votado la mayoría de las ventas de terrenos públicos a Macri y Larreta. Como en Lugano donde tenemos un Golf Club y no más vivienda social. O cuando remataron el Edificio del Plata que se lo regalaron a IRSA por migajas. Parece que la campaña les da pérdida de memoria, pero recuerden que también le cedieron 17 predios al arzobispado de Buenos Aires, el gran terrateniente urbano”.
Y remató: “Ya sé que estamos en época electoral, pero no se vengan a hacer los rulos acá denunciando algo de lo que son cómplices”.
En búsqueda de soluciones la legisladora del Frente de Izquierda remarcó un informe del Banco de España, algo bastante lejano a una idea de izquierda, pero que acá son incapaces de acercársele. Dice el informe “la posibilidad de penalización de la vivienda no ocupada a través de un incremento en los impuestos locales sobre la propiedad recurrente se ha introducido, por ejemplo, en el Reino Unido y en España”.
“Nosotros queremos discutir efectivamente un banco de tierras e inmuebles administrado por los propios vecinos empezando por anular las ventas de terrenos públicos que realizó esta Legislatura”, empezó a esgrimir Alejandrina en su intervención.
Y fue más allá con propuestas realistas para poder encarar este gran flagelo de la vivienda en la Ciudad “Acá de lo que se trata es de tocar las ganancias de los pulpos inmobiliarios. Que hagan público el registro de la propiedad para saber en manos de quién se concentran. Y si, hay que poner un impuesto progresivo a la vivienda ociosa y si a IRSA no le gusta que se joda”, refiriéndose a una de las constructoras más beneficiada por el Gobierno de Larreta, socia del mismísimo clan Macri.
Y continuó explayándose en este caso sobre lo que sería alguno de los puntos centrales de una real ley de alquileres en favor de los inquilinos “hay que regular los precios de los alquileres y si a las inmobiliarias no les gusta pues lo lamentamos. Hay que obligar a las desarrolladoras inmobiliarias a que las viviendas construidas vayan a alquileres sociales; hay que regular a las plataformas de alquileres temporarios -como Airbnb-, porque no nos resignamos a que precaricen el trabajo, el estudio, la salud y ahora también quieran precarizar aún más la posibilidad de tener un techo”.
Estos son algunos de los puntos que vienen tomando nuestros diputados nacionales, como Myriam Bregman y Nicolás Del Caño que junto a las organizaciones de inquilinos se encuentran debatiendo que ley de alquileres debe haber para acabar con el más penosos de los sloganes. “Basta de casas sin gente y gente sin casa”.

11.5.2023

Por Ariel Pinus

En la madrugada del 26 de abril del 2013, la fuerza de seguridad creada por Mauricio Macri ingresó sin orden judicial a los terrenos del Borda con el fin de garantizar el comienzo de las obras de lo que sería un nuevo Centro Cívico de la Ciudad.

Esa mañana, la policía liderada por Guillermo Montenegro derribó con topadoras el edificio del Taller Protegido 19, un lugar dedicado a generar herramientas laborales para la futura reinserción social de los pacientes del hospital. La brutal represión dejó un saldo de 50 heridos, entre pacientes, trabajadores, médicos y periodistas.
Tras cumplirse diez años de los hechos, trabajadores de la salud convocaron a una actividad abierta donde reclamaron que se investigue a los principales responsables de lo sucedido y la reconstrucción del taller demolido.
Pablo Spataro, secretario general de la CTA Autónoma Capital, recordó que “aquella mañana las fuerzas represivas ocuparon el hospital de manera ilegal, porque había una cautelar que no les permitía actuar como lo hicieron, y avanzaron sobre los trabajadores de manera despiadada”. “No ahorraron balas ni palazos para nadie; trabajadores de la salud, legisladores, compañeros y compañeras de distintas organizaciones sufrieron varios ataques, porque la represión se dio por oleadas”, agregó.
Por su parte, Leandro Castro, referente sindical del Frente de Unidad Germán Abdala, señaló que el Nono Frondizi le había dicho en los días previos que los habían entregado y profundizó: “había salido por consenso una ley en la Legislatura que habilitaba estos tipos de negocios inmobiliarios del PRO”. Además, sostuvo que “Ahí quedó en claro la idea de la autonomía, de lo sindical respecto a una política partidaria que había mostrado sus límites. Nosotros estábamos dispuestos a poner el cuerpo incluso con esa sensación de soledad”.
Ambos dirigentes forman parte del Frente de Unidad Germán Abdala de la Asociación de Trabajadores del Estado y, junto a referentes como Hugo Bellón y Luciano Fernández, entre otros, se enfrentarán al oficialismo en las próximas elecciones de ATE Capital, pactadas para el 9 de agosto, bajo la consigna “Construyendo la unidad”.
“En ese momento teníamos mucha discusión interna, mucha tensión y sectarismo dentro de la seccional Capital, pero esa mañana, frente a la adversidad, recuperamos el sentido de unidad”, señaló Castro. “Ojalá que no se cumplan los peores pronósticos, ni que vuelva la derecha a nuestro país, pero, si así ocurriera, tenemos que recuperar la memoria, porque la unidad es lo único que nos va a permitir enfrentar lo que pueda venir”, concluyó.

28.4.2023

Por Martín Suárez

En los últimos días crecieron la cantidad de denuncias movilizadas tras la mordedura de una rata a un estudiante porteño. Ante la inacción de CABA, crece la preocupación en familias, docentes y alumnos.

Mientras el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue acumulando denuncias de decenas de escuelas porteñas con presencia de roedores, las familias cansadas de esperar alguna iniciativa concreta por parte de la cartera educativa que conduce Soledad Acuña, decidieron intervenir de diferentes maneras: en algunos casos exigiendo la suspensión de las clases en las primarias; otras ponen el cuerpo acompañando el reclamo de sus hijos que asisten a colegios secundarios, y que en asamblea decidieron no ingresar a las escuelas; y están aquellas que integran las asociaciones cooperadoras que iniciaron una juntada de firmas para obligar a mantenimiento escolar a que realicen desratizaciones profundas, periódicas y sostenidas en el tiempo. Las denuncias se incrementaron tras conocerse la noticia de que un estudiante sufrió la mordedura de una rata. Por su parte, desde la legislatura, realizan un seguimiento diario de cada una de las escuelas de los diferentes niveles que tienen presencia de roedores, con la creación del “mapa de la rata” en escuelas porteñas.
Quien lleva adelante esta iniciativa es la legisladora porteña del Frente de Todos, Laura Velasco. El relevamiento asegura que, en el último año, al menos 23 establecimientos educativos denunciaron la presencia de ratas.
“En la comisión de Educación de la Legislatura porteña recibimos denuncias de diferentes actores que integran la comunidad educativa: familias, cooperadoras, docentes y estudiantes, en relación con las condiciones para enseñar y aprender que hay en las escuelas públicas y estatales de la Ciudad de Buenos Aires. Entre otros, se encuentran expresados graves problemas de infraestructura escolar y en la limpieza, mantenimiento y combate de plagas como ratas y alacranes”, asegura en diálogo con Tiempo la diputada Velasco.
Algunas de las escuelas que denunciaron invasión de ratas son: la Primaria Común N° 06 Manuel Dorrego del barrio de Almagro; la Escuela Nº11 del D.E. 15 «Fray Luis Beltrán»; la Escuela Nº 5, D. E. 10 “Héroes de Malvinas”; la Primaria Común N° 01 Dr. Antonio Dellepiane de Villa del Parque; y la Escuela Primaria N° 12 DE 19, entre otras tantas.
“Todas estas situaciones, en definitiva, bajan la calidad de la educación pública que en la Ciudad de Buenos Aires, ya viene perdiendo año a año, más de diez puntos de presupuesto educativo, paralelamente a que viene aumentando la matrícula de la educación privada, respecto a la estatal, producto de una inacción en cuanto a la gestión educativa, que es sumamente ineficiente , además del ataque permanente que reciben los actores de la comunidad educativa que denuncian y exigen ser escuchados por la ministra Acuña”, agrega Velasco.
¿Hasta cuándo el silencio y la inacción del Gobierno porteño ante el crecimiento de establecimientos educativos con ratas en la Ciudad de Buenos Aires?
Acá #ElMapaDeLaRata 👉 https://t.co/fkkyRjNlXc para que @horaciorlarreta y @Soledad_Acunia puedan ponerse a trabajar.
🐁🐀🧵👇 pic.twitter.com/vjo0XIWL3T
— Laura Velasco 💚 (@lauravelascook) April 27, 2023
Otras de las escuelas que denunciaron ratas estos últimos meses son: la Escuela Primaria Nº 26, D. E. 6; el Jardín de Infantes Integral N.º 4 DE 9; el Normal Superior “Lenguas Vivas”, Nº 1 y la Escuela Infantil N° 11 del DE 01, del Polo Educativo María Elena Walsh; entre varios establecimientos más.

¿Hay roedores en tu escuela?

Silencio, miedo y persecución. Quienes trabajan en las escuelas de la Ciudad afirman que en los últimos años se instaló un estado de temor latente puertas adentro de los establecimientos educativos. En especial, en aquellos donde no se conformaron cuerpos de delegados que representen y defiendan los derechos de trabajadoras y trabajadores de la educación. En muchas de estas escuelas dejaron de denunciarse que las aulas se inundan luego de una tormenta; tampoco se evidencian los inconvenientes eléctricos o problemas de infraestructura edilicia, como los baños clausurados; y mucho menos que los estudiantes conviven con ratas mientras están estudiando. Este último punto es el más vedado por la cartera educativa porteña sobre todo en las escuelas primarias. Para evitar que decenas o cientos de casos no salgan a la luz, la diputada Laura Velasco conformó un documento donde recibe denuncias sobre establecimientos educativos porteños que sufren la presencia de roedores y, tras la confirmación correspondiente, esas escuelas pasan a formar parte del “mapa de la rata” en la Ciudad.