Red de radios

A la opinión pública

Parque Avellaneda

Informe nº1

"Señor de arriba"………………………………………

En Parque Avellaneda hace 30 días, el "Señor de arriba"

mandó a terminar de reparar la Casona de los Olivera

(más de tres años de empezada la obra). Que el "Señor"

pagará con los impuestos de los vecinos de la Ciudad.

La ley 1153 reconoce la participación del vecino (todos),

en todo aquello que hace a la Gestión de parque.

Incluido participar de la evaluación de una licitación, de

la elección de una empresa, del seguimiento y control

de la obra, etc. El "Señor de arriba", tiene a un "Señor

abajo", que a la fecha cajonea la información, que a esta

altura ya debe ser un delito de incumplimiento de los

deberes de funcionario público del "Señor de arriba" y

del "Señor de Abajo". Al vecino lo dejaron afuera,

afuera, afuera…violaron la ley 1153. Nosotros de obra

no entendemos nada. Pero aquellos que entienden (Arq.

Ing. Civil) en su momento, estimaron un costo muy

inferior a los 500.000 pesos que costará la obra, según

el "Señor de abajo" comunicó de palabra a los vecinos.

Los vecinos tenaces, en defender el cumplimento de la

ley 1153 (años pidiendo información). Obtuvieron el

compromiso del el "Señor de abajo" para que el día

martes 23 de noviembre, haga pública toda la

información sobre la obra del "Señor de arriba".

…..………………"Señor de abajo"

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Ciudadvecinosley1153@yahoo.com.ar :

Solicitamos:

Sr. Jefe de Ministros Lic. Horacio Larreta:

Por el libre acceso a la información, por favor, gestione que

toda la información técnica sobre la obra de puesta en valor

de la Casona de los Olivera -Parque Avellaneda- los vecinos

de la ciudad tengamos acceso, desde la Página de internet

del Gobierno de la Cuidad. Muchas gracias

 

Primeras crónicas del Crisol 2010 – Software Libre para todos
23.12

 

Los días 10 y 11 de diciembre, se realizo el VI CRISOL – Encuentro Estratégico de Software Libre (SL). Este evento ofrece un espacio de cooperación directa de los concurrentes a través de metodologías participativas a modo de foros especializados según temáticas, que luego socializan sus resultados contribuyendo al diseño de las estrategias futuras.


Este año, el encuentro contó también con charlas introductorias a las problemáticas y presentaciones inspiradoras de los debates. El CRISOL 2010 se celebró en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) ubicada en Puán 480, con el apoyo de la Dirección de Informática de la Facultad de Filosofía y Letras, el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industria) y el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo); y fue organizado con la colaboración de Misol (Misiones Software Libre) y Forsol (Formosa Software Libre).
Las charlas introductorias sobre Software y Cultura Libre comenzaron la tarde del viernes y estuvieron orientadas a los principiantes y a los participantes en general. A la vez, se desarrollaron dos talleres libres y gratuitos en el laboratorio de la facultad: moodle2.0 y aplicaciones para Android. Hacia el fin de la tarde del viernes, fue el turno de las tres mesas de debate que propiciaron la discusión sobre tres problemáticas específicas: SL como política de Estado; Educación, Nuevas Tecnologías y SL y SL y grupos productivos (en breve se publicaran los resultados de las tres mesas).
La primera de las mesas de debate, abordó las problemáticas de la toma de decisiones respecto a la adopción de SL como política de Estado, los actores que intervienen actualmente en éstas, el papel del movimiento por el SL, las estrategias utilizadas y las posibles para la participación. Asimismo, se tomaron en cuenta cuestiones relacionadas con el Software Público Internacional y los avances en materia de adopción de SL en distintos ámbitos del país.
En la segunda mesa, se abordaron los Modelos 1 a 1 y se advirtió que existen actores de la comunidad de SL involucrados en posiciones estratégicas en relación con algunos de los planes comentados, por lo que se propuso articular esfuerzos entre esos actores y las organizaciones a las que pertenecen para poder llevar posiciones más sólidas y consensuadas por la comunidad a los distintos espacios de participación formal e informal que se van abriendo, y los mecanismo para llevarlo adelante. Otro asunto que se resaltó fue la cuestión de que estos planes son planes educativos y de inclusión social y no meramente tecnológicos y que, en este sentido, es importante rescatar las voces de los docentes, académicos y expertos en educación y no quedar "atados" a miradas puramente tecnológicas sino abrir diálogos entre todos esos campos.
Por último, en relación a SL y grupos productivos, se presentaron y evaluaron los diferentes modelos de desarrollo de software en tanto sus formas productivas, como así también sus alcances y limitaciones. Las propuestas giraron en torno a las características de los productos desarrollados (¿SL para quién, para qué, quién se beneficia?), la cuestión de los trabajadores en estos emprendimientos y el apoyo a modelos que más comparten los valores del SL como es el caso de las cooperativas y las comunidades voluntarias de desarrollo (y las problemáticas que estos llevan).
El sábado, fue el momento de las charlas cortas (tipo TED) que difundieron proyectos, organizaciones e ideas y que versaron sobre temáticas diversas (tanto de índole técnica como sociopolíticas). Entre los proyectos y espacios que participaron se encuentran: la Dirección de Informática de la FFyL, FARCO, el proyecto Parábola, Red Panal, Código Sur, Proyecto Arduino, el Programa Inti-Sol, la comunidad argentina de Mozilla, especialistas en gvSIG, en TV digital, en CouchDB, en Blender; y nuevas generaciones de hackers que hicieron demostraciones y participaron activamente de las charlas más informarles pero igual de ricas que se dan en los pasillos.
Durante el mismo sábado se celebró un Festival de Instalación de GNU/Linux donde se liberaron numerosas máquinas gracias a la colaboración de miembros de Ubuntu-ar y otros compañeros que se acercaron a compartir su conocimiento con quienes querían comenzar el proceso de adopción de software libre en sus propias máquinas.
Como corolario, durante el cierre del CRISOL 2010 las organizaciones presentes y colaboradoras (Solar – Software Libre Argentina, Misol – Misiones Software Libre, Forsol – Formosa Software Libre y Nesla – Nordeste Software Libre Argentina) firmaron un convenio de cooperación que dejó explicitado el trabajo que desde hace años vienen realizando conjuntamente y que se refleja en los Crisoles anteriores celebrados en Corrientes, Misiones y Formosa.
Por todo esto, entendemos que el Crisol, además de difundir y acercar el Software Libre a todos y todas, propone un espacio de encuentro entre interesados, organizaciones que difunden Software Libre, grupos en favor de la Cultura Libre y la Libertad de Conocimiento, y por ello habilita la participación de todos en las propuestas para trabajar hasta el próximo Encuentro Estratégico de Software Libre en 2011.
Queremos agradecer a todos los que estuvieron participando y colaborando, así como felicitar a los compañeros que -a partir de este encuentro- llevaran adelante diferentes proyectos pensados a calor de este CRISOL 2010. Y a seguir trabajando!
 

 

 

 

Solicitaron Juicio Político a Mauricio Macri

21.12.2010

 

En la Legislatura, el diputado Parrilli, en el marco del Informe de la Comisión Investigadora Especial, solicitó Juicio Político contra el Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ingeniero Mauricio Macri

 

En ese sentido, el legislador de izquierda, justifica "El juicio político está previsto en nuestro ordenamiento constitucional en el capítulo cuarto de la constitución de la Ciudad de Bs.As. arts. 91 a 94, específicamente, el art. 92 del citado cuerpo legal establece que: “La Legislatura puede destituir por juicio político fundado en las causales de mal desempeño o comisión de delito en el ejercicio de sus funciones o comisión de delitos comunes, al Gobernador, al Vicegobernador o a quienes los reemplacen, a los ministros del Poder Ejecutivo, a los miembros del Tribunal Superior de Justicia; del Consejo de la Magistratura; al Fiscal General; al Defensor del Pueblo y a los demás funcionarios que esta Constitución establece”.
No hay dudas en el suscripto con relación a que el Sr. Jefe de Gobierno, Ingeniero Mauricio Macri ha incurrido en la causal de “mal desempeño” de su cargo y que ese mal desempeño tiene tres puntos centrales:
Primero, la política llevada adelante para la integración de la Policía Metropolitana, centralmente en su cúpula, caracterizada por la conformación de la misma, en su mayor parte, por personal policial proveniente de la Policía Federal Argentina que prestara servicios en lugares claves del aparato represivo durante el período de la dictadura militar, como por ejemplo, la Superintendencia de Seguridad Federal.
Segundo: La creación, y en esto tiene un peso fundamental la circunstancia ya apuntada anteriormente en cuanto a las características personales y profesionales del personal de comando de la fuerza policial porteña, de una fuerza de seguridad que lejos de 206
constituirse en una fuerza que cumpliera con el perfil establecido en la ley 2894 fue diseñada y conformada como cuerpo de inteligencia con un perfil represivo claramente enfocado en la represión social, gremial y política como no otra cosa puede deducirse de los antecedentes de quienes hoy dirigen la fuerza, de la estructura misma de ella y hasta de su equipamiento.
Tercero: La conformación, dentro del esquema antes referido de la Policía Metropolitana, de un aparato ilegal de interceptación de comunicaciones telefónicas de ciudadanos y habitantes que funcionó en el seno mismo del aparato estatal, utilizando sus recursos materiales y humanos y violó gravemente garantías elementales de los ciudadanos.
Es indudable que la designación del personal policial antes referido en la cúpula de la Policía Metropolitana, el perfil dado a la fuerza por esos integrantes y la orientación de la misma hacia tareas de inteligencia y seguridad derivó en la conformación del aparato ilegal que, en cabeza de Ciro Gerardo James está siendo investigado judicialmente y ha generado, respecto del Sr. Jefe de Gobierno, su procesamiento en la esfera judicial y la elevación de las actuaciones judiciales elaboradas a su respecto a juicio oral.
Como es de público y notorio, tanto el Sr. Jefe de Gobierno como sus ministros del área, centralmente el Ministro de Seguridad y Justicia Dr. Guillermo Tristán Montenegro, así como el Sr. Jefe de Policía, Licenciado Eugenio Burzaco, han defendido la conformación de la Policía Metropolitana con personal que, en gran parte y sobre todo en su cúpula y altos mandos, se desempeñó en el aparato represivo de la dictadura militar. Asimismo también han defendido el perfil actual de la fuerza y reivindicado las tareas de inteligencia llevadas adelante por la misma.
Así las cosas, y siendo que estamos en presencia, obviamente, de una decisión política deliberadamente adoptada, deberán hacerse responsables de la misma.
El claro divorcio entre esa decisión política y las más elementales normas vigentes en materia de idoneidad para ocupar cargos públicos así como para la defensa de los derechos y garantías más elementales constituye, a mi juicio, una clara causal de mal desempeño del cargo que debe conducir al responsable de la administración de la ciudad, el Sr. Jefe de Gobierno, a su juicio político.
Es que, como lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Nicosia de estricta aplicación al caso en lo conceptual del objeto a que se apunta en el juicio político “Mal desempeño o mala conducta, no requieren la comisión de un delito, sino que basta para separar a un magistrado la demostración de que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos lo exigen; no es necesaria una conducta criminal, es suficiente con que el imputado sea un mal juez”.
En el caso del Ingeniero Macri estamos en presencia de un mal Jefe de Gobierno que ha puesto en peligro la seguridad de los ciudadanos y habitantes de la Ciudad de Buenos Aires por la política de seguridad que ha llevado adelante en la conformación, instrumentación y orientación de la Policía Metropolitana
En este orden de ideas recomiendo formar causa por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones contra el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ingeniero Mauricio Macri, según el procedimiento de juicio político previsto en los arts. 92 a 94 de la Constitución de esta Ciudad.
b) Inmediata separación de los actuales integrantes de la cúpula de la Policía Metropolitana referidos en el Informe de la Oposición de fecha 4 de agosto de 2010 y suscripto por los diputados Gabriela Patricia Alegre, Juan Pablo Arenaza, Delia Beatriz Bisutti, Rafael Amadeo Gentili, Diego Gabriel Kravetz, Gonzalo Roberto Ruanova, Francisco Nenna, Rocío Sánchez Andía, Claudio Damián Presman, Julio Raffo y Marcelo Parrilli en el marco de la Comisión de evaluación de la incorporación de personal proveniente de otras fuerzas de seguridad a la Policía Metropolitana
Nuestro bloque se opuso en su momento a la sanción de la ley que creó la Policía Metropolitana, no porque estuviéramos en desacuerdo con que la Ciudad de Buenos Aires tuviera un cuerpo de seguridad sino porque no estábamos de acuerdo con las características que se pretendía dar a esa fuerza en los proyectos de ley que en definitiva llevaron a la sanción del cuerpo de leyes que dieron nacimiento a la Metropolitana.
Así las cosas, estamos absolutamente convencidos que la actual Policía Metropolitana debe ser disuelta para dar nacimiento a un cuerpo de seguridad en donde se incluyan controles de toda la ciudadanía no solamente en la conformación del mismo y designación de sus autoridades, sino en su funcionamiento cotidiano, con una posibilidad expresa y concreta de lograr la revocación de los nombramientos cuando sus funcionarios se aparten del marco en que tienen que desarrollar sus funciones que no pueden ser otros que la prevención y el cumplimiento de sus tareas con estricto respeto a los derechos, declaraciones y garantías contenidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la CABA y los tratados internacionales incorporados a ellas en materia de derechos humanos.
Ninguna duda tenemos que solamente así podremos lograr una policía de proximidad con los ciudadanos y habitantes de la ciudad y al servicio de los mismos, con reaseguros frente al autoritarismo y la corrupción, elementos centrales en la descomposición de los aparatos de seguridad.
En este marco que dejo brevemente enunciado, mientras se materializa la política que lleve a la disolución de la actual Policía Metropolitana y su reemplazo por otro cuerpo de seguridad, que debe instrumentarse por otra vía, sí creemos que corresponde y así lo recomendamos, atento las verificaciones efectuadas en el marco de esta Comisión y las pruebas reunidas, centralmente el informe de la Oposición de fecha 4 de agosto de 2010 efectuado por la Comisión de evaluación de la incorporación de personal proveniente de otras fuerzas de seguridad a la Policía Metropolitana, separar de la fuerza a todos los actuales integrantes de la cúpula policial entendida por tal los 52 altos mandos referidos en dicho informe.

 

 

Escuchas ilegales

21.12.2010

 

En la Legislatura porteña, la Comisión Investigadora Especial terminó de investigar al Jefe de Gobierno por la causa judicial N° 12.466/2009 autos caratulados "James, Ciro Gerardo y otros s/escuchas ilegales y otros delitos" que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7. 

 

En el Informe afirman "Estamos en condiciones de afirmar que los hechos materia de nuestra consideración no integran un conjunto de sucesos aislados, no son simples errores administrativos o políticos surgidos de una tramitación rigurosa y seria de las cuestiones públicas, ni son el resultado de contingencias adversas que impactaron sobre un proceso de formulación y gestión de las decisiones políticas.
Se trata, por el contrario, de un sistema diseñado, propuesto y ejecutado por el titular del Poder Ejecutivo y los funcionarios de primera línea del gobierno trasmitido como rutina organizativa a todos los estamentos de la administración.
Dicho sistema, que incluye el proceso de formulación y gestión de las decisiones políticas, atraviesa horizontalmente todo el aparato del Poder Ejecutivo y sobrevivió y hasta se vió fortalecido, contrariamente a lo que indicaría un razonamiento anclado en una visión republicana y democrática, a partir del estallido de la crisis".

 

Presidida por el legislador Hourest exponen "Donde había opacidad aumentó la oscuridad, donde se reclamaba asunción de responsabilidades se precipitó la fuga de las mismas, donde resultaba imprescindible aumentar los mecanismos de cooperación institucional, abrirse a la consideración social y legislativa la respuesta fue el abroquelamiento, el desconocimiento, el desprecio institucional y las prácticas crecientes de insinceridad pública acompañadas de estrategias de difusión que en lugar de informar a la sociedad solo traían confusión y manipulación.
Es por eso que la consideración de las responsabilidades políticas del titular del Poder Ejecutivo y de los funcionarios de primera línea no pueden estar mediadas por una percepción que, manteniendo a rajatabla la vigencia del principio de presunción de inocencia, suponga que los hechos que precipitan la crisis y las posteriores reacciones se explican por un acontecimiento, el impacto de la misma y una desorientación pasajera surgida de la conmoción".

 

El texto completo puntualiza "Estamos en presencia de una concepción del estado donde se repudian los avances republicanos y democráticos en materia de control y jerarquización de lo público como común, colectivo, universal, accesible y hospitalario. Una concepción que se empeña en no dejar “huellas” de su sistema de decisiones, que incentiva el funcionamiento de un doble estándar moral, que importa “grupos de solucionadotes de problemas “ llave en mano y no tiembla en ocultarlos de la consideración pública mediante artificios legales o el uso sistemático de la mentira.
De allí que consideramos que el titular del Poder Ejecutivo es el principal responsable del diseño, instalación y gestión de este sistema de decisiones políticas y con el que son solidariamente responsables sus funcionarios de primera línea.
El titular del Poder Ejecutivo es quien ha quebrantado permanentemente los pactos de verdad y responsabilidad y el principio de prudencia que por su jerarquía y responsabilidad estaba más obligado que nadie a cumplir. Ninguna consideración en torno a su situación personal, privada o procesal, puede ser antepuesta para consentir la vulneración de la salvaguarda de dichos pactos y la puesta en acto de dicho principio.
El Poder Ejecutivo no puede y no debe mentir sistemáticamente, no puede ni debe actuar de manera irresponsable ni gestionar cuestiones centrales de la convivencia ciudadana haciendo gala de imprudencia.
Dichas actitudes temerarias no dañan, como pretende asumir una concepción no republicana del poder a quien las lleva adelante y su costo se medirá en el resultado electoral inmediato, impactan sobre el sistema institucional en su conjunto y sobre las reglas de convivencia social con efectos que pueden desarrollarse y agravarse con el tiempo.
La visión decisionista de la democracia que pretende liberar de responsabilidades colectivas a quien toma las decisiones para situar a las mismas, en su legalidad y legitimidad, a partir de una convalidación electoral posterior ha traído un sinfín de desgracias y sinsabores e incubado profundas regresiones sociales y políticas en nuestra sociedad.
Entendemos que el titular del Poder Ejecutivo y los funcionarios de primera línea han consentido fenómenos de corrupción en la utilización de cargos públicos para fines privados y en beneficiar con decisiones de política pública a actores privados perjudicando el interés público.
Entendemos que el titular del Poder Ejecutivo y los funcionarios de primera línea han realizado encubrimiento negando accesibilidad integral, oportuna y universal a la información sobre cuestiones relevantes antes, durante el estallido de la crisis y en el marco del proceso de investigación.
Entendemos que el titular del Poder Ejecutivo y los funcionarios de primera línea han sido negligentes han descuidado aspectos centrales de la formulación y gestión de las políticas públicas, han omitido concientemente deberes que les son propios y que ninguna delegación de facultades les exime de cumplir, se han demostrado inhábiles, carentes de experiencia para seleccionar recursos humanos y establecer políticas, y reacios al diálogo institucional para enmendar errores cometidos.
Entendemos que el titular del Poder Ejecutivo y los funcionarios de primera línea se han empeñado en omitir deberes, rutinas y salvaguardas que la ley les impone desarrollar y ello en el marco de una estolidez sin límite.
Entendemos que el titular del Poder Ejecutivo y los funcionarios de primera línea han resultado ineptos para llevar adelante las tareas que las leyes y reglamentos vigentes establecían tanto en materia administrativa, presupuestaria, de formulación de programas y de control de gestión.
Entendemos que el titular del Poder Ejecutivo y los funcionarios de primera línea han resultado ineficaces ya que el sistema de decisiones adoptado y sus consecuencias lejos está de haber satisfecho las expectativas acerca de los resultados esperados tanto en materia de cumplimiento de la ley cuanto de los principios de economía, eficiencia y eficacia.
Por todo lo expuesto esta Comisión remite a los tres poderes del estado de la Ciudad Autónoma estas conclusiones y recomendaciones.
Pero lo que es mas importante aun, ya que el objetivo de la misma no era la activación de los remedios institucionales incorporados en la Constitución y cuyo camino queda expedito a partir del procedimiento que pueda arbitrarse con la investigación aquí desarrollada y las que siguen su suerte en sede judicial, ponemos en consideración de la ciudadanía, titular inapelable de la soberanía y el poder constituyente, la formulación de un juicio público acerca del sistema y hechos aquí considerados. Ello independientemente de que consideramos que el titular del Poder Ejecutivo y sus ministros pudieran estar incursos en las causalidades establecidas en el artículo 92 de nuestra Constitución.
Reivindicamos la necesidad de un debate social extendido y denso sobre las cuestiones aquí planteadas; un trámite institucional (el juicio político) remite a cuestiones de factibilidad parlamentaria que pueden acompañar o no el ensanchamiento de la concepción de ciudadanía. Pero una tramitación social de este debate acerca del poder , sus capacidades y sus límites es el aporte mas valioso que puede realizarse mas allá de circunstanciales alineamientos en el Poder Legislativo.
Para quienes afirmamos convicciones republicanas, democráticas, deliberativas y participativas es en el seno de la sociedad y a lo largo del tiempo donde se dirimen las cuestiones mas profundas acerca del qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer. Es a ese espacio de controversia, conflicto y eventuales consensos hacia donde está dirigido el empeño de este dictamen".

 

Por último la CIE detalló "Queremos destacar, a riesgo de parecer anacrónicos, el papel central que cumple la ejemplaridad en la vida democrática. Fue Saint -Just quien señaló ante la Convención que “se promulgan demasiadas leyes, se dan pocos ejemplos” en esa línea argumentativa es que el reclamo sobre las conductas de los funcionarios públicos de mayor jerarquía adquiere dimensiones centrales. Hay que reclamar hasta el hartazgo que el comportamiento de los mismos pueda ser imitable y generalizable ; si por el contrario ,sus conductas resultan solo explicables por la posición de poder o notoriedad que ocupan circunstancialmente, si no pueden ser replicables sin ser reprochadas por los las débiles e indefensos, la democracia claudica en su pretensión igualitaria cediendo paso a la impunidad".

 

Huelga de hambre en el barrio de Pompeya

16.12.2010

 

Desde el lunes, seis delegados echados por la empresa Artes Gráficas Rioplatense (AGR) del Grupo Clarín, realizan una huelga de hambre, en reclamo de su reincorporación.

Además, se han encadenado a los portones de los talleres que la empresa tiene en Perito Moreno y Centenera, en el barrio porteño de Pompeya.
El conflicto no es nuevo, comenzó en 2004, cuando los seis delegados, que llevan adelante esta medida, fueron despedidos junto a un total de 119 trabajadores gráficos por AGR, subsidiaria del Grupo Clarín.
En el transcurso de estos seis años, la Justicia falló de forma favorable a los trabajadores, pero la empresa incumplió las resoluciones.
“Hace poco menos de un año se le terminó el último recurso legal a la empresa para poder patear la reinstalación (de los despedidos), se le impuso una multa pero la pagó porque en realidad no le interesa”, afirmó Luis Siri, uno de los trabajadores que reclama su reincorporación.
Siri explicó además que el reclamo no es solamente por la reincorporación, sino también para denunciar la continua violación de la empresa a la libertad sindical, el derecho a peticionar y a reunirse de los trabajadores.
A esta situación se suman dos nuevos despidos que se generaron después del 19 de setiembre de 2010 cuando la empresa impidió la realización de las elecciones de delegados. Los dos trabajadores se manifestaron en contra de la posición empresarial y a favor de la comisión interna y fueron despedidos.
“Así que se tomó la decisión de hacer esta medida, complicada, pero necesaria para no poner en riesgo más puestos de trabajo, y poder llevar tranquilidad de que en esta lucha lo único que iba a estar en juego era el lomo, como decimos nosotros, de los delegados. La gente lo entendió, se sumó, hoy la planta está parada, tenemos el apoyo de gremios amigos”, manifestó Siri.
El delegado despedido criticó también la postura del Ministerio del Trabajo de la Nación, cuya intervención calificó como tibia: “En las últimas cuatro audiencias que tuvimos, el Ministerio se mostró muy endeble y muy proclive a entender la postura de la empresa e incluso a avalar algunas de sus actitudes, así que nosotros por lo menos, en este caso, no solicitamos ni nos interesa la intervención, por ejemplo, con una conciliación obligatoria que beneficiaría a la empresa. Nosotros queremos que (la cartera laboral) sancione a la empresa en todos los expedientes que son muchísimos, más de seis mil fojas, que la sancione y que la cite y le aplique las multas que corresponden, además de hacer valer las resoluciones que ya se dictaron”.
Este tipo de prácticas en el Grupo Clarín es sistemático. Según relata Siri existen dos tipos de comisiones internas en la empresa: las pro-patronales que conviven permanentemente con ella y no atienden las necesidades y derechos de los trabajadores. “Después están las comisiones internas como nosotros que cuando se plantan se eliminan, como ocurrió con la comisión de prensa en el 2000 en Tacuarí, o con los dos delegados de TN y Canal 13 hace dos años, o los de Multicanal en 2002. Esta es una cuestión básica de las políticas de Clarín, se enriquecen mucho a costillas de los trabajadores, les roban plata, a nosotros en los últimos seis años no nos dieron ni siquiera un aumento paritario, nos han robado 140 por ciento del salario. Son 27 millones de dólares que Clarín le robó a los trabajadores y que después reinvierte en otras empresas”.
Mientras tanto, los seis delegados confirmaron que se quedarán en la puerta de la planta hasta que la empresa dé alguna respuesta que resuelva el conflicto.