21.10.2010
El asesinato del militante del PO Mariano Ferreyra desnudó las prácticas violentas y patoteriles de la burocracia de la Unión Ferroviaria, cómplice y garante del fraude laboral a los trabajadores. El rol del Estado, los subsidios al transporte y el millonario negocio de la tercerización.
El asesinato de Mariano Ferreyra por parte de patotas de la burocracia de la Unión Ferroviaria tuvo lugar en el marco del reclamo de los tercerizados del Ferrocarril Roca por el pase a planta permanente y la reincorporación de 120 despedidos. Desde marzo, los trabajadores reclamaban por condiciones laborales dignas; esto es, gozar de los mismos derechos que sus compañeros efectivos. En el mes de julio, luego de un prolongado corte de vías, los tercerizados recibieron la promesa del gobierno nacional de atender a sus demandas. Llegó octubre, y las soluciones no aparecieron. Recién ayer a la noche, luego de la multitudinaria movilización a Plaza de Mayo en repudio del crimen, el Ministerio de Trabajo comprometió la efectivización de los trabajadores y la reincorporación de los despedidos.
UGOFE, subsidios millonarios y trabajo precario. Unión Ferroviaria, gremio y patrón.
La concesionaria del servicio del Roca, Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe) tiene empleados a más de 1500 trabajadores tercerizados a través de 22 empresas diferentes, algunas de ellas vinculadas directamente con los dirigentes de la UF y su jerarca José Pedraza. Estos trabajadores, que realizan tareas tales como vías y obras, limpieza y seguridad, encuadradas en el convenio ferroviario, se encuentran inscriptos en diferentes gremios como UOCRA o Comercio, y cobran salarios que no llegan ni a la mitad de aquellos que se encuentran efectivos. Otro claro ejemplo de fraude laboral y de violación a la ley que indica que a igual trabajo corresponde igual salario.
El Gobierno nacional, la empresa y la conducción del gremio son responsables y cómplices de esta situación. UGOFE fue creada por el Estado en 2007, con la participación de los grupos Plaza (de Claudio Cirigliano), Roggio y Emepa (de Claudio Romero). Fue una salida de emergencia al vaciamiento llevado a cabo por el empresario Sergio Taselli. Desde entonces, reciben millonarios subsidios del Estado, supuestamente destinados a pagar salarios y mantener los precios de los pasajes. No buscamos aquí cuestionar el subsidio al transporte en sí mismo (tema que merecería otro tipo de abordaje que excede estas líneas), sino el hecho de que el Estado entregue millones de dólares a empresarios corruptos, que cometen fraude laboral y estafan al propio Estado.
Estos grupos económicos gerenciadores del servicio del FF.CC. Roca son a su vez dueños de varias de las empresas tercerizadas, maniobra a través de la cual se ahorran casi 50% de los salarios de los trabajadores. Flavio Bustillo, dirigente de la lista Bordó, opositora a la conducción de la UF denunció que “(la empresa) Herso, que repara y mantiene las vías, pertenece a Emepa de (Gabriel) Romero, y BR-T, como su nombre lo indica es de Benito Roggio”. Otras fuentes señalan que Amanci SA, responsable del mantenimiento de los vagones pertenece a Plaza. Cirigliano, además del Roca, está al frente de las líneas del ex Sarmiento, el Mitre, el Tren de la Costa, más de 100 líneas de colectivos de la Capital Federal y varias líneas de micros de larga distancia. Además, posee el 33 por ciento del Belgrano Sur y del San Martín. Son conocidos los vínculos de Cirigliano con el ex Secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, procesado por recibir “dádivas” de empresarios de transporte. A todo esto, fue el propio Jaime quien impulsó la creación de UGOFE y facilitó el ingreso de Cirigliano.
Por su parte, la Unión Ferroviaria, que debería velar por los derechos de los trabajadores, ostenta el mérito de ser la patronal de varias empresas tercerizadas.
Bustillo, sostuvo también que “una de las empresas que cambia durmientes y rieles en la línea Roca, es la Cooperativa Unión del Mercosur, cuyo presidente es `Maxi´ Pedraza, el hijo de José Pedraza”. El acoso, la violencia y las amenazas por parte de patotas de la burocracia fueron moneda corriente durante todos estos años; condición necesaria para mantener las condiciones de explotación, y por consiguiente, los enormes réditos económicos que estos negociados le otorgaron a Pedraza y la dirigencia corrupta de la UF.
Párrafo aparte merece el rol cómplice que jugó Pedraza -al frente de la UF desde 1985- en el desguace y destrucción del sistema ferroviario llevado a cabo por Carlos Menem. Pedraza se puso al frente fundamental del aplastamiento de cualquier intento de oposición a las privatizaciones y los despidos por parte de los trabajadores. En 1993, obtuvo una sus tantas recompensas; Menem le entregó a su gremio la concesión del Belgrano Cargas.
Pedraza fue acusado en reiteradas oportunidades por estafas a sus afiliados. Varios millones de pesos provenientes de los aportes de los trabajadores desaparecieron “misteriosamente”.
En las últimas negociaciones paritarias, el Gobierno nacional acordó destinar parte de los subsidios a los sindicatos ferroviarios (Unión Ferroviaria, La Fraternidad –maquinistas- y la Asociación de Señaleros). Estos recibirían el equivalente al 12% de los montos no remunerativos que fueron otorgados a los trabajadores, lo cual representaría un total de $ 700.000 mensuales, en concepto de “aporte empresario para actividades culturales, sociales y de capacitación de los trabajadores” y “contribución especial a la obra social”. Este dinero, que debería ser pagado por las empresas, en realidad sería financiado con los subsidios compensatorios al capital. Este acuerdo fue impulsado por la subsecretaría de Transporte Ferroviario, a cargo de Antonio Luna, directivo del sindicato La Fraternidad. El Partido Obrero señaló al hijo de Luna como uno de los integrantes de la patota que disparó contra el grupo de tercerizados y militantes e hirió de muerte a Mariano Ferreira.
Trabajo tercerizado: mal de muchos
Los medios hegemónicos –incluidos los oficialistas, aunque sus voceros planteen una sospechosa distancia con estos- parecen haber descubierto ayer la problemática del trabajo tercerizado. Sin embargo, esta no es potestad exclusiva del FF.CC Roca; el trabajo precario, tercerizado y en negro es un mal que sufren millones de trabajadores argentinos. A partir de este fraude laboral, cobran salarios muy inferiores de lo que les corresponde, no gozan de derechos laborales ni de estabilidad, pueden ser despedidos fácilmente, y se ven impedidos de sindicalizarse y acceder a una representación gremial. Como en el Roca, la generalidad indica que son las propias dirigencias sindicales quienes apañan y legitiman el fraude laboral contra aquellos a quienes deberían representar.
Contra este sistema perverso batallaron los obreros del subte y triunfaron. Las grandes empresas que operan en el país, muchas de ellas de capitales trasnacionales, utilizan como moneda corriente este método fraudulento de contratar empleados a través de agencias de servicios eventuales o de tercerizadas fantasmas. Es lo que ocurre en la fábrica Fel-fort, en donde casi la mitad de la planta se encuentra bajo esta modalidad de contratación. Las prestadoras de servicios públicos como Edesur y Edenor también hacen lo propio –hace no mucho, los tercerizados de Edesur dieron una intensa batalla por su efectivización-. Los call centers de las telefónicas también son terreno fértil para la estafa –el caso de Atento/Telefónica es paradigmático en el rubro-. Ni que hablar de las grandes empresas de medios y telecomunicaciones, que tercerizan sectores enteros. Los trabajadores de WalMart dieron este año una ardua pelea por la efectivización de cientos de compañeros. Lo mismo se repite en grandes fábricas de la alimentación, en grandes empresas de la rama perfumista como Avón, y en cientos y cientos de lugares de trabajo a lo largo y ancho del país.
Sin embargo, no son los privados los mayores responsables de esta estafa a los trabajadores. Hoy, el Estado Argentino –desde el nacional hasta los municipios- es el mayor empleador en negro, con contratos eventuales, de locación, de monotributo, y decenas de variantes y modalidades de contratos basura. Por su parte, el Estado nacional, primer responsable por acción y/u omisión de lo que ocurre en el Ferrocarril Roca, sostiene que “hay que luchar contra el trabajo en negro”.
El gobierno prometió reincorporación y pase a planta
En la reunión llevada a cabo ayer por la noche en el Ministerio de Trabajo, los delegados recibieron el compromiso de que en los próximos días serán reincorporados los 120 despedidos. Durante la próxima semana se reunirán nuevamente las partes para definir el pase a planta de los más de 1500 tercerizados.
Hace meses que el gobierno nacional venía bicicleteando a los trabajadores. Hizo falta un muerto, un compañero asesinado por la propia burocracia sindical, para que la cartera laboral encabezada por Carlos Tomada –quien fuera durante mucho tiempo asesor de la Unión Ferroviaria- brinde una solución definitiva a los legítimos reclamos de los trabajadores. A todas luces, resulta un costo a pagar demasiado grande.
