Red de radios

15.5.2023

Por Lucho Aguilar

El sindicato y los trabajadores y trabajadoras del subte denuncian la muerte de tres compañeros y decenas de afectados por la presencia del asbesto, prohibido desde hace 20 años en Argentina. La empresa les descontó hasta 22 días de trabajo por 15 horas de paro en dos meses. Un burdo ataque al derecho de huelga. En vez de gastar dinero en sacar el veneno del subte Larreta gasta millones para mentir sobre el reclamo.

El reclamo es conocido por muchos: el gobierno macrista compró vagones contaminados con amianto (asbesto) al Metro de Madrid. Eso se sumaba a la presencia de ese material cancerígeno en otras formaciones e instalaciones del subte. Ya murieron 3 trabajadores y hay 84 enfermos. El peligro acecha también a los usuarios.
Los trabajadores y trabajadoras, junto a su sindicato, reclaman que el gobierno y la empresa saquen todo ese veneno de las 6 Líneas y reduzcan la jornada laboral a 6 horas y 5 días, con dos francos, porque el subte es y seguirá siendo insalubre.
Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad y el Grupo Roggio quieren seguir envenenando a los trabajadores y trabajadoras. No solo se niegan a cumplir con las medidas de la justicia, que le dio la razón al amparo ambiental presentado por la AGTSyP, sino que ataca las medidas que toman en defensa propia. Pero si no fuera por la apertura de molinetes, los paros y la campaña de concientización, nunca se hubiera tomado en serio la denuncia de la contaminación.
Además de los descuentos compulsivos, desorbitantes y antisindicales que hace la empresa, el Gobierno porteño gasta millones de pesos en pauta para ensuciar la lucha. Así como hace con las organizaciones sociales, sus periodistas amigo$ salen a negar las denuncias y exigir “mano dura” contra los Metrodelegados.
En La Nación + fue Luis Novaresio quien dijo que la denuncia era “sarasa” y es electoral. Pura mentira. ¿Cómo explica que comenzó en 2018 entonces, y se mantuvo todo este tiempo? En TN solo mandan a buscar opiniones negativas de usuarios (así lo reconocen voz en off algunos trabajadores de prensa) y el columnista Edgardo Alfano pide que echen a los huelguistas. Aunque solo pidan mejores condiciones para no envenenarse. O le dan aire a las voceras de Emova que ya fueron desmentidas por médicos y hasta la justicia, pero siguen diciendo desde sus chetas oficinas que bajo tierra no pasa nada. Y al Jefe de Gabinete, Felipe Miguel, que se indigna que quieran tener dos francos por trabajar en un ambiente insalubre. Lo dice con las patas arriba de su escritorio mientras le sirven el segundo cafecito de la mañana.
¿Por qué no instalan sus oficinas en el Taller Rancagua o Urquiza y respiran un poco ese aire, si total “no pasa nada”?
Porque son caraduras. Y criminales.
En vez de gastar dinero en desabestizar el subte, Larreta y Emova (Metrovías) gastan millones en ensuciar el reclamo, mantener el subte envenenado y hacer campaña electoral. Porque lo que busca Larreta es competirle a Milei o Bullrich quién es más facho y antiobrero.
Hay que reconocer que en este caso se está anotando unos puntos en el “fachómetro”.

14.5.2023

Pararán de forma rotativa 3 horas por línea comenzando por la línea C a las 5:30 y finalizarán en la línea B a las 00:00. Al reclamo que los trabajadores venían realizando por la reducción de la jornada laboral con dos francos y la desasbestización total, se le sumó el ataque recibido ilegalmente por parte de la empresa de descuentos a sus salarios.

Los trabajadores del subte vienen reclamando hace años la eliminación total del material cancerígeno del asbesto que se encuentra en el subte, que ya llevó 3 fallecimientos y más de 60 afectados, llegando incluso a encontrarse pasajeros contaminados con dicho material.
Por esto reclaman la reducción de la jornada laboral, incluyendo 2 francos semanales, como forma de reducir la exposición al asbesto, como así también el conjunto de la insalubridad que significa -y reconocen propios y ajenos- que significa trabajar bajo tierra. Junto a esto reclaman que la apertura de paritarias que se encuentran vencidas desde fines de febrero y que se presente un plan de desasbestización total.
Ante la falta de respuesta de la empresa Emova y los ataques al derecho de huelga, que se expresó en descuentos salariales ilegales y compulsivos a cientos de trabajadores, incluso a trabajadores que no realizaron las medidas de fuerza, llegando al colmo de realizar descuentos a trabajadores con licencias médicas, el sindicato de los metrodelegados AGTSyP convocó a un paro escalonado para este lunes.
De 5:30 a 9:00. Interrupción de la Línea C
De 9:00 a 12:00. Interrupción de la Línea A
De 12:00 a 15:00. Interrupción de la Línea D
De 15:00 a 18:00. Interrupción de la Línea H
De 18:00 a 21:00. Interrupción de la Línea E y Premetro
De 21:00 a 00:00. Interrupción de la Línea B
Claudio Dellecarbonara, miembro del secretariado de la AGTSyP nos decía: “Hay una crisis sanitaria bajo tierra y la empresa lo sabe y lleva años con falsas promesas, mientras tenemos 3 compañeros fallecidos por el asbesto y más de 60 afectados y hasta pasajeros vinieron a decirnos que gracias a nuestra denuncia pudieron tratar sus propias afecciones. Esto no va más y este paro es solo un paso más en nuestro reclamo, que profundizaremos si Emova no da una respuesta satisfactoria a nuestro reclamo”.

13.5.2023

Por Sofía Caram

Magistrados que accedieron a las fechas en que el Ministerio de Seguridad porteño pedía datos detectaron que coincidían con resoluciones que iban a firmar en causas de la vicepresidenta.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo del fiscal Sergio Rodríguez notificó a más de doscientos magistrados/as que el Gobierno de la Ciudad pidió al Registro Nacional de la Personas sus datos personales “presumiblemente sin justificativo válido”. Las actuaciones que levantaron la sospecha de los investigadores de la PIA tuvieron lugar en el marco del convenio firmado entre el Renaper y la cartera de Justicia de CABA para la obtención de datos biométricos de personas prófugas. Bajo ese paraguas es que se habría buscado información sensible sobre jueces/as y fiscales.
Pero lo que advirtieron algunos de los afectados -ahora notificados del detalle- es que sus movimientos fueron consultados en fechas clave. Por ejemplo, el mismo día en que se cruzaban las solicitudes de información tenía lugar la firma de alguna resolución a favor de Cristina de Kirchner. “Estaban pescando. Saben dónde vivo, si me mudo, con quién vivo, etc.”, advirtió una de las víctimas a Ámbito. Esta práctica se repitió incluso también con concursantes para vacantes estratégicas.

Coincidencias

Tras la comunicación de la PIA, varios de los afectados encontraron coincidencias entre los pedidos de información sobre ellos y hechos trascendentes en el marco de actuaciones en expedientes sensibles. Uno de ellos, es el juez de la Cámara de Casación de Py, Alejandro Slokar. Según le notificó la PIA, pidieron sus datos al Renaper el 23/09//2021 a las 10:57 de la mañana. Según reconstruyó Ámbito, ese día, a esa hora, tras haber llevado a su hijo a vacunar contra el covid-19 a Exaltación de la Cruz, el magistrado estaba en su casa firmando en forma digital una resolución favorable a la vicepresidenta Cristina de Kirchner. Era en el marco de la causa por el envío de diarios a Santa Cruz en el avión presidencial. Aquel fallo salió 2 a 1 favorable a la vicepresidenta. La lista de los “espiados” es variopinta y supera los doscientos.
Uno de los casos es el del fiscal Javier De Luca. El Ministerio de Justicia de CABA pedía sus datos biométricos el mismo día en el que estaba alegando a favor de Milagro Sala. El funcionario, quien recibió la notificación de dos pedidos sobre sus movimientos, manifestó su preocupación ante la consulta de Ámbito y advirtió que “alguien está armando un banco de datos que no tiene modo legal para armarlo, entonces usa el convenio como vehículo”.
Otro caso ocurrió el 25 de marzo del 2020 a las 14:53. Ese día fueron solicitados los datos de Marcela Pérez Pardo, la esposa del exjuez destituido por el macrismo, Eduardo Freiler. En ese momento, se estaba por tratar si se cerraba o no el pedido de juicio político contra ella y contra la sala L de la Cámara Civil que ella componía, por una resolución de una causa del Instituto Patria contra la Inspección General de Justicia presentada en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. Aquel fallo salió 3 a 1 a favorable al Patria, pero Pardo, quien pertenece a Justicia Legítima, fue la única de los tres que figura en el pedido de datos biométricos.
El hecho sin precedentes y que generó alarma entre los cientos de notificados derivó en una denuncia penal de oficio, por tratarse de un presunto delito de acción pública (violación de secreto). La causa (CFP 1311/23) quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo de Comodoro Py.
Mientras algunos de los afectados evalúan presentarse en la causa penal como querellantes, otros analizan alternativas por vía administrativa. “Hay gente que juega a esto como si estuviera en el Tinder. O juegan a la Play Station con los ciudadanos. No se puede vivir así. No vivimos en una sociedad transparente. Tenemos que poder mantener en reserva lo que cada uno quiera. No puede estar todo expuesto. No hay ninguna sociedad que pueda funcionar así”, expresó De Luca.

Inconstitucional

Además de esta causa que ahora tramita en la Justicia federal, hubo otras denuncias de iniciativa privada que tuvieron lugar en la justicia de la Ciudad. Tras la demanda del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y del Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIO) la Cámara de Apelaciones de la Ciudad confirmó en abril de este año la inconstitucionalidad del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos implementado por el Gobierno porteño y que en su momento defendió el desplazado ministro de Seguridad Marcelo D’Alessandro.
La Sala I rechazó las apelaciones del Gobierno de la Ciudad y del Ministerio Público Fiscal y confirmó la sentencia de la jueza de primera instancia Elena Liberatori, que en septiembre de 2022 había dicho que el sistema de progresión biométrica se implementó sin la debida protección de los derechos de las y los habitantes.
No han sido los únicos casos ni las únicas coincidencias que llaman la atención. Magistrados nucleados en la Lista Celeste de la Asociación de Magistrados ya alzaron su voz, preocupados.

13.5.2023

Los gastos de la Canasta Básica Alimentaria que marcan el límite de la indigencia tuvieron el mes pasado un aumento del 11,04%, 1,21 punto porcentual más que el 9,83% de incremento registrado en marzo.

Una familia de cuatro miembros que habita en la ciudad de Buenos Aires necesitó en abril percibir ingresos de por lo menos $ 119.742,08 para no ser considerada en situación de indigencia, $208.568,76 para no quedar comprendida en la pobreza y $ 320.278,95 para ser considerada de clase media, de acuerdo con los datos difundidos por la Dirección General de Estadística y Censos porteña.
De esa forma, los gastos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marcan el límite de la indigencia, tuvieron el mes pasado un aumento del 11,04%, 1,21 punto porcentual más que el 9,83% de incremento registrado en marzo, en tanto el acumulado en doce meses llegó al 129,53%, 12,13 puntos más que el 117,40% de la medición previa.

Economía de la familia

En el caso de la Canasta Básica Total (CBT), que establece el tope de la pobreza, el incremento mensual fue del 9,06% (menos que el 9,23% de marzo) y el interanual del 118,93% (111,39% en el mes anterior), mientras que la Canasta Total (CT), que en diferentes proporciones delimita al sector medio frágil, la clase media y los sectores acomodados, subió 8,97% en el mes (menor al 9,24% de marzo) y 117,67% en relación con abril de 2022 (110,35% en la medición anterior). Los montos señalados no incluyen el pago de alquiler de vivienda ni de expensas comunes, por no ser considerados gastos de consumo.
La evolución de las canastas en abril reflejó el mayor peso relativo de los alimentos básicos respecto de los gastos en otros bienes, servicios y tarifas, que no forman parte de los gastos de indigencia, razón por la que los porcentajes de este último estrato tuvieron un incremento superior al de los demás. Al respecto, el lunes se informó que la inflación en la Ciudad había sido del 7,8% en abril, pero el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 10,4%.
La situación es similar en la comparación interanual, si se tiene en cuenta que los aumentos de la CBA son 10,8 puntos porcentuales mayores a los de las canastas que miden la pobreza y 11,86 puntos más en el caso de la clase media. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el martes 16 de mayo su medición de las canastas básicas.
Se trata de un dato que cobrará una importancia adicional debido a que en los criterios de segmentación de los subsidios a las tarifas de servicios públicos, se excluye del beneficio a los usuarios con ingresos superiores a 3,5 veces la CBT. Si se tomara como referencia la medición de la Dirección de Estadística porteña, ese nivel pasaría a ubicarse en $ 729.990,62 mensuales. A diferencia del Indec, que reconoce solamente las categorías de pobres e indigentes, su homólogo de CABA dispone de seis estratos sociales en su clasificación.
En abril, los recursos necesarios para estar comprendidos en cada categoría fueron los siguientes: en situación de indigencia, hasta $ 119.742,07; de pobreza no indigente, de $ 119.742,08 hasta $ 208.568,75; y no pobres vulnerables, de $ 208.568,76 hasta $ 256.223,15. En el caso del sector medio frágil, de $ 256.223,16 hasta $ 320.278,94; clase media, de $ 320.278,95 hasta $ 1.024.892,63 y sectores acomodados, $ 1.024.892,64 o más.

11.5.2023

Este jueves la Legislatura trató los proyectos del oficialismo con respeto al grave problema de los alquileres en la Ciudad. “Un banco de viviendas públicas e impuestos progresivos a la vivienda ociosa serían parte de una solución, pero en estos 16 años el macrismo en sociedad con el peronismo solo regaló terrenos públicos y le bajaron los impuestos a las constructoras”, declaró Alejandrina Barry, legisladora del Frente de Izquierda.
Luego de un mes sin sesiones en la Legislatura, por culpa de las peleas internas en el oficialismo, volvió a sesionar y se trataron los proyectos que Larreta presentó hace un mes con un video por redes sobre la crisis habitacional y la grave situación de los inquilinos porteños.
Alejandrina Barry del Frente de Izquierda fue categórica al comenzar su intervención “¿Qué vamos a discutir en esta sesión? ¿La campaña electoral de la inmobiliaria de Larreta o un problema estructural como la vivienda?”.
No vamos a contar nosotros la grave situación que todos los espacios políticos reconocen y millones sufren en la Ciudad más cara para alquilar y donde el sueño de la casa propia está fuera de la perspectiva en todo el país. Así lo declaraba Alejandrina: “La ciudad con la mayor proporción de inquilinos del país, más de un tercio alquilan y la mitad viven hacinados, la peor parte se la llevan las mujeres jefas de hogar y la juventud destinando una mayor parte del salario devaluado para el alquiler.
Esta crítica surge de que los proyectos presentados por el oficialismo larretista contienen beneficios impositivos para la construcción de viviendas destinadas para alquiler. Si las clases medias ni pueden alquilar, menos podrán construir, por tal motivo estas medidas solo benefician a las constructoras.
En su intervención dio cuenta de la realidad de la Ciudad con los que se encuentran del otro lado del mostrador de los inquilinos al momento de alquilar “Del otro lado, los especuladores inmobiliarios son más ricos y concentran más propiedades. La mitad de las construcciones son para viviendas lujosas que se mantienen vacías, Existen más de 200.000 viviendas ociosas destinadas a la especulación”.
Para dejar clara la situación de estos últimos años que desmienten los dichos de Larreta, Alejandrina exponía “En la última década se construyeron el doble de viviendas que personas nuevas que habitan la ciudad. Son datos del censo. ¿Con qué cara nos vienen a decir que seguir dándoles beneficios para los especuladores se va a revertir el problema?
Por su parte los libertarios una vez más actuaron como “colectora del PRO” acompañando en este caso a Larreta en los beneficios para las constructoras. Hablan contra los impuestos, pero solo bajan el de los ricos, así lo expresaba Alejandrina “Acá se ve la consecuencia de la lógica capitalista: la vivienda es sólo una mercancía, gente sin casas y casas sin gente. Pibes durmiendo en las calles para que ricos se hagan más ricos especulando con viviendas vacías. Esa es la famosa mano invisible del mercado, la teoría del derrame y todas truchadas que vende la derecha y compra el peronismo. Los defensores de la propiedad privada están privando a las mayorías del mínimo derecho a tener una vivienda digna, que no implique vivir o morir en la más absoluta precariedad”.
Siguiendo la explicación de las medidas del oficialismo, Alejandrina salió a cruzarlos “Los créditos para alquilar que salió a anunciar Larreta tiene su antecedente, el programa “Alquilar se puede” y fue un fiasco. Gastaron más presupuesto en publicidad que en los créditos otorgados, que sólo contó con 10 beneficiarios. Más trucho que votante de Larreta con Fanta”.
Sobre la debatida ley de alquileres, todos juegan igual, así lo denunciaba Alejandrina: “En esta situación para colmo vienen impulsando la derogación de la Ley de Alquileres. Larreta, Massa y Milei trabajan de empleados de los pulpos inmobiliarios. O ustedes creen que hoy se cumple que los aumentos son anuales, y a la hora de renovar contratos no saben que lo aumentan a gusto”.
Y con respecto a las inmobiliarias fue categórica “Los mismos que sacan las viviendas del mercado generan rumores de derogación de la ley para hacer una corrida de alquileres. Son como los sojeros especulando con la devaluación”.
Con respecto a la actual oposición del peronismo al proyecto oficial, Alejandrina les recordó “Otorgarles beneficios impositivos a los que concentran el suelo urbano, no es una política privativa de Cambiemos. Hace un par de años aquí el peronismo les votó beneficios a las grandes constructoras que lo único que hizo fue acrecentar el problema”. Refiriéndose al acompañamiento de todo el bloque peronista a ese proyecto, en medio de la pandemia, que estuvo desde el viejo peronismo porteño, socio del macrismo, hasta la misma Ofelia Fernández.
También trajo a colación otro acompañamiento del peronismo con respecto a terrenos públicos “…le han votado la mayoría de las ventas de terrenos públicos a Macri y Larreta. Como en Lugano donde tenemos un Golf Club y no más vivienda social. O cuando remataron el Edificio del Plata que se lo regalaron a IRSA por migajas. Parece que la campaña les da pérdida de memoria, pero recuerden que también le cedieron 17 predios al arzobispado de Buenos Aires, el gran terrateniente urbano”.
Y remató: “Ya sé que estamos en época electoral, pero no se vengan a hacer los rulos acá denunciando algo de lo que son cómplices”.
En búsqueda de soluciones la legisladora del Frente de Izquierda remarcó un informe del Banco de España, algo bastante lejano a una idea de izquierda, pero que acá son incapaces de acercársele. Dice el informe “la posibilidad de penalización de la vivienda no ocupada a través de un incremento en los impuestos locales sobre la propiedad recurrente se ha introducido, por ejemplo, en el Reino Unido y en España”.
“Nosotros queremos discutir efectivamente un banco de tierras e inmuebles administrado por los propios vecinos empezando por anular las ventas de terrenos públicos que realizó esta Legislatura”, empezó a esgrimir Alejandrina en su intervención.
Y fue más allá con propuestas realistas para poder encarar este gran flagelo de la vivienda en la Ciudad “Acá de lo que se trata es de tocar las ganancias de los pulpos inmobiliarios. Que hagan público el registro de la propiedad para saber en manos de quién se concentran. Y si, hay que poner un impuesto progresivo a la vivienda ociosa y si a IRSA no le gusta que se joda”, refiriéndose a una de las constructoras más beneficiada por el Gobierno de Larreta, socia del mismísimo clan Macri.
Y continuó explayándose en este caso sobre lo que sería alguno de los puntos centrales de una real ley de alquileres en favor de los inquilinos “hay que regular los precios de los alquileres y si a las inmobiliarias no les gusta pues lo lamentamos. Hay que obligar a las desarrolladoras inmobiliarias a que las viviendas construidas vayan a alquileres sociales; hay que regular a las plataformas de alquileres temporarios -como Airbnb-, porque no nos resignamos a que precaricen el trabajo, el estudio, la salud y ahora también quieran precarizar aún más la posibilidad de tener un techo”.
Estos son algunos de los puntos que vienen tomando nuestros diputados nacionales, como Myriam Bregman y Nicolás Del Caño que junto a las organizaciones de inquilinos se encuentran debatiendo que ley de alquileres debe haber para acabar con el más penosos de los sloganes. “Basta de casas sin gente y gente sin casa”.