Red de radios

28.4.2023

Por María Eva Koutsovitis, Jonatan Baldiviezo

En nuestro país, la evolución del saneamiento básico (infraestructura de agua potable y desagües cloacales) siempre ha dependido del devenir de los procesos políticos.

Las epidemias de cólera, viruela, escarlatina y fiebre amarilla, que tuvieron lugar en 1867-1871, constituyeron enormes desafíos para el sanitarismo argentino. Así surgieron los primeros proyectos de saneamiento para la Ciudad de Buenos Aires llevados a cabo por John Coghlan, primero, y el ingeniero Bateman, después, entre 1869-1880.
En 1880, las obras construidas (redes distribuidoras de agua potable, cloacas máximas y grandes conductos pluviales) daban cobertura a la cuarta parte de la ciudad. Durante un siglo, entre 1880 y 1980, la empresa nacional Obras Sanitarias de la Nación tuvo a su cargo la prestación de los servicios de agua y saneamiento en las principales ciudades de nuestro territorio. Entre 1947 y 1951, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, el programa de obras de infraestructura ubicó a la Argentina como líder en la región en materia sanitaria. De la mano de la última dictadura cívico-militar llegarían el desfinanciamiento y el desguace del sistema sanitario, proceso que termina de consolidarse en la década del ‘90 con la privatización del sector. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense, el servicio público de agua y saneamiento se mantuvo privatizado hasta que en el año 2006 se otorgó la concesión del servicio sanitario a la empresa AySA SA, cuyo capital pertenece en un 90 % al Estado nacional y en un 10 % a sus empleados.
La Dirección Nacional de Agua y Saneamiento (DNAyS), dependiente de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas, identifica 1.400 prestadoras de servicios de agua y saneamiento que operan a escala regional, provincial o municipal organizadas en sociedades anónimas de participación estatal mayoritaria, sociedades del Estado, sociedades anónimas, cooperativas de servicios y mutuales, dependencias municipales o comunales y asociaciones comunitarias. La DNAPyS estima que el déficit de agua potable gestionada de forma segura alcanza al 20 % de la población argentina, mientras que, en términos de saneamiento, el déficit llega al 44 %.
El Banco Interamericano de Desarrollo informa que, en promedio, los hogares de América Latina y el Caribe destinan el 14 % de sus ingresos al pago de servicios esenciales (BID, 2020). El mismo informe revela que, en el año 2019, el 55 % de la población rural de América Latina y el Caribe no accedía al agua en red en el propio hogar y 45 millones de habitantes en la región no contaban con conexión cloacal o tanque séptico.

La desigualdad territorial en el acceso al agua y al saneamiento

Ciento cuarenta años después de las epidemias que dieron lugar a las primeras obras de infraestructura que, a su vez, ubicaron en la década del ‘60 a la Argentina como pionera de nuestra región en el sector de agua potable y saneamiento, más del 10 % de la población de la Argentina habita en un barrio popular sin acceso formal al agua potable, al saneamiento cloacal y a la higiene. Y en la Ciudad de Buenos Aires ese porcentaje asciende al 15 %.
La pandemia por COVID-19 nos interpela a repensar el paradigma de la ingeniería sanitaria, desde una perspectiva integral, socio-comunitaria y de género. La crisis climática nos obliga a pensar nuevos modelos de ciudad basados en la democratización de todas las dimensiones urbanas y eso implica acceder en igualdad de condiciones al conjunto de los servicios sanitarios.
La Ciudad de Buenos Aires es el distrito con mayor presupuesto per cápita del país y está entre las tres ciudades más ricas de Latinoamérica. Actualmente, la Ciudad tiene 3.120.612 habitantes. Para el presupuesto 2023 se estipularon más de 2 billones de pesos. Esto equivale a 690 mil pesos por habitante. Un incremento del 120 %, superando la inflación interanual. Según datos oficiales, la población de los asentamientos informales pasó en el año 2001 de 107.000 habitantes a 300.000 en el año 2015. Se estima que actualmente los habitantes de las villas de la Ciudad de Buenos Aires representan alrededor del 15 % de la población total de la ciudad. Es decir, que entre 400.000 y 450.000 habitantes no acceden formalmente a los servicios básicos sanitarios. Producto de la falta de servicios básicos, los pobladores de las villas se encuentran expuestos permanentemente a un elevado riesgo sanitario y ambiental, comprobado por la reducción de la esperanza de vida de 10 años en promedio y la duplicación de la mortalidad infantil respecto a los barrios urbanizados con servicios formales.
La administración territorial de la Ciudad de Buenos Aires se organiza en 15 comunas. La mayoría de los barrios populares se localizan en el sur de la ciudad, en las comunas 4 y 8. Se estima que, en estas comunas, un tercio de su población habita en un barrio popular sin acceso formal a los servicios sanitarios.
El promedio del registro histórico 2010-2020 de la tasa de mortalidad infantil (por cada mil nacidos vivos), utilizando como fuente la Dirección General de Estadística y Censos del GCBA, evidencia que la mortalidad infantil en las Comunas 4 y 8, donde el 30 % de sus habitantes no acceden formalmente a los servicios sanitarios, duplica el valor de la mortalidad infantil comparado con la comuna 13, donde el acceso a los servicios sanitarios alcanza al 100 % de su población.
El promedio 2010-2020 de la edad promedio de fallecimiento según la Dirección General de Estadística y Censos del GCBA evidencia que la esperanza de vida en la comuna 8 se reduce hasta 10 años cuando la comparamos con la comuna 13 en el caso de los varones. En el caso de las mujeres, la esperanza de vida en la comuna 8 respecto a las de la comuna 13 se reduce en 7 años.
Sin duda, el modelo urbano que se consolida en la ciudad solo reproduce y amplifica desigualdades. Sino cómo explicamos que mientras en promedio el 22 % de la población de Buenos Aires supera los 60 años, en Villa 20 y Ramón Carrillo este porcentaje sólo alcanza respectivamente al 4 % y al 6 % de sus habitantes.
La sistematización y el análisis de los últimos 10 años de relevamientos e intervenciones llevadas a cabo desde la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA (CLIC) en diferentes villas, asentamientos y barrios populares porteños nos permite concluir que 140 mil personas almacenan precariamente agua en baldes y tachos, que los hogares presentan un enorme déficit en relación con la infraestructura interna y que las familias no cuentan con pautas claras y alertas respecto a cómo actuar frente a posibles alteraciones del agua. Y dado que ningún organismo de gobierno controla la calidad del agua en los barrios populares, las familias no confían en el agua que consumen.
A continuación, se presentan algunos ejemplos en relación con el déficit de la infraestructura interna de los hogares:
• El censo de Villa 20 (2016) realizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires identificó que el 6 % de las viviendas no posee canilla en el interior. Este barrio, con más de 100 años de historia, se ubica en el sur de la ciudad, en la comuna 8. El censo de 2016 realizado por el GCBA estimó en 30.000 sus habitantes.
• Según el Informe “Análisis Ambiental y Social” elaborado con financiamiento del BID (2016-2017), en el barrio Carlos Mugica (ex Villa 31-31bis) el 26 % de los hogares no posee baño de uso exclusivo dentro de la vivienda y un 43 % no tiene cocina exclusiva. Este barrio emblemático de la Ciudad de Buenos Aires, con casi un siglo de historia, se encuentra en la comuna 1. Según el empadronamiento realizado por el gobierno de la ciudad durante los años 2016 y 2017, la población estimada era de 40.203 habitantes.
• Según el relevamiento realizado por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, la Fundación TEMAS y la junta vecinal en la Villa 21-24 (2018), el 10 % de las viviendas no cuenta con canilla en el interior. Este barrio centenario de la Ciudad de Buenos Aires, donde se estima que habitan más de 70.000 personas, se localiza en la ribera del Matanza-Riachuelo en la comuna 4.
El 10 de abril último, en el boletín oficial, se publicó la pre-adjudicación correspondiente a la licitación pública N.º 27/22 EX-2022-15398280-GCABA-IVC a la empresa ASHIRA SA, por un total de 3.335.721.000 pesos, por el servicio de entrega de agua a través de camiones cisterna en los barrios populares durante 4 años.
Si por ejemplo tenemos en cuenta que la renovación de la red de agua para la Villa 21-24, según la información oficial de la empresa prestadora AySA SA, tiene una inversión estimada de 395.798.358 pesos y que la ejecución de la red primaria cloacal en el Barrio INTA es de 321.479.798 pesos, resulta más que obvio que en lugar de destinar más de 3.335 millones de pesos para contratar camiones aguateros se podrían ejecutar aproximadamente 10 obras definitivas de agua y cloaca.
Mientras hace 140 años, la respuesta a las epidemias de entonces generó en menos de una década obras de infraestructura que le dieron cobertura a la cuarta parte de la ciudad y que posicionaron como pionera en la región en materia de agua y saneamiento a la Argentina, hoy, en el distrito más rico del país, la respuesta, en un contexto similar, son camiones aguateros sin siquiera garantizarle a los hogares un tanque donde almacenar el agua de manera segura.

27.4.2023

La cita es este jueves a las 17:00 frente a la Legislatura porteña y la impulsa la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito. Esta línea telefónica surge del acuerdo firmado entre el Consejo Social, presidido por la referente anti derechos Cinthia Hotton y el Ministerio de Salud de la Ciudad. La misma será atendida por una red de 400 organizaciones ligadas a las iglesias evangélicas e implica la intromisión de grupos religiosos en los hospitales.

Este jueves a las 17:00 frente a la Legislatura porteña en Perú 160, la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito convoca a un “Pañuelazo” por la nulidad del 0800 VIDA que obstaculiza la implementación del aborto legal.
Esta línea telefónica surge del acuerdo firmado entre el Consejo Social, presidido por la referente anti derechos Cinthia Hotton y el Ministerio de Salud de la Ciudad. La misma será atendida por una red de 400 organizaciones ligadas a las iglesias evangélicas en lo que de hecho significa la tercerización de la Ley de los 1000 días.
De esta manera, el Gobierno de la Ciudad permite la intromisión de grupos religiosos en los hospitales públicos. El teléfono será atendido por la “Red Nacional de Contención al Embarazo Vulnerable”, integrada por 400 instituciones de todo el país que se definen “comprometidas con la defensa de las dos vidas”.
La legisladora porteña del PTS en el Frente de Izquierda Unidad, Alejandrina Barry señaló al respecto: “Presentamos un proyecto en la Legislatura para declarar la nulidad de este convenio que crea la línea telefónica 0800 VIDA en los hospitales públicos, y también un pedido de informes para conocer el funcionamiento del mismo ya que tanto Hernán Quirós como Cinthia Hotton se niegan a hacerlo público. Buscaremos todas las vías para dar la información a la sociedad y especialmente al movimiento de mujeres y la diversidad sexual que logramos la aprobación de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo con nuestra lucha en las calles”.
Asimismo, la dirigente afirmó que “luego de realizar un acto con mil pastores evangélicos junto a Hotton, Larreta busca dar un nuevo guiño de campaña electoral en la disputa por la agenda reaccionaria contra los derechos de las mujeres y personas LGTBIQ+. La misma que Milei contra la implementación de la ESI. Como denuncian las y los residentes y concurrentes de la Asamblea de CABA, el Jefe de Gobierno y el Ministro son responsables de un sistema de salud precario para trabajadores, trabajadoras y pacientes y ahora le agregan la injerencia de privados y organizaciones religiosas lo cual viola los derechos de mujeres, personas gestantes y niños y niñas”.
Para finalizar, Barry agregó: “Seguiremos movilizadas con mis compañeras de Pan y Rosas junto a la Campaña y todas las organizaciones para lograr que se anule este convenio”.

27.4.2023

Una gran marcha educativa se realizó este martes en la Ciudad de Buenos Aires. Docentes y estudiantes secundarios y terciarios, de educación especial, profesorados, cooperadoras, Familias por la Educación Pública y la Multisectorial, entre otros, movilizaron en defensa de la Educación Pública.

La jornada había iniciado temprano, con un acto a las 15 frente a la sede del Ministerio de Educación de la Nación de las y los docentes de Ademys -quienes realizaron un paro de importante cumplimiento- junto a las seccionales Multicolor del gremio bonaerense Suteba.
Luego, a las 17:30 horas, docentes, estudiantes y familiares de la comunidad educativa porteña concentraron frente al Normal 1, en Córdoba y Ayacucho, Recoleta, lugar de significación histórica porque allí, en 1874, se fundó una de las primeras escuelas de maestras y maestros: El Normal Superior Nº 1 en Lenguas Vivas.
Movilizaron a continuación en dirección la Legislatura porteña, en Perú 160 en el microcentro, donde realizaron un acto y leyeron un documento conjunto para denunciar “el desfinanciamiento educativo” del Ministerio a cargo de Soledad Acuña, y reclamar un aumento de presupuesto, mejores condiciones salariales para los docentes, mayor cantidad y calidad nutricional de las viandas y el mantenimiento adecuado de los edificios, entre otros puntos.
La marcha fue encabezada con una bandera que decía: “Larreta y Acuña: ¡Aumenten el presupuesto educativo!”.
En un día nublado y cargado de humedad, la nutrida marcha, conformada en su mayoría por jóvenes, avanzó tocando bombos y platillos, y sosteniendo en alto carteles que decían; “si bajan el presupuesto, aumenta la lucha”, “desratización ya, Larreta sacanos la rata”, “titularización docente superior ya”, entre otros mensajes.
También cantaron en conjunto contra el Gobierno de la Ciudad, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta y el Ministerio de Educación porteño: “¡qué cagazo, qué cagazo!, si no nos dan respuesta, se viene el estudiantazo”; “Llamen al pelado represor, para que vea, que este pueblo no cambia de idea, pelea y pelea por la educación”.
Angélica Graciano, Secretaria General de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), gremio porteño de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), dijo en declaraciones a la Agencia Télam: “Esta marcha educativa es liderada por el movimiento estudiantil, y es una marcha que reclama por financiamiento educativo, mejoras en infraestructura, mejoras en las viandas, para que haya más maestros y maestras y para que no se haga ninguna reforma educativa, ni en los profesorados, ni en la escuela primaria sin consultar con la comunidad educativa”.
Por su parte, Jorge Adaro, Secretario General de ADEMYS, manifestó al medio cooperativo Tiempo Argentino que “esta marcha refleja lo que fue todo el periodo del macrismo en la Ciudad, acá se están expresando los problemas de infraestructura, se expresan las reformas educativas que quitan cada vez más contenidos para el acceso al conocimiento de los pibes, con el propósito de preparar trabajadores precarizados; acá estamos los docentes planteando la necesidad de la reapertura de la mesa salarial, ya que todos los años venimos perdiendo; y también están las familias que vienen luchando desde hace muchos años por la falta de vacantes”.
Ratas y alacranes en las escuelas, caídas de techos, desperfectos eléctricos en cientos de edificios escolares, baños clausurados, escuelas inundadas, asbesto en algunos establecimientos educativos, y la instalación de cámaras dentro de las aulas, son algunas de las situaciones que se suman al vaciamiento de los profesorados y a la reforma inconsulta de los programas de estudio, la privatización de la Educación Especial, la falta histórica de docentes, la carencia de vacantes, y el reclamo constante para que construyan más escuelas en el distrito porteño.

27.4.2023

En la madrugada de este miércoles se derrumbó parte de una vivienda en donde habitaban aproximadamente 30 familias, más de 100 personas, en Lacarra y Rivadavia, en el barrio porteño de Floresta. Como consecuencia, fallecieron dos personas, más de 25 resultaron heridas y aún hay desaparecidxs. Compartimos comunicado difundido desde las Consejerías de Vivienda sobre este hecho.

Aún no se cumple un mes de la muerte de Joselyn, la beba de 3 meses fallecida estando en situación de calle con su familia. Y hoy seguimos llorando muertes evitables que duelen y mucho, más aún si hablamos de niñes.
Contra todo estigma que tilda a las familias de “okupas” y se complementan con dichos racistas y xenófobos, tanto en Lacarra como en la mayoría de los inquilinatos, las familias y personas que allí viven pagan un alquiler, de valores astronómicos, una pieza de 3×3 con baño y cocina compartida.
Las únicas inspecciones por supuesto peligro de derrumbe que realiza la guardia de auxilio de Larreta es de los inmuebles que, incluso sin estar en riesgo cierto, se asientan sobre zonas con jugosos rendimientos inmobiliarios. Floresta no pareciera ser el caso.
El nivel de hacinamiento y falta total de condiciones de habitabilidad es la única opción para cada vez un mayor número de familias ante la crisis inquilina, económica y social sin precedentes que hoy vivimos. Lamentablemente, para muchxs ni siquiera es un techo en mal estado, sino directamente la calle (cuya población ha aumentado dramáticamente en el último tiempo). Desde las Consejerías de vivienda venimos llevando adelante la campaña #NiUnxPibxSinTecho denunciando que las niñeces son empujadas a esta realidad producto que cada vez menos lugares aceptan chicxs en los alquileres.
Hay que frenar las mafias inmobiliarias, tanto del sector formal como del informal. Este último caso es lo que llamamos la “papa caliente” que ni el IVC ni Desarrollo Humano y Hábitat en el caso del GCBA, como Desarrollo Social y el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación quieren agarrar. Es una zona gris, donde son incontables los abusos que sufren día a día miles (y cada vez más) familias trabajadoras. Por esto, en nuestra propuesta de alquiler social exigimos que se haga un relevamiento de encargados y hoteleros de todos los lugares que lucran con la necesidad de vivienda de la gente, y en caso de no poder demostrar la titularidad, el espacio pueda ser manejado por lxs mismxs vecinxs. Hoy, la única respuesta del estado frente a situaciones de tal irregularidad es la clausura, y con ello el desalojo masivo de decenas de familias que no tendría luego dónde alquilar, sobre todo si tienen menores a cargo.
Ya no podemos esperar más, llorar más muertes. Es necesario un movimiento en lucha por la tierra y la vivienda en CABA que se ponga de pie y exija en las calles su derecho. No hay discusión de ley de alquileres válida sin tomar en cuenta la realidad de miles de familias que alquilan en la informalidad y de las niñeces, cada vez más lejos de alcanzar su derecho a la vivienda digna y definitiva.
¡BASTA DE MUERTES EVITABLES!
#NIUNPIBXSINTECHO
FRENO INMEDIATO DE TODOS LOS DESALOJOS
ALQUILER SOCIAL YA COMO PASO PREVIO HACIA LA VIVIENDA DIGNA Y DEFINITIVA

25.4.2023

Este miércoles 26 de abril el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) dará a conocer los resultados obtenidos del Indicador Barrial de Situación Nutricional (IBSN). Será a las 17, en la Facultad de Medicina-UBA y se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube del Instituto. Según adelantaron, el nivel de malnutrición durante el 2022 fue superior al 40%.

La presentación contará con las exposiciones de Isaac “Yuyo” Rudnik (director nacional del ISEPCi) y Laura Lonatti (coordinadora nacional del Área de Salud Colectiva del ISEPCi).

¿Qué es el IBSN?

El Indicador Barrial de Situación Nutricional es una experiencia de epidemiología comunitaria, que se construye en conjunto con les vecines que se organizan en comedores y merenderos, y con los aportes de diversos espacios académicos y sociales.
El objetivo del análisis es la construcción de redes barriales de monitoreo nutricional para la detección precoz de malnutrición en niñes y adolescentes, de 0 a 18 años.
El relevamiento se realizó durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022 y se censaron a más de 47.000 niñes y adolescentes que asisten a 1456 espacios comunitarios a lo largo del país.

¿Cómo se construyó el IBSN?

Participaron en esta tarea 1400 coordinadores y promotores/as de salud de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de nuestro país, que se capacitaron en el manejo de las técnicas antropométricas para la toma de la talla y el peso como así también en el uso de un software de registro de la información relevada, en un trabajo en conjunto con sectores académicos e investigadores.
Articulando de esta manera la investigación y la acción participativa con el fin de construir conocimiento situado que pueda traducirse en estadísticas que permitan visibilizar en tiempo real las situaciones de vulneración de derechos, para luego intervenir de forma colectiva e impulsar políticas públicas al respecto. Todo ello desde una mirada crítica y activa sobre la realidad para así poder transformarla de manera más justa y equitativa.