Red de radios

29.7.2010

Organizaciones sociales y culturales de Parque Patricios se movilizarán en defensa de la salud, la educación y la cultura 

Las murgas junto con las agrupaciones sociales y culturales del barrio porteño de Parque Patricios invitan a la Caravana Cultural que se realizará el próximo sábado 31 de julio a partir de las 14 por las calles de nuestro barrio.
La marcha comenzará en la intersección de las calles Grito de Asencio y Pepirí, continuará por Cortejarena y Almafuerte, donde se encuentra el Hospital Penna, víctima del vaciamiento sanitario que está llevando a cabo el gobierno de la ciudad; continuarán hacia Caseros y Rioja, punto neurálgico del barrio donde realizarán un alto para ofrecer un show de Clowns.
Luego continuarán hacia el emblemático y tradicional Colegio Bernasconi, escuela pública que viene sufriendo problemas por su deterioro edilicio y por intentos de privatización de algunas de sus áreas.
La marcha finalizará frente a la ex cárcel de Caseros, espacio abandonado por las autoridades, donde se encuentra el Parque Ameghino, y allí las murgas realizarán un espectáculo de cierre de la caravana social y cultural.
Convocan:
Espacio Asambleario de Parque Patricios, Olla Popular de Parque Patricios, Radio Abierta, y Murgas: Alucinados de Parque Patricios, Monarcas de la Fiaca, Zarabanda Arrabalera, Pasión Quemera.
 

25.7.2010

El ODH alerta sobre la inconstitucionalidad del reciente decreto del Poder Ejecutivo de la Ciudad N° 532/10 -publicado en el BOCBA Nº 3461 del 15/07/2010- que reglamenta la Ley 3253 de Creación del Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública. El decreto viola abiertamente el derecho a la información consagrado por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales, por la Constitución de la Ciudad y por leyes locales de la Ciudad de Buenos Aires.

El acto administrativo por el que se aprueba “la reglamentación de la Ley N° 3.253 de Creación del Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública”, decreta el carácter reservado de la información producida en el Comité, avasallando todos los estamentos superiores de la pirámide jurídica, en los siguientes términos: “Todos los documentos producidos por el Comité tendrán carácter reservado y no podrán ser dados a publicidad sin el consentimiento expreso y escrito de la mayoría absoluta de sus miembros” (artículo 2º del anexo).

Su manifiesta inconstitucionalidad se observa desde dos perspectivas diversas: 1) la materia no se encuentra incluida dentro de aquellos límites al derecho, establecidos por ley; 2) Al Poder Ejecutivo local le está vedado legislar sobre la materia. La norma administrativa no puede modificar una ley, surgida del Poder soberano que representa la Legislatura, órgano que ha reconocido luminosamente el derecho al acceso a la información en la Ley 104.

Además, la limitación se ordena justamente sobre un Comité que debe valorar la política pública sobre seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, una temática de notable sensibilidad en la actualidad tanto para las instituciones de la ciudad como para la sociedad toda. El Comité está integrado por tres representantes del Poder Ejecutivo y tres representantes del Poder Legislativo. Es decir que, sumado al exceso reglamentario, el Jefe de Gobierno, sin competencia, le ordena a los representantes de los diputados que guarden secreto sobre sus actos, en una maniobra invasora, arbitraria y nula.

El Comité se creó justamente para evaluar y mostrar ante la sociedad el avance en las políticas de seguridad. Resulta irrisorio que se les prohíba difundir sus trabajos sin autorización de todos sus miembros. Un Comité de esas características realiza trabajos para publicarlos: esa es la razón de su existencia. De lo contrario, no se encuentra sentido a su motivación legislativa.

No se está exigiendo que el Ministerio de Seguridad publique todas sus acciones, planes, operativos, etc., en materia de seguridad (aunque eso sería saludable institucionalmente). Por ejemplo, en materia de inteligencia criminal es claro que la difusión de los estudios previos y preliminares resulta contraproducente para combatir el delito. Pero nada tiene que ver eso con el Comité de Seguridad, cuyos informes son generales, de opinión y deben servir para mejorar las políticas públicas y, justamente, para que el tema se debata en la sociedad toda.

Aún más grave resulta la disposición inserta en el artículo 7º del Decreto cuestionado, que señala: “El incumplimiento de lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 2º del presente Decreto podrá ser considerado como causal de remoción por incumplimiento, por parte del integrante que hubiera dado a publicidad el contenido de algún documento sin contar con la autorización previa”. Esta disposición firmada por el Jefe de Gobierno es propia de regimenes autoritarios y es intimidante para los trabajadores del Comité, a quienes se les asigna una responsabilidad propia de un servicio secreto de información cuando, por el contrario, están obligados a trabajar por mandato de la Ley 3253 para evaluar y hacer recomendaciones públicas sobre la política de seguridad en la Ciudad.

El derecho de Acceso a la Información Pública es de gallarda importancia en lo referente a la participación ciudadana y la transparencia de los actos de gobierno. En este sentido, permite controlar la corrupción, optimizar la eficiencia gubernamental y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos al otorgarles la posibilidad de interiorizarse en los contenidos de las decisiones que se toman diariamente, de modo de de intervenir en los asuntos que hacen a una mejor comunidad.

Se trata de un objetivo central de toda administración pública, en aras de fortalecer la relación entre el Estado y la Sociedad Civil, afianzando esta alianza estratégica para el desarrollo de una democracia legítima, transparente, eficiente y participativa.

Por el artículo 12, la Constitución de la Ciudad garantiza “El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente”. La misma Carta Magna dispuso la obligación en cabeza del propio Jefe de Gobierno: El artículo 105 establece: “Son deberes del Jefe de Gobierno: 1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la ciudad”.

Céleremente, la Legislatura de la Ciudad sancionó la ley N° 104, en concordancia con la manda constitucional: Su artículo 1° dispone: “Toda persona tiene derecho, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración Central, Descentralizada, Entes Autárquicos…”

A su tiempo, el artículo 2° delimita el alcance: “…Se considera como información a los efectos de esta ley, cualquier tipo de documentación que sirva de base a un acto administrativo, así como las actas de reuniones oficiales”.

En la misma senda de garantía a este fundamental derecho, el Decreto 1361/07 vino a reglamentar la norma. Entre sus Considerandos encontramos la necesidad de “asegurar el derecho de toda persona de solicitar y recibir información, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno, según lo establecido en el artículo 12, inciso 2) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Completando la consagración normativa del derecho al acceso a la información pública, la propia Constitución Nacional la que los garantiza por sus artículos 33, 41, 42 y concordantes del Capítulo Segundo, y por el artículo 75 inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional diversos Tratados Internacionales.

Del somero análisis efectuado, surge que sólo por ley de la Ciudad podría limitarse la garantía al derecho a la información, hecho que la Administración actual desconoce una vez más. La sanción del Decreto vulnera la división de poderes al limitar un derecho, atribución que únicamente corresponde a la Legislatura; sojuzga las instituciones democráticas del Estado local; y hace pasible de responsabilidad internacional al Estado local.

El ODH rechaza la metodología utilizada y reclama la inmediata derogación, sin perjuicio de solicitar el oportuno control constitucional ante los estrados judiciales.

22.7.2010

Xoana Torres tiene 20 años y un embarazo de 7 meses. Desde hace un año trabaja en la fábrica, contratada por agencia, como más de 200 compañeros. Los trabajadores denuncian fraude laboral.

La fábrica de chocolates propiedad de la familia del magnate Ricardo Fort despidió la semana pasada a Xoana Torres, embarazada de 7 meses, quien trabajaba en la empresa hace un año bajo la modalidad de contratación por agencia. El despido tiene lugar en el marco de la lucha que desde marzo vienen sosteniendo los trabajadores por aumentos salariales y el pase a planta de los contratados, que alcanzan a casi la mitad de los 500 empleados que posee la empresa. Además, de esa mitad, 110 trabajan hace más de 6 meses.
Xoana, de 20 años, concurrió el 12 de julio a su lugar de trabajo, luego de una licencia médica, y ante la presencia de compañeros y de uno de los delegados, se le impidió ingresar y se le indicó que se dirigiera a la agencia que la había contratado para que le otorgaran un nuevo empleo.
Los trabajadores de Felfort denuncian que esta práctica persecutoria y discriminatoria ha sido moneda corriente desde siempre en la fábrica, y que es parte del gran fraude laboral que comete la chocolatera de los Fort.
Xoana denunció que hacía meses que era perseguida y hostigada por su condición: “En principio no me animaba a decir que estaba embarazada hasta que le tuve que avisar al supervisor que no podía hacer ciertos trabajos. Desde ahí me empezaron a tratar mal. Me mandaban a hacer cosas pesadas como levantar cajas de bombones o placas. Una vez me mandaron al sector de almidón donde yo no podía estar porque allí hace mucho calor y me descompuse. Después me mandaban a hacer siempre la misma rutina todos los días; me tenían parada todo el día, le pedía que me den otras tareas que yo podía hacer, como sellado, pero no querían”. Además, Xoana participaba activamente de las asambleas que se realizaron en los últimos meses por reclamos salariales y el pase a planta de los contratados.
Durante el tiempo que Xoana no concurrió a trabajar por recomendación médica, los trabajadores se enteraron de las intenciones de la empresa de despedirla, por lo que iniciaron una campaña para impedir que fuera dada de baja, y presentaron un petitorio con 326 firmas para defender su puesto de trabajo.
El comunicado difundido esta semana, con la firma del delegado Rodolfo Vidal, sostiene que ya fueron hechas las denuncias pertinentes ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, el Sindicato de la Alimentación (STIA, seccional Capital) y el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo).
Mientras tanto, la empresa mantiene un régimen de fraude patronal, desoyendo los reclamos de los trabajadores y hasta desconociendo los acuerdos alcanzados con la intermediación de la cartera laboral. En el mes de mayo, el Ministerio había dictado la conciliación obligatoria e instado a la empresa a regularizar la situación que denunciaban los trabajadores. La patronal se comprometió entonces a efectivizar a 60 contratados. No sólo no lo cumplió, sino que a fines de junio despidió a 14 empleados por agencia.
Mientras tanto el vicepresidente de la empresa, Ricardo Fort, sigue paseándose por todos los canales de televisión y posando en las revistas “del corazón”, ostentando obscenamente su fortuna, cantando loas a la década menemista y haciendo culto de una frivolidad alarmante.

21.7.2010

En la Villa 21-24 de Barracas, no hay suministro de electricidad.  El corte motivó el cierre del Centro de Salud. Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) sostienen “Cuando nos encontramos atravesando uno de los días más fríos del año, la villa 21-24, en la que habitan aproximadamente 70.00 personas, el corte de suministro de energía ya lleva más de 24 horas”.

"En cooperación con la Asesoría General Tutelar y la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires ACIJ inició un procedimiento extrajudicial de discusión con las autoridades de la Ciudad a fin de remediar el alarmante estado de la red eléctrica en el barrio Villa 21-24 que pone en grave riesgo la vida e integridad física de la población y afecta gravemente la vida familiar y social, especialmente en las estaciones frías del año" publica el semanario Noticias Urbanas y agrega "En la  conocida por su líder religioso y social el cura Pepe Di Paola, están sin luz desde hace un día. Justamente por la falta de una red de gas natural la electricidad es el principal medio para calefaccionar las viviendas, ya que las garrafas, por diversos hechos delictivos como asesinatos y robos, ya no ingresan con los camiones a repartirla al interior de la villa".

Desde ACIJ señalaron que desde el año pasado los vecinos de la villa 21-24 vienen reclamando la colocación de nuevos transformadores eléctricos en el barrio, y exigiendo que el Gobierno de la Ciudad implemente medidas integrales a través de las cuales se garantice la calidad y seguridad en la prestación del servicio eléctrico. Desde la ONG puntualizan "En base a un informe pericial del ENRE se ha requerido a los ministerios y agencias estatales competentes un plan inmediato y estructural de remediación. El caso es representativo de la situación de más de 300.000 personas que viven en los barrios informales de la Ciudad, en graves condiciones habitacionales".


 

16.7.2010

Mario Hernandez

Miembro de la Comisión Directiva de la Coordinadora de Medios de la CABA (COMECI).

Ayer se presentó en el Salón presidente Perón de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el Proyecto de Ley de protección y restitución de los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle.

Impulsado por la ONG Proyecto 7, formada por gente en situación de calle, es apoyado por: Proyecto Sur, CTA Capital, Semiyeros Rock Solidario, La Galpona, Comunas en Red, Los Comedores de Barrancas de Belgrano, Médicos del Mundo, La olla de Ángel Gallardo y Corrientes, Antena Negra, Articulo 14VIP, Cine Libre Parque Centenario, Buenos Aires para Todos, Imágenes en Lucha, Con Cucharones por La Calle, Movimiento de Gente en Situación de Calle de Brasil, Diseño Social.

La ley contempla no sólo a la gente en situación de calle, tengan o no acceso a la red de albergues, sino también a aquellos que estén en riesgode caer en esta situación: quienes puedan sufrir a la brevedad algún tipo de desalojo; que se encuentren en instituciones (penales, médicas, de menores, etc.) pero que estén por salir y como no hay una red de contención terminen en la calle; o que habiten en estructuras temporales y no convencionales o en viviendas inadecuadas y/o hacinadas.

Uno de los aspectos centrales de la ley es reafirmar que son ciudadanos y por tanto están contemplados por las mismas leyes y tienen los mismos derechos.

El artículo 8° de la ley sostiene: “El derecho a la Ciudad comprende el derecho a circular libremente, el derecho al espacio público, a su uso, disfrute y apropiación, el derecho al acceso a los servicios y a la infraestructura pública”. Lo que se garantiza es el goce del espacio público, como cualquier otro ciudadano.

“Los espacios y bienes públicos y privados de la ciudad y de los(as) ciudadanos(as) deben ser utilizados priorizando el interés social, cultural y ambiental”, agrega el artículo 9°.

También contempla el derecho a recibir un nombre personal y a tramitar la documentación necesaria para acreditar identidad (partidas de nacimiento, Documento Nacional de Identidad, Pasaportes, Cédulas de Identidad).

La falta de esta documentación, que según asevera Gonzalo Basile, presidente de Médicos del Mundo, afecta a por lo menos el 30 por ciento de la gente en situación de calle, es la que impide acceder a la mayoría de los programas y recibir asistencia médica.

Otra de las dificultades que enfrentan aparece a la hora de buscar empleo, donde generalmente se exige un domicilio fijo. Frente a esta situación, la ley incorpora la idea de domicilio social, el cual puede dejarse como referencia para ser contactado, recibir correspondencia, etc.

En el proyecto se garantiza el derecho al acceso irrestricto a los servicios socio-asistenciales que sean brindados por el Estado o por entidades privadas. En el caso de paradores u hogares del Gobierno de la Ciudad, si bien funcionan durante todo el año, no están abiertos las 24 horas del día y en la mayoría de los casos sólo funcionan por la noche. Lo mismo sucede con las ONG, donde la gente sólo puede ir a comer, bañarse u obtener ropa.

Lo que se genera con esto es las únicas opciones para estas personas son o instalarse en el espacio público o estar circulando constantemente.

Además, en el proyecto de ley se resalta la obligación del Estado de realizar un relevamiento anual de la cantidad de gente en y en riesgo de situación de calle información estratificada y desagregada que permita tener un diagnóstico y fijar las políticas puntuales para los distintos subgrupos.

Actualmente lo que se hace es un simple conteo que sólo se realiza en las zonas más céntricas.

“Se cuentan bultos, y eso se ve en lo que escribe la misma gente del Gobierno de la Ciudad que ponen NN y sexo indefinido porque la persona está tapado con una manta. Con esos datos vos no podés hacer nada porque no sabés nada”, explica Horacio Avila de Proyecto 7.

Fundamentos del proyecto

“Hoy en día las políticas dirigidas a las personas en situación de calle pretenden resolver el problema a través de mecanismos rígidos, sin capacidad de contemplar las necesidades emergentes de los sujetos a quienes están destinadas. Frente a ello, las políticas recientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, imponen restricciones en el uso de los espacios públicos (vallado de plazas y parques de la ciudad); políticas para erradicar a las personas en situación de calle de áreas específicas (operativo de recuperación de espacios verdes, creación de la Unidad de Control del Espacio Público – UCEP) y restricciones en el uso en los servicios sociales (normativas y horarios restringidos para el acceso y la permanencia en los Hogares de Tránsito y/o los Paradores Nocturnos).
Abandonar las calles para dormir bajo techo implica una transición física, emocional y psíquica que requiere de tiempo, y que forma parte de un proceso paulatino. Es un error pretender desde las instituciones que a través del ofrecimiento de un lugar para dormir durante la noche o a lo largo de algunos días se logrará una solución al problema. De tal modo, la ausencia de un soporte integral refuerza la permanencia de personas viviendo en las calles de la ciudad.
Las acciones implementadas por el GCBA a través de sus dispositivos se caracterizan por el desarrollo de programas con objetivos limitados y que responden a una lógica "asistencialista" que se limita a cubrir sólo las necesidades básicas en términos de alojamiento por una noche, de alimentación y de vestimenta. Las principales deficiencias que afectan a este tipo de dispositivos para la solución del problema son:
• Los recursos socio-asistenciales se encuentran fragmentados, desarticulados entre sí y aislados de otra red de recursos o de derivación.
• Las prestaciones y las intervenciones son parciales e insuficientes para las necesidades actuales de las personas usuarias de estos dispositivos.
• La misión y las funciones de los programas y de los dispositivos no se adaptan a los perfiles ni a los problemas actuales de sus destinatarios.
• Las modalidades de intervención son homogéneas y por ende poseen escasas posibilidades de prestar una atención personalizada, coordinada y continuada de sus prestaciones a la totalidad de los usuarios.
De tal forma, para una solución definitiva del problema es inútil implementar acciones paliativas que sólo cubran el piso básico de supervivencia, si no que por el contrario, ante una problemática tan acuciante es ineludible la necesidad de garantizar al conjunto de esta población el acceso a aquellos bienes y servicios que forman parte de sus derechos de ciudadanía (salud, vivienda, educación, empleo, etc.).
En este sentido, la presente ley se plantea un capítulo específico que de cuenta de esta realidad y garantice el derecho al acceso irrestricto de todos y cada uno de los servicios socio-asistenciales existentes. De manera tal que la vinculación entre programas, proyectos y ministerios de cuenta de la compleja situación y permita diseñar políticas públicas sustentables, intersectoriales y multidisciplinarias que brinden una asistencia articulada y continuada cuyo objetivo principal sea la atención prioritaria de las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle”.
 

Un nuevo organismo del gobierno porteño volvió a hacer desalojos de indigentes en la ciudad.

El 31 de mayo, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri y la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, lanzaron el Plan de Prevención Frío 2010, que consta de un trailer sanitario, además de un incremento del 30% en la cantidad de plazas disponibles en los paradores. “El objetivo es aumentar la capacidad de respuesta del estado”, explicó Vidal.

Pero más allá de los anuncios, el periodista Gustavo Veiga en Página 12 del 7 de mayo, denunció que el gobierno porteño cambió el modus operandi, pero no la política de fondo hacia las personas en situación de calle. La UCEP, que se ensañaba con ellas, le cedió esa faena al servicio de Higiene Urbana. Como los sin techo que pueblan Buenos Aires son cada vez más numerosos y el Ministerio de Ambiente y Espacio Público no puede con ellos, ahora va contra sus escasas pertenencias. Transforma todo lo que poseen en basura. Al menos una de las empresas que se ocupan de la recolección de residuos, Urbasur, ya tiene una denuncia ante la Defensoría del Pueblo por haberse llevado en sus camiones colchones, frazadas y otros enseres de indigentes. Una pareja de personas discapacitadas reveló ese despojo que ocurrió en el barrio de Almagro, y que no es el primero registrado en el año. En la misma cuadra, a un hombre mayor le sucedió algo parecido un mes antes. A otro que criaba palomas en San Cristóbal, debajo de la autopista 25 de Mayo, se las arrojaron con sus respectivas jaulas adentro de otro camión. Otro tanto pasó con todos sus bártulos. Y en La Boca hubo un operativo donde se incautaron bienes de indigentes en la esquina de Brasil y Pedro de Mendoza. La novedad es que ahora suele actuarse de día y cuando los damnificados no están presentes.
Tampoco coinciden los números de la población en situación de calle. Para la funcionaria Vidal, la gente en situación de calle en la ciudad no supera las 1400 personas. Según los censos de años anteriores estas cifras trepaban a menos de 800 personas, pero Médicos del Mundo afirma que actualmente hay casi 15.000 personas viviendo y durmiendo en la calle de los cuales 4.500 son niños y 2.000 adultos mayores.

Médicos del Mundo, remarca que las cifras oficiales son irreales: "El Gobierno porteño hace un conteo durante una noche, sostiene el epidemiólogo Gonzalo Basile, presidente de la delegación argentina de la organización. No cuenta a los que tienen un subsidio de tres meses, después de los cuales vuelven a la calle, ni a los que duermen por una noche en un hotel. En 2008 calculamos que había 10.000 personas en la calle. Como en los últimos dos años hubo muchos desalojos, ahora hay más".
Durante el último año un total de 113 personas en situación de calle murieron a causa de las adversas condiciones climáticas y la falta de asistencia en la Ciudad de Buenos Aires.

Los diferentes gobiernos han aplicado medidas de corte focalizado y asistencial, con el control social de los excluidos como único objetivo. Y ante el fracaso de este tipo de políticas, por incapacidad o falta de interés por lograr una solución, empezaron a tercerizar las diferentes tareas en Organizaciones no gubernamentales (ONGs) o instituciones eclesiásticas, que hacen un negocio con este tema: como reciben mucho dinero no mejoran la situación, sino que la prolongan. La nueva ley apunta a romper con este entramado asistencialista.