Red de radios

28.8.2010

La Justicia ordenó al gobierno porteño "dejar sin efecto" el memorándum que el Ministerio de Educación había enviado a las escuelas el 19 de este mes para pedir que se identificara con nombre y apellido a los alumnos que participaran en las tomas e incluso denunciarlos ante la policía.

En un duro fallo, la jueza Elena Liberatori, titular del Juzgado N° 4 en lo Contencioso y Administrativo de la ciudad, calificó esa orden como una decisión "gravísima desde el punto de vista de los valores democráticos", que viola "los derechos y garantías que la Constitución de la ciudad reconoce y garantiza a los estudiantes" y revela "la evidente incapacidad de las autoridades educativas porteñas para actuar ante un conflicto en la comunidad educativa estatal".

La jueza hizo lugar así a una acción de amparo presentada el miércoles pasado por el legislador porteño de la oposición Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro), con el apoyo de la UTE-Ctera y de otros legisladores, como Francisco Nenna, María José Lubertino y María Elena Naddeo.

Para la jueza, asentar los nombres de los estudiantes que participan de las tomas "tiende a conformar una verdadera «lista negra»", una decisión "impropia e inaceptable en un Estado de Derecho". Liberatori es parte de un grupo de jueces que con sus fallos vienen impugnando distintas decisiones del gobierno de Mauricio Macri. Entre ellas, en 2008 Liberatori le ordenó reincorporar a 2400 empleados cesanteados y frenó la intervención a la obra social de los estatales porteños.

El polémico memorándum se transformó en otro de los ejes del conflicto entre estudiantes y autoridades. Hace dos días, el ministro Bullrich se había comprometido ante los estudiantes a revisar esa disposición.

26.8.2010
 

Estudiantes y ex estudiantes de la Sala Alberdi, que funciona en el Centro Cultural San Martín, toman el lugar desde el martes pasado para defender este espacio, en el que se dictaban talleres y brindaban espectáculos gratuitos para niños y jóvenes desde hace 20 años.

El conflicto no es nuevo. Comenzó en 2006 cuando la ministra de cultura del gobierno de Jorge Telerman, Silvia Fajre, firmó un decreto a través del que se dictó una orden de desalojo de la Sala.
La resolución informaba que debían abandonar el Centro Cultural, sin especificar a dónde se trasladarían las actividades. La situación no cambió con la llegada de Mauricio Macri a la Ciudad. Su ministro de Cultura (y Turismo), Hernán Lombardi, ratificó la medida de su antecesora. Esto provocó que profesores y estudiantes convocaran a varias manifestaciones y protestas artísticas.
Entonces se presentó un recurso de amparo, cuyo fallo en primera instancia indicó que hasta que se dicte sentencia definitiva, la Sala debía permanecer en su actual ubicación, pero con la condición de que se realicen, en un plazo de 30 días, las refacciones necesarias. Se aclaró además que en caso de no permanecer en el mismo espacio, el traslado debía ser a un sitio con iguales características.
Pero pasó un año y el gobierno porteño no realizó los trabajos previstos, no trasladó las actividades a salas similares, no apeló el dictamen. En cambio, sí ordenó el cierre de la sala, prohibiendo la realización de cualquier tipo de actividad hasta que se lleven a cabo las refacciones. También disolvió la Cooperadora Amigos de la Sala Alberdi, que permitía a pesar de todos los obstáculos el funcionamiento de los cursos y las obras.
Durante 2009 no hubo más programación de espectáculos, se redujo la cantidad de talleres, como así también el número de asistentes (algunos pasaron de 30 estudiantes a tan solo cuatro). Se reordenaron las salas, por lo que los pocos cursos que se dictan lo hacen en diferentes lugares, y a veces las clases de un mismo curso se realizan en varias series. Además, recién en marzo de 2010 se pagaron los sueldos de todo el 2009.
Uno de los responsables de este retroceso en el funcionamiento de la Sala Alberdi es el actual Director General de Enseñanza Artística, Marcelo Birman, quien se dedicó a desandar lo avanzado en gestiones anteriores
Birman es, en este conflicto, el representante del gobierno porteño que está negociando con los estudiantes y ex estudiantes que permanecen en la toma.
La Sala Alberdi  más de una vez funcionó como lugar de ensayo y salón de actos de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático y del Conservatorio Manuel de Falla. Se realizaron también ciclos de obras de teatro para escuelas.
Ante estas irregularidades, se convocó a una nueva movilización el martes pasado, 17 de agosto, la tercera en veinte años de historia de la Sala. Y ante la falta de respuestas, los estudiantes resolvieron directamente tomar la Sala Alberdi, lo que generó diversas reacciones.
Por un lado, la solidaridad de muchos artistas; pero por el otro golpes, como los que recibieron dos de los participantes de la marcha cuando quisieron ingresar al centro cultural y fueron agredidos por una mujer y un hombre que entraron al edificio (pero que no son trabajadores, ni personal de seguridad del lugar).
Además, se les iniciaron contravenciones a una de las abogadas que presentó el amparo años atrás, a dos profesores que dictaban cursos en la Sala, y a cinco delegados de los estudiantes.
A su vez, se los amenaza con presentarles una denuncia penal. Como si esto fuera poco tanto la directora del Centro Cultural como el gerente administrativo (vale recordar, la Sala Alberdi no depende del Centro Cultural sino de la Dirección General de Enseñanza Artística) ordenaron al personal de seguridad que les apague la luz y les cierre los baños.
Pero la toma también generó que desde el gobierno porteño apuraran las negociaciones (o sea que antes ni existían), y les presentaron cuatro propuestas. Algunas inviables (dictar cursos a contraturno en escuelas y centros culturales) y otras que requieren obras en nuevos edificios, lo que no solo demora la situación, sino que además no son una garantía, ya que esta gestión se especializa en iniciar obras que no se terminan porque las empresas constructoras abandonan por la mitad el trabajo ante la falta de pago (un claro ejemplo son las obras iniciadas en los últimos pisos del Centro Cultural).
De todos modos, los estudiantes y ex estudiantes presentaron una contrapropuesta. Piden que vuelva a funcionar la Cooperadora, que se garantice la realización de al menos 16 talleres y que el acuerdo sea firmado por el mismo Lombardi, entre otros puntos. Además, aceptaron dos de las propuestas del gobierno, utilizar el auditorio del Museo Larreta y las instalaciones de un edificio, ubicado sobre la calle Perú (este último requiere de algunas refacciones).
Ahora los estudiantes están a la espera que Birman se reúna con ellos para resolver el conflicto, aunque la solución será provisoria, ya que quien tendrá la palabra final sobre si reabren la Sala Alberdi es la justicia, cuyo fallo se espera para los próximos diez días.
Lo que es seguro es que no se levantará la toma hasta que haya un acuerdo concreto y creíble.

25.8.2010

Un análisis de lo gastado en el primer semestre echa luz sobre las posibles causas del conflicto en las escuelas. El informe elaborado por un diputado opositor revela que este año se lleva gastado tres veces menos que en el mismo lapso de 2009.

En la primera mitad del año, el gobierno de Mauricio Macri ejecutó apenas el 4,5 por ciento del presupuesto disponible para obras en educación. El dato, que bien podría explicar el conflicto en las escuelas medias de la ciudad (ver página 17), surge de la planilla de Ejecución del Recurso y Gastos del Ministerio de Hacienda porteño. “Las cifras son incluso mucho más bajas que lo ejecutado en la primera mitad del año pasado. Lo esperable para esta altura del año es una ejecución de entre el 35 y el 50 por ciento”, dijo a Página/12 el legislador Martín Hourest, quien realizó un análisis del gasto en el primer semestre del año en base a los datos oficiales. De acuerdo con ese cálculo, también fue muy baja la ejecución del presupuesto de mantenimiento y reparación de edificios escolares: apenas un 7 por ciento del total. Según Hourest, la subejecución se da sobre todo en las áreas sociales: del presupuesto destinado para construcciones en el Ministerio de Desarrollo Social (paradores, centros de día y hogares) sólo se ejecutó el 14 por ciento.

Según el informe elaborado por el bloque de Igualdad Social, el área con mayor ejecución en la ciudad fue el Ministerio de Cultura, donde ya se gastó el 90 por ciento del presupuesto previsto para todo el año, merced a las obras del Teatro Colón, cuya inauguración para el Bicentenario fue prioridad para la gestión. Allí, sobre 98,8 millones presupuestados para construcciones se ejecutaron al 30 de junio 89 millones de pesos.

En el podio le siguieron los ministerios de Ambiente y Espacio Público y de Desarrollo Urbano. En el primer caso, en el rubro construcciones, que comprende pavimentación, veredas y plazas, se ejecutó más de la mitad del presupuesto anual: sobre 365,8 millones de pesos se gastaron 206,4, un 56 por ciento. En Desarrollo Urbano, donde el principal destino de la inversión son las obras pluviales, túneles y puentes, sobre 535 millones presupuestados se ejecutaron 107,3, es decir, un 20 por ciento.

Pese a que el ministro de Educación, Esteban Bullrich, dijo ayer en conferencia de prensa que esa cartera invirtió más que durante las gestiones de Aníbal Ibarra y Jorge Telerman, lo cierto es que los números difundidos por la Dirección General de Contaduría indican que de los 353,9 millones presupuestados para reparaciones y obras nuevas en escuelas de todos los niveles durante todo el año, se habían ejecutado apenas 15,2 millones, el 4,5 por ciento.

“Con estos niveles de ejecución, difícilmente se supere a fin de año el 15 por ciento de la inversión prevista”, dijo Hourest, vicepresidente segundo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura.

El presupuesto para obras en Educación está conformado por los 180 millones obtenidos por la venta de terrenos en Catalinas Norte. De esa cantidad, ya ingresaron a las arcas de la ciudad más de 100 millones. Lo llamativo es que el 7 de julio último, el ministro Bullrich dijo ante una pregunta de este diario sobre los niveles de subejecución, que llevaba gastado ya el 47 por ciento del presupuesto, una cifra que no se condice con las reveladas por la Contaduría y, menos aún, con el estado de los edificios escolares.

Si se comparan las cifras actuales con las del año pasado, en el primer semestre de 2009 el Ministerio de Educación había gastado el 15,5 del crédito previsto para obras en escuelas: sobre un total de 327 millones se habían invertido al 30 de junio 51 millones, el triple que este año.

El ejercicio 2009 terminó con una ejecución del 35 por ciento de lo presupuestado para construcciones en Educación, mientras quedaban paralizadas obras emblemáticas como la construcción del Polo Educativo Saavedra. En el otro extremo, ese año hubo una sobreejecución extraordinaria en Ambiente y Espacio Público (asfalto y veredas): se gastaron 708 millones cuando el presupuesto era de 440, es decir, el 160 por ciento de lo previsto.

“El año pasado el gobierno podía justificar la subejecución con el argumento de la crisis internacional o por la imposibilidad para tomar deuda, pero este año la crisis terminó, la recaudación por impuestos aumentó y pudo colocar los bonos Tango” por los que obtuvo 475 millones de dólares”, sostuvo Hourest.

En efecto, de acuerdo con datos de la Dirección de Rentas porteña sólo por Ingresos Brutos la recaudación se incrementó un 36 por ciento en junio y otro tanto en julio respecto de los mismos meses de 2009. En tanto, los ingresos por coparticipación aumentaron un 42 por ciento en junio y el 36 por ciento en julio.

“La mayor ejecución en algunas áreas y el relegamiento de otras indica cuáles son las prioridades del gobierno de Macri –concluyó Hourest–. Si permitimos que haya subejecución en algunas áreas y sobreejecución en otras se está quebrando el contrato que es el presupuesto.”

25.08.2010

SE COLOCARA UNA BALDOSA  EL PROXIMO JUEVES 26 DE AGOSTO A LAS 17:00 EN LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA – INDEPENDENCIA 3065 DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. CONVOCAN BARRIOS POR MEMORIA Y JUSTICIA ALMAGRO-BALVANERA Y UBA

Antena de telecomunicaciones

En el Parque Avellaneda

En área de protección histórica, y  a menos de 50 metros de dos escuelas.

En la emergencia S.O.S. a los medios barriales. Venga, vean, registren y difundan. Para que a su vez cada vecino pueda llevar a cabo una acción de denuncia y obstrucción a este perverso emprendimiento.

Con un gobierno de la Ciudad, un ministerio de Ambiente y Espacio Público , una Dirección de Espacios Verdes, una Administración del Parque, un CGPC9, distraídos, sospechosamente cómplices, mirando a cualquier lado, … alguna Empresa está empezando a instalar una mega antena para algún mega negocio usufructuando ilegalmente un espacio público relevante y significativo pero abandonado a su suerte por un gobierno que, a sabiendas, no solo no reconoce, sino que resiste a las Leyes 1153 y 3042 de protección histórica y del patrimonio natural y sociocultural del Parque Avellaneda. El actual administrador, Arq. Roque Saccomandi es un simple e ineficaz testigo de los hechos, uno más, del incumplimiento de la Ley que da sentido, razón y cobertura a su cargo. Ayer fue la autopista Perito Moreno un alevoso tajo al Barrio que se llevó una tajada del Parque Avellaneda… Hoy es la herida de una espina clavada desafiando desde su altura a la pequeñez a que ha sido reducido el ciudadano por los mercachifles del poder. Lo de ayer sucedió igual que lo de hoy a plena luz… pero hubo un gran silencio de ignorancia y desinterés. Hoy no va a volver a ser así. No queremos festejar los 100 años del Parque Avellaneda en la humillación de la fragmentación y el abandono.