8.8.2010
El miércoles 11 de agosto la Alameda y el MTE marchan a la Jefatura de la Policía a reclamar a Nestor Valleca que pase a disponibilidad a los miembros de la División de Trata y que se cese la persecusión a la denunciante Nancy Miño a la que se la expulsó de la fuerza y no se le paga el salario.
Mientras en el Congreso se debate en Diputados modificaciones al Código Penal y a la ley de Trata ante el crecimiento de este delito que ya afecta a más de medio millón de personas en la Argentina, una de las causas judiciales que explica con más detalles el funcionamiento sistémico y centralizado de la mafia, permanece congelada, mientras su denunciante sufre represalias laborales y salariales y no cuenta con asistencia, ni protección alguna por parte del Estado a excepción de un policía de provincia en la puerta de su casa.
El 13 de mayo Nancy Miño destapó ante el juzgado federal de Ariel Lijo el funcionamiento mafioso y coimero de la División de Trata de Personas de la Policía Federal, dirigida por el comisario Jorge Omar Fernández. En tres ocasiones y durante más de 20 horas aportó su testimonio, documentación, fotos y copias de causas judiciales en las que demostró que la División de Trata de Personas de la Policía Federal funciona como una asociación ilícita dedicada a coimear y/o regentear prostíbulos; fraguar pruebas ante los juzgados; plantar pruebas con el objeto de incriminar y extorsionar; permitir funcionamiento de prostíbulos o redes de trata a cambio de dinero, etc.
Lo que muchos sospechábamos, es decir, que el órgano supuestamente especializado en combatir la trata en la policía en realidad hacía lo contrario, Nancy Miño lo confirmó y le puso nombres y apellidos: Jorge Omar Fernández; Rodolfo Arregez; Marcelo Fabián Acosta; Luis Alberto Rojas; Claudio Gabriel López; Fabián Edgardo Palmieri; Walter Alejandro Lobera; Manuel Alejandro Dacosta; Héctor Andrés Machado; Daniel Mariano Dulic; Ojeda Mercado; Flavio Souza son algunos de los funcionarios acusados judicialmente por Miño de ser cómplices de una red que encubriría la trata y el proxenetismo y se beneficiaría económicamente mediante las coimas.
Siendo personal administrativo, Miño fue degradada y obligada a realizar tareas de inteligencia y de seguridad dentro de redes de trata e incluso fue coaccionada por sus superiores a ejercer transitoriamente la prostitución. Incluso se le ofreció dentro de la fuerza regentear prostíbulos bajo control directo de la Federal. Cuando advirtió que las pruebas que ella obtenía, lejos de judicializarse, eran usadas para coimear tratantes y proxenetas y cuando se negó a plantar menores en un prostíbulo de Pompeya, Nancy Miño fue pasando de dependencia en dependencia y sufriendo amenazas que la convencieron que su vida estaba en serio peligro. Allí fue cuando se animó a realizar las denuncias.
La denuncia de Nancy Miño fue cubierta por toda la prensa gráfica, radial y televisiva sin excepción. Más de una docena de diputados respaldaron su denuncia y reclamaron formalmente la interpelación al Jefe de Policía. El Cardenal Bergoglio respaldó personalmente a la denunciante. Pocos días después de sus primeros testimonios, el Juez Federal Lijo allanó las dependencias de la División de Trata de Personas de la Federal. Durante dos meses fue custodiada por Gendarmería y luego Prefectura en la sede de la Alameda.
Sin embargo, cuando la repercusión mediática fue menguando, la causa judicial se estancó, sobrevino la feria judicial y desde la Policía comenzaron a iniciarle un sumario a Miño por «abandono de tareas» cuando era obvio que no podía retornar al trabajo mientras continúen los mismos jefes mafiosos que ella había denunciado ante la justicia.
El Juez Federal Lijo, pese a la abrumadora cantidad de pruebas presentada por Miño, muchas de las cuales fueron ventiladas ampliamente en la prensa, no dispuso ni la indagatoria, ni el procesamiento de ninguno de los funcionarios policiales acusados.
El Jefe de la Policía, Néstor Valleca mantuvo la estructura de la División de Trata de Personas de la Federal intacta, como si nada hubiera ocurrido. Más aún, esa misma División participó de algunos allanamientos en la costa e incluso en «cursos sobre trata» en la Pcia. de Bs. As.
El Congreso no avanzó en el pedido de interpelación del Jefe de la Policía, pese a la tremenda gravedad institucional que implica que el personal supuestamente especializado para combatir la trata se dedique a vivir de ella.
Lo que sí avanzó fue la represalia de la Jefatura de la Policía a Nancy Miño que no le pagó más su sueldo desde junio y la dejó cesante, pese a los recursos administrativos y al amparo presentado ante el juzgado federal.
El Ministerio de Seguridad y la Procuración General de la Nación se han llamado a silencio. Y no han reclamado celeridad y medidas en la causa de Lijo, ni han impulsado un programa de protección y contención de testigos. Por el contrario, se corrieron a un costado dejando que Lijo mantenga paralizada la causa, mientras la Jefatura Policial despide a Nancy y le confisca su salario condenándola al hambre.
Nancy Miño cuenta tan sólo con un policía de la provincia en la puerta de su casa. No tiene custodia móvil y es obvio que corre riesgo de vida si camina por la calle. La jefatura de la Policía lo sabe y por eso resolvió cesantearla, confiscarle el salario, a sabiendas de que no puede proveerse ninguna otra forma de sustento y que por otra parte, ella no ha renunciado a la fuerza, sino simplemente reclamado que sean sancionados los funcionarios mafiosos.
Si se permite semejante impunidad y atropello, toda discusión acerca de la trata de personas en el Congreso se convertiría en palabrerío abstracto. Lo concreto es que la mafia enquistada en la División Trata de Personas de la Federal sigue haciendo de las suyas, mientras los buenos policías que denuncian esto son condenados al hambre y al aislamiento.
Por esto mismo, la Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluídos convocan a todos los ciudadanos a acompañar a Nancy Miño y a concurrir, al Departamento Central de Policía a reclamarle al Jefe de la Policía, Néstor Valleca que pase a disponibilidad a todos los miembros de la División de Trata, hasta tanto se esclarezca la denuncia judicial y que deje sin efecto el sumario administrativo que cesantea arbitrariamente a Nancy Miño por el «delito» de haber denunciado las irregularidades de sus jefes.
Se concentrarán el próximo Miércoles 11 de agosto en Belgrano y Entre Ríos a las 18:00 y de allí se dirigirán al Departamento Central de Policía a entregar un petitorio al Jefe de la Policía. Han pedido la autorización correspondiente y pretenden manifestarse pacíficamente por un sólo carril. Hacen responsables al Ministro de Seguridad, Julio Alak y al Jefe de Gabinete Aníbal Fernández de cualquier disturbio que se pretenda generar con el objeto de enturbiar la defensa de los buenos policías que denuncian a las mafias como Nancy y que por eso son perseguidos.
La Ley de trata no se discute sólo en el Congreso. También se discute en la calle y ante hechos tan graves como la denuncia que Miño ha efectuado. Podemos tener la más bonita de las leyes contra la trata, pero si no se sanean los organismos que tienen que implementarla, es igual a nada.
Miércoles 11 de agosto – 18:00 en Belgrano y Entre Ríos y marchan al Departamento Central de la Policía Federal.
