Red de radios

25.4.2023

Este martes la agrupación «Palermo Resiste» llevará a la Legislatura un pedido para pedir la suspensión de los permisos para edificar en la zona para evitar la destrucción del patrimonio local.

El colectivo barrial «Palermo Resiste» presentará este martes en la Legislatura porteña un proyecto que solicita la suspensión de la entrega de permisos de obra en la Ciudad de Buenos Aires con el propósito de «detener la destrucción del patrimonio del barrio y exigir que se regule la ocupación del espacio público».
La iniciativa será la octava de este tipo que ingresaron al Parlamento porteño desde distintos movimientos barriales para frenar la ola de construcciones en altura que comenzó a darse tras la sanción del Código Urbanístico en 2018 que amplió las posibilidades para levantar edificaciones en el distrito.
«A falta de políticas ambientales y de planificación urbana, lxs vecinxs de Palermo decidimos organizarnos para enfrentar esta problemática, con el objetivo de recuperar nuestro barrio, defendiendo nuestra calidad de vida y nuestra historia», adelantaron.
En ese marco, el colectivo vecinal elaboró un relevamiento que demostró que Palermo sumó 180 nuevas edificaciones, unas 80 viviendas fueron demolidas y unas 130 casas están en venta.
Al respecto, indicaron que «este último tiempo vivimos la demolición de muchísimas casas, propiedades patrimoniales, la proliferación de edificios y la desaparición de espacios verdes».
«Además de sufrir el ruido, la ocupación del espacio público, el polvo de las demoliciones y construcciones, la aparición de ratas y serios problemas con los servicios de luz y agua, por falta de planificación», señalaron como parte de su problemática.
Por ello, confeccionaron el proyecto de ley que será difundido mañana en la Legislatura que, según adelantaron, pide la suspensión del otorgamiento de permisos de obra y construcción «hasta que se lleve a cabo un estudio del efecto negativo que el código actual está generando en Palermo».
La semana pasada, vecinos y vecinas que integran el grupo «Amparo ambiental Chacarita» presentaron también una iniciativa para frenar la construcción de nuevas edificaciones en altura tras detectar cerca de 150 terrenos en obra en la zona.
Y meses atrás hicieron lo propio los residentes de Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Santa Rita, Villa Ortúzar; mientras que anunciaron el envío de sus propuestas Almagro y Boedo.

24.4.2023

En 2014 tuvo lugar otro incendio, en ese depósito de la empresa, ubicado en el barrio porteño de Barracas. Ese siniestro destruyó archivos bancarios de grandes empresas. La causa judicial que lo investiga fue elevada a juicio oral.

Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires combaten un incendio que tiene lugar en un depósito de la empresa Iron Mountain. Esto ocurre en el barrio porteño de Barracas. El lugar es el mismo en el que ocurrió otro siniestro del mismo tipo, en 2014. En ese entonces, el incendio destruyó archivos que pertenecían a grandes empresas.
Ese hecho dejó el luctuoso saldo de 8 bomberos y dos agentes de defensa civil fallecidos. Actualmente, la causa por el incendio está elevada a juicio oral. El 12 de abril pasado, por decisión de la jueza Fabiana Palmaghini decidió proceder al juicio oral y público contra 18 imputados. Entre estos figuran directivos de la empresa y exfuncionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control del gobierno porteño.

22.4.2023

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, conjuntamente con organizaciones feministas y de derechos humanos denuncian el acuerdo firmado entre el Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires, presidido por Cynthia Hotton, y el Ministerio de Salud de la Ciudad con organizaciones religiosas y confesionales, explícitamente militantes opositoras al derecho al aborto. «Reafirmamos y exigimos la efectiva separación de las iglesias y el Estado, que se deje sin efecto este acuerdo y se efectivice el cumplimiento de las leyes vigentes. Por otro lado, el 0800 Salud cumple con la función de informar acerca de toda consulta en relación a los derechos sexuales y reproductivos. En ese sentido, si fuera necesario reforzar ese servicio, debería ser ampliado el presupuesto e incrementada su gestión, no derivando hacia organizaciones privadas y, menos aún, a entidades religiosas y confesionales» manifestaron las activistas.

La presidenta del Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires, Cynthia Hotton, anunció la firma de un acuerdo entre ese organismo y el Ministerio de Salud de la Ciudad para que en todos los hospitales públicos porteños se difunda cartelería de un “0800 VIDA”.
Esta línea será atendida por la «Red Nacional de Contención al Embarazo Vulnerable», integrada por “400 instituciones voluntarias” de todo el país “comprometidas con la defensa de las dos vidas”, según se explica en 0800vida.com.ar.
Inmediatamente desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, junto a organizaciones feministas y de derechos humanos denunciaron el acuerdo y exigieron que se deje sin efecto. Según explicaron las activistas mediante un comunicado, la estrategia que desde el discurso se centra en la existencia de la Ley 27.611 de “Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia” conocida como “Ley 1000 días”, de esta forma se privatizan las políticas públicas dejándolas en manos de organizaciones que muestran claramente su afiliación a creencias religiosas y que militan en contra del derecho al aborto.
«Reafirmamos y exigimos la efectiva separación de las iglesias y el Estado, que se deje sin efecto este acuerdo y se efectivice el cumplimiento de las leyes vigentes. Por otro lado, el 0800 Salud cumple con la función de informar acerca de toda consulta en relación a los derechos sexuales y reproductivos. En ese sentido, si fuera necesario reforzar ese servicio, debería ser ampliado el presupuesto e incrementada su gestión, no derivando hacia organizaciones privadas y, menos aún, a entidades religiosas y confesionales» expresaron desde la Campaña.
Asimismo, focalizaron que la implementación de las leyes y de las respectivas acciones de políticas públicas es una responsabilidad del Estado, así como el control y el monitoreo de las mismas deben ser una tarea central de la sociedad civil y llevarse adelante de manera autónoma del Estado. Remarcaron la importancia en la transparencia de los acuerdos, contratos y datos del Estado, exigiendo que estos sean siempre públicos y la información sea de fácil acceso.
«Logramos la sanción de la Ley de IVE, obtenida por la organización, lucha y persistencia de los movimientos feministas, y no permitiremos que nuestros derechos sean controlados ni manipulados por el poder de las Iglesias» finalizaron.

21.4.2023

Por Néstor Espósito

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció penalmente a las autoridades de CABA por el presunto espionaje ilegal a millones de ciudadanos a través del sistema de datos biométricos y la base de datos suministrada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

El fiscal Sergio Rodríguez consideró, tras una investigación de oficio, que “el acceso/consultas a la base de datos del RENAPER por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad del gobierno de la Ciudad de buenos Aires parecería no tener una justificación racional a la luz de los datos aportados, lo que permitiría presumir que esos accesos no estarían justificados por lo que podría calificárselos de ilegales”.
Las consultas se realizaron sobre la base de un convenio firmado entre CABA y el RENAPER en febrero de 2019, cuando ambas esferas estaban en manos de Cambiemos. El ministro de Seguridad y Justicia porteño era Marcelo D’Alessandro. El dictamen de la PIA sostiene que “la existencia de un convenio no legitima cualquier acceso”; por lo tanto, “al no tener un motivo legítimo tornaría el acceso en ilegal”.
La denuncia se basa sobre el artículo 157 del Código Penal, que establece penas de un mes a dos años de cárcel e inhabilitación al funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos. Se trata, en esencia, de la protección de los datos personales, concretamente de la intimidad de los ciudadanos.
“Como ha quedado demostrado, existió una migración en cantidades exorbitantes de datos biométricos desde el RENAPER al Ministerio y/o la Policía de la Ciudad con motivo de las prevenciones efectuadas o para la carga y alimentación del Servicio de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP). Tanto el peritaje como la propia información brindada por el RENAPER dan cuenta de más de 18 millones de consultas de registros existentes en los archivos remitidos”.
El dictamen, de unas 30 páginas, apunta a la responsabilidad penal del Ministerio y a la administrativa del RENAPER. “Luego de un exhaustivo análisis, cabe concluir que no encuentra relación lógica el número de consultas realizadas por el GCBA. Y esto no era un dato que le era ajeno al RENAPER, en cuanto conocían la cantidad de prófugos (no superior a 40.000 registros)”.
El convenio firmado en el último año del gobierno de Mauricio Macri establecía que la Ciudad “sólo podía efectuar consultas cuando desarrolle tareas requeridas por el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial Nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante la etapa de prevención e investigación de delitos de acción pública”.
No hay constancias de requerimientos judiciales, ni de prevención o investigación que involucrara a Enriqueta Estela Barnes de Carlotto, Eduardo Emilio Belliboni, Sergio Alejandro Berni, el camarista Roberto José Boico y la fiscal de la causa Correo Argentino Gabriela Boquín.
Tampoco del dirigente social Ángel Borello; Myriam Bregman; Alejandro Pedro Bulgheroni, Patricia Bullrich, Elisa María Avelina Carrió, Eduardo Francisco Constantini, Eduardo Enrique “Wado” De Pedro, Nicolás Del Caño, Eduardo Sergio Elsztain, José Luis Espert, Dolores Etchehevere, Eduardo Feinmann, Alberto Ángel Fernández, Cristina Elisabet Fernández (226 consultas, la mayor cantidad), Aníbal Domingo Fernández, Marcos Eduardo Galperin, Alejandra Magdalena Gils Carbó y Juan Grabois.
Nada constaba para justificar las consultas sobre el jefe de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández; el policía de la Ciudad desaparecido hace más de cuatro años Arshak Karhanyan; Axel Kicillof, Florencia Kirchner, Máximo Carlos Kirchner, Rafael Klejzer (Director Nacional de Políticas Integradoras de la Nación), Andrés Larroque, Ricardo López Murphy, Héctor Horacio Magnetto, Facundo Manes, Sergio Tomás Massa, Javier Gerardo Milei, Esmeralda Mitre, Gerardo Rubén Morales, Joaquín Miguel Morales (Solá).
En la misma situación están Pablo Hugo Moyano, María Rosa Muiños (Defensora del Pueblo de la CABA), Juan Manuel Olmos (vice jefe de Gabinete nacional), María Hebe Pastor de Bonafini, Paula Penacca, Jorge Gregorio Pérez Companc, Miguel Ángel Pesce, el fiscal Franco Eduardo Picardi, Néstor Pitrola, Julio Juan Piumato, Mariano Recalde, Paolo Rocca, Alberto Roemmers, Alejandro Guillermo Roemmers, Alfredo Pablo Roemmers, Carlos Fernando Rosenkrantz, Hugo Arnoldo Sigman, Vanesa Raquel Siley, Carlos Ernesto Stornelli, Gustavo Fabián Sylvestre, Inés Mónica Weinberg (Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de CABA), Emiliano Benjamín Yacobitti y Eugenio Raúl Zaffaroni.
Son sólo algunos nombres conocidos, en millones de búsquedas, “La cuantía de consultas efectuadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA podría estar afectando la protección de los datos de un sin número de titulares”, conjeturó el fiscal Rodríguez.

¿Para qué querían los datos biométricos?

El dictamen sostiene que hay elementos suficientes que permiten “avizorar la utilización de esos datos obtenidos ilegítimamente para un fin diferente al que originariamente se autorizó. Esa utilización comprendería la comunicación de estos datos a otras áreas de gobierno con fines diferentes al convenido entre el RENAPER y la cartera ministerial del GCBA”.
Por ejemplo, que se “estuvieran utilizando los datos obtenidos de esa base para actualizar el domicilio de los infractores de tránsito y así poder enviarles la multa”. El dictamen consigna, además, que “procuró la foto de uno de los autores del hecho conocido como la ‘violación grupal en Palermo’ para difundir en los medios de comunicación”.
El ministerio que estaba a cargo de D’Alessandro también “consultó los registros de 84 Magistrados (jueces y fiscales) en el marco del convenio de referencia, sin que ello, al menos de conocimiento público, obedeciera a los motivos que habilitaba la cláusula” del convenio.
El documento descarta que las desmesuradas y descontroladas búsquedas hubieran respondido a un fanatismo del gobierno porteño por perseguir el delito. De hecho, parece todo lo contrario, porque durante la pandemia “la comisión de delitos en la vía pública descendió abruptamente en esos meses. Solo basta con revisar las noticias periodísticas que daban cuenta de las estadísticas a nivel global y local, donde se hacía referencia a una baja en promedio del 37%». Esta baja de delincuencia y por tanto de causas de prevención por parte de las fuerzas de seguridad que operan en la CABA debería haber traído su respectivo correlato en la consulta del sistema.
¿Cuál habría sido el efecto esperado de esto, en los informes solicitados por el RENAPER en el marco del convenio? Una baja. Por el contrario, solamente en el mes de marzo de 2020, se solicitaron más de 750.000 datos al RENAPER, triplicando el promedio del año anterior con plena movilidad de las personas”.
La PIA citó como antecedentes las resoluciones judiciales adoptadas en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, donde el sistema fue declarado inconstitucional por la jueza Elena Liberatori. Lo que hizo el fiscal Rodríguez va más allá de eso: es una denuncia penal por la posible comisión de un delito que consiste, básicamente, en entrometerse en la vida privada de la gente, sin justificación alguna y, lo que es peor, sin que esté claro para qué lo hicieron.

21.4.2023

El comisario inspector Gustavo Gauna además explicó que los imputados dispararon sin que sus vidas corrieran riesgos.

El exjefe de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA) que intervino en la investigación del crimen de Lucas González, el adolescente asesinado a tiros en 2021 en el barrio porteño de Barracas, calificó este jueves como «aberrante» el caso y aseguró que los tres efectivos acusados de dispararle «no corrían riesgo de vida como para utilizar sus armas», al declarar como testigo en el juicio que se le sigue a 14 policías de la Ciudad por el homicidio y el posterior encubrimiento.
«Fue un hecho aberrante. Las circunstancias en que muere la víctima es un hecho aberrante y las conductas que llevaron a cabo la dotación del móvil policial deja mucho que desear», afirmó el comisario inspector Gustavo Gauna, exjefe de la División Homicidios de la PFA, actualmente a cargo del Departamento Trata de Personas de la fuerza.
Gauna, quien se desempeñó 15 años en la División Homicidios, fue quien comandó las primeras diligencias en la pesquisa por el crimen del jugador de las inferiores del club de fútbol Barracas Central en el marco de la causa instruida por el fiscal Leonel Gómez Barbella y el juez Martín Del Viso.
En su exposición ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 porteño que juzgan por el crimen los policías porteños Gabriel Alejandro Issasi (41), Fabián Andrés López (48) y Juan José Nieva (37), entonces integrantes de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la ciudad, el jefe policial consideró que éstos «no tenían riesgo de vida como para utilizar sus armas».
El jefe policial fue el principal testigo en la audiencia que, además de Issasi, López y Nieva, tiene como acusados a otros 11 efectivos de la Ciudad. «En mi experiencia como personal policial, si yo no tengo riesgo de vida no tengo por qué hacer uso de mi arma de fuego. A mi entender, el personal policial no corría riesgo de vida», remarcó.
Gauna fue tajante al asegurar que ese 17 de noviembre «no hubo enfrentamiento armado» entre los jóvenes que iban a bordo del Volskwagen Surán y los efectivos que tripulaban un Nissan Tiida, tras lo cual detalló la secuencia del hecho que analizó a través de las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad.
«No se ve una secuencia de enfrentamiento. Incluso, la única cámara que avistaba la aproximación del vehículo policial que intercepta al vehículo Vokswagen está difusa. Está lejana y tapada por una rama», remarcó.
El exjefe de Homicidios recordó que tomó intervención en la causa cuando fue citado por el fiscal de instrucción Barbella, el 20 de noviembre de 2021, tres días posteriores al hecho y que lo primero que hizo fue ese mismo día concretar los arrestos de los policías Issasi, López y Nieva, secuestrar sus teléfonos celulares personales y los que les había suministrado la fuerza porteña.
«El día 22 se pidieron otras diligencias, como el secuestro de documentación, libros y hojas de servicio, y todo lo relacionado al servicio policial del 17 de noviembre», recordó el testigo.
Previo al testimonio de Gauna ante los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, declaró otro agente de la PFA, el principal Gustavo Maciel, quien estuvo a cargo de la coordinación de las cuatro brigadas de la División Homicidios.
El testigo indicó que de los análisis realizados no pudo establecerse que el auto utilizado por los acusados llevara balizas o sirena al momento de la persecución del auto en el que viajaba Lucas con sus amigos Julián Salas, Joaquín Zuñiga y Niven Huanca.
«Acorde a los protocolos de la policía no se puede hacer una persecución sin balizas, debido a la peligrosidad que eso implica. Por eso se identifican con sirenas o balizas. En el video no vi balizas ni la sirena, denominada ´chichón´», afirmó Maciel.
La cuarta audiencia del juicio por el crimen del adolescente de 17 años continuaba con la declaración de más agentes de la PFA y dos vecinos de Barracas que fueron testigos de la detención de los amigos de Lucas y las torturas a las que fueron sometidos por el personal policial instantes después de la persecución y asesinato del adolescente.

El caso de Lucas González

El crimen de Lucas fue cometido en la mañana del 17 de noviembre de 2021, cuando el joven y tres amigos salieron de entrenar en Barracas y se subieron al Volkswagen Suran del padre de uno de ellos para volver a la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde vivían.
Tras detenerse en un kiosco, los chicos comenzaron a ser perseguidos por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comisaría Vecinal 4D, que no estaban uniformados ni llevaban balizas.
Por ese motivo, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos policiales les dispararon y un balazo impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.
De acuerdo con la investigación, tras disparar contra los jóvenes, los policías intentaron simular que se había tratado de un enfrentamiento con delincuentes, maniobra a la que se habrían sumado otros efectivos, que «plantaron» un arma en el auto de las víctimas.
A Issasi, López y Nieva se les adjudica la coautoría del delito de «homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial».
Además, los tres enfrentarán cargos por las «tentativa de homicidio agravado, falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley», en el caso de los amigos de Lucas.
En tanto, otros 11 policías de la Ciudad, también detenidos, están siendo juzgados por el encubrimiento del crimen de Lucas y las torturas las que fueron sometidos los otros chicos.
Se trata del comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 Daniel Alberto Santana (50); el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán (54); el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos (51); el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar (48) y el comisario Juan Horacio Romero (51) y el subcomisario Roberto Orlando Inca (47), ambos de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4.
También llegan a juicio el principal de la Comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas (50); y los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D Sebastián Jorge Baidón (28), Jonathan Alexis Martínez (34), Ángel Darío Arévalos (34) y Daniel Rubén Espinosa (33).
Todos están acusados por «falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas» y, en el caso de Cuevas e Inca también por «falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados».