La gestión de Mauricio Macri continúa recibiendo críticas y reclamos por despidos, falta de pagos y vetos

 

11.2.2010

 

La agrupación Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia repudió el despido de la delegada de la ex – ESMA, Virginia Giusani, y las posteriores amenazas sufridas por tres miembros de la Junta Interna de Sitios de Memoria de ATE.
A través de un comunicado, Herman@s afirman que el cese de actividades de Giusani figura desde el primero de enero, pero ella fue informada de esta decisión recién el 29. Esta misma situación se repitió con los más de mil empleados despedidos por el Gobierno porteño.
A esta irregular situación debe sumarse la amenaza que sufrieron tres trabajadores del área como consecuencia de participar solidariamente en actos de defensa de la fuente laboral.
Los integrantes del Cuerpo Artístico del Taller de Danza del Teatro San Martín dieron a conocer una carta abierta a la comunidad porteña en la que describen la actual situación de la institución.
Los docentes del Taller, algunos con más de 20 años de antigüedad, no cobran sus haberes correspondientes desde noviembre de 2009. A esto debe sumarse que todavía no está aprobado el decreto correspondiente a la planta de profesores para 2010, lo que deja a los trabajadores, a pesar de haberse iniciado ya el ciclo lectivo de este año, ante un futuro cercano incierto.
En este marco, cabe recordar que el Taller de Danza forma desde hace más de 30 años a bailarines y coreógrafos, que luego se desempeñan tanto en el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, como en compañías  independientes y oficiales de todo el mundo. Esta formación, vale aclararlo, es gratuita. Como también lo son las muestras abiertas a todo la comunidad que se realizan durante todo el año en distintos centros culturales municipales y en teatros que integran el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires.
Por otro lado, Mauricio Macri sumó un nuevo veto a su historial. La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) emitió un comunicado en el rechaza el veto parcial, de nueve artículos, efectuado por el Poder Ejecutivo porteño la ley de publicidad oficial, que fue sancionada en diciembre por la Legislatura.
Según señalan en el escrito, “el veto elimina disposiciones sobre transparencia y prohibición de uso propagandístico de la pauta estatal que significaban pasos positivos en relación con el manejo de estos fondos públicos”.
Entre los artículos vetados se encuentra el 8° que prohibía que los avisos oficiales incluyeran “el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con funcionarios del sector público de la Ciudad” o “frases, símbolos, logos y cualquier otro elemento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones políticas”. O el artículo 9° que establecía limitaciones para la emisión de publicidad oficial durante los 30 días anteriores a la fecha fijada para elecciones de autoridades locales, con varias excepciones para casos de necesidad y urgencia.
Una vez más, Macri y sus secuaces PRO demuestran la importancia que para ellos tienen la cultura y los trabajadores.

CABA: Remedios vencidos sin utilizar

 

6.2.2010

 

El legislador Gonzalo Ruanova, de Nuevo Encuentro, alertó que “varios pacientes habían solicitado y se les negaron por no haber stock medicamentos como los que se vencieron en los galpones de la ciudad” y puntualizó a medios radiales que “Contrariamente a lo que afirmó Mauricio Macri, el Gobierno porteño perdió dinero por el vencimiento de medicamentos. Hay dos situaciones bien diferentes que el ministro no explica. Una gran parte de esos remedios no puede ser canjeada como dijo Macri, porque, por el pliego, no se pueden cambiar. Segundo: lo que nosotros constatamos es que había cinco millones de pesos de medicamentos vencidos”.

 

Además explicitó que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires constató que "en los hospitales públicos durante el año pasado le decían que no tenían estos medicamentos, mientas estaban en los galpones y se terminaron venciendo y que tiene nombre y apellido de los pacientes que fueron a pedir medicamentos y les dijeron que no lo tenían. La empresa privada que se encarga de hacer la distribución [UPS] le informó al Gobierno de la Ciudad consecutivamente durante 2009 que los medicamentos se iban a vencer, y el Gobierno no les respondía nada”.

 

Los bloques opositores de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pidieron la presencia del Ministro de Salud porteño Jorge Lemus para expusiera sobre la falta de medicamentos y el hallazgo de medicamentos vencidos en depósitos de la empresa logística UPS SCS Argentina por un valor de cinco millones de pesos.

 

Por su parte, el subsecretario de Salud de la Ciudad, Rodolfo Kirby reconoció la falta de medicamentos, entre los que se cuentan: antibióticos, insulinas y aquellos que se usan contra la hemofilia y resaltó que "no es tan grave lo producido ya que no alteró la salud de nadie".

 

 

 

Despidos, vetos, persecuciones y falta de insumos en hospitales de la CABA

 

5.2.2010


El gobierno porteño despidió a 1000 empleados en lo que va de 2010. La mayoría de ellos se desempeña en hospitales públicos y no fue notificada de esa decisión por lo que continuó trabajando normalmente. La excusa fue la reiteración de ausencias injustificadas. Aparece una vez más la estrategia “los empleados públicos son todos ñoquis”, que se viene utilizando desde el inicio de la gestión.
Por este tema, se realizó esta tarde en la Legislatura porteña una conferencia de prensa de la que participaron representantes de distintos partidos de la oposición en la Ciudad, como así también integrantes de ATE y UTE- Ctera. Allí se repudiaron los despidos y se anunció que el próximo lunes 8 de febrero las organizaciones que integran la CTA realizarán un plenario en el que definirán un plan de lucha, bajo el lema “ni un solo cesante en la Ciudad, basta de políticas persecutorias contra los trabajadores”.
A los despidos, debe sumarse la gravísima situación de los hospitales públicos porteños. Falta de insumos, de personal, problemas edilicios son ya una constante, y la ausencia de respuestas también. Pero a su vez esta semana se supo que en los depósitos de una empresa, contratada por el Gobierno de la Ciudad para distribuir productos en los centros de salud porteños, había una enorme cantidad de medicamentos vencidos.
 

PARA APROVECHAR LAS VACACIONES CON UNA BUENA LECTURA

 

14.1.2010

 

Mauricio Macri y la Pedagogía de la Injusticia

La Política Educativa en la Ciudad de Buenos Aires 2007-2009

Por Pablo Imen[1]

 

“En todas estas políticas debemos achicar la brecha entre el discurso y la realidad. No podemos  seguir conformándonos con estar supuestamente haciendo lo posible.”

Mauricio Macri,[2]

                                      

1. Amodo de introducción

La política educacional se ocupa del análisis de las acciones del Estado en relación a la producción, distribución y apropiación de conocimientos y las certificaciones oficiales.

Si, como afirma la sociología crítica, el Estado (capitalista)  debe resolver las funciones contradictorias de asegurar la acumulación de capital y la legitimidad del orden, la política educativa (como parte de la política pública) se debate entre dos alternativas incompatibles. Una orientada, cuando el Estado privilegia su carácter democrático, a  medidas que contribuyan a la democratización del conocimiento. Otra, opuesta, tiende a la reproducción de relaciones de opresión, desigualdad, exclusión y  exclusivismo.[3]

¿Qué es para nosotros “democratizar el conocimiento”? Entendemos por democratización del conocimiento el conjunto de acciones que plasmen crecientes niveles de justicia[4] que suponen tres aspectos imbricados. Primero,  procesos de redistribución, lo que supone un reparto igualitario de los bienes materiales y simbólicos productos del esfuerzo colectivo del género humano. En educación  implicaría asegurar el acceso,  la permanencia, la reinserción y el egreso en y del Sistema Educativo. Se trata de apropiarse del conocimiento socialmente valioso y significativo a lo largo de toda la vida por parte de todas las personas.  Se trata de la apropiación crítica de saberes que permitan el desarrollo omnilateral de cada persona, potenciando su  capacidad de pensar, sentir, decir, hacer y de constituirse como sujeto de un proyecto colectivo. Conocimientos vinculados a la vida social, para asegurar una comprensión que contribuya a modos de intervención solidarios y emancipadores.

En segundo término, democratizar la educación implica procesos de reconocimiento, esto es,  de defensa del derecho a la diferencia lo que significa que además de “tolerar la diferencia”, tales diversidades son respetadas, estimuladas  y  sostenidas. En materia pedagógica, ,el desafío es imbricar los aportes de las múltiples culturas que coexisten en la escuela: las del contexto socio-cultural, las de los educandos, las de los educadores, las de los especialistas y de toda perspectiva que contribuya a la construcción de una cultura escolar diversa y enriquecida con múltiples miradas y perspectivas. 

En tercer lugar, democratización significa la participación realque supone la capacidad de intervenir en el debate  y en las decisiones de los miembros de la comunidad educativa.

Si iniciamos con este encuadre el artículo es porque nos ocupa y preocupa la respuesta a dos preguntas: ¿cuál es la dirección de la política pública en general y la política educativa en particular de Mauricio Macri? ¿Cuánto se acercan las decisiones del Poder Ejecutivo del PRO hacia la construcción de un modelo de justicia basado en la democratización del conocimiento?

No es nuestro propósito abordar el problema de la política educativa desde una perspectiva conceptual sino más bien práctica.  Comenzamos a escribir estas líneas el viernes 11 de diciembre de 2009, el día  en que Abel Posse asumió la responsabilidad de conducir la política educativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El primer borrador estaba concluido doce días más tarde, cuando el paleoministro presentaba su dimisión al cargo.

El pre-renunciante Mariano Narodowski se despidió  en medio de un escándalo por escuchas ilegales a cargo de prominentes (ex)autoridades de la Nueva Policía de la Ciudad.[5] El ahora ex ministro Posse desplegó una artillería discursiva basada en la reivindicación del terrorismo de Estado, la criminalización de la pobreza, la justificación del gatillo fácil, la condena moral de los más vulnerables, la defensa acérrima de un orden represivo, el desprecio por los jóvenes.

La relación con las organizaciones gremiales docentes que propuso Posse quedó claramente definida cuando declaró a los medios que “Cuando el gremio negocia con los chicos en el medio, es como si  alguien les pusiera un revolver en la cabeza”.Así, Posse sostuvo con franqueza brutal sus concepciones del mundo, y el efecto de su retórica flamígera fue una reacción unánime de gran parte del arco ideológico cuyo piso común es la defensa de las libertades políticas.

Finalmente Macri se vio forzado a pedirle la renuncia, y lo continuará en el cargo el diputado nacional Esteban Bullrich. Este joven político surgió de las filas del partido Recrear creado en 2002 por el ex -radical Ricardo López Murphy y tiene una relación muy sólida con Rodríguez Larreta, jefe de gabinete macrista.

Es oportuno, pertinente y relevante recordar que en el contexto del debate de la Ley de Educación Nacional, Bullrich presentó por el PRO un proyecto cuyo título era “Ley Federal de Educación”, título que da cuenta (como veremos) de su intencionalidad continuista de la política neoliberal-conservadora expresada en la agonizante Ley 24.195 (Ley Federal de Educación, de 1993) y reemplazada por la Ley de Educación Nacional en 2006.

La gestión Narodowski, la fugaz  estadía de Posse y la designación de Esteban Bullrich nos exige desplegar una reflexión acerca de la política educativa neo derechista que viene aplicando el macrismo, antes, ahora;  y después. No sólo para cotejar las similitudes o contrastes entre los ministros sino para captar las tendencias de una política que restaura las concepciones inauguradas con la dictadura genocida y profundizadas en los años noventa, bajo los gobiernos nacionales del PJ y la Alianza.

 

 

2. La Política Pública según el Macrismo

 

2.1. Las palabras y sus supuestos

 

Los discursos con los que  el Jefe de Gobierno abre las sesiones ordinarias de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberían tener el valor de una promesa institucional que el titular del Poder Ejecutivo realiza cada año ante los parlamentarios.

En su intervención en marzo de 2008Macri comienza exhibiendo un video con imágenes sobre una CABA en crisis y diciendo así abre su intervención: “Creo que estas imágenes hablan por sí solas. La pregunta que todos nos deberíamos hacer es cómo llegamos a esta lugar, porque bronca nos da absolutamente a todos (…). Algunos tuvimos más responsabilidades que otros, pero creo que todos debemos aportar para revertir esta realidad”[6]

Y a partir de esa crisis señala la necesidad de reconstruir el accionar del Estado y de lo Público, conceptos a los que va llenando de contenido, siempre desde su perspectiva ideológica: “Proponemos esta reconstrucción a partir de tres grandes ejes: la reconstrucción del Estado, la reconstrucción del tejido social y la reconstrucción del espacio público.

La reconstrucción del Estado implica recuperarlo como instrumento de servicio, de transformación de la realidad y de igualador de oportunidades.”[7]

Lo primero que menciona como aspecto a abordar es la reorganización de los “recursos humanos. Lo primero que tenemos que dejar en claro es que no da lo mismo trabajar que no trabajar.”[8] [9]

Entre las definiciones que establece para el fin de recuperar el Estado plantea la capacitación permanente, la recuperación de los concursos y la carrera pública; la incorporación de tecnología en el gobierno, y “aumentar su capacidad de invertir sus recursos en mejor infraestructura (…) tenemos presupuestado triplicar la inversión pública”.[10]

Dedica parte del discurso a la creación de un sistema único de compras[11]; al control a las concesiones; a las deudas pendientes con proveedores y contratistas y, finalmente, promete facilitar los trámites de los vecinos promoviendo la descentralización.

Esta concepción de recuperación del Estado se orienta, por lo que dice y lo que calla el discurso de Macri, a una concepción empresarial de gestión. No aparece ninguna referencia a la democratización del Estado, sino más bien a la imposición de criterios mercantiles para la gestión de la institución estatal.

El segundo eje de su discurso frente a los legisladores remitió a la  reconstrucción del tejido social.  Para este objetivo señala como primer elemento el “poner a la infraestructura a la altura del desafío, ya que su situación es inaceptable.”[12] Retomaremos luego la idea de que la prioridad es resolver los problemas edilicios de escuelas y hospitales. Afirma que “debemos poner foco en los más chicos. Por eso, a través del Ministerio de Desarrollo Social hemos impulsado el primer censo para saber cuántas personas hay en situación de calle . De esta manera, vamos a poder trabajar con información precisa en el diseño y la aplicación de una política efectiva que ayude a estos chicos y los proteja de la explotación y el abuso.[13][14] El discurso de Macri promete fuerte atención a la salud, especialmente a los programas de infraestructura edilicia y anuncia una “reforma integral del sistema, fortaleciendo la atención primaria y  promoviendo la demorada regionalización sanitaria”.[15]  Veremos luego cómo fueron resueltas estas y otras promesas.

Para la asistencia social se propone extender el programa Ciudadanía Porteña.

El apartado destinado a la política habitacional dice:”También tenemos un desafío inmenso en materia de vivienda social, ya que existe un déficit habitacional de, por lo menos, 300 mil personas viviendo en villas, casas tomadas o, directamente, en la calle. La situación es dramática y debemos encararla con responsabilidad y pensando en el largo plazo. Para agregar dinámica a la construcción de viviendas hemos transferido muchos programas de urbanización a la Corporación del Sur. También estamos trabajando en recuperar la capacidad del IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad)para poder hacer políticas efectivas, cosa que nunca se ha logrado. Desde allí desarrollaremos políticas de vivienda para la clase media.”[16]  El mensaje en este punto es, cuanto menos, ambiguo o ambicioso en la medida en que se habla de una doble prioridad: para los que menos tienen y para los sectores medios. Vistos a la distancia, ambos objetivos fueron abandonados en los hechos concretos.

También se propone un amplio desarrollo cultural , incluido el fomento de las “industrias culturales”.

El último aspecto de su intervención lo refiere a la “gran reconstrucción (…) del espacio público.”[17]  La enumeración de medidas da cuenta de la concepción de espacio públicodel gobierno de Mauricio Macri: se propone recuperar las calles porteñas bacheando los barrios, resolver los problemas de las veredas, el problema de la basura, el aumento y embellecimiento de los espacios verdes, la solución de los problemas de inundaciones; el compromiso de inaugurar en su gestión 41,5 kilómetros de subte, lo que da unos diez kilómetros por año; y pelear por la transferencia de la Policía o, como alternativa, “conformar nuestra propia fuerza policial. En los próximos días, estaré presentando ante la sociedad nuestro plan de seguridad para la ciudad”.[18] Agrega la cuestión de la inseguridad vial y por fin incorpora la figura del vecino, con un enunciado que es al menos contradictorio: “Queremos que el vecino se transforme en protagonista, en un ciudadano responsable, que con sus actitudes transforme el espacio público en un lugar de respeto y que con su creatividad y esfuerzo sea el motor del desarrollo de la ciudad.(…) No nos olvidemos nunca de todos esos vecinos que nos miran y piden que trabajemos por ellos[19].”[20]

La figura del “vecino protagonista” no aspira a integrar a los ciudadanos de la Ciudad a un proyecto colectivo que participen en la formulación, implementación y control de las políticas. Por el contrario, refiere a individuos que deben actuar “responsablemente” y que puedan contribuir a un difuso concepto de desarrollo. Se ve, así, como una concepción de democracia delegativa y formal se desprende de la conceptualización del Jefe de Gobierno. El gobierno y la gestión  que entrevé Mauricio Macri está planteada como la exigencia a políticos profesionales y funcionarios para que actúen en función de las demandas de los clientes-contribuyentes.

El mensaje a la Legislatura del año 2009 comienza con una autovaloración de lo actuado: “Este año de gestión ha sido de mucho esfuerzo y trabajo, y estamos felices de decir que cambiamos la tendencia de años y años de parálisis, desidia e inacción. (…) Caminando las calles, vemos (…) que cada vez más son los vecinos que nos acompañan.”[21]

En este segundo año de mandato se propone “hacer de Buenos Aires una ciudad más vivible (…) y hacer una verdadera ciudad educativa para que un futuro distinto sea posible.”[22] Retomaremos la cuestión educativa en la sección siguiente.

En resumen, en el discurso del ingeniero Mauricio Macri se plasma una concepción de Estado como empresa, políticos como gestores, vecinos como clientes. Estos aspectos  constituyen el trípode de la cosmovisión neoliberal y conservadora del Jefe de Gobierno, y que se traduce en un  proyecto social, político, económico y cultural que asume las formas discursivas que señalamos hasta aquí. Pero si el discurso claramente nos permite vislumbrar una orientación inequívoca hacia una mercantilización de la vida social y una concepción gerencialista de gestión de lo público – que así se privatiza- , veremos que los hechos y las medidas dispuestas por el gobierno entrañan procesos y resultados disonantes de los finales felices que el Jefe de Gobierno promete en sus intervenciones en la Legislatura..

 

2.2. Las medidas y los cosas

 

Veamos algunas de las principales  medidas de Macri, y cuánto se han correspondido con sus promesas discursivas en la Legislatura.

El 29 de noviembre de 2007, unos días antes de la asunción de Macri, la Legislatura había sancionado la Ley de Creación del Laboratorio Estatal de Producción de Medicamentos. En los primeros días de su gobierno – es cierto que aún no había pronunciado el discurso de marzo-  dicha Ley fue vetada en su totalidad bajo unos términos que justifican la medida por razones no ideológicas sino de factibilidad. El decreto publicado el 4 de enero de 2008 explica que : “el laboratorio no resultaba viable en el contexto y condiciones previstas en el proyecto”. Pese a sostener que “el Poder Ejecutivo comparte el espíritu que motiva un emprendimiento de dicha naturaleza, apreciando los beneficios que reportaría la existencia de un laboratorio de las características descriptas en el mentado proyecto de ley”, expresa que el proyecto “contempla un muy amplio espectro de drogas, lo que exigiría contar con una estructura significativa y con recursos técnicos y humanos capacitados para producir tan vasta gama de productos medicinales”. Esta decisión tuvo (y tiene) incidencias fundamentales en el costo de los medicamentos que, obligadamente, deben adquirir los Hospitales Municipales por lo que la decisión gubernamental redunda en un incremento de los precios de la provisión de drogas y medicamentos, a contramano de la retórica macrista de ajuste presupuestario como axioma de la administración gubernamental.

Otra de las primeras medidas de Mauricio Macri fue la decisión de no renovar los contratos de más de dos mil empleados incorporados de manera precaria a las plantillas temporarias de la Ciudad. Esta decisión generó un enorme conflicto social y laboral aunque finalmente se consumó en los hechos. Bajo criterios de dudosa confiabilidad y validez, muchos trabajadores que habían sido durante años contratados bajo modalidad precarias sufrieron en carne propia las inclemencias de las medidas ajustadoras, caras al ideario neoliberal.   Como contrastante decisión, por el decreto  2075/07, el Jefe de Gobierno incrementa la asignación correspondiente a la Jefatura de Gobierno y los de sus ministros. Pasa a percibir desde el primer mes $ 25000, contra los diez mil del Jefe de Gobierno saliente.[23] Los defensores del Ingeniero Macri señalan que este incremento está destinado al pago de asesores. En abril del 2008, por su lado, los funcionarios gubernamentales decretan un nuevo incremento salarial de 19,5%. E incorporó para sus ministros la modalidad de pago de salarios adicionales por eficacia en el cumplimiento de objetivos de gestión.

Otro ejemplo paradigmático de la política pública macrista fue el referido a vivienda. El legislador por el ARI[24] Facundo Di Filippo – en ese momento presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- analiza en una ponencia presentada en una Jornada de Trabajo organizada por la Red Habitat- Argentina- [25]las mutaciones en las políticas de vivienda de la Ciudad. Señala allí que “A partir de la autonomía adquirida por la Ciudad y desde la creación de la Legislatura se han sancionado diversas leyes de vivienda puntuales por barrios o por situaciones específicas.[26] Pese a las innumerables falencias, la Ciudad venía desarrollando políticas habitacionales medianamente consensuadas y como respuesta a los reclamos de los distintos sectores de la población. Esta situación, cambia drásticamente con la asunción del nuevo Jefe de Gobierno Mauricio Macri, que ha desarrollado una gestión donde prima la recuperación del espacio público sobre la garantía del acceso a la vivienda para los sectores de menores recursos. Claro ejemplo de ello lo constituyen los dos desalojos diarios (promedio) que se realizan en la ciudad, sobre todo de los espacios públicos y la traza de la ex au3.”[27]

La enumeración de la acción macrista en materia de hábitat y vivienda revela, dicho brevemente: no innovación o recorte de programas habitacionales estructurales; reducción presupuestaria y subejecución de lo presupuestado; recorte de programas de emergencia habitacional ; y la fragmentación de la política habitacional a cargo de nuevos actores-  Corporación del Estado y una unidad fuera del Ministerio de Desarrollo Económico (UGIS) que hace imposible entender el funcionamiento de la política de vivienda. Uno de los efectos es la ausencia de un política integral. A esto debe sumarse que el Gobierno es el mayor impulsor de los desalojos en la Ciudad, vis a vis  con la decisión de vetar una Ley de Emergencia Habitacional para continuar con su política de desalojos. La situación en las villas, por su parte, revela un estado muy crítico. Los programas de desarrollo habitacional del IVC están paralizados.

Distintos medios han denunciado la represión frente al reclamo en el Instituto de Vivienda de la Ciudad, así como paradigmáticos desalojos violentos como los ocurridos en la “Huerta Orgázmika” – continuado en el Centro Cultural La Sala – en mayo de 2009, o el violento desalojo del Centro Cultural Almagro en agosto de 2009, con decenas de hospitalizados, detenidos y luego procesados por la Justicia.

Debe incluirse a la enumeración la creación de la Unidad de Cuidado del Espacio Público (UCEP) y sus mecanismos paramilitares de represión de los sectores más vulnerables.

En suma, pueden ya comenzar a reconocerse algunas de las directrices de la política de la perspectiva neoliberal-conservadora del macrismo. No se trata de medidas aisladas, sino de toda una concepción de gobierno.

En vivienda (y no sólo allí) , nos hallamos frente a un Estado que desertó de sus responsabilidades en materia de garantías; que propició mecanismos diversos de mercantilización del espacio público y que, frente el incremento de la conflictividad producto de estas decisiones, ha optado por el camino de la represión y la judicialización de la protesta social.

Parecido recorrido puede verse en otras áreas.

La salud ha sufrido un persistente deterioro presupuestario[28], y también de persecución contra funcionarios resistentes a sus políticas predadoras de la Salud Pública. Tal es el caso de Donato Spacavento[29] quién en una columna periodística denuncia que: “El Gobierno de Macri considera que el sistema de salud está sobredimensionado, que 33 hospitales son demasiados para atender a una población que no llega a los 3.000.000 de habitantes, y que la forma de reducirlo es ahogarlo financieramente no dándole los recursos que necesita para funcionar adecuadamente. Inicialmente plantearon no atender a los pacientes que tuviesen su domicilio fuera de la Ciudad. El rechazo en la población que produjo esta iniciativa generó una oleada de críticas que los obligó a cambiar el discurso público. Pero optaron por seguir el camino de comprimir la oferta de los hospitales mediante el incremento de las carencias de personal, de equipamiento y de insumos.[30]

La explicitación de Mauricio Macri que la prioridad en los Hospitales Municipales la tendrán los habitantes porteños y que los de provincia deberán esperar, da cuenta de los fundamentos de la política pública, que presupone mecanismos de discriminación geográfica, sobre la base de una definición: que no hay ninguna posibilidad de garantizar la salud de todos. Esta retórica contrasta con la “exportación de basura” que la Ciudad hace hacia la Provincia de Buenos Aires, lo cual plantea una relación de profunda injusticia.

El análisis de lo actuado en infraestructura revela una notable subjecución en infraestructura social (extensión del subterráneo, obras en salud, educación y vivienda) y mucho mayor cumplimiento en el embellecimiento del norte de la Ciudad.

También despliega de manera masiva la terciarización de funciones antes a cargo del Estado, la provisión de muy rentables servicios de consultoría, y otro largo listado de novedades de signo inequívocamente mercantilizador.

Finalmente cabe consignar la política de Seguridad – el espacio no nos permite extender mucho más los límites de este análisis general de la política pública del PRO- que se expresó en la creación de la Nueva Policía.

Su primer jefe, Jorge “Fino” Palacios, está detenido y procesado por diversas causas, a saber: encubrimiento del atentado contra la AMIA, vinculación con las muertes por la represión policial frente a la pueblada de los días 19 y 20 de diciembre de 2001; así como la acusación de escuchas ilegales para el Jefe de Gobierno Mauricio Macri. Su reemplazante, Osvaldo Chamorro, debió renunciar días más tarde por su implicación con las escuchas ilegales. También está procesado. Y quién asumió este mismo 10 de diciembre a cargo de la Policía de la Ciudad es Eugenio Burzaco, quién asesoró a Jorge Omar Sobish, entonces gobernador de Neuquén, para políticas de seguridad.  Y lo hizo poco antes de que el gobernador neuquino ordenara la brutal represión que terminó en el asesinato del docente Carlos Fuentealba el 4 de  abril de 07.

Una primera conclusión del contraste de perspectivas es que el gobierno de Mauricio Macri ha desplegado una orientación gerencialista, fundada en una cosmovisión mercantil del Estado y clientelar de la política. Se registran flagrantes contradicciones entre las promesas del Jefe de Gobierno y las realidades existentes, los efectos de su política pública han revelado, además de una creciente injusticia, una inusual ineficiencia. “Una Ciudad para Pocos” aparece en el trasfondo del proyecto de Macri. Si el gerencialismo – legitimado con la retórica tecnocráctiva- fue la coartada de la (in)eficiencia; el autoritarismo elitista fue el trasfondo de su accionar pretoriano. Es desde esta concepción que se comprende como el incremento en “obras de  bacheo y embellecimiento de las veredas”, especialmente en la zona norte se combina fatalmente con la represión de los más vulnerables, la reducción del gasto social, el vaciamiento del hospital público y podríamos continuar enumerando verdaderas calamidades que profundizaron la brecha de la desigualdad social y consagraron la inequidad como política de Estado.

En educación estas orientaciones se reproducen en la práctica concreta, tal como veremos a continuación.

 

3. La Política Educativa de Mauricio Macri y Mariano Narodowski

 

3.1. Dichos , promesas y conceptualizaciones

 

Mauricio Macri planteó sus prioridades político-educativas en sus breves discursos de las aperturas de la 1ª sesión ordinaria de la Legislatura, en  marzo de 2008 y de 2009. Su primer ministro, Mariano Narodowski, se anticipó -en febrero de 2008 – con una Carta a los Educadores. Estas fuentes textuales son imprescindibles referencias para comprender, en términos discursivos, hacia donde se proponía ir la política educativa del gobierno de la Ciudad. Por ello nos abusamos de la extensión de las citas porque permiten comprender las justificaciones y contradicciones de esta política educativa (invariante en lo sustantivo en la gestión de Narodowski, Posse y, anticipamos, Esteban Bullrich).

Narodowski plantea en su misiva una preocupación fundamental. Dice “Desde los primeros intentos de las sociedades modernas por montar un sistema de educación sistemática ofrecida a la población bajo la responsabilidad del Estado, la gran pregunta que orientó debates, políticas y  programas fue, invariablemente: ¿cómo enseñar todo a todos? Y si la educación  pública puede definirse como una gran promesa, esta ha consistido históricamente  en el hallazgo de una respuesta eficaz a esa pregunta. Cómo brindar educación al  alcance de todos los habitantes y a la vez lograr –por medio de la educación escolar–  un mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los argentinos, ya sean ricos o pobres, criollos o inmigrantes, hombres o mujeres.[31]

            Agrega que: “Hoy, la pregunta se debe formular en nuevos términos, y con menos ingenuidad,  pues hemos aprendido dos grandes lecciones en esta materia. La primera: que no todos estarán en la misma posición de partida a la hora de acceder a la educación, de  lo que se sigue que estas diferencias deben poder compensarse, sin dejar librado el  éxito sólo al mérito individual en un marco competitivo. La segunda: que a la vez que la escuela iguala en un sentido positivo puede –sin proponérselo– actuar acallando lo  diferente, excluyendo las diferentes identidades que pugnan por ser reconocidas, de lo que se sigue que la inclusión no debe mimetizarse anacrónicamente con aquella finalidad homogeneizante que signó al sistema educativo en sus orígenes.”[32]

            Dos notas marcan la preocupación de Narodowski para que “todos aprendan todo”: la necesidad de apoyar especialmente a los más vulnerables; y la necesidad de asegurar esta igualdad con el respeto a la diversidad. Su política educativa, diríamos, apuntaría en la búsqueda de la redistribución  y el reconocimiento , en términos de lo señalado al inicio de estas líneas.

            El discurso ministerial asume y admite la existencia de realidades diferentes, aunque cabe establecer la imprescindible distinción entre los desigual y lo diverso. En el primer caso, estamos en presencia de una injusta distribución y apropiación de conocimientos socialmente significativos, válidos y que suelen ser monopolizados por un sector minoritario de la sociedad. La diversidad responde al reconocimiento de las múltiples culturas que convergen en la institución escolar. Narodowski es un tanto ambiguo en sus afirmaciones al respecto de la cuestión: “Hoy, incluir significa aunar esfuerzos con los distintos sectores de la sociedad para brindar una educación sensible a las necesidades específicas de cada sector, compensando las desigualdades, facilitando el acceso, la permanencia y el progreso a aquellos que más lo necesiten, desde una lógica de la redistribución. Finalmente, si hemos de actuar compensatoriamente, garantizando justicia  distributiva –función ineludible del Estado– y permitiendo que todos y todas accedan a una educación de calidad sin importar la cuna en la que han nacido, debemos  priorizar el proyecto de cada escuela, pues sólo en ese marco se puede incluir adecuadamente. Es por eso que nuestra premisa es, en este esquema, constituirnos  en soporte de recursos y a la vez como contralor que dé respaldo, seriedad y coherencia a los proyectos de cada institución”[33]

            Acaso resolver las “necesidades específicas” podría leerse como una justificación de la desigualdad, en la medida en que cada sector – que además de ser distinto suele ser desigual- tiene derecho a una cuota parte del conocimiento disponible. En ese marco la afirmación de la “centralidad de la escuela” en detrimento del “sistema educativo” encierra la posible justificación de la deserción estatal y la ampliación en la desigualdad educativa. En otras palabras, el discurso narodowskiano abre aquí una primera brecha de riesgo. Es la convocatoria a la creciente autonomía escolar que amenaza con más fragmentación. De hecho, la retórica de Narodowski casi ha enviado al exilio al término “sistema educativo”, promoviendo una creciente individualización de las escuelas. La consigna últimamente difundida de que “la escuela vuelve a la escuela”, más allá de sus ambiguos y difusos significados posibles, asume como unidad discursiva a la escuela.      En otras palabras: si la escuela es importante para contribuir a garantizar el derecho, el funcionamiento del conjunto de las instituciones escolares es patrimonio de la política educativa y responsabilidad de un Ministerio que debe tomar las medidas y disponer los recursos para que las instituciones funcionen. La apelación de los neoliberal conservadores como Narodowski a la autonomía constituye una coartada para la desresponsabilización del Estado y la culpabilización de los docentes por la evanescente “crisis educativa”.

Otro tema abordado por el ahora ex ministro fue el de la “calidad educativa”. Allí señala que “Referirse a la educación en términos de calidad remite a la cuestión del valor de la educación, que lógicamente admite diversos criterios según  quién asigne dicho valor y con qué motivaciones. Pueden tomarse como referencia los  resultados, acudiendo, por ejemplo, a pruebas estandarizadas; se puede hacer foco  en los procesos, analizando la dinámica propia de todo proceso educativo; o también puede evaluarse la calidad en función de los saberes que se enseñan. Más allá de estas distinciones, que son importantes y resumen muy esquemáticamente los grandes criterios para determinar la calidad, nos interesa destacar un problema específico, actual y muy preocupante relacionado con la calidad educativa: los  procesos de customización o clientelización en las instituciones educativas.”[34]

            Así Narodowski se pronuncia por una escuela a la que “no debe serle despojada la responsabilidad de gestionar los saberes legítimos y socialmente válidos. Esta es su función central, que claramente puede enriquecerse y potenciarse mediante la relación del mundo escolar con el mundo mediático.”[35]

Un núcleo fundamental del análisis lo destina a la relación entre la “familia” y la “escuela”, contraponiendo una visión “civilizatoria” con una “clientelar” de la escuela. “La escuela, desde este modelo, asume el derecho de inculcar a los niños saberes y valores congruentes con su proyecto basado en los intereses nacionales, aun cuando esta “inculcación” arrase con creencias, convicciones y modos de vida diversos. En este modelo “civilizatorio” de alianza, el Estado actúa como garante, procurando que cualquier conflicto de orden cultural que oponga los intereses de las partes, se dirima siempre a favor de la escuela. El segundo modelo es el modelo customizado o clientelar. Bajo la lógica de este modelo (…) el viejo afán civilizatorio de la escuela pretende ser superado y se propone que la escuela “se adapte” a la comunidad y a los niños, y que se gane su lugar de mercancía necesaria y deseada, dando respuestas a la medida de la heterogeneidad que ya no se pretende disolver u homogeneizar sino reivindicar. De algún modo se invierten los términos de la relación y el maestro ya no detenta un poder incuestionable sino un poder relativo que intenta rescatar diariamente. En este modelo, la escuela ya no se alía a la familia para civilizarla, sino que es la familia la que cada vez más presiona sobre la escuela para que ésta se ajuste a sus demandas específicas.”[36]

Entonces, ¿cuál sería la relación aceptable entre escuela y familia? “Ante el dilema (…) cabe entonces pensar en una nueva alianza escuela-familia en la que no predomine la delegación a la otra parte de todas las responsabilidades y culpas, sino un compromiso compartido y recíproco en beneficio de un interés común: la educación de la infancia y la juventud. La responsabilidad última en el sostenimiento de estos términos debe ser de la escuela. Y la obligación de proveer las condiciones (administrativas, financieras) para que dicha relación sea posible, del Estado.[37]

Macri, por su parte, señala en su mensaje a los Legisladores  que “Nuestra primera prioridad debe ser la educación, para que cada chico de esta ciudad pueda desarrollar un proyecto de vida que le permita protagonizar su futuro. Para eso pusimos en marcha el Plan de Infraestructura Escolar (…). Teniendo en cuenta que el 65% de las escuelas están deterioradas, hemos diseñado un plan de mantenimiento de más de 800 obras  hasta el inicio de las clases. (…) Para que nadie pase frío este invierno, estamos implementando un plan de provisión de gas y calefacción a todos los establecimientos que no la tienen y puesta a punto de las instalaciones existentes.”[38]

Así, Macri revela que su preocupación educativa pasa por el tema de infraestructura. Abundaremos luego la distancia entre estas promesas y las efectivas realizaciones que el gobierno perpetró en dos años de gestión. Pero hay otras referencias a la política educativa.

La cuestión que le sigue a los “ladrillos” es la referente a la tecnología y al idioma.[39]

La tercera referencia del mensaje de Macri remite a los docentes. Dice allí que “es fundamental devolverle valor al rol docente, que es aquella figura que representa, antes los alumnos, la autoridad justa, legítima y confiable. El respeto hacia quienes dedican su vida a educarnos debe ser uno de los pilares de nuestras escuelas. Sólo con docentes capacitados y jerarquizados, la educación pública podrá ejercer el rol que la sociedad necesita.[40] De allí que desde esta noción de educación se plantea fuertemente el lugar del docente. Dice Narodowski que una prioridad es “Recuperar el lugar del docente como lugar del saber. (…)Educar demanda asumir un lugar asimétrico, un ejercicio de autoridad bien entendida, cuyo destino no puede ser el miedo, la dominación o el acallamiento hacia la infancia. La escuela actual enfrenta el desafío de resignificar el lugar del docente como lugar del saber y de la autoridad legítima. Y por autoridad legítima entendemos aquélla que encarna la cuota necesaria de Ley que los adultos debemos brindar a los niños y a los jóvenes. (…)La reforma pedagógica a promover es la que permite comprometerse con la capacidad de educar, haciéndose cargo del poder que se ejerce y haciéndolo responsablemente.[41]

A todo esto Macri le asigna a la escuela el rol de la reconstrucción del tejido social, mucho más cuando se trata de educar a los chicos que se encuentran en una situación marginal”[42] Cuando en el discurso a los legisladores pone proa a su “ciudad educativa” reivindica haber llevado Internet a todas las escuelas, el aprendizaje del inglés y el fortalecimiento de la red de contención social. Admite que “en el tema educación ha habido mucha conflictividad, pero somos optimistas y apostamos al diálogo y a que todos pongamos a los chicos en primer lugar. La educación pública y gratuita será siempre una prioridad para este gobierno.”[43]

En resumen, el Jefe de Gobierno y su Ministro dan algunas pautas de la política educativa que se proponen emprender. Los discursos, aunque tienen algunas imperceptibles discordancias, no son contradictorios.

En primer lugar, Macri señala que la política educativa y, más precisamente, la educación pública constituye una prioridad de su gestión. En ese marco, surgen como preocupaciones de su gobierno las cuestiones de infraestructura escolar.

En las relaciones entre educación y contexto, Macri asigna un papel esencial para “reconstruir el tejido social”.

Narodowski en su discurso se hace una pregunta que, supuestamente, orientaría su política: ¿cómo hacer para enseñar todo a todos? Un fondo profundamente democratizador atraviesa ese interrogante. Pero la hilación del discurso lo conduce hacia la autonomía escolar, en la medida en que termina siendo la escuela y su proyecto la garantía de la igualdad educativa. Aunque reconoce el lugar del Estado como garante en última instancia, su discurso no deja de depositar en la institución escolar el problema de la democratización. Lo que hace esta operación discursiva es omitir , por un lado, la referencia a la educación pública como un sistema en la que todas las partes cuentan para asegurar que todos tengan el derecho a la educación efectivizado. Con este borramiento discursivo de la noción de sistema educativo, se produce otro significativo desplazamiento que se revela en la omisión de la política educativa como responsable en primera instancia de los avances o retrocesos en materia de garantías. Narodowski contrasta la escuela tradicional con la escuela-mercancía y propone una nueva alianza entre Escuela y Familia. ¿Y donde queda el Estado?¿Dónde el lugar de su política educativa?¿Dónde las responsabilidades del Ministerio?

En relación a aquello que se entiende por calidad educativa el Jefe de Gobierno refiere al uso de la tecnología y el idioma extranjero como objetivos inherentes a  elevar el nivel educativo. Narodowski es un tanto más esquivo en la definición correspondiente.

Algo que unifica al Jefe de Gobierno y su ministro saliente es la interpelación a los docentes como protagonistas fundamentales para el logro de los objetivos de la educación pública.

En suma, si tuviésemos que caracterizar las orientaciones discursivas de esta política educativa podríamos señalar que apunta a promover la autonomía escolar para lograr la reconstrucción del tejido social, para proveer un proyecto de vida a niños y niños – especialmente a los más vulnerables. Y aquí la escuela asume el lugar fundamental de realización del logro escolar, no el Ministerio- Estado sino la institución individual. Otra elemento del discurso remite a la necesidad de privilegiar una fuerte presencia del Estado para garantizar los derechos de los más vulnerables, atacando los problemas de infraestructura escolar – deteriorada por décadas de inacción estatal- , asegurando por distintos dispositivos la incorporación de todos y todas a la escuela. Y poniendo al docente en el centro del proceso de mejoramiento educativo.

¿Qué medidas se han tomado para garantizar estas definiciones?

 

3.2. La política educativa realmente existente

 

            El discurso oficial deja habilitada así una agenda político-educativa. Vamos a tomar sus núcleos más significativos.

            Un elemento fuerte, como vimos, es la retórica sobre el asistencialismo, medidas que el Estado debía asegurar para proveer los recursos para que los más vulnerables pudieran acceder a sus derechos.

            Un segundo aspecto que especialmente el Jefe de Gobierno recuperó es la importancia de las obras de infraestructura.

            Una tercera cuestión es el trabajo docentey, fuertemente vinculado a él, la dimensión pedagógica.

            Por otra parte queremos referirnos a algunas cuestiones de las que el discurso Macri-Narodowski no hablan: los dispositivos de poderque impulsa la gestión a partir de estilos y mecanismos de decisión.

Vamos a recorrer el camino de las decisiones tomadas.

            El inicio de la gestión estuvo plagado de conflictos.

  • No renovación de contratados del Ministerio de Educación,en el marco de la reducción de más de 2000 agentes que el Poder Ejecutivo decidió excluir de la administración. En ese marco, los docentes contratados comenzaron una ardua batalla por el reconocimiento de sus derechos laborales. El proceso condujo a la sanción de una Ley de Normalización de la Planta Transitoria Docente y No Docente, que fue parcialmente vetada por el PEN pero que implica una admisión de esa problemática.
  • Reducción de becas escolares. Contrastando con su preocupación discursiva por los más vulnerables, el gobierno de Mauricio Macri y su ministro de Educación ha sido la temprana decisión de reducir unas 40.000 becas en su primer año de gestión, bajo el argumento de que muchas becas estaban injustificadas y que , al mismo tiempo, era preciso reducir la cantidad de beneficiarios incrementando el monto para quienes “sí lo necesiten”. La situación generó un rechazo masivo de la comunidad educativa, y el conflicto tuvo impactos institucionales concretos. Esta lucha con el destacado papel que jugó el movimiento estudiantil,  permitió la restitución de parte de las becas anuladas. El conflicto tuvo cauces institucionales y la Legislatura sancionó una Ley que comprometía al Estado en la provisión de las becas necesarias.  Una de las normas cuyo mandato – entre otras muchas- el Poder Ejecutivo incumplió.
  • Cambio en las viandas escolares[44], a partir de un mero cálculo económico. Complementariamente, legisladores de la oposición presentaron denuncias penales contra el Jefe de Gobierno por la provisión de viandas en mal estado para comedores escolares y comunitarios.[45]
  • El hostigamiento contra el Centro Educativo  Isauro Arancibia, constituido para dar educación jóvenes y adultos en situación de calle. El colectivo docente y estudiantil libraron una batalla prolongada contra las medidas que dispuso el ministro y autoridades educativas – incluida la presentación de un amparo ante el Juez Gallardo, la realización de una conferencia de prensa en la Legislatura y otras acciones- que finalmente lograron preservar el proyecto pedagógico a pesar de la hostilidad manifiesta del gobierno. Sus docentes denunciaron que “Hay una clara intención  por parte del gobierno macrista de desarticular todas las políticas de inclusión social. Este Centro Educativo depende del área del Adulto y el Adolescente, a cargo de Leticia Piacenza; quien desde el inicio de su gestión no ha hecho más que obstaculizar el funcionamiento del Centro. Además ha restado horas al Programa Adultos 2000 (terminalidad a distancia de media de adultos); negado la posibilidad de entrada al estatuto del docente al Programa de Alfabetización Básica y Trabajo (que ya tiene 20 años trabajando con personal contratado).  (…)En vez de seguir discutiendo bajar la edad de imputabilidad, de criminalizar la infancia pedimos que se fortalezcan,  impulsen  y repliquen proyectos destinados a esta población. Defendemos este proyecto porque sentimos el compromiso de que se escuche la voz de estos chicos y chicas que siempre han sido postergados, vapuleados, callados e invisibilizados. El Isauro hace que sean visibles, somos sus maestros los que hoy levantamos esa voz y esperamos que toda la sociedad se haga eco.”[46]
  • Puerto Pibes fue un caso igualmente paradigmático. Esta institución que entre otras instancias, cuenta con una escuela a la que asisten mayoritariamente educandos de la Villa 31, fue elegida como sede de la Nueva Policía Porteña, en una cohabitación injustificable entre la cuestionada fuerza policial y jóvenes que viven bajo la amenaza de la represión institucional. Apenas dos ejemplos paradigmáticos de una política que combinó hostilidad y desidia frente a las necesidades de los sectores más vulnerables.
  • La política de infraestructuraes un lugar donde se han condensado las mayores dosis de ineptitud, de injusticia, de irracionalidad y en relación a la cual se han denunciado la mayor cantidad de negociados. Una presentación ante la Defensoría del Pueblo[47] comunica que el Gobierno desarrolla un “modus operandi” en relación a la política de infraestructura. Una presentación ante la Defensoría del Pueblo escribe este modo de funcionamiento. Sobre la pinturaen escuelas  se registran sobrevaluaciones con respecto al precio de mercado que superan el 70%[48], se resuelven por contratación directa, incluye el despliegue de “represupuestación” por falta de oferentes que luego se traduce en un precio aún mayor[49]; se detectaron casos en que se pinta para luego proceder a la realización de obras mayores (lo que tiene como efecto la inutilización del primer trabajo de pintura)[50] y la orden de pintar escuelas que habían sido recientemente pintadas[51]. En relación a las obras en escuelasse informa que cualquier trabajo pasa a “obras mayores”, se impide que las cooperadoras realicen trabajos, se asignan a empresas ad-hoc para trabajos de todo tipo y se imputa una mala resolución de los trabajos. Por su parte, la recorrida por la página Web de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad en Educación da cuenta de la magnitud y variedad de denuncias vinculadas a infraestructura, y no sólo a infraestructura.[52]
  • En relación al trabajo docentehay novedades que – como ocurre con las políticas asistenciales o de infraestructura- tienen escasa vinculación con la retórica ensalzando el respeto a los trabajadores de la educación. Una de enorme trascendencia ha sido la quita de las jornadas de reflexión docente, ámbito indispensable para pensar colectivamente las prácticas pedagógicas más allá del aula y como parte de un proyecto educativo colectivo.            También se registraron cambios en Centro de Pedagogías de Anticipación (CePA) – ámbito de actualización y perfeccionamiento docente.  En 2009 se han quitado de la “oferta” de cursos – entre otros- “A 30 años del Golpe: la represión en el ámbito de la educación”; “Taller de historia oral: relatos de la ‘transición democrática’”; “La Historia Argentina Contemporánea: qué y cómo enseñarla”; “Resistencia, transfiguración y utopía. El teatro y la música frente a las contradicciones de la democracia argentina.” Según docentes afectados por estas medidas, se trató de una decisión que asumió como propia la Coordinadora General del CePA dado que esos cursos “no eran de su interés” y que por tanto serían retirados de la grilla de cursos a dictar. Como contrapartida la División Toxicología de la  Policía Federal es responsable por un curso sobre adicciones. Todo un mensaje simbólico. Concomitantemente con el cierre de esos cursos, se procedió al despido de buena cantidad de docentes de esa institución. Los derechos laborales docentes – que van desde el salario a condiciones edilicias, cantidad de alumnos por aula, críticas a las políticas de actualización y perfeccionamiento, persecuciones públicas y judiciales- fueron conculcados por las medidas tomadas por el gobierno. Frente al aumento de la conflictividad, el Jefe de Gobierno reaccionó acusando a los docentes de “vagos”, lo que amplificó el grado de confrontación con los trabajadores de la educación y sus organizaciones.

 

Unas últimas referencias al modelo de gobierno impulsado por el Ministro Narodowski y su Jefe de Gobierno.

  • Si en febrero había enviado a los docentes una misiva cuyos contenidos analizamos, en el tempranero 3 de marzo emite un memorando, Nº 494.822-DGEGE-2008.- en el que se ordena los siguiente: “Esta Dirección se dirige al Señor/a Director/a a los efectos de notificar fehacientemente a los Señores/as Supervisores/as y Conducciones Escolares que ante los requerimientos formulados por los Medios de Comunicación Masiva, canalizarán la respuesta a través de las Dirección de Educación respectiva con el propósito de que tome intervención la Dirección de Relaciones Institucionales y Prensa del Ministerio de Educación”.  Constituye un modo poco elegante de prohibir que los docentes se explayen públicamente ante los medios. En otro memorando complementario dan más explicaciones acerca de porqué no hablar: “Como es habitual ante el comienzo de los ciclos lectivos, la escuela como figura central de nuestra comunidad, es visitada por diversos medios de comunicación masiva, tanto gráfica como televisiva o radial, que transmiten los diversos aspectos inherentes al funcionamiento del sistema educativo. Sabemos que como máximos responsables de la conducción de cada una de las escuelas, se enfrentan muchas veces en situaciones incómodas frente a los alcances de las demandas de acceso al establecimiento o a las respuestas que se debe brindar frente a las requisitorias periodísticas. Como bien sabemos a nuestras escuelas asisten menores, cuyos derechos debemos tutelar. Como sistema educativo tenemos la obligación de velar no sólo por su integridad personal, sino también por el resguardo de la responsabilidad legal, per

Denuncia de profesionales del “Ameghino”

 

30.1.2010

 

La Asociación de Profesionales del CSM 3 "A. Ameghino" denuncia que "Como viene sucediendo desde que este gobierno asumió, hace dos años, con la artimaña de la transparencia y de la buena administración de los recursos de la ciudad de BsAs, que hasta entonces eran cuantiosos y en tan poco tiempo se han evaporado, en salud, y particularmente en Salud Mental, la administración Macri ha venido demostrando que su politica es el desmantelamiento del sistema".

 

En una nota enviada a la redacción de Los barrios Hablan detallan "Hace ya más de un año venimos denunciando una serie de hechos que culminaron en nuestro Centro, el 17 de Septiembre de 2009, en el desplazamiento de nuestro Director, y bajo la forma de un concurso inexistente, pusieron en funciones a una médica sin carrera ni antecedentes, No tuvieron la valentía de afirmar que fue una designación a dedo, ya que se trata de alguien, según palabras del ejecutivo, que sí es afín a sus políticas".

 

Entre las acciones de su plan de lucha interpusieron un amparo para que "el Ejecutivo suspenda los concursos a Director en todos los hospitales y restituya al Dr. Rubén Slipak a la función de dirección. del CSM No.3 A. Ameghino".

 

Hay que recordar que uez Roberto Gallardo hizo lugar a la medida cautelar diciendo "dentro del acotado y provisorio marco cognocitivo imperante en esta instancia, la cautela requerida debe tener favorable acogida. Ello así, teniendo en cuenta la vital importancia del derecho en juego a trabajar del actor y la infranqueable vigencia de los principios y normativa en materia de derecho del trabajo. Máxime, cuando como en el caso de autos, el decreto nº 791/2009 que dispone el cése del Dr. Rubén Slipak al cargo de Director Médico Interino en el Centro de Salud Mental Nº 3 “Dr. Arturo Ameghino” así como la designación de la Dra. Celina Rene Fabrykant con carácter interino en dicha función, ha sido dictado en el marco previsto por las disposiciones contenidas en el decreto nº 868/08, cuya nulidad e inconstitucionalidad constituye el objeto" de la presentación de la Asociación de Profesionales y agrega "Por lo tanto, toda vez que el decreto 791/09 por el que se declaró la cesantía del Dr. Slipak se basó en el decreto nº 868/08 que establece un procedimiento para la designación de directores y subdirectores médicos del área técnica, administrativa y asistencial con carácter interino podría resultar contrario a las normas que rigen el ingreso y continuidad en la carrera de los profesionales de salud en la CABA requiere mayor detenimiento y prueba. Mientras tanto, parece apropiado decretar la suspensión solicitada con vistas a no privar a la profesional del sustento y dignidad que provee el trabajo….”.

 

Por último, los profesionales de la salud manifiestan "Sin embargo el Ejecutivo no ha cumplido con lo impuesto por ella. Si bien era de esperar tal actitud, en consonancia con las políticas del Sector, ni el Director de Salud Mental –Dr.Alcaìn- ni el Secretario de Redes y Programas –Dr. Tropea- han brindado a esta Asociación una respuesta satisfactoria y consideramos a todos ellos responsables de no hacer cumplir la resolución de un juez.
Hacemos saber por este medio que tal ineficacia mantiene nuestro ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACION y que no daremos fin a nuestro plan de lucha hasta que se haga justicia.
Por nuestros derechos , el de todos los trabajadores de la Salud Mental, y aquellos que nos consultan confiando en el valor de la palabra para atender su malestar psiquico, no permitiremos otro atropello".

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