Red de radios

30.12.2009
 

El Tribunal Ético dictaminó: Cromañón fue un crimen perpetrado bajo el manto del Estado democrático, un crimen en masa, una masacre.

El lunes, más de cien personas fueron testigos presenciales del veredicto al que arribaron los jueces del Tribunal Ético por Cromañón, convocado por sobrevivientes y familiares de las víctimas.
Solo faltaban dos días para cumplirse 5 años de aquel 30 de diciembre de 2004, día en que el incendio del boliche bailable de Once, República de Cromañón, se llevó la vida de 194 jóvenes que murieron por el humo venenoso que bajó desde el techo.
Durante más de cuatro horas se escucharon los testimonios de los amicus curiae (amigos del Tribunal),  peritos, testigos y los alegatos de la Fiscalía y la Defensa. Finalmente el Tribunal integrado por los jueces Adriana Calvo (Asociación de ex Detenidos Desaparecidos) Oscar Castelucci, (padre de Martín, asesinado por un patovica en La Casona) y  Juan Carlos Volnovich (psicoanalista) dictó el veredicto final.
“Este tribunal considera que efectivamente existió una trama, llamada por algunos ‘cadena’ de responsabilidades que provocó la masacre de Cromañón y posterior impunidad, en la cual estuvieron involucrados los acusados, en diferente medida dependiendo de su nivel de responsabilidad. Nos referimos a los funcionarios públicos, los empresarios (organizadores y músicos) los policías y los bomberos. Para los cuales esperamos el acompañamiento de nuestro pueblo  en una amplia condena ética que deberá expresarse en todos los ámbitos de actuación de los responsables”.
El médico psiquiatra Alfredo Grande, que ofició de moderador durante todo el desarrollo de la audiencia, expresó al inicio que “este tribunal se constituye como instancia superadora de la Justica (…)” y que busca “un pronunciamiento colectivo que apunte a cuidar más y mejor la vida”.
El desarrollo del juicio tuvo momentos altamente emotivos, en los que la impunidad arrancó lágrimas de dolor e indignación. 
El video que se proyectó como parte de las pruebas presentadas, trajo las imágenes del horror de aquella noche. Los rostros de muchos jóvenes, 194 de los cuales hoy permanecen en pancartas y carteles, estaban allí. Y Santiago Morales, sobreviviente de la masacre, sintetizó con dos imágenes lo que Cromañón dejó en quienes están vivos: una nueva dimensión que adquirió desde entonces la oscuridad se suma al dolor que se siente en cada crepúsculo donde sobrevienen las imágenes de la muerte.
Vanesa, hermana del joven Luciano Arruga que lleva 11 meses desaparecido, afirmó que existe un común denominador entre ambos hechos: la corrupción institucional y el hecho de que nadie se hace responsable. “Mantengámonos juntos, solo así ganaremos la batalla”, pidió.
Un sentimiento de impotencia y de impunidad  recorrió la sala ante los detalles pormenorizados de Susana Etchegoyen, médica que actuó como una de los peritos de este tribunal.

Explicó que lo que internacionalmente se define como emergencia o catástrofe tiene entre los primeros 20 minutos y una hora, el tiempo en que se produce el 80 por ciento de las muertes. Allí es imprescindible hacer lo correcto para salvar la mayor cantidad de vidas. En Cromañón los hechos se desencadenaron pasadas las 22.30 y el supuesto operativo de rescate “habría dado comienzo entre las 23.10 y las 23.20 (…). El SAME no hizo nada de lo que tenía que hacer; todo lo que pudo fallar, falló”, afirmó.
No se acordonó el lugar; no se delimitó la zona de entrada y salida de ambulancias, se permitió el acceso de personas no autorizadas, no se utilizaron móviles de desplazamiento de las autoridades y profesionales especializados del SAME; no se emplearon especialistas en atención de emergencias; no se identificó ni clasificó a las victimas; se trasladó a jóvenes vivos con otros ya fallecidos incluso dentro de móviles policiales. 
“El modelo sanitario mercantilista, que llegó en los ´90 y se profundizó durante  la gestión de (Alfredo) Stern como Secretario de Salud del Gobierno de (Aníbal) Ibarra en la Ciudad de Buenos Aires fue el marco del sistema de salud en el que se produjo la masacre de Cromañón en 2004”, afirmó.
Por su parte, los abogados de la Defensa, con un gran esfuerzo, tuvieron que recurrir a las palabras del efímero Ministro de Educación porteño, Abel Posse, que habló del rock como “ruido estupidizante” y de las “bandas de música estupidizadoras de los jóvenes”.  Y centraron su línea argumental en la falta de educación y control por parte de los padres, en que la culpa es de “todos” y por tanto no es aceptable culpar a un jefe de gobierno cuanto todos somos responsables.
Durante el juicio expusieron como “amicus curiae”, las legisladoras de la Ciudad, Diana Maffía y Patricia Walsh; los militantes de derechos humanos Graciela Rosemblum (LADH) y Pablo Pimentel. Los peritos que aportaron datos y reflexiones fueron Maristella Svampa (socióloga), Isabelino Siede (educador), Enrique Piñeyro (piloto y cineasta) y Susana Etchegoyen (médica). Se sumaron los testigos Alberto Lebbos (padre de Paulina Lebbos, asesinada en Tucumán en 2006), Gustavo Carabajal (periodista de La Nación), Raul Buganem (padre de Leandro, fallecido en el incendio de Kheyvis), y Santiago Morales (sobreviviente de Cromañón). La defensa estuvo a cargo de los abogados Marisol Gallardo y Eduardo Soares; y los fiscales fueron  Martín Caparrós (escritor y periodista)  y Laura Ginsberg (Apemia)
Cromañón fue un crimen colectivo sin asesinos pero con culpables. Cromañón fue una dosis concentrada de capitalismo salvaje. Cromañón significa decisiones políticas responsables de la muerte.
Pero Cromañón también nos mostró lo mejor de esos jóvenes que en actitud solidaria murieron por entrar y salir varias veces a tratar de sacar a otros de la trampa mortal en que se convirtió el boliche aquella noche.
 

Un juez porteño ordenó a la Secretaría de Comunicación del Gobierno de la Ciudad mantener el plazo de 3 meses para la inscripción al Registro 2010 de Medios Vecinales. Macri había reducido a un mes este plazo a través de un decreto.

En el marco de un continuo “reconocimiento de errores”, como llaman desde el PRO a cada movimiento que tienen que adoptar para deshacer una decisión tomada previamente, esta semana el revés estuvo a cargo de la Justicia.
El juzgado Nro. 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Coordinadora de Medios de la Ciudad de Buenos Aires (CoMeCi) por la inconstitucionalidad de los artículos 5º y 13º de la Ley 2587 y su Decreto reglamentario Nº 933, y por la irregularidad de acortar los tiempos de inscripción y evaluación de los aspirantes a integrar el Registro 2010 de Medios Vecinales.
El Juez Juan Vicente Cataldo ordenó al Secretario de Comunicación del Gobierno porteño, Gregorio Centurión, extender los plazos de inscripción al Registro 2010 – sin que ello genere demoras en las evaluaciones administrativas. Macri, a través del Decreto 933/09 había acotado a un mes (del 1 al 31 de noviembre de 2009) el plazo de tres meses que la Ley 2587 establece (del 1º de junio al 31 de Agosto de cada año). El magistrado declaró que el decreto es violatorio de “una norma superior” y argumentó que “es claro que el texto legal no puede ser alterado por vía administrativa”, además definió que “no es admisible que la autoridad resuelva su propia demora al aprobar la Reglamentación restringiendo los derechos que la Ley otorga”.
Por estos días y después de la sumatoria de adhesiones al amparo de varios Editores de Medios Vecinales y las (desoídas por el Gobierno porteño) recomendaciones de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad como parte de la causa, la Justicia de la Ciudad decidirá sobre el exceso de requisitoria que implica el artículo 5° de la norma que exige a los Medios Vecinales y Comunitarios requisitos de contenidos para formar parte en el Registro de Medios.
En los incisos del artículo 5 se definen que los medios deben: acreditar un mínimo de dos años de antigüedad, contar con la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual e  incluir un mínimo de cincuenta por ciento (50%) de contenido periodístico propio, entre otros requisitos.
De esta forma se excluyen a una cantidad importante de medios que, por ejemplo, por decisión propia no adhieren al registro de Propiedad Intelectual y deciden que su información es un bien común y debe ser compartido sin ser registrado. O, la arbitrariedad que define el requisito de “Contenido Periodístico Propio” y la subjetividad desde donde se valúen los criterios para que las notas sean “relevantes” o “temas de importancia” o información “clara y comprensible a las necesidades del lector”.
Además, la justicia deberá expedirse sobre el Art. 13º de la Ley 2587, que regula la asignación de la pauta publicitaria oficial, definiendo que se pagarán diferentes porcentajes sobre el “valor más bajo del espacio publicitario de toda la página siete del diario pago de mayor tiraje en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, es decir, Clarín.
Y los porcentajes son: el 1% del valor indicado para los Medios Vecinales en soporte papel y de radiodifusión. El 75% de este 1% para los programas radiales de medios vecinales. El 50% de ese 1% para los medios vecinales web.
De esta manera se está cayendo en una “clara violación del principio constitucional de igualdad ante la ley y de las normas que garantizan la libre competencia y la libertad de expresión”, aclara la Asociación Civil Coordinadora de Medios de la Ciudad de Buenos Aires.

21.12.2009

La Justicia porteña hizo lugar a una medida cautelar que solicitaran integrantes de la Coordinadora de Medios de la Ciudad de Buenos Aires (CoMeCi) por la inconstitucionalidad de los art. 5º y 13º de la Ley 2587 y su Decreto reglamentario Nº 933 y por la irregularidad de acortar los tiempos de inscripción y evaluación de los aspirantes a integrar el Registro 2010 de Medios Vecinales

En primer término, el Juez Juan Vicente Cataldo, ordenó a Gregorio Centurión, Secretario de Comunicación del Gobierno porteño, extender los plazos de inscripción al Registro 2010 -Sin que ello genere demoras en las evaluaciones administrativas- ya que la Clausula Transitoria del Decreto 933/09 que acotaba a un mes (del 1 al 31 de noviembre de 2009) es violatorio de “una norma superior” como la Ley 2587 que establece 3 meses de inscripción (del  1º de junio al 31 de Agosto de cada año).“Es claro que el texto legal no puede ser alterado por vía administrativa” argumentó el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 2 y definió que “No es admisible que la autoridad resuelva su propia demora al aprobar la Reglamentación restringiendo los derechos que la Ley otorga…”.

Por estos días y después de la sumatoria de adhesiones al amparo de varios Editores de Medios Vecinales e incluir las desoídas recomendaciones de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad como parte de la causa, la Justicia de la Ciudad decidirá sobre el exceso de requisitoria que dispusieron en el art. 5º del Decreto 933 desde la Secretaria de Comunicación Social -con la anuencia de las áreas de Legal y Técnica y la Procuración de la Ciudad- exigiendo arbitrariamente “Contenido Periodístico Propio” y evaluando subjetivamente criterios de notas “relevantes” o “temas de importancia” o información “clara y comprensible a las necesidades del lector”, una verdadera intromisión en los contenidos editoriales. Además, resolverá sobre el Art. 13º de la Ley 2587 y su reglamentación en clara violación del principio constitucional de igualdad ante la ley y de las normas que garantizan la libre competencia y la libertad de expresión cuando establece como parámetro para calcular el valor de la pauta oficial la página 7 del diario de mayor tiraje en la Ciudad.

17.12.2009

El gobierno porteño envió a la Legislatura un proyecto de ley para vender 36 terrenos del Instituto de Vivienda de la Ciudad, 15 de ellos ubicados en el barrio de La Boca, entre los que se encuentran los terrenos de Casa Amarilla

Distintas organizaciones sociales criticaron esta medida al considerar que ante la actual crisis y déficit habitacional, la falta de espacios verdes, de escuelas, de hospitales y de polideportivos en la ciudad, no puede permitirse la venta de tierras públicas. Aseguran que estos terrenos deben estar destinados a la construcción de viviendas, en lugar de cederse por debajo de su valor para beneficio de empresas constructoras inmobiliarias, amigas del macrismo.
Para repudiar la intención del ejecutivo, para defender los espacios públicos y decidir qué quieren los vecinos que se haga con las tierras de la ciudad, se organizó una asamblea para el martes 22 de diciembre a las 18, a realizarse en los terrenos de Casa Amarilla (Brown y 20 de setiembre). Están invitados vecinos y organizaciones sociales y políticas del barrio y la ciudad.
Entre las agrupaciones que convocan se encuentran Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, MTL Rebelde, La Pulpería, Frente Popular Darío Santillán, Movimiento de Ocupantes e Inquilinos Villas Unidas por la Urbanización, y Coordinadora de Lucha en la Ciudad La Dignidad No Se Privatiza.

17.12.2009

Sindicatos docentes, agrupaciones sociales y políticas, legisladores porteños y los padres de los jóvenes muertos en Cromagnon han conformado un amplísimo arco de rechazo a la designación de Posse.
 

Organizaciones sociales y sindicatos docentes iniciaron una campaña para exigir la salida del ministro. Desde Plaza de Mayo hasta Liniers, a lo largo de la Avenida de Mayo y luego sobre Rivadavia, instalarán mesas de difusión y recolección de firmas de rechazo al nombramiento de Posse.
Además, el viernes a las 18 harán una marcha junto a organizaciones sociales, de derechos humanos y partidos políticos para pedir la salida de Posse, y el sábado próximo a las 11, la agrupación barrial Nueva Comuna continuará con la campaña de recolección de firmas que impulsa la renuncia de Posse, con una actividad central que se realizará en la esquina de la Av. Corrientes y la Av. Scalabrini Ortiz
En tanto, docentes, estudiantes y graduados de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA emitieron una declaración en la que consideran que “Abel Posse no debe ser Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires”.
“Que sepamos, Abel Posse no redactaba directamente los discursos de los genocidas de las Juntas militares de la dictadura de 1976, aunque no se privó de participar en ella desde oscuros rincones. Sin embargo, parece haberse decidido a redactarlos ahora, treinta y tres años después”, dice el documento.