Red de radios

29.10.2009

 

Macri transita su segundo año de gestión desalojando centros culturales, espacios de asambleas, de emprendimientos autogestivos y ahora también de jubilados. Además los docentes porteños le reclaman no solo aumentos de sueldos sino dejar de ser espiados por el aparato de inteligencia de su gobierno

(Mario Hernández) Hoy, por segunda vez, jubilados del barrio porteño de Flores salieron a protestar porque los desalojaron. Reclaman que les devuelvan las instalaciones del centro en el que funcionan desde hace 23 años.
La convocatoria fue durante la mañana en la intersección de las calles Yerbal y Donato Alvarez, barrio de Flores. Allí repudiaron haber sido desalojados hace una semana atrás por el gobierno del PRO. Exigieron que se les devuelva “su” lugar, en el que se encuentran, estudian, se divierten y relacionan entre pares.
A la “Casa del Jubilado Municipal” se le había vencido el comodato en 2004 y desde esa fecha estaban tramitando su renovación, sin llegar nunca a concretarla. La asociación civil que los nuclea cuenta con 1200 socios activos, y realiza sus actividades diariamente de 9 a 19.
Los socios son jubilados y pensionados de todas las cajas que concurren a clases de yoga, gimnasia, salsa, folklore, coro, teatro, taller de la memoria e italiano. También cuentan con una biblioteca.
Pero el pasado 21 de octubre un desalojo administrativo firmado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, dejó en la calle a los jubilados que mantuvieron y mejoraron este centro cedido en los tiempos de la Municipalidad de Buenos Aires, cuando el inmueble dependía del Instituto de Previsión Social de la Ciudad, que estaba a cargo de Antonio Cartañá.
El Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, quien los acompañó en la movilización, declaró: “Esperamos que esta absurda decisión pueda ser revertida porque se trata de un lugar de contención. Recién estaba hablando con una señora de 99 años que concurre desde su fundación. Lo tiene como un lugar de referencia. Cerrado este lugar se convierte en una verdadera diáspora. Muchos terminarán en su casa en soledad y otros internados, así que vamos a hacer todo el esfuerzo y todas las medidas necesarias que ya tomamos desde el punto administrativo y judicial, para que la casa sea reabierta en forma inmediata”.
 

26.10.2009

 

Programa El Reloj – FM Flores (90.7) – Lunes de 19:00 a 20:00

 

ER: El próximo miércoles paran los docentes porteños. Nos gustaría conocer las razones de esta nueva medida de fuerza.

CO:Macri en 2 años de gestión no dio ninguna solución política estructural a la escuela pública. Este año solicitamos un aumento del 25% y sólo fue de 8%, la crisis edilicia continúa, en diciembre vencen 2500 contratos docentes que son imprescindibles y su renovación depende del Ejecutivo. La persecución a la comunidad educativa no comenzó con Ciro James, que es la frutilla del postre; primero prohibieron a los directivos y docentes aparecer en los medios, luego pidieron listas de los docentes huelguistas, en el Danzas 1 pidieron las listas de los estudiantes que marcharon en por el edificio. En oportunidad de la Marcha por la Noche los Lápices, el pasado 16 de setiembre, pidieron las listas de los estudiantes que se ausentaron de los establecimientos. Personalmente enfrento un juicio el próximo 4 de noviembre porque en abril pasado, en el marco del plan de lucha de principios de año, hicimos una clase pública frente al domicilio de Gabriela Michetti. Por ese motivo me levantaron una contravención como responsable, inventando una figura jurídica ya que las movilizaciones no tienen responsables, pero me identifican a mí y pretenden aplicarme el Código contravencional por interrupción del tránsito.

ER:Recuerdo haber estado en la movilización y que la calle Pasco no estaba cortada totalmente, los colectivos pasaban por el costado.

CO:Exactamente, en principio se cortó media calzada y luego yo le dije al comisario que era insostenible, un peligro para la seguridad de la gente, y fue en ese sentido que se terminó cortando. No fue por una decisión sino por la seguridad de la gente.

ER:De acuerdo con lo que estás contando no  fueron los docentes sino la policía la que cortó la calle ante la necesidad de resguardar la integridad física de los manifestantes.

CO: Es más, parte de la calzada ya estaba cortada por los periodistas y por la policía cuando nosotros llegamos. A pesar de esto el fiscal utilizó la jurisprudencia a su gusto y antojo, es contradictoria la forma en que elevó la cuestión a juicio oral pero evidentemente es una decisión política. Hay que judicializar la protesta y castigar a los que la llevan adelante. Tienen una concepción del espacio público como un conjunto de espacios privados y no como un espacio colectivo.

ER:Me gustaría que nos confirmaras una información. En 2008 los docentes intentan instalar una carpa blanca frente a la sede del Gobierno de la Ciudad y allí se produce lo que podríamos llamar el “bautismo de fuego” de la UCEP. Por lo menos el primer hecho represivo que se registra de este grupo de tareas con una dura golpiza a los docentes. Algunos medios han señalado por estos días que la persona que indicaba a quiénes había que golpear era el agente de inteligencia macrista Ciro James.

CO: En realidad es una sospecha. De lo que estamos seguros es de que ese día había infiltrados. No sabemos si eran empleados del Ministerio de Educación porque el ministro Narodowsky utiliza los contratos de locación, como el de Ciro James, de $ 6000 -el más alto, por encima de ese importe no hay-, para espiar a los docentes. En otra movilización, personal de civil que no sabemos si pertenecía a alguna fuerza de seguridad, intentó detener a una docente porque estaba haciendo una pintada en el piso. Ese clima existe, pero no tenemos certeza como para hacer aportes a la Justicia, sino lo hubiéramos hecho acercándole los datos al Juez Oyarbide. Que ha habido infiltrados es seguro.

ER: El 28 también se movilizan.

CO: Así es, a las 11:30 convocamos en Av. De Mayo y Piedras para marchar a la Jefatura de Gobierno donde vamos a hacer un acto en conjunto con UTE-CTERA por el aumento del presupuesto educativo para garantizar un salario inicial no menor a $ 2000 y un aumento de $ 500 al básico.

ER:¿También están exigiendo la renuncia del Ministro de Educación?

CO:Efectivamente. No sólo por lo del espía Ciro James sino por la política de ataque y abandono de la escuela pública. También pedimos la renuncia del Ministro de Seguridad –Montenegro- por las acciones de la UCEP y el nombramiento del ex jefe de la Policía Metropolitana, ‘Fino’ Palacios.

Reclamamos a la Legislatura el inicio de los trámites para un juicio político a Mauricio Macri porque es el máximo responsable de esta situación. Primero armó su propio aparato de seguridad privado, donde estaban Palacios, James y otros nefastos personajes, luego los llevó a Boca Juniors y ahora los trae al gobierno de la Ciudad.

22.10.2009

 

Denuncian que el gobierno de la Ciudad posterga la puesta en funcionamiento de la nueva guardia

Desde la Asamblea de Coghlan y el Consejo Consultivo de la Comuna 12 explican que en 2008 lograron, a través de movilizaciones, que los trabajos se reinicien tras tres años de inactividad.
El problema ahora es que a pesar de los informes producidos por los vecinos a partir de las visitas de inspección que se realizaron a la obra, y de las múltiples reuniones que han mantenido con la dirección del hospital, el Ejecutivo porteño sigue postergando la puesta en funcionamiento de la Guardia.
La situación actual indica que hay pocos médicos y que la mayoría son contratados y mal pagos. A esto debe agregarse que el personal no recibe capacitación específica para la tarea de orientación y contención del paciente y trabaja bajo presión y con escasos recursos.
Ante esta realidad, los vecinos convocan para mañana, viernes, a las 11 a la puerta del hospital, Monroe 3555, para exigir la puesta en marcha de la nueva Guardia del Pirovano.

15.10.2009

El juez Norberto Oyarbide llamó a indagatoria a Ciro Gerardo James para que explique por qué y para quién hacía tareas de espionaje y cuál era la función por la que tenía un contrato con el Ministerio de Educación de la Ciudad.
En distintos allanamientos realizados en la casa de James, se encontraron los contratos de 2008 y 2009 por 57 y 72 mil pesos respectivamente, por “servicios” prestados a la cartera educativa porteña.
Lo investigado hasta el momento es en el marco de la causa por espionaje ilegal sobre un empresario (Carlos Ávila) y sobre el esposo de una de las victimas de la AMIA (Sergio Burstein).
Desde la Asociación Docente Ademys manifestaron su preocupación por esta situación y aseguraron que de esta manera se está demostrando a qué se destina el dinero del presupuesto de Educación, y así se explica por qué luego no alcanza la plata para cubrir las demandas genuinas de la comunidad educativa.
Los representantes de Ademys recordaron también que durante las jornadas de paro por aumento salariales y mejoras en las condiciones laborales, el ministro de Educación porteño, Mariano Narodowski, había solicitado los listados de los educadores que habían adherido a las medidas de fuerza. Se ve que el espionaje empezó hace rato.

Sábado 17 de Octubre 10 a 19 hs.

IMPA

QUERANDIES4290 (entre Pringles y Rawson)

10.10.2009

         

Estimados compañer@s:

           

Los invitamos a analizar y debatir el estado de situación del patrimonio público privatizado y a compartir la elaboración de iniciativas tendientes a la recuperación y gestión pública de las empresas estatales.

 

Al colapsar la convertibilidad y decretarse la devaluación de la moneda se dictó la Ley de EmergenciaEconómica Nº 25.561 que otorgaba diversas herramientas para encarar una revisión integral de los contratos y reducir las tarifas suprimiendo los innumerables privilegios (dolarización de tarifas, ajuste a la inflación de EE. UU., entre otros)  que habían beneficiado con rentas extraordinarias alas empresas. Se abrió entonces un proceso de renegociación de 63 contratos en las áreas privatizadas de energía, transporte, telecomunicaciones, agua y servicios postales para analizar el cumplimiento de los contratos y la ecuación económica financiara de cada empresa, previo al otorgamiento de incrementos tarifarios que debían considerar previamente las capacidades de pago de la población.

 

Frente a la devaluación, las empresas privatizadas presionaron por exorbitantes incrementos tarifarios tendientes a recomponer sus tasas de ganancia para lo cual reclamaban también un seguro de cambio para hacer frente a su deuda dolarizada. Amagaban con abandonar el país y varias se declararon en convocatoria de acreedores, también amenazaban con futuros cortes de servicios o bien directamente aplicaron cortes de suministros. La mayoría de las empresas recurrieron al CIADI, centro de arbitraje internacional del Banco Mundial que oficia como tribunal, apelando a Tratados Bilaterales para la Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras firmados por la Argentina, para lograr compensaciones y subsidios directos o indirectos para recomponer sus rentas extraordinarias.

El gobierno de Kirchner, planteó inicialmente finalizar el proceso de renegociación de los contratos para poder determinar la razonabilidad de un incremento de tarifas. Sin embargo, al mismo tiempo que el Senado aprobaba la anulación de las leyes de impunidad, daba media sanción al proyecto que facultó al Gobierno a “flexibilizar” aquellos aspectos normativos que protegían los intereses populares y volvió a delegar superpoderes extraordinarios al Ejecutivo, para renegociar las concesiones por vía rápida, otorgar a cuenta de “los acuerdos definitivos” aumentos tarifarios, modificar los contratos de concesión o licencia, la adecuación temporaria de estos y los marcos regulatorios fijados por ley, según su entender sin estar obligado a un debate público, ni parlamentario.Finalmente, la normativa aprobada por ley 25.790 cercena facultades constitucionales del Parlamento, al otorgar un breve plazo de 60 días al Legislativo para que se expida sobre los contratos, prácticamente a libro cerrado y en caso de que no trate el tema en dicho plazo  los contratos se dan por aprobados, en forma ficta.

 

El gobierno a través de la Unidad Renegociadora (UNIREN) convocó a diversas audiencias públicas para renegociar los contratos donde se plantearon otorgar los aumentos de tarifas (primero a grandes usuarios y pymes y en una segunda etapa a los usuarios residenciales) por las cuales presionan las concesionarias y condonar y/o reprogramar deudas a cambio de suspender y posteriormente retirar las demandas contra el estado nacional presentadas en el CIADI. Las audiencias no son vinculantes, se convocaron en lugares poco accesibles y tuvieron escasa participación. Las decisiones que finalmente se concretaron en diversas actas acuerdos donde se renegociaron los contratos favorecieron y ampliaron aún más las prerrogativas que beneficiaron a las empresas privatizadas. En el proceso renegociador no participaron las organizaciones populares y se desconocen datos básicos. Se han definido revisiones contractuales e incrementos tarifarios sin conocer los reales costos de producción alegados por las privatizadas.

 

La disyuntiva planteada recientemente con los tarifazos, entre la continuidad de los subsidios a las empresas privatizadas y los incrementos tarifarios tendientes a eliminar los primeros en función de reducir el déficit fiscal para obtener recursos para pagar la fraudulenta deuda externa, revela una vez más la ausencia de alternativas que respondan a los intereses de nuestro pueblo. No se han exigido metas de inversiones y expansión de los servicios a las concesionarias y no se ha planteado la recuperación del control público sobre la renta de recursos estratégicos no renovables. Falta incorporar al actual proceso de revisión unas 200 concesiones entre los que se encuentran las productoras y generadoras de petróleo y energía. Los incumplimientos flagrantes de estos contratos por parte de las petroleras ameritan que se les retire las concesiones, pero no han sido objeto de revisión y han sido favorecidas con extensiones de contratos fraudulentos.

 

Las organizaciones sociales que venimos trabajando sobre la problemática de las empresas privatizadas consideramos importante analizar el estado actual de situación principalmente para encarar propuestas de acción sobre el control de estos servicios públicos y  para buscar alternativas de gestión pública de estas empresas estratégicas para que respondan a las necesidades populares y a un modelo de desarrollo soberano y sustentable.

 

            Esperamos contar con su presencia y los saludamos fraternalmente.

 

 

Sábado 17-10-09

 

10.00 hs

Introducción

Balance del estado de las renegociaciones con las concesionarias y licenciatarias de empresas de servicios públicos privatizadas. Cambios en la tenencia accionaria. Rescisiones de contratos y características de las nuevas empresas estatales.  Subsidios y Tarifas Escenarios futuros

Los juicios pendientes ante el Ciadi.

  

11.00 hs.

Mesa de Comunicaciones:

Correo Argentino. Víctor Jerez ex Srio Gral de Fejeproc.

Mesa sobre Energía: 13.30 hs.

Petroleras y Gasíferas, Felix Herrero MORENO

Entes Reguladores y situación Tarifaria

  Eléctricas. Gabriel Martínez de FETERA

  Gas. Rubén Ruiz APJ

 

. Mesa de Transporte: 15.00 hs.

           Ferrocarriles Raúl Surroca. Auditor

           MONAFE Dante Miranda y Ramón Duarte

             

. Mesa de Agua: 16.00 hs

Marco Regulatorio de Agua sobre la concesión de AySA. Las nuevas empresas de agua y saneamiento con mayoría estatal.

Mónica Colman Foro en Defensa del Río de la plata y su Ecosistema

Alberto Muñoz. Usuarios y Consumidores Santa Fe

 

. Reflexiones respecto al proceso de estatizaciones de empresas privatizadas. Alternativas del control ciudadano y popular. Propuestas de gestión alternativas. 17 hs.

 

Plenario 18.00 hs.

 

Cierre 19.00 hs.

 

Convocan:

Foro por el Pensamiento y la Construcción Social. Comisión de Recursos Estratégicos

Movimiento Nacional Ferroviario (MONAFE)

Comisión por la Recuperación de las Empresas Privatizadas