COMUNICADO DE PRENSA

31.10.2009

 

 

EUGENIO BURZACO Y EL "FINO" PALACIOS. EL JUEGO DE LAS MÍNIMAS DIFERENCIAS.

           

Después de la renuncia del jefe de la Policía Metropolitana “Fino” Palacios y ante la clara vinculación del subjefe Chamorro con el espía James, otro policía federal reciclado al servicio del macrismo, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri ha optado por elegir como nuevo jefe policial a un hombre que según su curriculum no prestó servicio en la Federal, Eugenio Burzaco.

Dado que se trata de un diputado nacional del PRO, no es ninguna sorpresa que se oponga a los métodos anticonceptivos de emergencia, que busque restringir la educación sexual a los jóvenes, que se oponga a toda ampliación de las causales de aborto no punible, que se haya opuesto a la re-estatización de las jubilaciones, que haya presentado proyectos contra Cuba y Venezuela y muchos etcéteras más.

Burzaco (con el empresario De Narváez) son además los creadores e impulsores de un pretendido “Mapa de Inseguridad” virtual de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, de nula seriedad estadística o metodológica (a la falta absoluta de control sobre los datos volcados se suma el encuadre de denuncias donde no se menciona ningún herido como lesiones u otras irregularidades similares).

Entre los proyectos legislativos que presentó en materia de seguridad se incluye uno (2627-D-2008) cuyo autor original fue Jorge Vanossi (ministro de Justicia duhaldista que trató de proscribir las organizaciones piqueteras en vísperas de la masacre del Puente Pueyrredón), que permite imponer penas de cárcel a los niños de 14 años (y aún menores, siempre que los delitos se les atribuyan recién cuando lleguen a esa edad, según surge de la lectura de los artículos 1º y 34 inciso a) del proyecto).

Su vinculación con los Estados Unidos de Norteamérica y las posiciones que allí sostienen los sectores más reaccionarios: en 1996 Burzaco fue asesor (en materias como “marcos regulatorios, privatizaciones y reformas de la administración Pública en América Latina”) del representante republicano por Arizona Jim Kolbe, quien actualmente se desempeña en Kissinger McLarty Associates, la consultora internacional de Henry Kissinger.

Burzaco ha sido creador o integrante de numerosas fundaciones. Se ha desempeñado entre 1998 y 1999 como Director Ejecutivo del Think Tank, coordinador de todas las tareas de investigación, creador y responsable del Área Seguridad y Justicia de la Fundación Grupo Sophia, integrante de la llamada Red Interamericana para la Democracia, que pretendía impulsar la participación de la sociedad en el ALCA; Vicepresidente de la Fundación PensAR desde 2008 hasta la actualidad; fundador y Presidente de la Fundación FUNDAR – justicia y seguridad, desde el 2003 hasta la actualidad (al buscar la página de esta última aparece la de PensAR, integrada por referentes macristas y sus aliados); Coordinador de Seguridad y Justicia de la Fundación Creer y Crecer (presidida por Mauricio Macri). La Fundación Atlas, impulsora del liberalismo a ultranza, premió en 2005 (en Miami a un libro de Burzaco y a su Fundación Fundar – Justicia y Seguridad.

También ha trabajado en forma directa para empresarios, durante los años 2000 a 2002, como Director de Nuevos Emprendimientos, General Manager y Responsable en Argentina de los análisis, elaboración y concreción de proyectos en el rubro de medios de comunicación para ADSHEL y su empresa controlante Clear Channel Communications, Inc., que en ese entonces era propietaria o controlaba la programación de más de mil cien estaciones de radio en diversos países.

La posición de Burzaco sobre los piqueteros ha quedado reiteradamente expuesta por sus columnas de opinión en el diario “La Nación”. Por ejemplo, el 19 de marzo de 2004 en la nota titulada “La extorsión piquetera”, exigía al Estado que actuara “persuadiendo al 8% restante (de la población, que según él aprobaba los piquetes) a manifestarse dentro de la ley”. No es casualidad que uno de los roles oficiales de la UCEP sea persuadir a los indigentes de que se retiren de los espacios públicos, ya que Burzaco reclamaba precisamente que se reprimiera. El 4 de enero de 2004, en la nota “Piquetes en la autopista del subdesarrollo”, el designado jefe de la Metropolitana dedica un párrafo entero a lamentar que la palabra represión tenga “connotaciones trágicas, tantas imágenes de la represión ilegal que todavía duelen”, ya que “cuando se violan leyes, o no se cumplen órdenes emanadas de la autoridad legal la acción inevitable (…) se denomina "represión del delito"”. En “Piqueteros y violencia”, del 19 de noviembre de 2003, Burzaco llegaba a afirmar que las acciones de los piqueteros, a quienes trata a la vez de chantajistas y vícitimas del clientelismo, negándose a reconocerlos como sujeto social con cierto grado de autonomía, “nos hacen (a él y sus compañeros de ideología) sentir desamparados”, porque “Se evita (…) encarar una política de Estado integral en materia de seguridad, que es la única manera de empezar a revertir la actual ola de delitos y violencia”.

Con respecto al terrorismo de Estado, Burzaco ocasionalmente se refiere a la “represión ilegal”, pero evita reconocer el carácter terrorista de la última dictadura y reiteradamente se ha expresado en contra de la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos hasta 1983.

Por ejemplo, en los fundamentos del pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el retiro de la propuesta de ascenso para el general de brigada Gonzalo Palacios, compartido con otros diputados, se afirma que “la actual administración del presidente Kirchner parece empeñada en profundizar los enconos y enfrentamientos de la década del setenta, con el agravante de estimular la divulgación de una versión parcial de nuestra historia contemporánea” y “distorsionar la verdad histórica”, cuando se debería “aventar enfrentamientos estériles ya que no progresaremos manoseando nuestras cicatrices, divulgando verdades sesgadas, que impidan avanzar hacia la definitiva reconciliación y unión nacional”. En los fundamentos del proyecto de resolución 2832-D-2006, sobre el funcionamiento de los liceos militares fuera de la orbita de las Fuerzas Armadas, Burzaco alude a “los fantasmas perseguidos de la dictadura militar”.

El proyecto de ley de “Régimen de prevención y sanción del terrorismo”, 1817-D-2006, firmado entre otros por Burzaco, define y sanciona con penas de hasta veinticinco años de cárcel (si no hubiera ninguna víctima) o cadena perpetua (si falleciera alguna persona) una larga lista de “delitos terroristas” que son equiparados a los delitos de lesa humanidad, entre los cuales se incluye “amenazar con la comisión de un atentado violento contra el local oficial de un diplomático, poniendo en peligro su integridad física o libertad”. Para Burzaco, que considera violentas las movilizaciones piqueteras, convocar a un repudio a un funcionario extranjero podría ser entonces un delito de lesa humanidad imprescriptible e imposible de encuadrar como hecho político, mientras que el terrorismo de Estado no debe ser obstáculo para una “definitiva reconciliación” 

El proyecto permite la utilización de agentes encubiertos a los que se garantiza la impunidad por los delitos que puedieran cometer -siempre que fuera “para evitar un mal mayor”-, regula los “Colaboradores de la Justicia” –llamados “arrepentidos” en otros proyectos-) y los informantes o confidentes a sueldo. La causa AMIA, que De la Rúa usó como excusa para aprobar la “ley del arrepentido”, demostró que estos instrumentos, lejos de ser útiles para investigar, sólo sirven para encubrir los hechos.

Por último, el 19 de septiembre de 1999, en la nota “Rehenes de la violencia”, publicada en el diario “La Nación”, Burzaco se refirió a la masacre de Ramallo (que el califica como “tragedia”, atribuyéndola a “delincuentes y policías, unos con el afán de quebrar la ley y otros por la ineficiencia en el modo de aplicarla”, negando el eje de ese hecho: los policías bonaerenses intervinientes no mataron por ineficacia, sino porque trataron de aniquilar a rehenes y secuestradores para esconder su participación en el crimen.

En definitiva, Burzaco es un hombre vinculado a los Estados Unidos y a las grandes empresas, que busca el cierre de las causas contra el terrorismo de Estado (el cual no reconoce como tal), desea imponer penas de cárcel aún a niños que hubieran cometido un delito cuando eran menores de 14 años, favorable al uso de agentes encubiertos, arrepentidos y confidentes, que cree necesario reprimir a los piqueteros. Los lectores quedan invitados a descubrir las diferencias con Palacios. No valen la edad ni la falta de uniforme.

 

 

CADeP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo)

 

LADH (Liga Argentina por los Derechos del Hombre)

Más de lo mismo

29.10.2009
 

El nuevo candidato a ocupar la jefatura de la policía porteña es un PRO – represión

Macri confirmó que el actual diputado Eugenio Burzaco asumirá como jefe de la Policía Metropolitana. Esto generó una fuerte denuncia que vincula al diputado con la muerte del maestro neuquino Carlos Fuentealba.
Luego que el gobierno porteño oficializara dicha acción, desde frentes opositores sacaron a la luz la relación de este con el ex gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch.
Burzaco, referente en materia de seguridad de la fundación macrista, Creer y Crecer, era el asesor en asuntos de seguridad de Sobisch cuando el gobernador buscaba controlar la escalada social que crecía en su tierra, con los docentes como punta de lanza. La medida tomada fue la represión, y de los choques y enfrentamientos, el resultado fue la muerte de Fuentealba.
 

Paro y campaña de los trabajadores de Subterráneos

29.10.2009
 

 

Los trabajadores del subte pararon hoy a partir de las 19 y hasta la hora de cierre del servicio. Esta medida de fuerza, que no es la primera de esta índole, es para reclamar que el Ministerio de Trabajo de la Nación le otorgue la personería gremial al nuevo sindicato que han constituido.


En dos meses, cuatro fueron los paros que los trabajadores debieron realizar para que su reclamo sea escuchado. Hoy, a segundos de comenzada la medida de fuerza, se acercó a la Estación Constitución un grupo de integrantes de la Unión Tranviaria Automotor, sindicato del que los empleados no quieren depender más; y al igual que en paros anteriores comenzaron a provocar con cantitos y empujones.
Es en este sentido que los trabajadores iniciaron una campaña nacional e internacional para pedir la solidaridad y el apoyo a la Creación de un Nuevo Sindicato de los Trabajadores del Subte de Buenos Aires.
En un comunicado, explican que hace más de un año (setiembre de 2008) hicieron la presentación formal para que el Ministerio de Trabajo cumpla con su función administrativa de dar registro al nuevo sindicato que democráticamente han creado.
Sin embargo, se preguntan por qué el Ministerio no cumple con la Ley de Asociaciones Sindicales.
Esta norma, en su artículo 4º determina el derecho de los trabajadores a constituir libremente y sin necesidad de autorización previa, asociaciones sindicales. Y en el 22º dice que una vez presentada toda la documentación ante la autoridad administrativa, ésta tiene 90 días para dictar la resolución que autorice la inscripción del nuevo sindicato.
Además, en el mes de febrero pasado los trabajadores del Subte realizaron un plebiscito para decidir si armaban un nuevo Sindicato: la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP).  Los resultados de la elección indicaron que el 99 por ciento, de los 1774 trabajadores que participaron, votaron a favor.
“Esta determinación se tomó en base a las facultades que nos brinda la legislación vigente (Ley Nº 23.551 de Asociaciones Sindicales), el reciente Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Convenio Nro. 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, que avalan la posibilidad de crear por parte de los trabajadores su propia organización sindical”, dicen en el comunicado.
La decisión de tener un nuevo sindicato se debe a que desde el año 2000, cuando los trabajadores eligieron un cuerpo de delegados que representaba los intereses de las bases, comenzaron los problemas permanentes con el sindicato que hasta ese momento monopolizaba la representación gremial, la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
“A partir de ese momento sufrimos desde la continua falta de respaldo a las medidas decididas democráticamente en asambleas hasta todo tipo de violencia – amedrentamientos, persecuciones, matoneadas y agresiones físicas- como fueron los hechos de público conocimiento en el hotel Bauen cuando intentábamos realizar una conferencia de prensa. Incluso el viejo sindicato intentó en agosto del año pasado expulsar a nuestros delegados, cuestión que el Ministerio de Trabajo impidió”.
Los trabajadores tuvieron varios logros durante estos años de lucha: La estabilidad laboral -hace más de 10 años que no hay despidos en el subte-, la jornada de trabajo de 6 horas por realizar un trabajo insalubre que se había perdido cuando se privatizó el servicio, terminar con la tercerización de sectores, crear 1500 puestos de trabajo y mejorar la capacidad adquisitiva del salario.
 

Desalojo de Centro de Jubilados en el barrio de Flores

29.10.2009

 

Macri transita su segundo año de gestión desalojando centros culturales, espacios de asambleas, de emprendimientos autogestivos y ahora también de jubilados. Además los docentes porteños le reclaman no solo aumentos de sueldos sino dejar de ser espiados por el aparato de inteligencia de su gobierno

(Mario Hernández) Hoy, por segunda vez, jubilados del barrio porteño de Flores salieron a protestar porque los desalojaron. Reclaman que les devuelvan las instalaciones del centro en el que funcionan desde hace 23 años.
La convocatoria fue durante la mañana en la intersección de las calles Yerbal y Donato Alvarez, barrio de Flores. Allí repudiaron haber sido desalojados hace una semana atrás por el gobierno del PRO. Exigieron que se les devuelva “su” lugar, en el que se encuentran, estudian, se divierten y relacionan entre pares.
A la “Casa del Jubilado Municipal” se le había vencido el comodato en 2004 y desde esa fecha estaban tramitando su renovación, sin llegar nunca a concretarla. La asociación civil que los nuclea cuenta con 1200 socios activos, y realiza sus actividades diariamente de 9 a 19.
Los socios son jubilados y pensionados de todas las cajas que concurren a clases de yoga, gimnasia, salsa, folklore, coro, teatro, taller de la memoria e italiano. También cuentan con una biblioteca.
Pero el pasado 21 de octubre un desalojo administrativo firmado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, dejó en la calle a los jubilados que mantuvieron y mejoraron este centro cedido en los tiempos de la Municipalidad de Buenos Aires, cuando el inmueble dependía del Instituto de Previsión Social de la Ciudad, que estaba a cargo de Antonio Cartañá.
El Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, quien los acompañó en la movilización, declaró: “Esperamos que esta absurda decisión pueda ser revertida porque se trata de un lugar de contención. Recién estaba hablando con una señora de 99 años que concurre desde su fundación. Lo tiene como un lugar de referencia. Cerrado este lugar se convierte en una verdadera diáspora. Muchos terminarán en su casa en soledad y otros internados, así que vamos a hacer todo el esfuerzo y todas las medidas necesarias que ya tomamos desde el punto administrativo y judicial, para que la casa sea reabierta en forma inmediata”.
 

Entrevista a Carlos Oroz (Sec. Prensa Ademys)

26.10.2009

 

Programa El Reloj – FM Flores (90.7) – Lunes de 19:00 a 20:00

 

ER: El próximo miércoles paran los docentes porteños. Nos gustaría conocer las razones de esta nueva medida de fuerza.

CO:Macri en 2 años de gestión no dio ninguna solución política estructural a la escuela pública. Este año solicitamos un aumento del 25% y sólo fue de 8%, la crisis edilicia continúa, en diciembre vencen 2500 contratos docentes que son imprescindibles y su renovación depende del Ejecutivo. La persecución a la comunidad educativa no comenzó con Ciro James, que es la frutilla del postre; primero prohibieron a los directivos y docentes aparecer en los medios, luego pidieron listas de los docentes huelguistas, en el Danzas 1 pidieron las listas de los estudiantes que marcharon en por el edificio. En oportunidad de la Marcha por la Noche los Lápices, el pasado 16 de setiembre, pidieron las listas de los estudiantes que se ausentaron de los establecimientos. Personalmente enfrento un juicio el próximo 4 de noviembre porque en abril pasado, en el marco del plan de lucha de principios de año, hicimos una clase pública frente al domicilio de Gabriela Michetti. Por ese motivo me levantaron una contravención como responsable, inventando una figura jurídica ya que las movilizaciones no tienen responsables, pero me identifican a mí y pretenden aplicarme el Código contravencional por interrupción del tránsito.

ER:Recuerdo haber estado en la movilización y que la calle Pasco no estaba cortada totalmente, los colectivos pasaban por el costado.

CO:Exactamente, en principio se cortó media calzada y luego yo le dije al comisario que era insostenible, un peligro para la seguridad de la gente, y fue en ese sentido que se terminó cortando. No fue por una decisión sino por la seguridad de la gente.

ER:De acuerdo con lo que estás contando no  fueron los docentes sino la policía la que cortó la calle ante la necesidad de resguardar la integridad física de los manifestantes.

CO: Es más, parte de la calzada ya estaba cortada por los periodistas y por la policía cuando nosotros llegamos. A pesar de esto el fiscal utilizó la jurisprudencia a su gusto y antojo, es contradictoria la forma en que elevó la cuestión a juicio oral pero evidentemente es una decisión política. Hay que judicializar la protesta y castigar a los que la llevan adelante. Tienen una concepción del espacio público como un conjunto de espacios privados y no como un espacio colectivo.

ER:Me gustaría que nos confirmaras una información. En 2008 los docentes intentan instalar una carpa blanca frente a la sede del Gobierno de la Ciudad y allí se produce lo que podríamos llamar el “bautismo de fuego” de la UCEP. Por lo menos el primer hecho represivo que se registra de este grupo de tareas con una dura golpiza a los docentes. Algunos medios han señalado por estos días que la persona que indicaba a quiénes había que golpear era el agente de inteligencia macrista Ciro James.

CO: En realidad es una sospecha. De lo que estamos seguros es de que ese día había infiltrados. No sabemos si eran empleados del Ministerio de Educación porque el ministro Narodowsky utiliza los contratos de locación, como el de Ciro James, de $ 6000 -el más alto, por encima de ese importe no hay-, para espiar a los docentes. En otra movilización, personal de civil que no sabemos si pertenecía a alguna fuerza de seguridad, intentó detener a una docente porque estaba haciendo una pintada en el piso. Ese clima existe, pero no tenemos certeza como para hacer aportes a la Justicia, sino lo hubiéramos hecho acercándole los datos al Juez Oyarbide. Que ha habido infiltrados es seguro.

ER: El 28 también se movilizan.

CO: Así es, a las 11:30 convocamos en Av. De Mayo y Piedras para marchar a la Jefatura de Gobierno donde vamos a hacer un acto en conjunto con UTE-CTERA por el aumento del presupuesto educativo para garantizar un salario inicial no menor a $ 2000 y un aumento de $ 500 al básico.

ER:¿También están exigiendo la renuncia del Ministro de Educación?

CO:Efectivamente. No sólo por lo del espía Ciro James sino por la política de ataque y abandono de la escuela pública. También pedimos la renuncia del Ministro de Seguridad –Montenegro- por las acciones de la UCEP y el nombramiento del ex jefe de la Policía Metropolitana, ‘Fino’ Palacios.

Reclamamos a la Legislatura el inicio de los trámites para un juicio político a Mauricio Macri porque es el máximo responsable de esta situación. Primero armó su propio aparato de seguridad privado, donde estaban Palacios, James y otros nefastos personajes, luego los llevó a Boca Juniors y ahora los trae al gobierno de la Ciudad.

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