Red de radios

21.4.2023

Por Néstor Espósito

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció penalmente a las autoridades de CABA por el presunto espionaje ilegal a millones de ciudadanos a través del sistema de datos biométricos y la base de datos suministrada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

El fiscal Sergio Rodríguez consideró, tras una investigación de oficio, que “el acceso/consultas a la base de datos del RENAPER por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad del gobierno de la Ciudad de buenos Aires parecería no tener una justificación racional a la luz de los datos aportados, lo que permitiría presumir que esos accesos no estarían justificados por lo que podría calificárselos de ilegales”.
Las consultas se realizaron sobre la base de un convenio firmado entre CABA y el RENAPER en febrero de 2019, cuando ambas esferas estaban en manos de Cambiemos. El ministro de Seguridad y Justicia porteño era Marcelo D’Alessandro. El dictamen de la PIA sostiene que “la existencia de un convenio no legitima cualquier acceso”; por lo tanto, “al no tener un motivo legítimo tornaría el acceso en ilegal”.
La denuncia se basa sobre el artículo 157 del Código Penal, que establece penas de un mes a dos años de cárcel e inhabilitación al funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos. Se trata, en esencia, de la protección de los datos personales, concretamente de la intimidad de los ciudadanos.
“Como ha quedado demostrado, existió una migración en cantidades exorbitantes de datos biométricos desde el RENAPER al Ministerio y/o la Policía de la Ciudad con motivo de las prevenciones efectuadas o para la carga y alimentación del Servicio de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP). Tanto el peritaje como la propia información brindada por el RENAPER dan cuenta de más de 18 millones de consultas de registros existentes en los archivos remitidos”.
El dictamen, de unas 30 páginas, apunta a la responsabilidad penal del Ministerio y a la administrativa del RENAPER. “Luego de un exhaustivo análisis, cabe concluir que no encuentra relación lógica el número de consultas realizadas por el GCBA. Y esto no era un dato que le era ajeno al RENAPER, en cuanto conocían la cantidad de prófugos (no superior a 40.000 registros)”.
El convenio firmado en el último año del gobierno de Mauricio Macri establecía que la Ciudad “sólo podía efectuar consultas cuando desarrolle tareas requeridas por el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial Nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante la etapa de prevención e investigación de delitos de acción pública”.
No hay constancias de requerimientos judiciales, ni de prevención o investigación que involucrara a Enriqueta Estela Barnes de Carlotto, Eduardo Emilio Belliboni, Sergio Alejandro Berni, el camarista Roberto José Boico y la fiscal de la causa Correo Argentino Gabriela Boquín.
Tampoco del dirigente social Ángel Borello; Myriam Bregman; Alejandro Pedro Bulgheroni, Patricia Bullrich, Elisa María Avelina Carrió, Eduardo Francisco Constantini, Eduardo Enrique “Wado” De Pedro, Nicolás Del Caño, Eduardo Sergio Elsztain, José Luis Espert, Dolores Etchehevere, Eduardo Feinmann, Alberto Ángel Fernández, Cristina Elisabet Fernández (226 consultas, la mayor cantidad), Aníbal Domingo Fernández, Marcos Eduardo Galperin, Alejandra Magdalena Gils Carbó y Juan Grabois.
Nada constaba para justificar las consultas sobre el jefe de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández; el policía de la Ciudad desaparecido hace más de cuatro años Arshak Karhanyan; Axel Kicillof, Florencia Kirchner, Máximo Carlos Kirchner, Rafael Klejzer (Director Nacional de Políticas Integradoras de la Nación), Andrés Larroque, Ricardo López Murphy, Héctor Horacio Magnetto, Facundo Manes, Sergio Tomás Massa, Javier Gerardo Milei, Esmeralda Mitre, Gerardo Rubén Morales, Joaquín Miguel Morales (Solá).
En la misma situación están Pablo Hugo Moyano, María Rosa Muiños (Defensora del Pueblo de la CABA), Juan Manuel Olmos (vice jefe de Gabinete nacional), María Hebe Pastor de Bonafini, Paula Penacca, Jorge Gregorio Pérez Companc, Miguel Ángel Pesce, el fiscal Franco Eduardo Picardi, Néstor Pitrola, Julio Juan Piumato, Mariano Recalde, Paolo Rocca, Alberto Roemmers, Alejandro Guillermo Roemmers, Alfredo Pablo Roemmers, Carlos Fernando Rosenkrantz, Hugo Arnoldo Sigman, Vanesa Raquel Siley, Carlos Ernesto Stornelli, Gustavo Fabián Sylvestre, Inés Mónica Weinberg (Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de CABA), Emiliano Benjamín Yacobitti y Eugenio Raúl Zaffaroni.
Son sólo algunos nombres conocidos, en millones de búsquedas, “La cuantía de consultas efectuadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA podría estar afectando la protección de los datos de un sin número de titulares”, conjeturó el fiscal Rodríguez.

¿Para qué querían los datos biométricos?

El dictamen sostiene que hay elementos suficientes que permiten “avizorar la utilización de esos datos obtenidos ilegítimamente para un fin diferente al que originariamente se autorizó. Esa utilización comprendería la comunicación de estos datos a otras áreas de gobierno con fines diferentes al convenido entre el RENAPER y la cartera ministerial del GCBA”.
Por ejemplo, que se “estuvieran utilizando los datos obtenidos de esa base para actualizar el domicilio de los infractores de tránsito y así poder enviarles la multa”. El dictamen consigna, además, que “procuró la foto de uno de los autores del hecho conocido como la ‘violación grupal en Palermo’ para difundir en los medios de comunicación”.
El ministerio que estaba a cargo de D’Alessandro también “consultó los registros de 84 Magistrados (jueces y fiscales) en el marco del convenio de referencia, sin que ello, al menos de conocimiento público, obedeciera a los motivos que habilitaba la cláusula” del convenio.
El documento descarta que las desmesuradas y descontroladas búsquedas hubieran respondido a un fanatismo del gobierno porteño por perseguir el delito. De hecho, parece todo lo contrario, porque durante la pandemia “la comisión de delitos en la vía pública descendió abruptamente en esos meses. Solo basta con revisar las noticias periodísticas que daban cuenta de las estadísticas a nivel global y local, donde se hacía referencia a una baja en promedio del 37%». Esta baja de delincuencia y por tanto de causas de prevención por parte de las fuerzas de seguridad que operan en la CABA debería haber traído su respectivo correlato en la consulta del sistema.
¿Cuál habría sido el efecto esperado de esto, en los informes solicitados por el RENAPER en el marco del convenio? Una baja. Por el contrario, solamente en el mes de marzo de 2020, se solicitaron más de 750.000 datos al RENAPER, triplicando el promedio del año anterior con plena movilidad de las personas”.
La PIA citó como antecedentes las resoluciones judiciales adoptadas en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, donde el sistema fue declarado inconstitucional por la jueza Elena Liberatori. Lo que hizo el fiscal Rodríguez va más allá de eso: es una denuncia penal por la posible comisión de un delito que consiste, básicamente, en entrometerse en la vida privada de la gente, sin justificación alguna y, lo que es peor, sin que esté claro para qué lo hicieron.

21.4.2023

El comisario inspector Gustavo Gauna además explicó que los imputados dispararon sin que sus vidas corrieran riesgos.

El exjefe de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA) que intervino en la investigación del crimen de Lucas González, el adolescente asesinado a tiros en 2021 en el barrio porteño de Barracas, calificó este jueves como «aberrante» el caso y aseguró que los tres efectivos acusados de dispararle «no corrían riesgo de vida como para utilizar sus armas», al declarar como testigo en el juicio que se le sigue a 14 policías de la Ciudad por el homicidio y el posterior encubrimiento.
«Fue un hecho aberrante. Las circunstancias en que muere la víctima es un hecho aberrante y las conductas que llevaron a cabo la dotación del móvil policial deja mucho que desear», afirmó el comisario inspector Gustavo Gauna, exjefe de la División Homicidios de la PFA, actualmente a cargo del Departamento Trata de Personas de la fuerza.
Gauna, quien se desempeñó 15 años en la División Homicidios, fue quien comandó las primeras diligencias en la pesquisa por el crimen del jugador de las inferiores del club de fútbol Barracas Central en el marco de la causa instruida por el fiscal Leonel Gómez Barbella y el juez Martín Del Viso.
En su exposición ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 porteño que juzgan por el crimen los policías porteños Gabriel Alejandro Issasi (41), Fabián Andrés López (48) y Juan José Nieva (37), entonces integrantes de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la ciudad, el jefe policial consideró que éstos «no tenían riesgo de vida como para utilizar sus armas».
El jefe policial fue el principal testigo en la audiencia que, además de Issasi, López y Nieva, tiene como acusados a otros 11 efectivos de la Ciudad. «En mi experiencia como personal policial, si yo no tengo riesgo de vida no tengo por qué hacer uso de mi arma de fuego. A mi entender, el personal policial no corría riesgo de vida», remarcó.
Gauna fue tajante al asegurar que ese 17 de noviembre «no hubo enfrentamiento armado» entre los jóvenes que iban a bordo del Volskwagen Surán y los efectivos que tripulaban un Nissan Tiida, tras lo cual detalló la secuencia del hecho que analizó a través de las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad.
«No se ve una secuencia de enfrentamiento. Incluso, la única cámara que avistaba la aproximación del vehículo policial que intercepta al vehículo Vokswagen está difusa. Está lejana y tapada por una rama», remarcó.
El exjefe de Homicidios recordó que tomó intervención en la causa cuando fue citado por el fiscal de instrucción Barbella, el 20 de noviembre de 2021, tres días posteriores al hecho y que lo primero que hizo fue ese mismo día concretar los arrestos de los policías Issasi, López y Nieva, secuestrar sus teléfonos celulares personales y los que les había suministrado la fuerza porteña.
«El día 22 se pidieron otras diligencias, como el secuestro de documentación, libros y hojas de servicio, y todo lo relacionado al servicio policial del 17 de noviembre», recordó el testigo.
Previo al testimonio de Gauna ante los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, declaró otro agente de la PFA, el principal Gustavo Maciel, quien estuvo a cargo de la coordinación de las cuatro brigadas de la División Homicidios.
El testigo indicó que de los análisis realizados no pudo establecerse que el auto utilizado por los acusados llevara balizas o sirena al momento de la persecución del auto en el que viajaba Lucas con sus amigos Julián Salas, Joaquín Zuñiga y Niven Huanca.
«Acorde a los protocolos de la policía no se puede hacer una persecución sin balizas, debido a la peligrosidad que eso implica. Por eso se identifican con sirenas o balizas. En el video no vi balizas ni la sirena, denominada ´chichón´», afirmó Maciel.
La cuarta audiencia del juicio por el crimen del adolescente de 17 años continuaba con la declaración de más agentes de la PFA y dos vecinos de Barracas que fueron testigos de la detención de los amigos de Lucas y las torturas a las que fueron sometidos por el personal policial instantes después de la persecución y asesinato del adolescente.

El caso de Lucas González

El crimen de Lucas fue cometido en la mañana del 17 de noviembre de 2021, cuando el joven y tres amigos salieron de entrenar en Barracas y se subieron al Volkswagen Suran del padre de uno de ellos para volver a la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde vivían.
Tras detenerse en un kiosco, los chicos comenzaron a ser perseguidos por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comisaría Vecinal 4D, que no estaban uniformados ni llevaban balizas.
Por ese motivo, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos policiales les dispararon y un balazo impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.
De acuerdo con la investigación, tras disparar contra los jóvenes, los policías intentaron simular que se había tratado de un enfrentamiento con delincuentes, maniobra a la que se habrían sumado otros efectivos, que «plantaron» un arma en el auto de las víctimas.
A Issasi, López y Nieva se les adjudica la coautoría del delito de «homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial».
Además, los tres enfrentarán cargos por las «tentativa de homicidio agravado, falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley», en el caso de los amigos de Lucas.
En tanto, otros 11 policías de la Ciudad, también detenidos, están siendo juzgados por el encubrimiento del crimen de Lucas y las torturas las que fueron sometidos los otros chicos.
Se trata del comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 Daniel Alberto Santana (50); el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán (54); el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos (51); el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar (48) y el comisario Juan Horacio Romero (51) y el subcomisario Roberto Orlando Inca (47), ambos de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4.
También llegan a juicio el principal de la Comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas (50); y los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D Sebastián Jorge Baidón (28), Jonathan Alexis Martínez (34), Ángel Darío Arévalos (34) y Daniel Rubén Espinosa (33).
Todos están acusados por «falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas» y, en el caso de Cuevas e Inca también por «falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados».

21.4.2023

A partir de las 21:00 los trabajadores del subte abrirán los molinetes en las estaciones cabeceras de las líneas A y H. Y a partir de las 22 y hasta el cierre realizarán un paro en las mismas líneas. “Continuamos reclamando la reducción de la jornada semanal y seguimos exigiendo la desabestización integral”, declara Claudio Dellecarbonara, integrante del secretariado de la AGTSyP.

Los trabajadores del subte vienen realizando medidas de fuerza rotativas por las distintas líneas. Este viernes les toca a las líneas A y H, donde a partir de las 21 hs en las estaciones de cabecera abrirán los molinetes para que los pasajeros viajen gratis y a partir de las 22 hs y hasta el cierre del servicio realizarán un paro de ambas líneas del subte porteño.
Claudio Dellecarbonara, miembro por la minoría del secretariado ejecutivo de la AGTSyP declara “Continuamos reclamando la reducción de la jornada semanal para minimizar asi nuestro grado de exposición a los factores insalubres presentes en nuestro ámbito de trabajo. Insistimos también con la denuncia por la presencia de material cancerígeno en la red y seguimos exigiendo su desabestización integral y el urgente cambio de las flotas contaminadas”.
El silencio de parte de la empresa concesionaria Emova (ex Metrovías) del grupo Roggio se da en medio la muerte de 3 trabajadores por la contaminación con asbesto y la afección de otros 80 hasta el momento. Ante esto los trabajadores son categóricos, como lo expresa Claudio “A pesar de todo esto la empresa Metrovías-Emova y su vocera mienten públicamente señalando que no existe riesgo alguno para los trabajadores y usuarios por la presencia de asbesto en el subte, demostrando así su desinterés histórico por la seguridad de las personas que trabajamos y utilizamos el transporte subterráneo”.
Como denuncia Dellecarbonara esta situación se da con el trasfondo en donde se le reconoce la denuncia de los trabajadores: “Recordamos que además de la ley nacional vigente existe un fallo de la justicia porteña que ordena a la empresa y al Gobierno de la Ciudad retirar el material cancerígeno del subte y a evitar que las personas tomen contacto con el. Inclusive la ART contratada por la concesionaria reconoce el riesgo por la presencia de asbesto en la red”.
Mientras no haya respuesta favorable de parte de la empresa, ni del gobierno porteño seguirán con las medidas de fuerza mientras “Invitamos a los usuarios del subte y a los vecinos de la red a sumarse a nuestra campaña de denuncia y a exigir junto a los trabajadores la desabestización de la red de subterráneos”, declara Claudio Dellecarbonara.

19.4.2023

La legisladora porteña Alejandrina Barry del Frente de Izquierda salió al cruce del gobierno de Rodríguez Larreta. “Presenté un proyecto que exige conocer los términos del acuerdo firmado 0800 VIDA, entre el Consejo Social de CABA de Hotton y el Ministerio de Salud CABA de Quirós que pretende interferir en la aplicación de la ley IVE y la libertad de personas gestantes a elegir y decidir”, anunció

Por las redes sociales y con la denuncia realizada por Pagina 12, la legisladora del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, intentó buscar los alcances de la campaña 0800 VIDA lanzado por Cynthia Hotton en los hospitales porteños en el marco del convenio firmado entre el Consejo Social de la Ciudad dirigido por ella y el ministerio de salud a cargo de Fernán Quirós.
La legisladora reconoce en esta campaña una clara interferencia en la aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la libertad de personas gestantes a elegir y decidir. Por tal motivo presentó en la Legislatura porteña un pedido de informes para comprender el alcance de esta intromisión de organizaciones antiderechos en la salud pública.
El alcance del pedido de informes, que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta debe contestar en el plazo de 30 días, contempla:
1) Informe y detalle los convenios y/o acuerdos suscriptos entre el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y el Consejo Social de la Ciudad respecto a línea telefónica de asistencia 0800 VIDA (0800 333 1148) y/o aplicación de la Ley 27.611.
2) Informe y detalle ejecución de convenios y/o acuerdos suscriptos entre el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y el Consejo Social de la Ciudad respecto a línea telefónica de asistencia 0800 VIDA (0800 333 1148) y/o aplicación de la Ley 27.611, en cuanto a colocación de cartelería en efectores de salud de la CABA.
3) Informe y detalle las facultades del Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires para determinar normativa y/o acuerdos de aplicación de la ley 27.611.
4) Informe y detalle organizaciones integrantes de la Red Nacional de Contención al Embarazo Vulnerable y su relación con el Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires a nivel institucional, inicio del vínculo, objetivos y financiamiento.
Como denuncia Alejandrina cruzando los dichos de la antiderechos Hotton: “Es una cruzada contra la implementación de la IVE porque en la Ciudad de Buenos Aires no solo está la implementación de la IVE, la ley de los 1000 días también está implementada. En los Cesac asesoramiento para quienes necesiten acompañar un embarazo”. Dejando claro que es una campaña de estigmatización y persecución sobre las personas gestantes que decidan realizar un aborto legal, seguro y gratuito en los hospitales públicos de la Ciudad.
Al mismo tiempo denuncia, según los trascendidos de convenio que la línea telefónica 0800VIDA “será atendida por una red de 400 organizaciones ligadas a las iglesias evangélicas, militantes contra el derecho al aborto y la ESI. La salud pública no debe tener interferencias de organizaciones religiosas y confesionales.
Esta campaña antiderechos se da luego de que Horacio Rodríguez Larreta junto a Cynthia Hotton realizaran un acto con cientos de organizaciones evangélicas donde se propusieron “seguir propagando la fe y los valores de la familia en cada rincón de la Ciudad y el país”
El Consejo Social de la Ciudad es un organismo consultivo inventado por Larreta para darle institucionalidad a Cynthia Hotton en el marco de su armado en la interna de Juntos por el Cambio. Este Consejo es armado discrecionalmente por la antiderechos Hotton donde lo integran organizaciones de la sociedad civil y tiene la facultad de proponer determinadas políticas al poder ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, establecidas según sus criterios. Entre las organizaciones que integran el Consejo se destaca la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera), la Red Evangélica de Adicciones, la entidad Abrazo del Cielo, que se define con la “misión de intervenir en la vida de bebés cuyos padres han decidido abortarlos”. También participa la Red de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, creada en 2019 para oponerse a la legalización del aborto en Argentina.
Como bien denuncia y proclama Alejandrina Barry: “Esta avanzada de los antiderechos no se puede permitir, nos vamos a poner al frente de enfrentarlo y debe poner en estado de alerta y movilización al movimiento de mujeres y personas LGTBIQ+”

19.4.2023

Este miércoles entre las 21:00 y 22:00 se liberarán los accesos en las cabeceras de estas líneas y a partir de las 22:00 comienza un paro hasta el cierre del servicio. Claudio Dellecarbonara, integrante por la minoría del secretariado de la AGTSyP, informó que “estas medidas son la continuidad del plan de lucha en reclamo de la reducción de la jornada laboral semanal para atenuar la exposición de los trabajadores al cancerígeno asbesto”. Además, exigen la desasbestización de estaciones, trenes y talleres.

Este miércoles entre las 21:00 y 22:00 las y los trabajadores del subte liberarán los molinetes en las estaciones Catedral y Congreso de Tucumán de la línea D y Plaza de los Virreyes y Retiro de la línea E. A partir de las 22:00 y hasta el cierre del servicio paralizarán ambas líneas como parte de las medidas que vienen realizando por la reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales con dos francos y por la desasbetización total del subte.
Como parte de las medidas de fuerza en defensa personal, los trabajadores del subte siguen denunciando la situación de insalubridad que se vive bajo tierra.
Claudio Dellecarbonara, integrante por la minoría del secretariado de la AGTSyP, informó: “Estas medidas son continuidad del plan de lucha en reclamo de la reducción de la jornada laboral semanal que permita atenuar el grado de exposición de los trabajadores a los factores insalubres y dañinos para la salud presentes en nuestro ámbito de tareas cotidiano. También con estas acciones seguimos denunciando la presencia de material cancerígeno en toda la red y exigiendo la desabestización integral de la red y el urgente cambio de las flotas contaminadas en las líneas B, C y E”.
Mientras desde la empresa Emova (Ex Metrovías) del Grupo Roggio emiten comunicados falseando la realidad, los trabajadores del subte siguen, lamentablemente, demostrando que tienen la razón. Sin embargo, en los dichos de la empresa se da a entender que aún siguen con la eliminación del asbesto en el subte. Hace 5 años que la empresa no completa el plan de desabsestización. Al día de hoy hay tres trabajadores fallecidos por asbesto, más de 80 trabajadores afectados y millones de usuarios expuestos a este prohibido material cancerígeno.
Recientemente, Dellecarbonara explicó “que además de la ley nacional vigente existe un fallo de la justicia porteña que ordena a la empresa y al Gobierno de la Ciudad a retirar el material cancerígeno y a evitar que las personas tomen contacto con él. La propia ART contratada por la concesionaria reconoce el riesgo asociado a la presencia de asbesto en la red, incluye a los trabajadores en el RAR (Relevamiento de Agentes de Riesgo) y extiende certificaciones a los afectados por el cancerígeno prohibido especificando su origen”.
“A los usuarios del subte, vecinos de la red y a todos aquellos que entiendan la gravedad de esta crisis sanitaria bajo tierra a sumarse a nuestra campaña de denuncia y a exigir junto a los trabajadores la desabestización de la red de subterráneos”, expresó.
Los trabajadores fueron los primeros en denunciar esta grave situación, mientras la empresa lo ocultaba y fue reconocido por la justicia. Desde La Izquierda Diario seguimos desde un primer momento las denuncias y peleas de los metrodelegados.