23.9.2009
Vecinos procesados por decir NO a las rejas de Macri
En una perversa y burda maniobra legal, de llamativa celeridad, Oscar Furchi y Maximiliano Verón, serán llevados a juicio los próximos 5, 6 y 7 de Octubre, ante el Juzgado Penal Nº 2, a cargo del Juez Carlos A. Bentolila, imputados de resistencia a la autoridad y destrucción de la propiedad pública, a causa de su participación en una protesta barrial organizada por los vecinos del barrio San Cristóbal contra el enrejado de la mítica Plaza Martín Fierro.
Seis meses atrás, el viernes 13 de marzo, medio centenar de personas, entre las que se dieron cita vecinos de la zona, estudiantes universitarios y miembros de la Asamblea de la Plaza Martín Fierro, se autoconvocaron con el objetivo de defender un patrimonio cultural histórico del barrio, avasallado por la política de cierre y apropiación de espacios públicos llevada adelante por la gestión macrista al calor de frondosos intereses. Bajo la consigna “NO a las rejas de Macri” los vecinos marcharon al CGP más cercano, sito en la calle Sarandí 1263, para entregar a modo de protesta, parte de la tela metálica perimetral con la que se intentó cercar el simbólico predio.
En la actual plaza Martín Fierro late una porción importante de la memoria histórica popular, allí funcionaron, a principios del siglo XX, los Talleres Metalúrgicos Vasena, escenario desde donde comienzan a escribirse las primeras líneas de una huelga que terminaría en una sangrienta represión obrera. Casi un siglo después, serían otros los hombres y mujeres que tomarían la posta digna y rebelde de aquellos trabajadores fusilados de la semana trágica, defendiendo a viva voz aquel predio y la porción de identidad popular que late en él.
Aquella tarde marzo, en un operativo “cerrojo”, una columna de vecinos que marchaba de manera pacífica fue violentamente interceptada por policías de civil. Dispensando generosa golpiza, auxiliados por gases, carros hidrantes y por la estratégica presencia de dos cuerpos de Infantería, las “fuerzas del orden” que operaban sin identificación, lograron diezmar la protesta, en el marco de un operativo de despliegue de fuerzas casi cinematográfico. Mientras la gente se dispersaba cómo podía, escapando a los gases y a los puños, tres manifestantes fueron apresados. Ya inmovilizados fueron golpeados con saña. Furchi y Verón, junto a un joven de nombre Jeremías, fueron trasladados a la Comisaría 18, en Av. San Juan 1757, y allí permanecieron demorados por casi seis horas sin que se le labren actuaciones sumariales de la fiscalía, ni del Juez de turno.
Pocos meses después, aplicando la infame y vejatoria doctrina de la Ley Antiterrorista, el fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Germán Garavano, solicita el procesamiento de Furchi y Verón, acusándolos de delitos contravencionales y correccionales que podrían derivar en una pena de 3 a 5 años por ejercer el legítimo derecho a la protesta garantizado por la Constitución Nacional.
El hilo de continuidad violenta que une la sangrienta represión obrera de principios de siglo con estas maniobras infames que pretenden criminalizar y socavar la protesta social habla con claridad escalofriante de la persistencia de métodos represivos y desnudan la siniestra política llevada adelante por el gobierno de Macri.
El lunes 5 de octubre convocan a las 9:30 hs. (fecha de inicio del juicio a Furchi y Verón) en Tacuarí 138, a defender el derecho a manifestar y a repudiar cualquier intento soez de judicializar la protesta.
Porque como sostuvo Jean Paul Sartre “habremos de ser lo que hagamos con aquello que hicieron de nosotros”.
Por el cese del cierre de espacios populares y del enrejado de predios y plazas.
Por el desprocesamiento de Furchi y Verón y de los 4.000 compañeros judicializados.
Por la digna y rebelde resistencia popular ante la escalada represiva de Macri.
