29.8.2009

Tras resistir durante más dos meses desde la impunidad y el apoyo de la derecha política toda, tanto en su versión del funcionariado de la ciudad como en su versión mediática, el ex comisario de la Federal, Jorge “Fino” Palacios, debió dar “un paso al costado” y renunciar al frente de la nueva policía porteña.


El uniformado; vinculado estrechamente a una serie de delitos que van desde el encubrimiento de la investigación por la voladura de la AMIA al secuestro y asesinato de Axel Blumberg en 2004, pasando por la salvaje represión que se cobrara seis vidas en Plaza de Mayo en diciembre de 2001; fue rechazado por organizaciones políticas y sociales de todo tipo que actúan en la ciudad de Buenos Aires desde el momento mismo en que su designación se hizo pública.
La renuncia del “Fino” fue valorada por estas organizaciones como un triunfo de la lucha popular que con unidad y organización pudieron torcerle el brazo a la intención represiva de la política de Macri.
Toda la oposición porteña, desde la Coalición Cívica y las agrupaciones kirchneristas hasta la izquierda – el Partido Comunista, el Partido Obrero y el Movimiento Socialista de los Trabajadores, entre otros – pasando por la Central de Trabajadores Argentinos y todo el espectro de cooperativas y organizaciones sociales territoriales habían levantado su voz contra la designación del polémico personaje al frente del nuevo cuerpo represivo, que a su vez ya había merecido críticas por la forma en que se creó y la naturaleza de sus funciones.
Varios representantes de los organismos de Derechos Humanos dejaron en claro en un primer momento que la intención de la nueva Policía Metropolitana es frenar con represión el conflicto social creciente en la ciudad y “rehabilitar” peces gordos de la Federal con nefastos antecedentes. Tal es el caso del propio Palacios.
El nivel de coincidencia en tan amplio abanico político, no habitual por otro lado, permitió a las distintas organizaciones, con el movimiento de Derechos Humanos a la cabeza, comenzar en julio una fuerte campaña contra la participación de Palacios al frente de la fuerza recientemente creada. Así, más de cien agrupaciones sociales, políticas, gremiales y estudiantiles llevaron a cabo en las últimas semanas una junta de firmas para evitar que Palacios ocupe las funciones que le había destinado Macri.
Cerca se estuvo de juntar las cien mil firmas necesarias para impedir que con la designación del Fino se perpetúen “autoritarismo, represión e impunidad”, como bien señalaba la consigna central de la campaña.
Durante estos dos meses, en que se pusieron mesas en distintas esquinas y eventos llevados a cabo en la Capital, pudo verse más de una vez largas colas de gente dispuesta a firmar. Palacios y la cúpula del macrismo finalmente no soportaron tanta presión popular, y el funcionario designado debió abandonar el cargo antes de ocupar el sillón que le tenían preparado.
Con la misma tozudez y necedad con que habían resistido a los reclamos de los familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA, a los organismos de Derechos Humanos y al grueso de la ciudadanía que repudió siempre a Palacios, el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, informaron el martes pasado en conferencia de prensa la renuncia de Palacios al cargo. Así como en su oportunidad habían provocado risas en los militantes de derechos humanos cuando dijeron una y otra vez que “Palacios es el mejor hombre para el puesto”, esta vez intentaron echarle la culpa a la “política” y aseguraron que la renuncia se produce porque el tema “se politizó”.
En esto último no se equivocaban porque la campaña –que involucró la junta de firmas, pero también distintas marchas y movilizaciones, pintadas y volanteadas de difusión- fue una organizada y vigorosa respuesta política del campo popular a la derecha macrista y a la decisión del poder de generar una policía dispuesta a “limpiar de piquetes y protestas sociales” las calles porteñas en la línea de ciudad turística y criminalización del conflicto y el descontento que encabeza Macri. Y el hecho de que hayan tenido que “recular” en ese sentido, es sin dudas un triunfo político de quienes se le oponen consecuentemente.
El abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep), Gerardo Etcheverry señaló que “es un triunfo que hay que festejar, porque una porción importante de la población supo identificar al represor y luchar contra su designación”.  Por su parte, para la diputada del Movimiento Libres del Sur, Victoria Donda, la renuncia de Palacios “fue un triunfo de la movilización popular, encabezada por los organismos de DDHH y también por organizaciones sociales que realizaron una profunda campaña de concientización en el conjunto de la sociedad”. Coincidiendo con el enfoque Edgardo “Manú” Álvarez, de la dirección del PC capitalino, aseguró que “este triunfo hay que ampliarlo con nuevas embestidas populares que le paralicen al macrismo sus planes mas siniestros en materia de salud, vivienda, educación, trabajo, presupuesto y medio ambiente”.
En reemplazo de Palacios asumirá quien era hasta el martes su segundo, Osvaldo Horacio Chamorro quien comparte con “el Fino” no solo una trayectoria común: ambos fueron pasados forzosamente a retiro, ambos ingresaron en la Policía en tiempos de la dictadura genocida, haciendo negocios en el cuestionado y poco claro mundo de la “seguridad privada” ya que ambos son parte de la empresa Strategic Security Consultant. Como bien dijo la Correpi en un comunicado: “Resulta muy natural que (Chamorro) fuera designado subjefe de la Policía Metropolitana en el mismo decreto que nombró a su mentor como jefe” y ahora jefe en su lugar. Esto último obliga al conjunto de la sociedad y sobre todo a los sectores populares que lograron la renuncia del Fino, a estar atentos y mantenerse unidos y organizados para enfrentar los posibles embates represivos.
 

28.8.2009 

La Unidad de Gestión e Intervención Social del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad quiere disminuir el salario de los trabajadores de cooperativas en 18 por ciento.

Por este motivo, la Cooperativa Manos Obreras del Frente de Organizaciones en Lucha realizó esta tarde un escrache a esta dependencia oficial.
Hasta el momento, esta cooperativa que realiza tareas de saneamiento y limpieza en la Villa 20 de Lugano estaba cobrando aproximadamente 1250 pesos por trabajador, a partir de esta reducción sólo 950. 
El titular de la Unidad de Gestión e Intervención Social, Federico Angelini, justificó la reducción del sueldo con el mismo argumento con el que vienen justificando reducciones en distintas áreas: no queda dinero en el presupuesto de la Ciudad.
“Es inconcebible y bochornoso afirmar que salarios que no llegan a 1300 pesos generen un déficit en el abultado presupuesto del gobierno de Mauricio Macri. Mientras las arcas de la recaudación impositiva se mantienen o aumentan, al igual que los salarios de los funcionarios, y las concesiones con las empresas privadas por obras millonarias, el sueldo de estos trabajadores es menos de la mitad de la canasta familiar”, afirmaron desde la Cooperativa, a través de un comunicado .   
 

28.8.2009

No es nueva la política policial de disparar primero y luego preguntar, y mucho menos es desconocido este método en el barrio de Soldati, al sur de la Capital, donde la policía mató a un hombre y golpeó y apresó al hermano cuando quiso ayudarlo.

GACETILLA DE PRENSA.
El día 19 de agosto circuló por la prensa que en el barrio soldati (villa 3) se había producido un enfrentamiento entre tres presuntos delincuentes y personal policial. Las agencias de noticias, además, trascendieron la existencia de un alzamiento de los vecinos de ese barrio contra los policías que intervinieron en el hecho. 
Sin embargo, ningún medio de comunicación se hizo eco de otra versión que no fuera la policial. Por esa razón, DEMANDAMOS NUESTRO DERECHO A REPLICA.
El pasado 19 de agosto cerca de las 15.20, Claudio Ariel Paz (30 años) circulaba por la calle Riestra altura Laguna cuando dos policías de la comisaría 36, le dispararon e hirieron mortalmente. Claudio Paz se desplomó sobre la vereda sin efectuar disparo alguno.
Siendo el lugar de los hechos altamente transitado, testigos y vecinos que presenciaron lo acontecido se indignaron ante tamaño asesinato y se acercaron al cuerpo del Sr. Paz con el propósito de prestarle asistencia médica.
El personal policial dispersó a las personas que se aproximaron mediante nuevos disparos de arma de fuego, resultando personas heridas. Entre ellos, un niño de 12 años recibió un impacto de bala en su rostro cuando salía de su casa y una mujer otro en su pierna.
El hermano de la víctima, el Sr. Diego Orlando Paz, alertado por sus vecinos de lo sucedido, se dirigió al lugar del hecho, donde encuentra a su hermano perdiendo sangre y tendido en el suelo.
Al presenciar esa escena, intenta cruzar el precintado que había colocado la policía y levantar el cuerpo de su hermano, pero la policía se lo impide golpeándolo fuertemente en la frente con la culata de una escopeta, y lo introducen al patrullero. Entonces, la indignación de los vecinos se tornó más virulenta contra el accionar de la policía. La unidad policial se lleva injustamente a Diego Paz detenido. A las 15.50, finalmente Claudio Paz ingresa al Hospital Piñeyro y a las 16.06 los médicos les informan a los familiares que había fallecido.
A la fecha, el Sr. Diego Orlando Paz se encuentra aún detenido y a disposición del Juzgado de Instrucción N° 31, en el marco de una causa caratulada como “Homicidio, atentado y resistencia a la autoridad, abuso de arma, disparo de arma de fuego y lesiones”. 
El personal de la Comisaría 36 trascendió su versión de los hechos, la misma que las agencias de comunicación hicieron pública. En esta buscan comprometer al hermano de la víctima en un supuesto enfrentamiento, con el propósito de encubrir el fusilamiento del Sr. Claudio Ariel Paz.
Los abogados de la familia ya dedujeron una querella criminal, donde solicitan se aparte a la Policía Federal Argentina de la investigación de la causa.
 

27.8.2009

El 26-08-09 recibimos una Cédula de Notificación de la Dirección De Concesiones del GCBA donde se nos informa de la Revocación del permiso de uso precario y gratuito a AVeFA por Decreto Nº 623/09 intimándonos a entregar el predio en 30 días.

Desde el año pasado el GCBA busca por todos los medios quedarse con este predio que recordemos fue abandonado por el Estado y sostenido por los vecinos durante 25 años.

El Decreto argumenta que no se cumplen con el destino de realizar actividades de índole social, cultural, deportiva y recreativa a favor de la comunidad.

Los vecin@s saben que mienten en el predio de AVeFA funciona la única plaza del barrio de Boedo que solo es sostenida por el esfuerzo colectivo de la Asociación Vecinal, además de ser, Club de Barrio donde en su canchita juegan más de 300 pibes por semana, sede diaria de Centro Educativo Primario dependiente del Ministerio de Educ. GCBA, y que a modo de ejemplo durante el presente año se realizaron distintos eventos socio culturales como el Baile de Carnaval, Música en La plaza, Jornada y Muestra Cultural, Charla-Debate, Campaña de Vacunación, Feria del Plato Barrial, Festejo del Día del Niño, etc.

Si todo esto no es social, cultural, deportivo y recreativo nos preguntamos ¿QUÉ LO ES? ¿Tal vez otros intereses?

El predio está muy bien ubicado y valuado económicamente, son ya conocidos los intereses inmobiliarios del actual gobierno, el Decreto menciona que  el GCBA está evaluando emplazar allí el CGPC 5. Recordemos que en octubre del 2008 el Director del CGPC Nº 5 Marcelo Bouzas se hizo presente en el predio de AVeFA e informó a los vecinos que era decisión del jefe de gobierno hacer el CGPC en el predio de Av. Independencia 4250 sede de la Asociación. En esa oportunidad, los vecinos manifestaron claramente su rechazo a esta decisión arbitraria que implica perder el espíritu de este espacio de encuentro vecinal convirtiéndolo en un centro de trámites.

La placita de Los Vecinos, la comenzaron a soñar un grupo de vecinos en 1985, cuando luego que en el año 81, el intendente de facto Cacciatore, demoliera la escuela Florentino Ameghino, que funcionaba en el predio de la Av. independencia 4250 y quedara abandonado durante años. Los vecinos se organizaron, limpiaron el predio, proyectaron una plaza, se constituyeron como Asociación Civil de Vecinos Florentino Ameghino y promovieron la promulgación de una ordenanza de tenencia del predio que se logra recién en el año 1994 por 20 años. (Ordenanza Nº 47486-Decreto Nº2293/94).

Durante todos estos años fue punto de encuentro y esparcimiento de los vecinos del Barrio de Boedo que no tienen ningún otro especio verde público en el barrio.

“En honor a la memoria de este barrio, al esfuerzo solidario de vecinos que ya no están, a los pibes que son nuestro futuro, no podemos entregar a este gobierno de turno nuestra historia”, concluyela declaración.

Los policías de Macri ya tienen su Pastor

27.8.2009

Daniel Pastor sostiene que los delitos de lesa humanidad son prescriptibles. Cuestiona los fallos de la CIDH, especialmente el del caso Bulacio. Dice que en esa causa se han violado los derechos humanos del comisario acusado.

Mauricio Macri designó como director del Instituto Superior de Seguridad Pública (la academia de la futura policía porteña) al abogado y académico Daniel Pastor, convencido crítico de los organismos de derechos humanos y defensor de la prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. “La imprescriptibilidad, que contradice todo humanismo, es la contraparadoja del Estado constitucional de derecho. Es el caso en el cual este artificio vuelve a ser omnipotente y levanta una de las barreras que él mismo había creado como límite infranqueable a sus poderes”, dice en un artículo publicado en el sitio digital El Dial. En otros escritos, cuestionó fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de la masacre de Barrios Altos (en Perú) –que fue uno de los fundamentos para la anulación de las leyes de Punto Pinal y Obediencia Debida y en el caso de la muerte de Walter Bulacio, que Pastor califica como “infortunio”, ya que “no se produjo por los malos tratos de la policía sino por otra circunstancia”. También cuestionó duramente la decisión del gobierno de Néstor Kirchner de someter a la consulta pública la designación de los miembros de la Corte Suprema, a la que calificó como “normativa cabalmente populista”. Los polémicos artículos han sido replicados por el abogado Leonardo Filippini, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y criticados por organismos de derechos humanos.

La designación de Pastor fue firmada por el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Guillermo Montenegro, y publicada el lunes en el Boletín Oficial. En el curriculum que difundió el gobierno porteño se detalla que Pastor tiene 46 años, se recibió en la UBA en 1987 y es profesor titular por concurso de las cátedras de Derecho Penal y Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la UBA. Fue investigador en el Instituto de Ciencias Criminales de la Universidad de Colonia, Alemania, como becario de la Fundación Hertz, en 1993, y en el Servicio Alemán de Intercambio Académico, entre 1977 y 1999.

Pastor es considerado por sus colegas como un académico. Pero sus posiciones en materia de derechos humanos le han valido severas críticas por parte de los organismos. Especialmente por su artículo titulado “La deriva neopunitivista de organismos y activistas como causa del desprestigio actual de los derechos humanos”, en el que acusa a los organismos de “pregonar y practicar inexorablemente la violación de los derechos fundamentales de los acusados en esos hechos.

En respuesta a estas afirmaciones, Filippini sostiene que Pastor descontextualiza la actuación de los organismos de derechos humanos que, en la Argentina, surgieron durante el período de mayor represión y continuaron su trabajo en busca de justicia durante los distintos gobiernos democráticos. “Ello no justifica que las cosas no puedan cambiar, pero permite impugnar la vehemencia maniquea con la que Pastor lee nuestra realidad, pues la historia de los derechos humanos en la Argentina está signada por el terror y la impunidad”, dice el abogado del CELS.

Pastor prologa su artículo crítico a los organismos citando nada menos que por un párrafo del libro Harry Potter y la Orden del Fénix, de J. K. Rowling en el que la joven Hermione recrimina a su compañero Ron por querer ponerse “a la altura” de los personajes más detestables de la novela.

En ese escrito, cuestiona el fallo de la CIDH en el caso de la masacre de Barrios Altos, ocurrida en Perú en los años ’90, en el que el organismo interamericano declaró inamnistiables e imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad. “Se trata de una devoción por lo penal a ultranza y por la aplicación del derecho penal a cualquier precio –comenta el académico Pastor–. Es evidente que esta ideología de una punición infinita no admite alternativas al derecho penal. Afirmar esto (…) equivale a refundar un derecho penal medieval y contrailustrado ya superado por la humanidad hace mucho tiempo. Por ello, en materia penal, se puede decir que la jurisprudencia de la CIDH atrasa 200 años.”

Aunque Pastor no lo ha admitido, abogados de organismos defensores de los Derechos Humanos aseguran que es el autor de los argumentos que el Estado argentino esgrimió ante la CIDH antes de la condena del organismo internacional. Sea como fuere, en su artículo Pastor describe el caso Bulacio como “la detención de una persona que intentaba disfrutar, aparentemente sin pagar, de un concierto, que parece haber recibido malos tratos de parte de la policía y que falleció no por ellos sino por otra circunstancia”.

En rigor, se trata de un caso emblemático de arbitrariedad y violencia policial que derivó en la muerte de un adolescente que nunca debió ser detenido y que recibió una dura golpiza de una seccional. Sin embargo, Pastor opina que en el caso “no existe imputación de una muerte dolosa, no puede hablarse de tortura, en todo caso de unos malos tratos, de irregularidades respecto de los requisitos de la detención y de una falta de cuidado de la cual se desconoce si de haber sido evitada se hubiera impedido la muerte del infortunado Bulacio”. Esto no puede ser nunca una grave violación a los derechos humanos, se define, categórico, el abogado Pastor, quien se preocupa por “las violaciones a los derechos humanos del acusado, sometido a proceso por más de una década”. El acusado es el comisario Miguel Angel Espósito, quien está imputado por la detención ilegal que derivó en la muerte del adolescente, a partir del fallo de la CIDH, en 2003.

Resultan al menos inquietantes las opiniones de Pastor sobre el caso Bulacio, sobre todo considerando que estará al frente de la formación de policías.

En su controvertido documento, Pastor sostiene: “La euforia en favor de las ventajas de la pena pública como solución primordial e irrenunciable para las graves violaciones a los derechos humanos (y de las no tan graves) ha llevado a organismos internacionales y a activistas a pregonar y practicar inexorablemente la violación de los derechos fundamentales de los acusados de esos hechos.”

En el mismo escrito, el especialista cuestiona la intervención de organismos de derechos humanos en las causas por el atentado a la AMIA, el crimen de José Luis Cabezas y la muerte del 20 de diciembre de 2001.

Pastor, en definitiva, esgrime una suerte de garantismo que, al menos en sus escritos, sirve como argumento a represores y policías acusados de abusos. “En resumen –argumenta en su escrito doctrinario– los derechos humanos están concebidos exclusivamente para evitar la aplicación (abusiva) del derecho penal, nunca para reclamar su aplicación (legítima o ilegítima).

Esos dichos fueron refutados por Filippini, quien fue su alumno en la facultad y luego abogado del CELS: “Algunos errores pueden entenderse en las organizaciones de familiares y víctimas, pero son injustificables en los jueces y funcionarios del Estado.”