A los tiros contra chicos y embarazadas: El caso que inauguró la política represiva de Patricia Bullrich
18.4.2023
Por Irina Hauser
La fiscalía de Angeles Ramos pidió cuatro años de prisión, ocho de inhabilitación y la detención de los seis gendarmes que el 29 de enero de 2016 reprimieron a la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo del Bajo Flores, integrada por un centenar de niños, niñas y adolescentes, algunos de los cuales sufrieron heridas severas provocadas por balas de goma a una distancia mínima.
Los efectivos enfrentan por estos días un juicio ante el Tribunal Oral 12. Las querellas también alegaron este lunes y pidieron penas de entre 4 y 6 años de prisión por vejaciones agravadas y lesiones agravadas.
Aquel violento operativo fue la marca inaugural de la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri y dejó en claro una línea de conducta que tendría de ahí en más: acusar a las víctimas, felicitar a los efectivos que protagonizaron el ataque, y darle poder de acción a la Gendarmería.
La represión a los chicos, paso a paso
Era viernes a la noche y la murga ensayaba con ganas porque al día siguiente tendría su primera salida. Sólo restaba conseguir micros, que pagarían con la venta de rifas. En medio de las canciones llegó Gustavo (González) el director, trajo la buena noticia de que tenían transporte. Pero la felicidad se fue en segundos. De golpe apareció un móvil de gendarmería, junto con una grúa, y detrás otro móvil. Se querían llevar dos autos robados, abandonados en el barrio. Gustavo les pidió que tomaran otro camino, porque había mucha gente y niños allí y había una forma más fácil de llegar. Los gendarmes avanzaron igual, hasta que tocaron con la trompa de un auto a una de las chicas.
–¿Qué pasa que no se quieren correr, son todos guapos?–patoteó un gendarme que ostentaba su arma– recuerda Florencia Torres, querellante.
–¿Por qué no esperan? Estamos tratando de corrernos. ¿No querrás tirar acá que está lleno de chicos, no?– preguntó ella.
Apenas terminaba de pronunciar esa frase comenzaron a sonar los disparos. «Lo veo a Gustavo en el piso. Ahí empezó el infierno, los gritos, la gente tratando de encontrar a sus hijos. Yo me pongo a buscar al mío. Veo a una de las nenas, la cubro con mi cuerpo ahí y recibo 17 perdigonazos. Doy gracias que me los dieron a mí y no a mi hijo ni a esa criatura. Yo no sabía qué eran balas de goma, sentía una quemazón terrible y creía que me iba a morir. Solo pensaba en poner a salvo a mi hijo en la casa de una vecina», repasa Florencia.
La agresión siguió en el hospital
Otra pesadilla comenzó un rato después. Cuando llegó al hospital Piñeyro, la dejaron prácticamente desnuda boca abajo. Tenía la mayoría de las heridas de bala en la espalda, los glúteos y las piernas. «Ahí, mientras yo estaba así, empezaron a aparecer policías de la Federal, de la Metropolitana, de civil, todos los agentes posibles, y me pedían lo mismo: nombre y apellido, DNI, domicilio, una y otra vez. En un momento pasó un camillero y me tapó con una sábana. Al rato me dijo que me fuera, pero se querían llevar detenido a cualquiera», describió.
El establecimiento estaba copado por la Gendarmería y otras fuerzas. Hubo más personas heridas que se fueron por miedo igual que Florencia. Luego trataban de curarse con azúcar. «Ciertos medios empezaron a decir que nosotros con nuestros hijos estábamos tapando un cargamento narco. Dijeron de todo, solo porque vivimos en una villa. Nos hacen culpables como sea», dijo Florencia. Y contó lo que esas informaciones falsas velaban: «Durante el tiempo de la murga hubo un cese de violencia en el barrio. Pero después de lo que nos pasó, la zona fue tierra de nadie. En un enfrentamiento narco mataron a Miriam Villa, integrante de la murga, es el mismo lugar donde mataron este año a Nayla» (la niña de 4 años asesinada en febrero último). «Además de todo, la murga era un espacio de contención que buscaba sacar a los pibes de todo lo malo que podía haber alrededor, y estaban re contentos, pero ya nada fue igual».
La insólita versión de los gendarmes
Los gendarmes acusados son Elvio Cardozo, Darío Soler Páez, Yamila Maldonado, Guido Cativa, Esteban Molares y Saúl Juárez. Todos, menos uno, siguen en sus puestos. Tres de ellos se negaron a declarar en las audiencias y los otros tres reconocieron su presencia en el lugar, pero llegaron al punto de negar que allí hubiera habido una murga, algo insólito porque se los escucha a ellos mismos nombrarla en las modulaciones. También desconocieron los disparos que, se probó, fueron a no más de cinco metros de distancia. En los videos se escuchan las detonaciones incesantes y mujeres que gritaban: «¡Hay criaturas, hay criaturas!». En el lugar, en la calle 10, había mayoría de niños y adolescentes, algunos adultos, adultos mayores y hasta embarazadas.
Estos elementos fueron señalados por Pablo Rovatti, que representa a la mamá de «Carlitos» Suca, que tenía ocho años en aquel entonces y casi pierde un ojo por el perdigonazo que recibió. Rovatti, del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a las Víctimas de Delitos de la Defensoría General, marcó el absurdo de los relatos. Recordó también que se recogieron cartuchos de las municiones de escopetas anti-tumulto, que hubo peritajes y al menos cinco personas –que son las que se presentaron al juicio, aunque habrían sido muchas más–, mostraban heridas fácilmente reconocibles.
Insistió en que los gendarmes «faltaron a la verdad» al decir que respondieron a un ataque a piedrazos y botellazos de los/las integrantes de la murga, cuando quedó claro que el ataque fue de los efectivos. Hasta un policía federal que estaba allí, remarcó, describió esa secuencia con claridad y recordaba los gritos de una mujer que rogaba que no le dispararan.
El abogado Adrián Albor, que representa a Torres, señaló que se trató de un hecho «en el marco del inicio del gobierno de Mauricio Macri, cuando Patricia Bullrich eligió a la Gendarmería como mascarón de proa del sistema represivo, como fuerza de choque, tendiente a abortar todo intento de protesta social que vislumbraba vendría de la mano del plan económico de miseria planificada». Albor marcó puntos de contacto con otros hechos, como la muerte de Santiago Maldonado. Le pareció notorio que en el caso la murga, muy similar a lo que quedó registrado en aquella cacería, se escucha a los gendarmes decir «tirá, tirale a los negros».
«Bullrich trató de enmarcar estos hechos como una lucha entre narcotraficantes y así trató de encubrirlos», señaló el abogado. En su momento, al conocerse lo ocurrido, la exministra de Seguridad, fue a ver a gendarmes que estaban en el hospital y se sacó una foto. Rovatti recordó que en realidad estaban internados por otro episodio –uno de ellos, Cardozo, había estado en el Bajo Flores– un ataque a un puesto de Gendarmería cuyos autores no fueron identificados. La fiscalía remarcó que pocos días después de los hechos, Bullrich modificó el protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, que había sido confeccionado durante la gestión de Nilda Garré, y que la Gendarmería había violado.
Penas solicitadas
La pena más alta, de seis años para todos los gendarmes, fue requerida por la querella, a cargo de Romina Avila, en nombre del director de la murga, González, y su hijo de 14 años, que tuvo una herida gravísima en una pierna. Albor contó a este diario que la murga dejó de funcionar cuando la familia González empezó a ser perseguida: «Les armaron causas, los allanaron, les rompieron los instrumentos en un procedimiento hecho por la propia Gendarmería. Les armaron causas a más testigos». La fiscalía pidió cuatro años de cárcel y la detención de todos en caso de dictarse una condena. La querella del niño pidió penas diferenciadas, solo en suspenso para la gendarme Maldonado. En el resto, todos plantearon penas en un rango de cuatro a seis años, que implicaría el cumplimiento efectivo. Este jueves alegan las defensas. Podría haber sentencia ese mismo día, o que el tribunal –integrado por Darío Medina, Claudia Moscato y Luis Márquez–, la difiera hasta quince días.
