Junio 2009
Desde hace años, miles de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires sufren la incertidumbre y la precariedad de no tener un techo. Algunas y algunos de esos miles viven en el desamparo absoluto de la calle, abandonadas o perseguidos, estigmatizadas y demonizados como culpables de la situación de la que son víctimas. Otras y otros han podido ocupar colectiva o individualmente viviendas pertenecientes al gobierno de la ciudad o a particulares. Ante todo esto, la respuesta del Estado porteño, más allá del partido gobernante, ha sido siempre la misma: desalojos, represión, subsidios miserables y la ausencia total de una política de vivienda que favorezca a las y los de abajo y no a los especuladores inmobiliarios.
Así, tenemos casos paradigmáticos como el desalojo y represión de decenas de familias en el Patronato de la Infancia (PADELAI) en 2002 durante el gobierno de Ibarra o el incendio y posterior abandono de familias en Villa Cartón, en 2007 durante la gestión de Telerman, entre muchísimos otros.
No obstante, durante la actual gestión macrista, los grandes negociados inmobiliarios, con su correspondiente transformación del espacio público de la ciudad en un lugar de exclusión, de control y de miedo, se han transformado en bandera de este gobierno. El macrismo levanta las banderas de los desalojos, la falta de presupuesto para vivienda y la expulsión de los pobres de la ciudad. Y lo hace abiertamente, sin ahorrar frases cargadas de definiciones ideológicas y sin importarle siquiera el costo político de sus acciones.
La medida que mejor ejemplifica la política de exclusión del gobierno con respecto al tema vivienda, es el veto que el Ejecutivo dio a la Ley de Emergencia Habitacional sancionada en 2008 por la Legislatura. Según esta ley, se suspendían hasta el año 2011 todos los desalojos de las propiedades del GCBA que fueran usadas como vivienda. Al veto de esa ley se le suma la creación de la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP), a través del decreto 1232/2008, para “… mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión”. Persuasión que, en la práctica real y concreta, se traduce en los aprietes y golpizas que los matones de la UCEP descargan sobre las y los habitantes de la ciudad.
Por todo esto, un conjunto de organizaciones sociales y políticas hemos decidido dar una respuesta colectiva y desde abajo a estos atropellos. De esta manera, nos hemos constituido en asamblea permanente contra los desalojos.
Esta iniciativa surge principalmente a partir de dos casos testigos: la amenaza de desalojo a una casa perteneciente al GCBA ubicada en la calle Pringles y Díaz Vélez, Almagro, donde una familia de once personas vive hace 25 años; y el desalojo ilegal de la Huerta Orgázmika y la represión en el Centro cultural La Sala con la detención y golpiza de 22 compañeros y compañeras.
Como primera medida para evitar el desalojo de la casa de Pringles, el 8 de Junio pasado la Asamblea Permanente contra los desalojos convocó a una movilización y Escrache a la Dirección de Administración de Bienes de la Ciudad. De esta dependencia surgen los decretos de desalojo que Macri firma y hace efectivos sin ser necesaria la intervención de la Justicia. En este organismo también, a una de las compañeras que habita en la casa de Pringles y que participa de la Asamblea, le dijeron abiertamente que el gobierno quería desalojar todos los inmuebles para su posterior venta, y que en dos meses se haría efectivo el desalojo sin ofrecerle ninguna solución, mas que dirigirse a Desarrollo Social a obtener el irrisorio subsidio habitacional de 700 pesos mensuales por algunos pocos meses.
En la jornada del 8 de Junio fuimos a exigirle a Tomás Ibáñez, director de Administración de Bienes, el compromiso por escrito de que no desalojaría a nuestra compañera y su familia sin darle una SOLUCIÓN DEFINITIVA a su situación habitacional. Se sumó a este reclamo la Asamblea de San Telmo, que viene colaborando con una casa en situación de desalojo ubicada en la calle Constitución, en la que habitan varias familias.
Gracias al compromiso y a la presencia de muchas organizaciones, compañeros y compañeras los casos tomaron estado público e Ibáñez no tuvo mas remedio que recibir a una delegación y firmar el compromiso de la suspensión del desalojo.
Si bien el acta está plagada de ambigüedades y no tiene un peso legal definitivo es un importante logro en lo político ya que demuestra que solo mediante la organización y la lucha podemos dar vuelta esta situación.
Además, Ibáñez deslizó algunas definiciones que son dignas de mencionar. En la negociación por la casa de Constitución intentó convencer a la compañera presente de la Asamblea de San Telmo que entregarán otro predio del que hacen uso en la calle Paseo Colón. Para esto argumentó que hay un proyecto de ensanchar esta avenida, junto a las avenidas J. B. Alberdi y De los Constituyentes, que el gobierno pretende terminar y que pertenece a la gestión de Cacciatore, intendente de la ciudad durante la Dictadura genocida de 1976-1983. Primera definición llena de carga simbólica: la argumentación para llevar a cabo un desalojo es la conclusión de un proyecto de exclusión elaborado en la dictadura.
Por otro lado, Ibáñez comentó que el gobierno tiene pensado realizar únicamente desalojos de “bajo impacto social” antes de las elecciones. Este plan se condice con la frase que con orgullo e impunemente tiró a principios de este año el Jefe de Gabinete Rodríguez Larreta “despacito y en silencio se van haciendo desalojos”.
Los discursos no sólo dicen, sino que también posibilitan, aperturan, incomodan, clausuran, justifican, habilitan y deshabilitan, habitan y deshabitan, alojan y desalojan. En los años previos a la dictadura del ´76, la figura del subversivo se impuso discursivamente como condición para llevar a cabo la cruenta represión dictatorial y pre-dictatorial. El subversivo no era cualquiera, es decir, no cualquiera podía ser etiquetado como tal. Los subversivos eran militantes de izquierda: peronistas, trosquistas, anarquistas, guevaristas; jóvenes estudiantes secundarios y universitarias; obreras y obreros; intelectuales, artistas, periodistas.
En la Ciudad de Buenos Aires, la figura del subversivo fue una de las construcciones discursivas que puso en marcha a las topadoras verde oliva de Cacciatore para arrasar con algunos de los tantos barrios porteños con pasillos y techos de chapa y construir una urbe atravesada por autopistas en la que vivan sólo quienes “lo merezcan”. Pero no pudo, las villas resistieron y aún resisten, y no justamente -como gusta a muchos decir- porque a sus habitantes les guste no pagar los impuestos.
La figura del subversivo -aquel que subvierte el orden establecido- fue mutando a lo largo del tiempo. Sin cabida para desapariciones masivas y sistemáticas de personas, la construcción discursiva del subversivo dejó de surtir efecto. Hace unos años, habilitando modos más sutiles de represión, los medios masivos de comunicación comenzaron a construir la figura del “pibe chorro”. El discurso de la inseguridad, similar pero distinto al que circulaba durante los meses previos al 24 de marzo del ´76, dibuja el contorno del “pibe chorro” como un sujeto peligroso que, también como antes, no es cualquiera ni vive en cualquier parte: es adolescente, no tiene una familia constituida, no va a la escuela, no trabaja, fuma paco y vive en las villas. El “pibe chorro” es el responsable de la inseguridad. La inseguridad –nos dice ella misma a través del discurso de los medios- sale de las villas y se esconde en ellas: zonas peligrosas que se deben erradicar para terminar con los robos, violaciones y asesinatos a las “personas de bien”.
Erradicar significa arrancar de raíz, sacar de la tierra y no permitir que vuelva a crecer. Cuando las ciudades tenían límites fijos demarcados por puentes o murallas, no se erradicaba sino que se desterraba, se echaba más allá de las fronteras. Aún sin ser una muralla, la Avenida General Paz funcionó durante la última dictadura militar como aquel límite detrás del cual eran arrojados los habitantes de la Villa 31 y otros barrios precarios de la ciudad como parte del plan de higienismo urbano encarado por la dictadura.
Hoy día, el erradicado no tiene un afuera de la ciudad donde ser arrojado, entonces se convierte en errante, una vagabunda que va a ninguna parte. La erradicada sufre lo mismo que el desalojado: aquel a quien se corre del lugar que habita. A la desalojada se le niega el derecho a la vivienda y, con ella, se le impone no vivir en un lugar para tener que pasar a vivir en un no-lugar: debajo de la autopista, en una estación de subte o de tren, en una plaza, lugares desde donde luego será nuevamente desalojado y así una y otra vez.
Claro que las voces del gobierno y de los medios masivos de comunicación nunca dan cuenta de esta suerte que deben correr los erradicados y desalojadas. Sólo hablan del destino de los lugares de desalojo: shoppings, museos a ilustres próceres, polos tecnológicos, ensanchamiento de las avenidas, agrandamiento de los puertos. En sus propias palabras, se trata de “recuperaciones del espacio público”. Recuperar significa poner en servicio lo que antes estaba inservible. Implica negar lo que allí había antes de producirse el desalojo, negar el espacio y quienes lo habitaban. Recuperar un espacio es considerarlo previamente perdido, vacío, ocioso. Por otra parte, cabría preguntarnos: ¿recuperarlo de quién?, ¿para quién?, ¿para qué?
En los últimos meses, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de la gestión macrista, ha avanzado en el desalojo y la erradicación de distintos barrios, viviendas, centros culturales y experiencias autogestivas de la ciudad. Cada uno de estos avances estatal-mercantilistas responde a un particular proyecto inmobiliario que, juntos, delinean de manera estratégica una cartografía urbana de la exclusión y el control del espacio público. Sin embargo, los mismos no se han dado ni se siguen dando sin la resistencia de quienes habitan los espacios sobre los que el Estado intenta avanzar.
El Corredor Verde del Oeste es una mega proyecto por el cual, en el año 2000, el Estado Nacional a través de la ONABE (Órgano Nacional de Administración de Bienes del Estado) le cedió las tierras lindantes con el ferrocarril Sarmiento al Gobierno de la Ciudad. El Proyecto consiste en el soterramiento de las vías para la construcción de un gran parque lineal que ocupe la traza que va de Once a Liniers.
Por falta de presupuesto el proyecto fue postergado una y otra vez por los sucesivos gobiernos. No obstante, al asumir el macrismo prometió terminar esta obra. Con esta excusa se realizó el desalojo de un asentamiento que se había levantado en terrenos fiscales, lindantes con la vía a la altura de Caballito. Casualmente allí mismo comenzó no la obra del corredor verde sino la construcción de lujosas torres a cargo de una empresa de un amigo de Macri, Nicolás Caputo.
Además, también en tierras del ferrocarril Sarmiento se encontraba la desalojada Huerta Orgázmika y los edificios de Gascón 123 y Mario Bravo 145. Estos últimos pertenecen al gobierno de la ciudad y están habitados por decenas de familias. En Julio del año pasado la Legislatura aprobó un proyecto de ley por el cual ambos inmuebles quedaban desafectados del Corredor Verde del Oeste y serían destinados a viviendas sociales para sus actuales habitantes. Obviamente, Macri vetó la ley y envió la cédula de desalojo. El veto argumenta cínicamente que “las franjas afectadas por la Ordenanza N° 24802, se encuentran dentro de los Programas propuestos por el Plan Urbano Ambiental destinadas al 'Corredor Verde del Oeste' que implica el soterramiento del ex Ferrocarril Sarmiento en algunos tramos y son las únicas reservas de tipo lineal con que cuenta la Ciudad” y que “el concepto de "vivienda social", tal como nombra el proyecto de ley, no está tipificado en el código de planeamiento urbano”.
Uno de los proyectos fundamentales que la última dictadura militar tenía destinado para la ciudad de Buenos Aires -y que quedó inconcluso- es el denominado Plan General de Autopistas. En el marco de este plan, el gobierno de Cacciatore expropió y desalojó terrenos, viviendas y hasta edificios enteros ubicados sobre la traza de la “Autopista Central (AU3)”, la cual recorre recorre la ciudad de Buenos Aires desde la Av. General Paz, en barrio de Saavedra hasta Puente Alsina, atravesando los barrios de Belgrano, Villa Urquiza, Coghlan, Chacarita, Villa Ortúzar, Colegiales, Palermo, Almagro, Villa Crespo, Balvanera, Parque Patricios y Nueva.Sin embargo, ya en 1981 varios de esos inmuebles fueron ocupados nuevamente por otros ciudadanos que habían quedado sin vivienda. Algunos de estos nuevos ocupantes procedían de las villas de emergencia que el mismo Cacciatore había demolido en varias partes de la ciudad. Otros tantos pertenecían a sectores de la clase media que ya no podían pagar el alquiler, luego de que la dictadura militar eliminara los precios máximos para los alquileres y éstos se tornaron impagables para buena parte de la clase trabajadora.
Con el advenimiento de la democracia y las sucesivas crisis económicas, el número de viviendas ocupadas sobre la traza de la ex AU3 -y en el resto de la ciudad- se fue incrementando. Este incremento fue paralelo al de otra cifra, el de la emergencia habitacional.
El 28 de diciembre de 1999, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la ley 324, con la que apunta a la “Recuperación de la traza de la ex – AU3”. El primer artículo de la misma señala que sus objetivos son, entre otros, “reconstruir el tejido urbano y social del área en cuestión” y “brindar vivienda económica a los beneficiarios”.
Las personas afectadas por aquella ley eran divididas en dos grupos, los considerados beneficiarios (en relación a la solución habitacional prometida por el gobierno) y aquellos que de todos modos iban a ser desalojados. Para ser beneficiarios debían cumplirse una serie de requisitos, tales como acreditar más de tres años de ocupación y no estar percibiendo ningún tipo de crédito inmobiliario con fines de adquirir o refaccionar una vivienda.
A pesar de que ésta ley es cuestionable por el hecho de que ya excluía a muchas familias (los no beneficiarios), hubo muchas que desde entonces se adhirieron al programa con la esperanza de regularizar su situación y encontrar una solución definitiva a su problema habitacional.
En la dependencia que el gobierno porteño le destinó a la Unidad Ejecutora de la Ex AU3, a cargo de Carlos Reggazoni, se convoca a los vecinos para que acepten retirarse de sus terrenos por las buenas: a los beneficiarios se les ofrece a cambio hasta 96 mil pesos (menos la deuda que mantengan en concepto de impuestos municipales); mientras que a los no beneficiarios se les ofrecen hasta 25 mil pesos.
Dentro de la traza de la ex AU3, hay quince manzanas entre Avenida Congreso, Álvarez Thomas, De los Incas y Rómulo Naón/Forest que ya son un territorio en disputa. Allí viven 450 familias que el gobierno pretende desalojar. Mauricio Macri decretó ya 81 de estos desalojos. La respuesta no se hizo esperar: al menos 100 familias ya se organizaron para frenar este atropello. En principio presentaron un amparo judicial con el que lograron detener los desalojos: el juzgado de la Dra. Elena Liberatori les dio la razón al tener en cuenta que el GCBA no les estaba ofreciendo a las familias una solución definitiva a su problema de vivienda.
La historia de la Villa 31 de Retiro está plagada de luchas entre sus habitantes, quienes buscan la radicación definitiva por medio de un plan de urbanización que les permita permanecer en su tierra, y los avances del Estado de la Ciudad de Buenos Aires por erradicarla negando el derecho a la vivienda de las personas que la habitan. Durante la última dictadura militar, hubo una erradicación compulsiva y violenta por medio de la cual los y las habitantes de la villa eran subidos a la fuerza a camiones del ejército y la marina y arrojados en el conurbano o deportados a sus países de origen. Dicha expulsión fue frenada en 1979 gracias al recurso de amparo presentado por un grupo de “curas villeros” que permitió que 46 familias permanecieron en el barrio, aunque sin agua corriente, luz ni gas. Vuelta la democracia, el lugar volvió a poblarse y cuenta hoy con más de 5000 familias entre la Villa 31 y la 31 bis, separadas ambas por la Autopista Illia.
Contra los avances del Estado por la erradicación de la villa, un grupo de arquitectos de la Universidad de Buenos Aires diseñó un proyecto de urbanización sin desalojos con el fin de convertir la Villa 31 en el Barrio Mugica. Este proyecto fue presentado en la Legislatura Porteña a mediados del año pasado, la cual lo declaró de interés para la Ciudad. Sin embargo, los planes de la gestión macrista son muy distintos.
Las continuas presiones estatales de tipo parapolicial que sufren las y los habitantes de la Villa 31 y 31 bis se fundamentan en el alto valor que tienen sus más de 15 Ha. y el estigma discriminatorio que los medios masivos de comunicación descargan sobre las y los villeros. Uno de las inversiones más importantes que el gobierno tiene destinado para la zona es la construcción de Puerto Madero II. Se trata de una inversión de 480 millones de dólares en la que participan capitales extranjeros tales como la Corporación América S.A. -empresa privatizadora de todos los aeropuertos del país-, el Banco Macro Bansud S.A. y la constructora Fernández Prieto, que ya ha construido gran parte de Puerto Madero I.
Otro de los proyectos que es impulsado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la reubicación de las dependencias gubernamentales porteñas en la zona de Barracas: área delimitada entre las calles Defensa, las avenidas Patricios, Iriarte, Perito Moreno, Sáenz y San Juan (Comuna N° 4).
En dicho radio, se encuentran los hospitales de salud mental José T. Borda, Braulio Moyano, Tobar García, los cuales han sido objeto de políticas de desabastecimiento, con el manifiesto perjuicio en su funcionamiento y en los derechos de las personas beneficiarias, con la proyección oficial de cerrar dichas instituciones. Bajo la excusa de desinstitucionalizar la atención de salud mental, tal como lo establece la Ley N° 448, el público debate ha puesto en evidencia que el plan oficial no es otro que destruir la salud pública, sin proponer una alternativa conforme lo establece la Constitución.
En la misma zona se encuentran otros predios que han sido intimados para el desalojo, como toda el área circundante de la Plaza España, el Centro Cultural y Cooperativa Trivenchi e inmuebles vecinos, los cuales pretendieron ser desalojados por el GCBA usando como excusa un Decreto/Ley del gobierno de facto de Onganía.
En este marco, sumado a la falta de políticas progresivas de desarrollo de la Comuna en cuestión, queda claro el objeto arrasador del Plan del gobierno, que pretende esconderse bajo el desarrollo de la Zona Sur de la Ciudad y la “recuperación del espacio público”.
Desde la Asamblea permanente contra los desalojos apuntamos a hacer visible estas problemáticas. Y a romper el aislamiento y la dispersión de las resistencias que surgen frente a esto.
El gobierno se encuentra ejecutando un plan integral para hacer de la ciudad un lugar cada vez más exclusivo, recortando el acceso de las mayorías explotadas a todos los derechos básicos y profundizando la represión y el control social. En este marco intentamos situar la problemática habitacional y articular las luchas no solo por la vivienda, sino por una vida digna en la ciudad. Buscamos, no solo dar respuesta a los golpes que el sistema nos propina, sino construir nuevos sentidos de lo público, lo urbano y lo colectivo. Transformar el espacio público en un lugar no de paso, ni de miedo, ni de control sino de encuentro, de reflexión, de acción, de construcción.
Ni gente sin casas ni casas sin gente
Basta de represión y desalojos
Declaración de la emergencia habitacional YA!
Disolución inmediata de la UCEP
Organización y lucha para construir una solución definitiva al problema habitacional.
