12.06.2009
Será al Ministerio de Espacio Público para volver a denunciar -como ya lo hicieran el 21/05- el accionar de la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP). Ese día entregarán un petitorio -que adjuntamos- exigiendo la disolución de ese grupo parapolicial y que se ponga fin a los desalojos que lleva adelante el gobierno de Macri.
Solicitan adhesión a: ladignidadnoseprivatiza@yahoo.com.ar
Estarán recibiendo firmas hasta el martes 16/06 por la noche.
Asimismo invitan a participar de la actividad el miércoles 17/06 a las 16:30. Concentran en el Obelisco y marchan al Ministerio de Espacio Público (Diagonal Norte y Florida)
Convocan: Coordinadora de Lucha en la Ciudad La Dignidad no se Privatiza,MTR La Dignidad , MTL Rebelde – FOPP, Frente Popular Darío Santillán, FOL, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Asoc. Docente Ademys, C.I.B.A., Corriente Julio Antonio Mella, La Juve (Prisma+FCRG) , Lobo Suelto, Gallo Rojo, Un Solo Grito en TER, Colectivo La Trifulca-Frente Territorial y Cultural, Asamblea de Villa Urquiza, La Pulpería , Comisión de Justicia y Paz (Parroquia de Constitución) , CCC, Agrupación Gastón Riva (S.I.Me.Ca.) , Agrupación La Llamarada , Los Necios (Fiolosfía y Letras), El Andamio (Sociales), El Estallido (Psicología).
Adhieren: MTR, Asamblea Poder Popular, FEG, Otro Camino para Superar la Crisis Regional Capital, Corriente Estudiantil Plan B, ISTLyR, OLN Fogoneros, Diputada Liliana Parada Bloque Igualdad Social, Huerta Orgazmika, CC LaSala, Asamblea Permanente Contra los Desalojos, Juventud CTA Capital, Espacio Cultural Bonpland.
PETITORIO:
Basta de desalojos. Declaración de la emergencia habitacional ya
Exigimos la disolución del grupo parapolicial de la UCEP y Reclamamos respuestas frente a la crisis de vivienda de la Ciudad
Las organizaciones sociales, políticas, sindicales, organismos de derechos humanos, organizaciones culturales, estudiantiles y barriales, así como personalidades, diputados y vecinos abajo firmantes, denunciamos la política represiva y excluyente que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri quien frente a la terrible crisis habitacional de la ciudad, se responde con una patota parapolicial que amenaza, golpea y desaloja brutalmente a miles de familias que habitan viviendas precarios o en la calle, violando así uno de los derechos humanos más elementales.
En la ciudad de Buenos Aires, miles de familias sobreviven en viviendas precarias o en la calle por la falta de respuesta que hay por parte del gobierno de Macri a la crisis habitacional.
Si bien nunca se impulsó una política que modificara estructuralmente la falta de vivienda en la Capital, en el último año, con el PRO en el gobierno, se agravaron y multiplicaron los desalojos violentos, sin orden judicial y sin respuesta posterior para quienes no tienen otro lugar donde vivir. Además, denunciamos el veto del oficialismo en la Legislatura porteña, de un proyecto de ley para declarar la emergencia habitacional y suspender los desalojos.
Más grave aún, desde fines del año pasado, comenzó a funcionar un grupo parapolicial, creado con el nombre “Unidad de Control del Espacio Público (UCEP)”, que depende del Ministro Juan Pablo Piccardo y cuya tarea es mantener “el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión”.
Para esto, un grupo civil que actúa de noche en autos sin identificación, intimida y golpea a hombres, mujeres y niños que ante la precariedad habitacional de la Ciudad terminan viviendo en la calle y, por otro lado, interviene en desalojos administrativos, sin orden judicial, con una brutalidad y metodología propia de la última dictadura militar.
La UCEP ha sido denunciada por diversos organismos de Derechos Humanos, legisladores/as y medios de comunicación por realizar operativos violentos de desalojo en la vía pública, por participar en desalojos administrativos de edificios ocupados y por expulsar y agredir a personas en situación de calle y a cartoneros.
La creación de este grupo parapolicial y las políticas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri no sólo vulneran los Derechos Humanos más elementales, como también desvirtúan el papel del Estado en su rol de principal garante de ellos. Es decir, en lugar de presentar soluciones viables a la problemática de emergencia habitacional que padecen aproximadamente 600 mil personas en la Ciudad, el gobierno porteño aparece como el principal responsable por agravarla.
El derecho a la vivienda de todo ser humano se ampara en la legislación porteña, nacional e internacional a la que Argentina suscribe, pero es violado cotidianamente por parte del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, al llevar adelante desalojos forzosos, incluso sin orden legal y dejando en la calle a miles de familias. Con estas acciones, el gobierno viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que no sólo garantiza el derecho a la vivienda de forma declamativa sino que marca la obligación del Estado a procurar mediante políticas diversas que todos los hombres puedan obtener un ámbito donde vivir decorosamente, sean o no propietarios de él.
Además, viola el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce en su artículo 11 el derecho a una alimentación, vestido y vivienda adecuados y que asegura que “los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho”. También se viola la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre Eliminación de Discriminación Racial, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Discriminación contra la Mujer , la Convención sobre los Derechos del Niño, todos ellos incorporados asimismo a la Constitución Nacional.
El Comité que controla el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hace hincapié en que los Estados deben dar una protección legal a las personas, con el objetivo de que no sufran amenazas ni hostigamientos, sin importar la situación de tenencia de vivienda en la que se encuentren.
Exactamente lo opuesto a lo que impulsa el gobierno de Macri, quien se ufana del aumento de desalojos durante su gestión y crea grupos parapoliciales que desalojan violentamente a niños, mujeres y hombres de sus viviendas.
Por todo esto, exigimos que no se viole más el derecho humano a tener una vivienda digna.
Basta de accionar parapolicial
Disolución de la UCEP
No al avance represivo
Basta de desalojos
Declaración de la emergencia habitacional
Construcción de viviendas sociales
El espacio público nos pertenece a todos/as los/as que habitamos y transitamos la Ciudad
Coordinadora de Lucha en la Ciudad
La Dignidad no se Privatiza