Enfermería de los centros de salud porteños se moviliza por pago de plus

5.4.2023

Este martes se cumplieron 72 horas desde que el sector decidió realizar un cese de actividades con presencia lunes y martes, y movilización este miércoles para exigir el pago completo del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO). De manera autoconvocada y organizada desde abajo decidió exigir, además, el reconocimiento profesional y el aumento de salario.

Esta decisión fue tomada el sábado y refrendada el lunes en asamblea virtual, donde de forma autoconvocada participaron decenas de profesionales de la salud. Sumaron también al pliego de demandas el pedido de pase a la carrera profesional y el aumento salarial, ya que los bajos sueldos obligan a muchxs a tener dos o más trabajos, o realizar muchas horas extras. Realidad que no extraña ya que según un informe del INDEC de marzo de 2023, los sueldos son de pobreza.
No sorprende este tipo de atropello por parte de Larreta y Quirós hacia los trabajadores de la salud que estuvieron en la primera línea durante toda la pandemia de COVID-19. Desde el 2018 han excluido a los profesionales de enfermería de la carrera profesional de la salud, lo que significa sueldos hiper precarios y menos derechos laborales en comparación con otros profesionales. Además, el desfinanciamiento de la salud aumenta cada año mientras se sigue pagando al FMI.

La salud neoliberal

El SAMO se percibe de forma totalmente desigual entre los trabajadores del sistema de salud. No sólo suceden “errores” como el pago diferenciado a Enfermería que fue denunciado estos días, sino que residentes y concurrentes que sostiene el sistema de salud ni siquiera lo cobran. Nadie sabe el total a ciencia cierta de lo recaudado. Además, quienes lo cobran, el monto que perciben depende de lo que cada hospital público recauda de forma particular. No todos poseen la misma estructura, material, instrumental y equipo para realizar atención, lo que da como resultado hospitales con mayor complejidad y otros con más déficits; por lo que unos pueden brindar prestaciones más caras que otros, o abarcar diferentes niveles de demanda, lo que los vuelve “más competitivos”. Se genera así una suerte de competencia entre efectores, que buscan atrapar prestaciones a privados u obras sociales para poder compensar así la falta de presupuesto mediante recursos propios, pero estos no son distribuidos de manera equitativa, como parte de una red integral. Sólo un sistema único de salud, público, gratuito y universal es la salida para terminar con la desigualdad en la atención de la población y poner a disposición todos los recursos existentes para todos.
Una residente de Enfermería de un centro de salud de la Agrupación Marrón Salud, refería: “Creemos que es necesario brindar todo el apoyo al reclamo de enfermería a la par que cuestionar la necesidad del SAMO frente a los bajos salarios y la falta de presupuesto en salud. Mientras el SAMO exista, exigiremos el pago igualitario a todos los trabajadores de la salud, al mismo tiempo que les exigimos a las direcciones burocráticas de todos los gremios de salud, como SUTEBA y ATE, pero también Federación, que rompa la convivencia con los gobiernos de turno y llamen a un paro por salario, contra la precarización y en defensa de la salud pública. Sólo así se podrá desatar toda la fuerza del sector. Creemos que la mejor forma de luchar y conquistar lo pedido es en unidad con todos los trabajadores de la salud y la comunidad, tal como marcamos los residentes el camino el año pasado”.

Tras la quita de asignaciones a estudiantes vulnerables, Larreta ahora recortó alimentos a comedores

5.4.2023

Por Martin Suárez

Organizaciones que administran comedores populares denuncian un fuerte recorte en las raciones de comida. Este ajuste, como la eliminación de asignaciones a estudiantes pobres, “se da en una ciudad con el 61% de niñas y niños mal nutridos”.

Desde las diferentes organizaciones sociales, aseguran que en la Ciudad de Buenos Aires hay más de 600 comedores comunitarios y merenderos. Muchos de esos espacios son ollas populares o lugares informales que crecieron durante el confinamiento por la pandemia del COVID, y otros se sumaron con la crisis económica producto de la inflación. Algunos de estos espacios, aseguran referentes sociales, no cuentan con asistencia del Estado porteño.
Una de las organizaciones que tiene a cargo comedores barriales, denunció un fuerte recorte en los alimentos que envía la Ciudad. Por esta razón, se movilizaron hacia el ministerio de Desarrollo Humano porteño que comanda María Migliore. Reclaman la reasignación urgente de los alimentos: «todos los días comen 900 personas y nos envían alimentos para 600», denuncian. Este recorte se da en el marco de la quita de las asignaciones educativas a miles de estudiantes vulnerables de la Ciudad por no poder asistir a clases.
«Repudiamos el recorte que está realizando el gobierno a nuestros comedores. Esto lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, pero últimamente, de un día para el otro, a uno de nuestros comedores le quitó 300 raciones», denuncia a Tiempo Flavia Romero, referente porteña del Frente Popular Darío Santillán (FPDS). Según Romero, a ese espacio popular asisten alrededor de 900 personas entre niñas, niños y adultos mayores. «Larreta dejó sin comer a trescientas personas de un momento a otro, mientras acá la ministra María Migliore se la pasa hablando en televisión de pobreza y viene a hacer este fuerte ajuste a nuestros comedores». La referente social analizó el contexto del nuevo recorte de alimentos y manifestó que «no es casual que este nuevo ajuste se de en el marco de la quita de las asignaciones educativas a estudiantes muy vulnerables que realizó la semana pasada la Ciudad. Es por eso que le exigimos a la ministra Migliore que nos devuelva las raciones de comida para que esas 300 personas puedan tener un plato de comida».
Ante esta denuncia, el gobierno porteño tomó distancia y asegura que el espacio comunitario mencionado por el FPDS, ubicado en la Villa 21.24, «hoy brinda alimentos a 200 personas». La cartera que conduce Migliore, dice que no hubo un recorte de alimentos sino un «redireccionamiento» de la comida, «que ahora se entrega en el comedor y dentro del barrio, fue para poder llegar a más personas. La decisión se tomó luego de dos relevamientos en territorio y también por la dimensión del espacio». Por su parte, la diputada porteña del Frente de Todos Laura Velasco, que además preside la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social, aseguró a Tiempo que la Ciudad «este año recortó en 4 puntos el presupuesto del ministerio Desarrollo Humano y Hábitat y se redujo los montos de asistencia alimentaria en el contexto de una malnutrición infantil en ascenso». La legisladora porteña lanzó una cifra preocupante que se desprende de un relevamiento realizado por la Universidad Popular de Barrios de Pie: «el 61% de niñas y niños de 6 a 10 años, están mal nutridos en barrios populares de la CABA». Cabe destacar que estos datos relevados por la casa de estudios se inspeccionaron en 10 barrios de la Ciudad de Buenos Aires. «No es casual que en los barrios del sur el promedio de vida sea de 10 años menos que en el norte, es el resultado de 16 años de gobiernos macristas: una Ciudad rica y cada día más desigual», termina la diputada.

Recortes en cadena ¿Casualidad o causalidad?

La semana pasada, el Jefe de Gobierno porteño y la ministra de Educación, Soledad Acuña, anunciaron en conferencia de prensa la quita de un plus educativo del Programa Ciudadanía Porteña a 1.445 familias, por no contar con el 85% de asistencia a clases de niños, niñas y jóvenes. ¿Casualidad, causalidad, o dos situaciones que encuadran en una cosmovisión del mundo y que se aplica desde el ejecutivo porteño?
Desde la administración porteña, dicen que detectaron que había un 30% de estudiantes que faltaba a clases al menos una semana al mes. Con esos guarismos, en lugar de generar las condiciones para que esos chicos vuelvan a clases, la ministra Soledad Acuña modificó las reglas que debe cumplir un estudiante para ser considerado “alumno regular” y decretó que aquellos que no alcanzan la asistencia mínima (85% de los días efectivos de clases por bimestre) pierden la regularidad. A todos esos estudiantes automáticamente les quitan la ayuda económica.

El hambre en la Ciudad más rica

Un estudio realizado por la Universidad Popular Barrios de Pie remarca el impacto que tiene el actual proceso inflacionario sobre la alimentación de las familias más pobres, la emergencia social, la ausencia de políticas públicas por parte del gobierno porteño para los sectores más humildes, la reducción de partidas para asistencia alimentaria -incluso en plena pandemia- en comedores y merenderos comunitarios y la mala alimentación en los comedores escolares que dependen del GCBA. El relevamiento se realizó en diez barrios populares porteños -Barracas, Bajo Flores, Cildáñez, Fraga, Villa Soldati, Villa Lugano, Ciudad Oculta, Pirelli, Retiro y Piedra Buena-, entre agosto y septiembre de 2022, cuando relevaron a 179 familias y 1752 chicos y chicas de la Ciudad de Buenos Aires que concurrieron a distintos espacios comunitarios. La investigación reveló que la malnutrición afecta al 54,6% de niños, niñas y adolescentes de los barrios populares de la ciudad más rica del país. El índice aumenta al 61% entre los 6 y los 10 años.

Enfermería para por 48 horas en los Centros de Salud porteños

3.4.2023

Denuncian discriminación, maltrato y exigen el pase a la carrera profesional. Esta situación se refleja en el cobro de un 50% menos salario que un par en la carrera profesional. Además, reclaman insumos y herramientas elementales para que los Cesac´s puedan seguir funcionando.

Este lunes el personal de enfermería de los Centros de Salud porteños (Cesac´s) comenzaron un paro de 48 horas. Denuncian discriminación y maltrato para los trabajadores que no se encuentran comprendidos en la carrera profesional, exigencia que vienen haciendo hace años y tanto el Gobierno porteño como el sindicato mayoritario Sutecba no le reconocen.
Los trabajadores no comprendidos en la carrera profesional, por el mismo trabajo, cobran un 50% menos de salario. Y denuncian que, con el cobro del plus salarial, llamado SAMO (fondo del Sistema de Atención Médica Organizada), es otra discriminación más, mientras el personal de enfermería cobra 8300 pesos el resto del personal llega a cobrar hasta 30000 pesos. Terminando el paro de 48 horas, este miércoles, se movilizarán al ministerio de salud a cargo de Fernán Quirós.
Los Centros de Salud porteños (Cesac’s) se encuentran distribuidos en los distintos barrios carenciados de la Ciudad, donde se realiza atención primaria. Es la cercanía del sistema de salud a los vecinos, antes de tener que derivar a alguno de los 33 hospitales que tiene la Ciudad. En ellos el personal sanitario. Su tarea comienza en visitas domiciliarias en los barrios más vulnerables con equipos interdisciplinarios para poder detectar y atender de forma preventiva distintas patologías.
Las y los trabajadores además denuncian el desfinanciamiento, la falta de insumos y la precariedad de las herramientas con las que cuentan.
El sistema de salud se encuentra en crisis hace años, mientras que en la pandemia se comprobó lo que todos sabemos “el sistema de salud funciona gracias a la labor del castigado personal que pone el hombro, son héroes”. Sin embargo, desde el gobierno porteño siguen sin reconocer el pase a la carrera profesional de enfermería, como sigue pagando salarios mucho más bajos que en el sector privado y en particular en los Cesac por debajo del resto del sistema de salud pública.
Este reclamo lleva años sin ser atendido por el gobierno. Recordemos las masivas marchas de enfermeras y enfermeros hace años, la lucha de los residentes y concurrentes del año pasado y así todos los años. La marea blanca sube y baja pero el mar de precariedad y un sistema de salud en crisis perduran.

Comodoro Py. Histórico: el espía Balbuena y sus dos exjefes de la Federal, condenados por espionaje ilegal

31.3.2023

Por Larisa Pérez

El juez Daniel Rafecas condenó al espía Américo Balbuena y a dos de sus jefes de la Policía Federal por espionaje ilegal que realizaron a organizaciones sociales, sindicales y políticas, haciéndose pasar como periodista de la Agencia Walsh. Desde la querella pelearon durante diez años aportando pruebas para demostrar que existen los organismos de inteligencia ilegal.

Este viernes en Comodoro Py se escuchó una condena histórica: Américo Balbuena, junto a sus dos ex jefes de la Policía Federal Alejandro Sánchez y Alfonso Ustares, fueron condenados por haber realizado espionaje político a organizaciones sociales, de derechos humanos, gremiales y políticas.
El fallo del juez Daniel Rafecas condenó a los tres por incumplimiento de deberes de funcionario público -al máximo de la pena contemplada en estos casos-, a dos años de prisión y el doble de inhabilitación para ejercer cargos. La pelea durante diez años de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, periodistas de la Agencia Walsh, partidos de izquierda junto a los abogados de la querella Matías Aufieri, Liliana Mazea, Myriam Bregman, Carlos Platowsky del CeProDH, lograron aportar abundantes pruebas y testimonios sobre la infiltración que realizó el Cuerpo de Informaciones de la Federal, haciendo pasar a Balbuena como periodista de la Agencia Walsh. Desde esa confianza ganada les permitió reunir información durante diez años -desde 2002 a 2013.
“Es una gran conquista de todo el movimiento de derechos humanos que desde hace décadas pelea en el país, y de tantas organizaciones que son denunciantes en la causa, los comunicadores como los miembros de la Agencia Walsh, que fueron las primeras víctimas de esta infiltración de este Cuerpo de Informaciones, que funciona desde hace muchas décadas” dijo Matías Aufieri, y destacó que “es inusual que los casos de espionaje lleguen a esta instancia de juicio oral”.
Myriam Bregman afirmó que con esta condena: “Se demostró que no son cuentapropistas, porque fue condenado Balbuena, dos de sus jefes de la Policía Federal. Los espías políticos no actúan solos o por cuenta propia. La pelea que dimos demostró que no, que tienen una estructura orgánica y que cumplen órdenes cuando realizan este tipo de espionaje político.”
Uno de los puntos del fallo es que se envíe copia de esta sentencia a la comisión bicameral que sigue el funcionamiento de los organismos de inteligencia y la comisión de seguridad, del Congreso de la Nación. En particular pide que se analicen las normas secretas que regulan la existencia del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal, que fueron parte del debate en el juicio por tratarse de un cuerpo dedicado al espionaje político, y se las contraste con las leyes constitucionales.

El debate en el juicio

Esta causa inició en el 2013. La denuncia comenzó cuando comunicadores de la Agencia Walsh descubrieron que Américo Balbuena, quien se hizo pasar por miembro del medio de noticias alternativo, era en realidad agente de la Policía Federal. Rodolfo Grinberg, parte de la querella junto con sus compañeros, testificó en el juicio que demoró diez años en hacerse. El vínculo de confianza construido por Balbuena le permitió valerse del lugar en la Agencia para ir a cada movilización, marcha, reclamo social, y con la pantalla de hacer entrevistas para una cobertura periodística obtener incontable información desde el 2002 hasta que fue descubierto.
El Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal, los “plumas”, se hizo conocido por “Iosi, el espía arrepentido”, historia real de un agente infiltrado en la comunidad judía por décadas, llevada a la pantalla chica como serie años después. Este Cuerpo creado y regido por leyes secretas que, cubren de secretismo absoluto a servicios de inteligencia que actuaron bajo la última dictadura genocida y que continúan funcionando bajo gobiernos constitucionales.
Los testimonios de los denunciantes jugaron un importante rol en el juicio, dando cuenta de la cantidad de horas que estaba “disponible” Balbuena para realizar coberturas de movilizaciones. Entre sus intereses, llamó la atención la búsqueda de detalles de organización interna, medidas de acción y planes de lucha de trabajadores y sectores populares en distintos reclamos. Muchas de las cuales, no verían posteriormente reflejadas en el portal de noticias de la Agencia. En particular, María del Carmen Verdú testificó cómo por aquellos años Balbuena tomaba especial interés en el seguimiento de causas que implicaban a oficiales de la Policía Federal, como fue el juicio a Cromañón o por el asesinato de Mariano Ferreyra, entre otras de violencia institucional.
Hoy siguen vigentes el decreto 2075 del año 1958 (presidencia del dictador Pedro Aramburu) y su modificatorio de 1963 (el 9021, presidencia de José Guido). Allí se establece que “el cargo que desempeñan los integrantes del Cuerpo de Informaciones es incompatible con el desempeño de funciones en servicios informativos oficiales o privados, policías particulares, agencias informativas comerciales o similares”. Además de estar taxativamente prohibida por la Ley de Inteligencia la reunión de información por motivos de pertenencias políticas, ideológicas o gremiales. Esta fue la base para construir la investigación de la querella, e ir uniendo las experiencias, pruebas y testimonios con un profundo conocimiento de cómo continúan actuando estos servicios de inteligencia.
Durante el juicio, la defensa de Balbuena, Ustares y Sánchez quiso mostrar una División de Análisis de la Policía Federal “reciclada” bajo gobiernos constitucionales, que se dedicada a resolver conflictos dialogando en la calle. Se dieron ejemplos de múltiples situaciones donde así habrían actuado, más ni Sánchez ni Ustares, incluso siquiera el propio Américo Balbuena establecieron en qué tareas concretas se desarrollaba durante esos años para probar que su actividad era otra que el espionaje político. Además, intentaron establecer que Balbuena no tenía capacidad para una tarea de esa complejidad, “no era ningún James Bond”, y sólo tenía tareas administrativas. Estos y más argumentos fueron rotundamente respondidos por los alegatos de la querella que dijo “No tenía dos vidas separadas, sólo trabajaba de espía”, así como por la fiscalía a cargo de Ariel Quety.
Pero el juicio dejó al descubierto mucho más que un caso individual. Alfonso Ustares relató cómo la División Análisis enviaba agentes a las asambleas barriales en la crisis del 2001 y 2002, incluso afirmando que habría pedido más agentes ya que no alcanzaban los que había. Una confirmación más de lo explicado por el testigo Marcelo Saín sobre el objetivo exclusivo de este cuerpo: el espionaje político. No casualmente es la misma época en que Balbuena se infiltró a la Agencia Walsh, luego de haber intentado infructuosamente hacerlo en FM La Tribu, como testificó De Massi.
Actualmente para este delito se contemplan penas mayores, pero al momento de los hechos no se había reformado la ley por lo cual sólo se pudo imputar por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos a los tres miembros, que tienen una pena máxima de dos años de prisión.
Sin embargo, la condena del juez Rafecas no sólo reconoce la infiltración de la Policía Federal a organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, bajo la promoción u órdenes de los jefes de Balbuena por lo que hay una responsabilidad institucional reconocida, como insistieron la querella y todos los denunciantes durante diez años. También señala que este Cuerpo debe ser investigado al enviar los decretos y normas que crean y hacen funcionar a un cuerpo de espías desde hace décadas, al remitir el fallo y esa reglamentación para su análisis en el Congreso Nacional, como viene señalando Myriam Bregman como diputada nacional además de abogada querellante de la causa, un cuerpo que debe ser disuelto. Esta condena representa un reconocimiento a la pelea llevada adelante por años por los denunciantes, y sienta un precedente muy importante frente al espionaje ilegal y la criminalización de la protesta social y la represión a organizaciones sociales, gremiales, periodísticas, de derechos humanos y partidos de izquierda.

Una beba de tres meses en situación de calle murió en la vereda de la Casa Rosada

31.3.2023

Esta madrugada en Paseo Colón e Hipólito Yrigoyen perdió la vida la hija de una joven pareja que lleva tiempo en situación de calle. Vieron que no respondía a estímulos y se cruzaron hasta la Casa de Gobierno para pedirle a policías que estaban de guardia que llamaran a una ambulancia, que tardó unos veinte minutos en llegar. Era parte de los 1,3 millones de niñes que viven en la indigencia en el país.

Este viernes a la madrugada una beba de tres meses de edad falleció a metros de la Casa Rosada y la Plaza de Mayo. Desde hace tiempo su madre y su padre viven en situación de calle y la zona de Paseo Colón e Hipólito Yrigoyen es de las que más frecuentan para pernoctar.
Información difundida por diversos medios indica que la beba murió “presuntamente por dificultades respiratorias” y la Fiscalía Criminal y Correccional 10 porteña inició un expediente por “muerte dudosa” al tiempo que ordenó la asistencia psicológica a los progenitores.
Según el papá y la mamá de la nena, cerca de las 5:30 de este viernes se despertaron tras pasar la noche en la vereda de esa esquina céntrica de la Ciudad de Buenos Aires, como lo hacen habitualmente. En ese momento constataron que su hija “no respondía a estímulos”. La madre empezó entonces a gritar “¡mi beba, mi beba!” y se acercó a un comerciante de la zona, quien le sugirió que se cruzara al frente, a la propia Casa Rosada, para pedir asistencia a la guardia de la Policía Federal.
Consultado por medios periodísticos, el comerciante contó que la ambulancia del SAME tardó en llegar aproximadamente veinte minutos y estuvieron cerca de una hora intentando reanimar a la beba. El mismo testigo confirmó que la familia está en situación de calle, que la pareja ronda los 25 o 30 años de edad y que siempre se los ve transitar por la zona.
Esta nueva muerte de una niña en situación de calle se dio horas después de que el Indec publicara los nuevos índices de pobreza e indigencia en el país. Entre los datos más duros, se constató que en el segundo semestre de 2022 la pobreza infantil subió a 54,2 %, abarcando a seis millones de personas menores de quince años. Eso implica un aumento de la pobreza en 360.000 niñas y niños en un año. A su vez la indigencia es del 12 %, lo que significa aproximadamente 1,3 millones de menores de quince años que no logran cubrir los niveles mínimos alimentarios.
Entre ese universo de 1,3 millones de niñas y niños indigentes se encontraba hasta esta madrugada la nena fallecida. Murió a metros de la Casa Rosada y del Ministerio de Economía. Es decir, a pasos de los despachos de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, ejecutores del ajuste pedido por el FMI que sigue fabricando pobres. Una trágica postal de los tiempos que corren.

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