Red de radios

23.3.2023

Por La Retaguardia

El grupo de informaciones de la Policía Federal en el que trabajó el espía Américo Balbuena, infiltrado en la agencia Rodolfo Walsh, funciona en el mismo edificio que fue sede de la Superintendencia de Coordinación Federal, símbolo de la represión dictatorial desde los años sesenta.

“La agencia está en la calle Moreno 1417”, precisó el comisario Alfonso Ustares, imputado en la causa al igual que Balbuena. Desde el golpe de 1966 encabezado por Juan Carlos Onganía, Coordinación Federal fue sinónimo de persecución política, secuestros y asesinatos que continuaron en la década del setenta.
En 1976, después del golpe del 24 de marzo de ese año, Coordinación Federal cambió de nombre, pero no de mañas. Pasó a llamarse Superintendencia de Seguridad Federal y se convirtió, además, en uno de los centros clandestinos de detención más activos de la Capital Federal.
Prueba de ello es que el 10 de febrero pasado comenzó el tercer juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos por efectivos de esa dependencia, con su nuevo nombre, durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional.

La “Sección Especial”

La Federal tiene antecedentes anteriores a los años sesenta con organismos especializados en la persecución ideológica. De hecho, Coordinación Federal fue contemporánea y luego sucesora, dentro de la fuerza, de lo que durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón fue la “Sección Especial”, que funcionaba en la comisaría 8, frente al Hospital Ramos Mejía, en General Urquiza al 500, bajo las órdenes del coronel Jorge Osinde.
En ese lugar hubo desapariciones y torturas. Sus jefes directos eran los comisarios Cipriano Lombilla y José Faustino Amoresano, torturadores por mano propia.
El maestro Osvaldo Pugliese, aunque no fue objeto de violencia física, tenía que ir en forma periódica al lugar, para informar en qué andaba. “Me acusan de comunista y soy comunista”, le comentó al militante de izquierda peruano Ricardo Napurí, quien también estuvo detenido en la Sección Especial. Napurí fue discípulo de Silvio Frondizi, abogado y teórico marxista asesinado por la Triple A.
La placa que decía “Sección Especial”, siguió vigente en la fachada del edificio de la calle Urquiza meses después de la asunción de Raúl Alfonsín, en diciembre de 1983.
En el hall de entrada a la seccional podía verse todavía, en esos años, la foto —a caballo— del comisario Alberto Villar, con una leyenda que decía “jefe de la Policía Federal”, como si siguiera ocupando el cargo en forma simbólica.
El comisario Villar y el coronel Osinde, fueron precursores de las desapariciones y las torturas por parte de organismos de inteligencia de la Policía Federal.

La historia de “Coordina”

El Terrorismo de Estado se consolidó en los años sesenta, después del golpe de Onganía, de la mano de la Doctrina de la Seguridad Nacional, impuesta por Estados Unidos en América Latina. Si en una reunión política, gremial o estudiantil se escuchaba el grito de advertencia: “Vienen los de Coordina”, rajar era el camino obligado. Todas esas actividades estaban prohibidas y se realizaban en la clandestinidad.
Coordinación Federal comenzó con el golpe de Onganía y adquirió mayor virulencia en 1974, hasta llegar a su pico luego del golpe del 24 de marzo de 1976. Siempre funcionó en el lúgubre edificio de Moreno 1417, a una cuadra del Departamento Central de Policía, donde fue uno de los más activos centros clandestinos de detención de la Capital Federal.
“Hacía varios días que percibía que me estaban siguiendo. Eran las tres y media de la mañana cuando me desperté con el ruido de vidrios de las ventanas que se quebraban y vi que estaban empujando la puerta de mi habitación. Me encañonó el comisario (Juan Carlos) Morales. Con él estaban (Alberto) Villar y (Luis) Margaride. Me sacaron a la terraza y la lluvia de puntapiés no terminaba más. Como tenía un taller de reparaciones de radios para hacerme un manguito, ahí mismo agarraron la punta de los cables y me picanearon. Me llevaron a Coordinación Federal y me siguieron picaneando durante dos semanas”.
El relato fue hecho en agosto de 2007, por el uruguayo Antonio Viana Acosta, detenido en Buenos Aires el 21 de febrero de 1974. Estuvo tres meses preso y luego fue extraditado al Uruguay, donde la dictadura de su país lo tuvo en cautiverio ocho años más. En su detención participaron grupos que pertenecían a la Juventud Peronista de la República Argentina (la “Jotaperra”), que lideraba Julio Yessi, mano derecha de José López Rega en el Ministerio de Bienestar Social de la Nación.
Los métodos de Coordinación Federal fueron acuñados por el comisario Alberto Villar, quien fue jefe de la Federal en dictadura y en democracia. Villar fue el creador de la Guardia de Infantería.Un grupo encabezado por el propio Villar estuvo en Córdoba, en 1969, durante la represión a obreros, dirigentes gremiales y estudiantiles que participaron del Cordobazo, en mayo de ese año.
Uno de sus primeros jefes fue el capitán Abel Rodríguez. En la dictadura militar que comenzó en 1976, su jefe más reconocido fue el coronel Alejandro Arias Duval.
Desde fines de 1975, en el edificio de Moreno 1417, se asentó el Grupo de Tareas 2, que dependía del Comando del Primer Cuerpo de Ejército, a cargo del general Carlos Guillermo Suárez Mason. La “patota” del GT-2 estaba asentada en el tercero y en el cuarto piso del edificio, que hasta hoy mantiene casi sin variantes su antigua estructura.
Los pisos cinco, seis y siete fueron utilizados como centro clandestino de detención. En el juicio contra el espía Américo Balbuena, el comisario Adolfo Ustares dijo que el grupo al que pertenecían los dos estaba en el piso “sexto o séptimo” del edificio de Moreno 1417. Es decir, en los mismos lugares donde se torturaba a los detenidos durante la dictadura.
En esos tiempos, las víctimas permanecían en condición de “RAF” (en el aire), es decir que sus nombres no figuraban en ninguna nómina legal de personas privadas de su libertad. También existieron muchos casos de prisioneros a los que luego se les dio el “traslado final”, como se llamaba la orden de ejecución sumaria. Uno de los casos más conocidos fue el ocurrido la noche del 2 de julio de 1976 y en los días sucesivos. Decenas de personas fueron asesinadas a mansalva como represalia por un atentado contra el comedor del edificio de Coordinación Federal.
De esos asesinatos en masa fue prueba el libro de entradas de la Morgue Judicial de la Capital Federal, donde en ese mes y año se elevó en forma notoria el número de ingresos de cadáveres N.N. Durante años, el máximo de entradas podía llegar a ser de uno o dos cuerpos N.N en algunos días. Entre el 3 y el 7 de julio de 1976, el total de cuerpos llegó a 46, casi todos con la misma causa de muerte: “Heridas de bala en cráneo, tórax, abdomen y pelvis, hemorragia interna”. En todos los casos, acompañaba un informe similar: “Hallado junto con otros siete cadáveres en el interior de una playa de estacionamiento en Chacabuco 639, Capital”.
Otros 30 cuerpos aparecieron en el partido de Pilar. “Uno (de los detenidos) me comentó que la noche anterior al hallazgo de 30 cadáveres en Pilar habían sacado treinta presos de Coordinación Federal” (Legajo 6976 de la ex Conadep).
“Las tres estábamos vendadas y esposadas, fuimos manoseadas durante todo el trayecto y casi durante todo el traslado. La misma persona vuelve a aparecer con alguien que dice ser médico y quiere revisarme, ante lo cual fui nuevamente manoseada sin ningún tipo de revisación médica seria. Estando medio adormecida, no sé cuánto tiempo después, oí que la puerta del calabozo se abría y fui violada por uno de los guardias”. El relato, hecho en su momento ante la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (Conadep), es una muestra del abuso que sufrían las mujeres en el centro clandestino de Coordinación Federal.
Patrick Rice, sacerdote católico irlandés que estuvo secuestrado en el mismo lugar, vio que entre las detenidas estaba María del Socorro Alonso, que fue torturada a pesar de que estaba embarazada, lo que le provocó la pérdida del bebé.
“Allí me pusieron en una celda y había unos seis presos en el mismo pasillo en otros calabozos, otros cuatro muchachos en una celda grande y otras tantas mujeres en otra celda grande. Había una cruz esvástica pintada en la pared del fondo (…) según me comentaron, algunos guardias abusaban de las mujeres allí” (Legajo 6976 de la ex Conadep).
El grupo central de represores que actuó en Coordinación Federal (Morales, Villar, Arias Duval) conjugaba con personeros del peronismo de extrema derecha y con altos funcionarios de la dictadura militar.
En 1975, antes de ser ministro del Interior de la dictadura, el general Albano Harguindeguy fue jefe de la Policía Federal y como tal, responsable de la formación del GT-2 que funcionó en Coordinación Federal. En los últimos años de la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla, como para tender un manto de olvido, la vieja “Coordina” recibió el nombre de Superintendencia de Seguridad Federal, y en democracia pasó a ser la Superintendencia de Seguridad Metropolitana. Con cualquiera de sus nombres siempre fue símbolo de represión, torturas y asesinatos.

Los juicios de hoy

En el Tribunal Oral 6 de la Ciudad de Buenos Aires el 10 de febrero de este año comenzó el tercer juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos por personal de la Superintendencia de Seguridad Federal (ex Coordinación Federal). En el debate se juzga a los responsables de cinco operativos realizados en CABA y un sexto en el partido de San Martín.
*Se investigan los homicidios de Jorge Hugo Casoy, María Marta Carlota Imáz Garzón Maceda de Casoy y Bernardo Levenson, el 18 de mayo de 1976 en la calle Yatay 707, piso 8°.
*El homicidio de Mario Lerner, el 17 de marzo de 1977 en Don Bosco 4125.
*Los homicidios de Carlos Gabriel Federico Jeifetz y Nora Beatriz Salvarezza en San Nicolás 2220, el 4 de enero de 1977.
*Los homicidios de Mario Alfredo Frías Pereira, Patricia Clariá Pedernera y Liliana Patricia Griffin, el 19 de abril de 1977, en Bacacay 2215.
*El homicidio de Oscar De Cicco en procedimiento fraguado, realizado el 14 de abril de 1977 en la estación de servicio YPF de las calles Montes de Oca y Sáenz Peña, en Villa Maipú, San Martín.
*La desaparición de Alberto Jorge Gorrini el 2 de junio de 1977, en Salcedo 3564.
Hay 17 imputados: Juan Carlos Carrera, Esteban Adolfo Sanguinetti, Antonio Ángel Imbrogiano, Miguel Ángel Boiffier, Guillermo Dolz, Carlos Jorge Berón, Norberto Julio Varcasia, Rafael Oscar Romero, Osvaldo Néstor González, Daniel Pablo Amarillo, Juan Adolfo Ríos, Miguel Enrique Carlos Olarte, Alberto Mattone, Horacio Alfredo Ortiz, Eduardo Norberto Comesaña, Gerardo Jorge Arráez y Germán Ricardo Rimoldi.

22.3.2023

Se trata de la empresa Gemez S.A. que se encarga de tareas de logística portuaria. Ya son 5 los trabajadores despedidos tras haber iniciado un reclamo por el pago de horas extra que les adeudaban. También habían participado de las elecciones del Sindicato de Apuntadores Marítimos.

Un conflicto que data de 2017 y que todavía no encontró soluciones palpables, detonó un nuevo despido en la empresa Gemez S.A. Se trata de una firma que se encarga de tareas de logística portuaria.
Concretamente, sus operarios le vienen reclamando la correcta liquidación de las horas extra en el período que va desde 2017 hasta abril de 2019. Ante la negativa fueron a la justicia.
Como respuesta Gemez S.A. despidió a un nuevo trabajador. Ya suman cinco desde el comienzo del conflicto, que encararon aproximadamente medio centenar de operarios.
La planta total de personal de la firma es de 200 personas. De ellos un cuarto se aglutinó en torno al pedido e, incluso, participó de los comicios del Sindicato de Apuntadores Marítimos para ser escuchados. Se enrolaron en la agrupación 21 de diciembre Azul y Blanca.
Además, según trascendió, la firma comenzó a presionar al resto de quienes iniciaron acciones legales. Les dicen que deben desistir porque si no lo hacen los castigarían con un cambio en la jornada laboral.
Vale señalar que uno de los empleados despedidos ya consiguió una sentencia favorable y una cautelar para su reinstalación. La Justicia consideró que se trató de un despido discriminatorio y le dio la derecha para volver a su puesto de trabajo.
Ese camino legal es el que podrían seguir el resto de los cesanteados que encuadran su caso en la variante de “mobbing” o acoso laboral.

20.3.2023

Por SiPreBA

Entre representantes de las tres ramas de la actividad de prensa se resolvió realizar asambleas en todos los medios en reclamo por recomposición salarial y con una consigna: “Ningún trabajador ni trabajadora de prensa con salarios bajo la canasta básica”.

Este viernes 17/3 nos reunimos en plenario general de delegades del SiPreBA, luego de las primeras audiencias paritarias de las tres ramas de la actividad realizadas en el Ministerio de Trabajo de la Nación durante esta semana. Tras el debate de las novedades, se definió:
• Convocar asambleas en todas las empresas en reclamo por una urgente recomposición salarial con la consigna “Ningún trabajador ni trabajadora de prensa con salarios bajo la canasta básica”.
• Destacar que, por primera vez en décadas, se desarrollaron audiencias paritarias en toda la actividad (prensa escrita, radial y televisada) y solicitar a las autoridades pertinentes que resuelvan cualquier cuestión administrativa que entorpezca la negociación salarial en un contexto inflacionario apremiante.
• Exigir que en el sector de prensa escrita se universalice en todas las empresas el 25% a cuenta de la revisión y que para la paritaria 2022/2023 la recomposición salarial general sea por encima de la inflación interanual.
• Convocar a una reunión abierta de compañeres trabajadores de radio el miércoles 22/3 a las 18hs es nuestra sede del SiPreBA.
• Volver a reunirnos en una serie plenarios por rama de nuestra actividad durante la semana del 27/3 para definir las próximas acciones.
Durante la jornada de este viernes 17/3, además, se notificó una presentación judicial realizada por UTPBA, con el claro objetivo de obstruir la lucha por el salario en connivencia con las empresas de medios, así como una resolución judicial administrativa que suspende momentáneamente la Personería Gremial pero no la revierte. Esto fue debatido en el plenario, donde ratificamos nuestra posición: ninguna excusa administrativa puede entorpecer una recomposición salarial de la cual dependen las familias de les trabajadores de prensa.
Del plenario participaron representantes gremiales de: Telefé, América TV y A 24, Clarín, Olé y productos de AGEA, La Nación, Infobae, Página 12, Alpha Media, Diario Crónica, TV Pública, Crónica TV, Bae Negocios, Télam, Radio Nacional, Editorial Perfil, Artear (Canal 13 y TN), y Diario Popular, entre otros.
Sindicato de Prensa de Buenos Aires – Viernes 17 de marzo de 2023

19.3.2023

Por Federico Trofelli

Los usuarios salen a la calle y arman grupos para ayudarse y coordinar protestas. Historias cruzadas por el drama de la falta de electricidad en plena ola de calor.

Mientras el gobierno nacional denuncia a los directivos de Edesur y la dirigencia política aún no define la suerte de la concesión, buena parte de los vecinos del AMBA que están bajo su órbita padecen la desidia de una empresa que tomó la decisión de abandonar el país con una desinversión evidente. Hasta ayer eran más de 90 mil sin luz, sin contar quienes tienen un rato, se corta, vuelve a las horas, se vuelve a cortar.
Con una ola de calor que lleva un par de semanas, las manifestaciones y reclamos empezaron a abandonar las puertas de sus casas. Pasaron a las esquinas, luego a plazas, avenidas, y finalmente a las oficinas de Edesur, con dos sentimientos en común: enojo e impotencia. Gente que perdió todo lo de la heladera o que se les destruyeron los aparatos eléctricos; negocios que debieron tirar la mercadería; ancianos en geriátricos sin luz hace días; enfermos en pisos altos sin poder moverse en medio del sofocamiento.
La falta de empatía oficial dio paso a una organización vecinal y barrial, a través de improvisados grupos de WhatsApp. La solidaridad siempre viene de abajo.

Piernas maradonianas

“Todos los años veníamos teniendo problemas con Edesur, pero esta vez fue desastroso. Se intensificó en los primeros días de febrero. Desde ahí estamos uno o dos días con luz y tres, cuatro o cinco, sin luz”, cuenta a Tiempo Natalia Cosentino. Vive con sus dos hijos preadolescentes y su marido en un 8° piso en Donato Álvarez y Neuquén, Caballito. Uno de los barrios sobresaturados de edificios sin antes haber realizado una inversión en infraestructura y servicios.
Por la baja tensión se le quemó la bomba de agua. Cuando tiene electricidad, la heladera le funciona “raro”. Dice que en estos días de altas temperaturas sacó «piernas maradonianas» tras subir por escaleras 25 veces al día sendos baldes con agua. “Hay mucha gente discapacitada, personas mayores, es inhumano tratarnos así con 40 grados”, se lamenta esta periodista que hace streaming desde su depto y que por razones obvias ahora no puede.
Tras una importante protesta que confluyó el miércoles en Lacarra y Juan Bautista Alberdi, en las puertas de una de las sucursales de Edesur, la empresa restableció momentáneamente el servicio en el edificio de Natalia. Pero las intermitencias generan que no puedan pensar en un día a día estable. “Es una situación angustiante porque te condiciona en todo. No podés comprar comida, descansar”, explicaba el jueves. Menos de 24 horas más tarde, volvió a comunicarse con este cronista: se había quedado de nuevo sin servicio.
Amalia Costa tiene 50 años y una hija que acaba de cumplir los 15, con quien vive en Mataderos. “El 1° de marzo a las 17 me quedé sin luz hasta el miércoles que hicimos lío en la puerta de Edesur”, señala la mujer.
Algunos manifestantes rompieron vidrios y debió intervenir la Policía de la Ciudad. “El comisario de la seccional de Parque Avellaneda me tomó el número de cliente. Entró a Edesur cuando ya no había empleados y cercioró qué cuadrilla me correspondía. Recién ahí nos volvió la luz. Todo esto nos dejó marcados para siempre. Mi hija cumplió 15 el lunes. Fue el peor festejo que pudo haber tenido. Estábamos mal comidos, mal dormidos. Veníamos durmiendo en el balcón, porque era insoportable”.
Antes de ir a Edesur la asamblea vecinal pactó cortar avenidas, no sin antes discutir si correspondía interferir el tránsito y perjudicar a los automovilistas. Pero estas iniciativas terminaban siempre igual: la policía y los bomberos las disuadían.

Un mes a oscuras

Alejandro Volkind (40) y su hijo de 6, la pasaron mal. Viven en Lima al 900 (San Telmo) y durante un mes exacto no tuvieron luz. El miércoles 15 recién se restableció el servicio, pero antes se vio obligado a cortar junto a vecinos las inmediaciones de Lima y Estados Unidos, a pocos metros de la 9 de Julio. “Una vez que salimos a la calle, Edesur vino, levantó la palanquita, cambió algo y volvió la electricidad. Si no le ponés el cuerpo se hace difícil”. En el medio tuvo un fuerte golpe de calor: «vomité siete veces, terminé en cama. Se me quemó la fuente de la compu y me complicó la existencia”.
Su hijo lo acompañó en las movilizaciones. En el colegio, cuando tuvo que hacer un ejercicio sobre lo que significaba la crítica, dibujó una carita enojada y una frase: «4 cortes en 1 mes». Alejandro cuenta que hay casos peores: «en el noveno piso vive una mujer de 92 años. Hay insulinodependientes. Un kiosquero de la cuadra tiró toda la mercadería en la esquina. Perdió cientos de miles de pesos”. «

Eléctricos

Tanto Natalia como Alejandro coincidieron en revelar que en sus zonas (Caballito y San Telmo) construyeron en estos años varios edificios totalmente eléctricos, sin mejorar la infraestructura general de servicios de la zona. La especulación inmobiliaria destroza las identidades de sus barrios, pero también el bienestar cotidiano de zonas que no estaban preparadas para tantas torres.

17.3.2023

Por Ernestina Arias

Ayer por la tarde fue clausurado el Abasto Multiespacio, lugar físico donde funciona la asociación civil La Defensoría de Laburantes, en el barrio porteño de Balvanera. “La Defe” trabaja en la defensa de los derechos humanos y acompaña jurídicamente diferentes reclamos laborales, sociales, de género y territoriales, entre ellos podemos citar el apoyo por vivienda digna para las familias de la calle Solís, a la familia de Ferni Ayala, asesinada en la Villa 21- 24 y a trabajadores de GIV, empresa que opera en sociedad con el Gobierno de la Ciudad. Les integrantes de La Defe exigen que el Gobierno de la Ciudad levante la clausura, al tiempo que piden solidaridad y apoyo de organizaciones y personas.

El Gobierno de la Ciudad clausuró el espacio de la Asociación Civil La Defensoría de Laburantes, ubicado en Corrientes 2925 del barrio porteño de Balvanera, bajo el argumento de que existe una “denuncia anónima”, contra la organización, su trabajo y su lugar. Por las actividades que realiza “La Defe”, en su compromiso en la defensa de derechos humanos y problemáticas como género, vivienda y trabajo, sus integrantes denuncian esta arbitrariedad como “persecución política” en vísperas de un nuevo 24 de marzo.
En charla con Tamara Rossi, vocera de La Defe, nos explicó en torno a la clausura que no les notificaron el motivo de dicha acción “con claridad, pero si pudimos tener acceso a una parte del expediente que nos armaron en nuestra contra. Lo que dicen es que la denuncia es anónima, que no podemos saber quién la realizó, no sabemos si ellos tienen esa información o no, pero no nos la brindaron. Sí, esa denuncia tenía muchos detalles de las actividades que nosotros realizamos acá. Supuestamente la razón que figura en el acta que nos labraron para hacer la clausura es de funcionamiento y seguridad. Así que eso es lo que dijeron, sin dar mayores detalles.”
Crearon hace poco la asociación civil, para poder realizar actividades de aporte al bienestar de la ciudadanía y la Inspección General de Justicia (IGJ) aprobó el funcionamiento de la misma, con un Estatuto detallado de todos sus objetivos. Realizar encuentros de personas voluntarias que no buscan fines de lucro es legal y está permitido por la ley.
“Las actividades culturales, eso es lo que de alguna manera alegan, y por lo cual nos clausuran en algún punto – sostiene Tamara – nosotros acá tenemos una asociación civil que funciona en esta sede, Asociación Civil La Defe, justamente, con las reuniones propias de una asociación civil y el trabajo que hacemos desde la defensoría del laburante de defensa de derechos humanos, básicamente acompañamientos jurídicos sociales y territoriales en distintos ámbitos. Acompañamos reclamos de distinta índole, acompañamos a la familia de Solís contra un desalojo, acompañamos a la familia de Ferni Ayala que fue asesinada por su pareja hace poco menos de un mes en el barrio 21-24, acompañamos el reclamo de trabajadores contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de una empresa que tiene a su cargo la línea 147. Curiosamente, la denuncia anónima por la cual dicen que nos clausuran es por la denuncia que hacen a la línea 147, que es la línea está a cargo de esta empresa GIV, en sociedad con el Gobierno de la Ciudad”.
No es casualidad, entonces, que la gestión del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta les persiga, afirma Tamara. “Por eso hablamos de persecución en ese sentido, todas las campañas que llevamos adelante contra el Gobierno de la Ciudad, de alguna manera en todos estos distintos ámbitos y aspectos en los cuales nosotros trabajamos, vivienda no se hace cargo el Gobierno de la Ciudad de una respuesta para las familias de Solís, el femicidio de Ferni Ayala, nosotros denunciamos que hay una connivencia en cuanto a la situación en general del barrio 21-24 y la protección y la seguridad que se le da a las personas que viven ahí, y con el tema de trabajadores, nosotros hicimos una campaña muy fuerte los últimos años denunciando que el Gobierno de la Ciudad es cómplice de la violación de cientos de trabajadoras y trabajadores que acompañamos nosotros contra ellos. De alguna manera, como no hay otro argumento para lo que nos esta pasando y para todo lo que nos viene sucediendo, respecto de la investigación y también respecto de la clausura propiamente dicha, entendemos que se trata de una persecución e intento de que dejemos de llevar adelante los reclamos que estamos realizando justamente contra el Gobierno de la Ciudad.”
Con respecto a cómo activan para seguir trabajando Tamara concluye: no nos dieron ningún plazo, ningún tiempo para nada, por supuesto estamos trabajando en el descargo y en la presentación para pedir el levantamiento inmediato de esa clausura porque entendemos que no corresponde, es ilegal básicamente”.
Desde las redes sociales de La Defe sostienen el pedido de apoyo con el siguiente mensaje: Reivindicamos todas y cada una de nuestras actividades y luchas. Con una faja de clausura no hacen más que ratificar que vamos por el camino correcto: El de la defensa de los derechos humanos y los sectores postergados de nuestro pueblo.
Agradecemos difusión y solidaridad. Te pedimos firmes el comunicado en apoyo que saldrá con la firma de muchísimas personas y organizaciones. Este es el link:
https://bit.ly/ApoyoaLaDefe