Red de radios

31.3.2023

Por Larisa Pérez

El juez Daniel Rafecas condenó al espía Américo Balbuena y a dos de sus jefes de la Policía Federal por espionaje ilegal que realizaron a organizaciones sociales, sindicales y políticas, haciéndose pasar como periodista de la Agencia Walsh. Desde la querella pelearon durante diez años aportando pruebas para demostrar que existen los organismos de inteligencia ilegal.

Este viernes en Comodoro Py se escuchó una condena histórica: Américo Balbuena, junto a sus dos ex jefes de la Policía Federal Alejandro Sánchez y Alfonso Ustares, fueron condenados por haber realizado espionaje político a organizaciones sociales, de derechos humanos, gremiales y políticas.
El fallo del juez Daniel Rafecas condenó a los tres por incumplimiento de deberes de funcionario público -al máximo de la pena contemplada en estos casos-, a dos años de prisión y el doble de inhabilitación para ejercer cargos. La pelea durante diez años de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, periodistas de la Agencia Walsh, partidos de izquierda junto a los abogados de la querella Matías Aufieri, Liliana Mazea, Myriam Bregman, Carlos Platowsky del CeProDH, lograron aportar abundantes pruebas y testimonios sobre la infiltración que realizó el Cuerpo de Informaciones de la Federal, haciendo pasar a Balbuena como periodista de la Agencia Walsh. Desde esa confianza ganada les permitió reunir información durante diez años -desde 2002 a 2013.
“Es una gran conquista de todo el movimiento de derechos humanos que desde hace décadas pelea en el país, y de tantas organizaciones que son denunciantes en la causa, los comunicadores como los miembros de la Agencia Walsh, que fueron las primeras víctimas de esta infiltración de este Cuerpo de Informaciones, que funciona desde hace muchas décadas” dijo Matías Aufieri, y destacó que “es inusual que los casos de espionaje lleguen a esta instancia de juicio oral”.
Myriam Bregman afirmó que con esta condena: “Se demostró que no son cuentapropistas, porque fue condenado Balbuena, dos de sus jefes de la Policía Federal. Los espías políticos no actúan solos o por cuenta propia. La pelea que dimos demostró que no, que tienen una estructura orgánica y que cumplen órdenes cuando realizan este tipo de espionaje político.”
Uno de los puntos del fallo es que se envíe copia de esta sentencia a la comisión bicameral que sigue el funcionamiento de los organismos de inteligencia y la comisión de seguridad, del Congreso de la Nación. En particular pide que se analicen las normas secretas que regulan la existencia del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal, que fueron parte del debate en el juicio por tratarse de un cuerpo dedicado al espionaje político, y se las contraste con las leyes constitucionales.

El debate en el juicio

Esta causa inició en el 2013. La denuncia comenzó cuando comunicadores de la Agencia Walsh descubrieron que Américo Balbuena, quien se hizo pasar por miembro del medio de noticias alternativo, era en realidad agente de la Policía Federal. Rodolfo Grinberg, parte de la querella junto con sus compañeros, testificó en el juicio que demoró diez años en hacerse. El vínculo de confianza construido por Balbuena le permitió valerse del lugar en la Agencia para ir a cada movilización, marcha, reclamo social, y con la pantalla de hacer entrevistas para una cobertura periodística obtener incontable información desde el 2002 hasta que fue descubierto.
El Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal, los “plumas”, se hizo conocido por “Iosi, el espía arrepentido”, historia real de un agente infiltrado en la comunidad judía por décadas, llevada a la pantalla chica como serie años después. Este Cuerpo creado y regido por leyes secretas que, cubren de secretismo absoluto a servicios de inteligencia que actuaron bajo la última dictadura genocida y que continúan funcionando bajo gobiernos constitucionales.
Los testimonios de los denunciantes jugaron un importante rol en el juicio, dando cuenta de la cantidad de horas que estaba “disponible” Balbuena para realizar coberturas de movilizaciones. Entre sus intereses, llamó la atención la búsqueda de detalles de organización interna, medidas de acción y planes de lucha de trabajadores y sectores populares en distintos reclamos. Muchas de las cuales, no verían posteriormente reflejadas en el portal de noticias de la Agencia. En particular, María del Carmen Verdú testificó cómo por aquellos años Balbuena tomaba especial interés en el seguimiento de causas que implicaban a oficiales de la Policía Federal, como fue el juicio a Cromañón o por el asesinato de Mariano Ferreyra, entre otras de violencia institucional.
Hoy siguen vigentes el decreto 2075 del año 1958 (presidencia del dictador Pedro Aramburu) y su modificatorio de 1963 (el 9021, presidencia de José Guido). Allí se establece que “el cargo que desempeñan los integrantes del Cuerpo de Informaciones es incompatible con el desempeño de funciones en servicios informativos oficiales o privados, policías particulares, agencias informativas comerciales o similares”. Además de estar taxativamente prohibida por la Ley de Inteligencia la reunión de información por motivos de pertenencias políticas, ideológicas o gremiales. Esta fue la base para construir la investigación de la querella, e ir uniendo las experiencias, pruebas y testimonios con un profundo conocimiento de cómo continúan actuando estos servicios de inteligencia.
Durante el juicio, la defensa de Balbuena, Ustares y Sánchez quiso mostrar una División de Análisis de la Policía Federal “reciclada” bajo gobiernos constitucionales, que se dedicada a resolver conflictos dialogando en la calle. Se dieron ejemplos de múltiples situaciones donde así habrían actuado, más ni Sánchez ni Ustares, incluso siquiera el propio Américo Balbuena establecieron en qué tareas concretas se desarrollaba durante esos años para probar que su actividad era otra que el espionaje político. Además, intentaron establecer que Balbuena no tenía capacidad para una tarea de esa complejidad, “no era ningún James Bond”, y sólo tenía tareas administrativas. Estos y más argumentos fueron rotundamente respondidos por los alegatos de la querella que dijo “No tenía dos vidas separadas, sólo trabajaba de espía”, así como por la fiscalía a cargo de Ariel Quety.
Pero el juicio dejó al descubierto mucho más que un caso individual. Alfonso Ustares relató cómo la División Análisis enviaba agentes a las asambleas barriales en la crisis del 2001 y 2002, incluso afirmando que habría pedido más agentes ya que no alcanzaban los que había. Una confirmación más de lo explicado por el testigo Marcelo Saín sobre el objetivo exclusivo de este cuerpo: el espionaje político. No casualmente es la misma época en que Balbuena se infiltró a la Agencia Walsh, luego de haber intentado infructuosamente hacerlo en FM La Tribu, como testificó De Massi.
Actualmente para este delito se contemplan penas mayores, pero al momento de los hechos no se había reformado la ley por lo cual sólo se pudo imputar por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos a los tres miembros, que tienen una pena máxima de dos años de prisión.
Sin embargo, la condena del juez Rafecas no sólo reconoce la infiltración de la Policía Federal a organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, bajo la promoción u órdenes de los jefes de Balbuena por lo que hay una responsabilidad institucional reconocida, como insistieron la querella y todos los denunciantes durante diez años. También señala que este Cuerpo debe ser investigado al enviar los decretos y normas que crean y hacen funcionar a un cuerpo de espías desde hace décadas, al remitir el fallo y esa reglamentación para su análisis en el Congreso Nacional, como viene señalando Myriam Bregman como diputada nacional además de abogada querellante de la causa, un cuerpo que debe ser disuelto. Esta condena representa un reconocimiento a la pelea llevada adelante por años por los denunciantes, y sienta un precedente muy importante frente al espionaje ilegal y la criminalización de la protesta social y la represión a organizaciones sociales, gremiales, periodísticas, de derechos humanos y partidos de izquierda.

31.3.2023

Esta madrugada en Paseo Colón e Hipólito Yrigoyen perdió la vida la hija de una joven pareja que lleva tiempo en situación de calle. Vieron que no respondía a estímulos y se cruzaron hasta la Casa de Gobierno para pedirle a policías que estaban de guardia que llamaran a una ambulancia, que tardó unos veinte minutos en llegar. Era parte de los 1,3 millones de niñes que viven en la indigencia en el país.

Este viernes a la madrugada una beba de tres meses de edad falleció a metros de la Casa Rosada y la Plaza de Mayo. Desde hace tiempo su madre y su padre viven en situación de calle y la zona de Paseo Colón e Hipólito Yrigoyen es de las que más frecuentan para pernoctar.
Información difundida por diversos medios indica que la beba murió “presuntamente por dificultades respiratorias” y la Fiscalía Criminal y Correccional 10 porteña inició un expediente por “muerte dudosa” al tiempo que ordenó la asistencia psicológica a los progenitores.
Según el papá y la mamá de la nena, cerca de las 5:30 de este viernes se despertaron tras pasar la noche en la vereda de esa esquina céntrica de la Ciudad de Buenos Aires, como lo hacen habitualmente. En ese momento constataron que su hija “no respondía a estímulos”. La madre empezó entonces a gritar “¡mi beba, mi beba!” y se acercó a un comerciante de la zona, quien le sugirió que se cruzara al frente, a la propia Casa Rosada, para pedir asistencia a la guardia de la Policía Federal.
Consultado por medios periodísticos, el comerciante contó que la ambulancia del SAME tardó en llegar aproximadamente veinte minutos y estuvieron cerca de una hora intentando reanimar a la beba. El mismo testigo confirmó que la familia está en situación de calle, que la pareja ronda los 25 o 30 años de edad y que siempre se los ve transitar por la zona.
Esta nueva muerte de una niña en situación de calle se dio horas después de que el Indec publicara los nuevos índices de pobreza e indigencia en el país. Entre los datos más duros, se constató que en el segundo semestre de 2022 la pobreza infantil subió a 54,2 %, abarcando a seis millones de personas menores de quince años. Eso implica un aumento de la pobreza en 360.000 niñas y niños en un año. A su vez la indigencia es del 12 %, lo que significa aproximadamente 1,3 millones de menores de quince años que no logran cubrir los niveles mínimos alimentarios.
Entre ese universo de 1,3 millones de niñas y niños indigentes se encontraba hasta esta madrugada la nena fallecida. Murió a metros de la Casa Rosada y del Ministerio de Economía. Es decir, a pasos de los despachos de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, ejecutores del ajuste pedido por el FMI que sigue fabricando pobres. Una trágica postal de los tiempos que corren.

31.3.2023

El reemplazante de Marcelo D’Alessandro -de salida tras los chats filtrados tras el viaje a Lago Escondido- quiere “multas y penas de prisión” contra quienes promuevan y participen de cortes de calle en la ciudad de Buenos Aires. También defendió las Taser, arma que organismos internacionales la vinculan con la tortura, al intentar justificar que su uso «salva vidas».

El flamante ministro de Justicia y Seguridad porteño, Eugenio Burzaco, quiere “multas y penas de prisión” contra quienes promuevan y participen de cortes de calle en la ciudad de Buenos Aires. Para esto, dijo, es necesario crear una ley “que regule el derecho a manifestarse”.
El insólito intento del reemplazante de Marcelo D’Alessandro para regular las protestas tiene también un fundamento singular: “Protestar de manera ordenada”. Así lo dijo durante una entrevista televisiva en la que ejemplificó con casos como el de Mendoza, cuya legislación anti cortes generó una ola de repudios en todo el país por la detención de tres dirigentes del Polo Obrero que participaban de una marcha.
La propuesta del nuevo ministro porteño fue tener “una ley que regule el derecho a manifestarse”, porque «una cosa es manifestarse y otra es afectar los derechos de las personas».
Cuando hay una protesta, razonó Burzaco, “hay dos derechos que concurren: manifestarse y la libre circulación”. Entonces, una nueva ley “mejoraría la situación porque tenés penas de prisión para los organizadores y multas económicas muy grandes”.
“En Mendoza pusieron leyes más claras, por eso cayó el nivel de cortes», sostuvo, y para reforzar su posición apuntó contra las marchas en la Capital Federal. En este punto, como si la iniciativa de encarcelar y multar a los manifestantes fuera poco, Burzaco también defendió el uso de las pistolas Taser. Dijo que “salvan vidas”.
«La Taser salva vidas, sobre todo la de terceros porque usar arma reglamentaria en subtes y trenes es un error que puede llevarse a un inocente», intentó justificar.
Luego se vanaglorió de ser uno de los primeros que recomendó su uso. «Hace 14 años, cuando fui jefe de la Policía, fui el que promovió el uso de las Taser«, recordó.
«Terminamos en un juicio que ganamos en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y recién este mes, empezamos en 2010, nos habilitaron la importación de las armas. En 2023 logramos superar las barreras legales y burocráticas».
En este sentido ratificó que el Gobierno porteño comprará 60 pistolas de esa clase y remarcó que «tendrán cámaras para registrar los hechos» en que sean utilizadas.
Durante la entrevista no dio especificaciones sobre los índices del delito en la ciudad que justifiquen el uso de pistolas vinculadas por distintos organismos internacionales a la tortura. Lo que sí dijo es que en la Argentina hay “hay un negocio del piquete” contra el cual él combatirá.
«El ciudadano tiene razones para estar hartos de los cortes y hay que moverse hacia ciertas decisiones racionales que cambien estas lógicas y que esos cambios sean sostenibles en el tiempo», concluyó.

30.3.2023

Luego de la fuerte polémica que despertó una performance artística realizada por el grupo Ópera Periférica en el Museo Fernández Blanco, la gerenta de Museos de la Ciudad de Buenos Aires, Victoria Otero, tomó la decisión de renunciar a su cargo. La obra llamada “Barroco Furioso” fue criticada después de que se difundiera un fragmento con contenido sexual y alusión al consumo de drogas.

Victoria Otero optó por “dar un paso al costado en sus funciones”, según indica el comunicado difundido por el Ministerio de Cultura porteño. “No avalamos, ni promovemos esta clase de espectáculos que puedan herir u ofender la sensibilidad de muchas personas”, indica el escrito en referencia a las imágenes que se conocieron, donde puede verse a un artista recitando y a otros dos semidesnudos meneándose en el pasto de los jardines del museo.
“Sirenas en jardines electrónicos” es el capítulo que se conoció de la obra, que fue la ganadora de la convocatoria federal realizada en 2022 por el mismo área que se encarga de la curaduría de los proyectos culturales y pensada especialmente para realizarse en el Museo Fernández Blanco. Sobre la autorización que tuvo la performance para ser interpretada, indicaron que hubo “múltiples instancias de conversación entre el equipo de curación y la compañía” para definir la locación.
“Sin embargo, no existió referencia alguna de que la obra debiera tener restricción de edad y que habría utilización de lenguaje explícito”, afirmaron en el escrito oficial.
Además, desde la cartera que conduce el ministro Enrique Avogadro afirmaron que hay 200 obras que pasan por curaduría y que a partir de este hecho se “replanteará el sistema”.
En ese sentido, indicaron que si se hubiera tenido toda la información y los detalles de la muestra, la performance no se hubiera llevado a cabo “en un espacio abierto al público, ni en ese horario vespertino”.
“Qué importa la pobreza cuando tenés la p… bien dura… Qué importa la pobreza cuando tenés la cola hambrienta…. Qué importa… cuando salís enloquecida a buscar por las calles, por los rincones, ese poco de amor furioso que te aturde y te hace olvidar un rato de la pobreza”, se lo escucha decir al intérprete que canta frente al público.
La renuncia de Otero, que se desempeñaba como Gerenta Operativa de Museos de la Ciudad de Buenos Aires desde enero de 2021, fue celebrada por la ex candidata a vicepresidenta, Cynthia Hotton, ex diputada y presidenta del Consejo Social porteña. “En respuesta al reclamo generalizado” renunció hoy Victoria Otero, “responsable de esta programación que tanto nos indignó a todos”, escribió en sus redes sociales.
Horas antes, el Museo Fernández Blanco se desligó de la polémica que no tenían conocimiento de la presencia de “una escena como la que se vio” del fragmento de “Barroco Furioso”. En esa línea, precisaron que el área de Programación Artística de Museos BA recibe “una carpeta que tiene el texto descriptivo, con fotos, biografía y antecedentes artísticos de quienes participan” y en ningún momento “se hacía referencia” a una puesta en escena como la que trascendió.

Horacio Rodríguez Larreta les quita el plan social a 1.445 familias por no mandar a sus hijos a la escuela

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, brindó una conferencia de prensa bajo el lema: “Sin educación no hay plan”. Se refirió a la asistencia económica a personas con hijos que deban asistir a algunos de los niveles de educación obligatoria y explicó por qué se quitaron 1.445 planes sociales.

El jefe de Gobierno junto a la ministra de Educación, Soledad Acuña, y el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, explicó cómo fue el proceso para decidir quitar el beneficio de los planes sociales de la Ciudad a quienes no llevaron sus hijos a la escuela. “El 92% de los padres que cumple con los requisitos del plan, sigue recibiendo el beneficio”, remarcó.
“La educación brinda libertad para elegir en la vida, la forma de salir adelante es una sola: la educación”, comenzó Larreta. “En Argentina estamos lejos de poder garantizarle a todos los chicos del país la posibilidad de educarse”, aclaró y continuó: “Queremos los chicos en las aulas y desde la pandemia sabemos que el presentismo empeoró, que hay chicos que no van a la escuela”.
“Tenemos iniciativas para mejorar el presentismo, está la responsabilidad de los padres, pero también la responsabilidad del Estado”, aclaró. “Antes para ser alumno alcanzaba con presentar un certificado una sola vez, eso cambió, hay controles bimestrales y los chicos tienen que tener el 85% de asistencia”, sostuvo.
“Esto nos permite seguir de cerca cada caso, cuando sabemos que no cumplen el presentismo nos comunicamos con las familias y les damos un plazo de tres meses para que recuperen la regularidad y si no se cumple se les quita el beneficio de los planes sociales que brinda la ciudad”, subrayó Larreta.
“El 92% de los padres que cumple con los requisitos del plan, sigue recibiendo el beneficio”, enfatizó. “Hay un 8% que no está mandando a sus chicos a la escuela, pero cuando sus hijos recuperen el presentismo, vuelven a cobrar el plan”, detalló. “Vamos a transforma la educación si los argentinos me eligen como presidente, vamos a recuperar la educación pública en Argentina”, cerró.
“El problema es el populismo educativo”, sostuvo a su turno Soledad Acuña y remarcó que haya obligaciones para los padres para que se garantice el acceso a la educación.

28.3.2023

Este martes asumieron los integrantes del Secretariado Ejecutivo de la AGTSyP. Participaron referentes sindicales de distintos sectores. En el acto anunciaron que continúa la pelea contra el asbesto y por los dos francos: 6 horas, 5 días a la semana.

La sede porteña de la AGTSyP (Asociación Gremial Trabajadores del Subte y Premetro) tuvo este martes una jornada especial. Por un lado, asumieron las y los integrantes del Secretariado Ejecutivo del sindicato, así como la Comisión Revisora de Cuentas. Pero además, en el mismo acto, el gremio anunció la continuidad del plan de lucha en defensa de la salud laboral (y de la población) y por la reducción de la jornada laboral.
El salón del gremio se llenó, por un lado, de trabajadoras y trabajadores de las 6 líneas y el premetro. Además, recibió a referentes sindicales y sociales. Por un lado, de la CTA de los Trabajadores, del que forma parte la AGTSyP. Estaban Hugo Yasky, Roberto Baradel, Daniel Catalano, Edgardo Llanos (APA), entre otros. También de gremios como Aceiteros, Sipreba, Químicos (Florencio Varela) y La Bancaria.
Desde el Movimiento de Agrupaciones Clasistas que impulsa el PTS estuvieron Raúl Godoy (Zanon) y Martín Brat (GPS-Aeronáuticos). También estaban presentes Eduardo Beliboni (Polo Obrero) y Amanda Martín (Ademys).
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En el acto se presentaron las y los integrantes del Secretariado, muchos de ellos que son referentes conocidos de los Metrodelegados como “Beto” Pianelli, Néstor Segovia, Virginia Bouvet, entre otros referentes de la Lista Negra que se referencia en la CTA y ganó las últimas elecciones. También asumieron los integrantes del Secretariado por la Multicolor, cuyo referente más conocido es Claudio Dellecarbonara quien hizo una importante elección en noviembre conquistando el 41% de los votos y ganando en las líneas B y C.
En el momento de la asunción del conjunto de la conducción, Claudio Dellecarbonara aprovechó su fuerte voz para gritar una arenga: “¡Viva la lucha de toda la clase trabajadora! ¡Viva la lucha de la clase trabajadora francesa!”. Recordemos que hoy se vivió una nueva jornada de lucha en Francia contra la reforma previsional.
En un breve acto tomaron la palabra Néstor Segovia y Beto Pianelli. Pianelli remarcó que “debutamos con un paro, porque mañana vamos a estar parando las líneas B y C. Es por el reclamo de los dos francos. Ya conseguimos reducir la jornada laboral a 6 horas, pero tenemos un solo franco semanal. Vamos por las 30 horas. Estamos expuestos al asbesto y la insalubridad. Pero además hoy los trabajadores ganamos menos, producimos más y eso se lo apropian patronales. Vamos a dar el debate con el cuerpo”, dijo.
El tema de la salud laboral en el subte es un tema muy sentido por sus trabajadores y trabajadoras. Mucho más cuando vieron a compañeros morir por la exposición al asbesto, cancerígeno.