Red de radios

17.3.2023

Por Ernestina Arias

Ayer por la tarde fue clausurado el Abasto Multiespacio, lugar físico donde funciona la asociación civil La Defensoría de Laburantes, en el barrio porteño de Balvanera. “La Defe” trabaja en la defensa de los derechos humanos y acompaña jurídicamente diferentes reclamos laborales, sociales, de género y territoriales, entre ellos podemos citar el apoyo por vivienda digna para las familias de la calle Solís, a la familia de Ferni Ayala, asesinada en la Villa 21- 24 y a trabajadores de GIV, empresa que opera en sociedad con el Gobierno de la Ciudad. Les integrantes de La Defe exigen que el Gobierno de la Ciudad levante la clausura, al tiempo que piden solidaridad y apoyo de organizaciones y personas.

El Gobierno de la Ciudad clausuró el espacio de la Asociación Civil La Defensoría de Laburantes, ubicado en Corrientes 2925 del barrio porteño de Balvanera, bajo el argumento de que existe una “denuncia anónima”, contra la organización, su trabajo y su lugar. Por las actividades que realiza “La Defe”, en su compromiso en la defensa de derechos humanos y problemáticas como género, vivienda y trabajo, sus integrantes denuncian esta arbitrariedad como “persecución política” en vísperas de un nuevo 24 de marzo.
En charla con Tamara Rossi, vocera de La Defe, nos explicó en torno a la clausura que no les notificaron el motivo de dicha acción “con claridad, pero si pudimos tener acceso a una parte del expediente que nos armaron en nuestra contra. Lo que dicen es que la denuncia es anónima, que no podemos saber quién la realizó, no sabemos si ellos tienen esa información o no, pero no nos la brindaron. Sí, esa denuncia tenía muchos detalles de las actividades que nosotros realizamos acá. Supuestamente la razón que figura en el acta que nos labraron para hacer la clausura es de funcionamiento y seguridad. Así que eso es lo que dijeron, sin dar mayores detalles.”
Crearon hace poco la asociación civil, para poder realizar actividades de aporte al bienestar de la ciudadanía y la Inspección General de Justicia (IGJ) aprobó el funcionamiento de la misma, con un Estatuto detallado de todos sus objetivos. Realizar encuentros de personas voluntarias que no buscan fines de lucro es legal y está permitido por la ley.
“Las actividades culturales, eso es lo que de alguna manera alegan, y por lo cual nos clausuran en algún punto – sostiene Tamara – nosotros acá tenemos una asociación civil que funciona en esta sede, Asociación Civil La Defe, justamente, con las reuniones propias de una asociación civil y el trabajo que hacemos desde la defensoría del laburante de defensa de derechos humanos, básicamente acompañamientos jurídicos sociales y territoriales en distintos ámbitos. Acompañamos reclamos de distinta índole, acompañamos a la familia de Solís contra un desalojo, acompañamos a la familia de Ferni Ayala que fue asesinada por su pareja hace poco menos de un mes en el barrio 21-24, acompañamos el reclamo de trabajadores contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de una empresa que tiene a su cargo la línea 147. Curiosamente, la denuncia anónima por la cual dicen que nos clausuran es por la denuncia que hacen a la línea 147, que es la línea está a cargo de esta empresa GIV, en sociedad con el Gobierno de la Ciudad”.
No es casualidad, entonces, que la gestión del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta les persiga, afirma Tamara. “Por eso hablamos de persecución en ese sentido, todas las campañas que llevamos adelante contra el Gobierno de la Ciudad, de alguna manera en todos estos distintos ámbitos y aspectos en los cuales nosotros trabajamos, vivienda no se hace cargo el Gobierno de la Ciudad de una respuesta para las familias de Solís, el femicidio de Ferni Ayala, nosotros denunciamos que hay una connivencia en cuanto a la situación en general del barrio 21-24 y la protección y la seguridad que se le da a las personas que viven ahí, y con el tema de trabajadores, nosotros hicimos una campaña muy fuerte los últimos años denunciando que el Gobierno de la Ciudad es cómplice de la violación de cientos de trabajadoras y trabajadores que acompañamos nosotros contra ellos. De alguna manera, como no hay otro argumento para lo que nos esta pasando y para todo lo que nos viene sucediendo, respecto de la investigación y también respecto de la clausura propiamente dicha, entendemos que se trata de una persecución e intento de que dejemos de llevar adelante los reclamos que estamos realizando justamente contra el Gobierno de la Ciudad.”
Con respecto a cómo activan para seguir trabajando Tamara concluye: no nos dieron ningún plazo, ningún tiempo para nada, por supuesto estamos trabajando en el descargo y en la presentación para pedir el levantamiento inmediato de esa clausura porque entendemos que no corresponde, es ilegal básicamente”.
Desde las redes sociales de La Defe sostienen el pedido de apoyo con el siguiente mensaje: Reivindicamos todas y cada una de nuestras actividades y luchas. Con una faja de clausura no hacen más que ratificar que vamos por el camino correcto: El de la defensa de los derechos humanos y los sectores postergados de nuestro pueblo.
Agradecemos difusión y solidaridad. Te pedimos firmes el comunicado en apoyo que saldrá con la firma de muchísimas personas y organizaciones. Este es el link:
https://bit.ly/ApoyoaLaDefe

16.3.2023

POR PAULA VIAFORA

El lunes 20 de marzo, a partir de las 18 horas, quedará oficialmente inaugurado la tercera edición del “Foro Mundial de Derechos Humanos”, un espacio de debate público sobre los Derechos Humanos en el mundo, los principales avances y desafíos centrados en el respeto a las diferencias, la participación social, la reducción de las desigualdades, promoviendo la equidad e inclusión social. Está concebido para aproximar e integrar organizaciones nacionales, regionales e internacionales con compromiso en la vigencia de los derechos humanos.

Pueden participar los movimientos sociales e instituciones, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales, gobiernos federales, provinciales y municipales, sistemas de Justicia nacionales, provinciales y municipales, poderes legislativos nacionales, provinciales y municipales, instituciones académicas, de investigación y afines, entre otros.
En el Foro se realizarán plenarios, debates y conferencias magistrales con especialistas nacionales e internacionales sobre los temas de la agenda de derechos humanos.
Con la presencia de representantes de más de 70 países y más de 5.000 trabajos y propuestas presentadas, se desarrollará un intenso programa de actividades en cuatro sedes de la Ciudad de Buenos Aires: el Centro Cultural Kirchner, Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex Esma, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (Pabellón 3 de Ciudad Universitaria), Comisión Nacional de Energía Atómica.
La ceremonia inaugural en el CCK, contará con la presencia del Dr. Alberto Fernández. Estela de Carlotto, Adolfo Pérez Esquivel, Fernanda Gil Lozano, directora del CIPDH/UNESCO y Horacio Pietragalla, Secretario de Derechos Humanos de Argentina.
Enmarcadas en el Foro se llevarán a cabo las Jornadas Nacionales de Negacionismo, para discutir la situación actual con respecto a las políticas de memoria y juicios de lesa humanidad, desde diversos enfoques y actividades especiales en conmemoración por los 40 años de democracia en la Argentina.
Si bien el cierre será el 23 de marzo, las organizaciones y participantes acompañarán a la tradicional marcha del 24, Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia de Argentina.
En el Foro se abordarán los principales temas de la agenda de Derechos Humanos:
• Acceso a la justicia
• Ambiente y Desarrollo Sostenible
• Comunicación y derechos humanos
• Comunidades y pueblos indígenas
• Derecho a la ciencia y acceso al conocimiento
• Derecho a la ciudad y conflictos urbanos
• Derecho a la identidad
• Derecho a la tierra
• Derecho a la paz y a la no violencia
• Defensores de DDHH
• Desarrollo social inclusivo y Cohesión social
• Discapacidad y DDHH
• Discriminación, xenofobia y racismo
• Economía y DDHH
• Educación y derechos humanos
• Graves Crímenes de trascendencia para la comunidad internacional
• Migraciones y Movilidad Humana
• Mujeres géneros y diversidades
• Niñeces, adolescencias y juventudes
• Políticas culturales y DDHH
• Políticas de memoria, verdad, justicia y garantía de no repetición
• Personas Mayores y Derechos Humanos
• Salud y DDHH
• Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes y Fuerzas de seguridad y DDHH
• Trabajo y DDHH
• Trata de personas

16.3.2023

Por Daniel Satur

Este jueves en Comodoro Py comenzarán las audiencias del juicio oral y público por el homicidio agravado del joven jugador de Barracas, ocurrido el 17 de noviembre de 2021. La familia del pibe de Florencio Varela espera una condena ejemplar. “En todas las casas hay un Lucas, pido justicia por él y por todos los pibes”, son las palabras del “Peka”, su padre.

Este jueves comenzará el juicio oral y público contra 14 efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires por el crimen de Lucas González, el adolescente de 16 años que fue acribillado a balazos junto a tres amigos cuando salían de entrenar en las inferiores de Barracas Central la mañana del 17 de noviembre de 2021.
El juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 25 de la Ciudad de Buenos Aires, conformado por los jueces Hugo Navarro, Ana Dieta de Herrero y Marcelo Bartumeu Romero. Las once audiencias de debate se desarrollarán el 16 y el 28 de marzo, el 11 y el 20 de abril, el 2, el 9 y el 23 de mayo, el 6, el 15 y el 29 de junio y el 11 de julio.

Una banda descontrolada

Tres de los 14 efectivos que se sentarán en el banquillo son el oficial inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nieva, miembros de la Brigada 6 de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 de la fuerza porteña. Son quienes persiguieron y dispararon contra el Volkswagen Suran en el que Lucas y sus amigos volvían a Florencio Varela luego de entrenar en Barracas. Los policías viajaban de civil en un Nissan Tiida sin patente, como lo hacían siempre por el barrio (coimeando y amenazando al vecindario).
Isassi, López y Nieva fueron acusados por el fiscal de instrucción Leonel Gómez Barbella de ser coautores de “homicidio agravado por alevosía, por placer, por odio racial, por premeditación y por ser miembros de una fuerza policial”. A su vez por homicidio en grado de tentativa de los tres amigos de Lucas que viajaban en el auto, agravados además por haber sido detenidos ilegalmente luego del ataque a tiros y por haber querido hacer pasar el crimen como un enfrentamiento (“falsedad ideológica”). Las penas estipuladas para ellos son de prisión perpetua.
Los otros once imputados serán juzgados por el delito de “encubrimiento agravado, privaciones de la libertad agravadas y falsedades ideológicas”. Se trata de otros policías, de diferentes rangos, que colaboraron para instalar la versión del enfrentamiento con una banda de jóvenes ladrones. Aunque, como se sabe, aquella mañana la única banda criminal fue la de los uniformados.
Junto a los tres homicidas se sentarán en el banquillo el comisario inspector Daniel Santana, los comisarios Rodolfo Ozán, Fabián Du Santos, Ramón Chocobar y Juan Romero; el subcomisario Roberto Inca, el principal Héctor Cuevas y los oficiales Sebastián Baidón, Jonathan Martínez, Ángel Arévalos y Daniel Espinosa.
Sin la colaboración de todos ellos (y probablemente de funcionarios porteños que no fueron alcanzados por imputaciones) habría sido más difícil que, en las primeras horas de aquel viernes de noviembre, varias empresas periodísticas porteñas hubieran “levantado” como cierta la versión policial. Fue la denuncia de las familias de los pibes y la movilización de amigos, vecinos, organizaciones de derechos humanos y la izquierda la que pusieron las cosas en su lugar y a partir de lo cuál nadie dudó en catalogar el crimen como un nuevo caso de gatillo fácil.

No es un policía ni tres, es toda institución

Pese a los discursos de referentes políticos e intelectuales tanto de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos, que intentaron desde el principio circunscribir el crimen de Lucas al accionar de un grupo de “malos policías”; lo cierto es que el caso es parte de una larguísima lista de asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y armado de causas a mano de las fuerzas policiales, tanto federales como provinciales. En ese sentido, alcanza con analizar las reacciones de todos los ministros de Seguridad, como Marcelo D’Alesandro en CABA o Sergio Berni en PBA, frente a casos de este tipo para reconocer un mismo patrón. O una misma razón de Estado.
No hay que olvidar que, tal como sucede con regularidad cuando sube la espuma social del punitivismo y la mano dura, el crimen de Lucas fue contemporáneo de otros similares, como el Lautaro Rosé en Corrientes nueve días antes, el de Alejandro Martínez en una comisaría de San Clemente esa misma noche o el de Luciano Olivera en plena calle de Miramar 23 días después. O el de Daiana Abregú en otra comisaría bonaerense, de Laprida, el 5 de junio de 2022. Este viernes en Plaza de Mayo la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) dará su informe anual de muertes a manos del Estado, donde se podrá comprobar que, cuando de represión se trata, no hay grietas.

“Que no sea una muerte más en vano”

Ése es el pedido de Mario “Peka” González, papá de Lucas y activo luchador por verdad y justicia para su hijo. Conocedor de que cuando las víctimas son los pibes de los barrios populares (la familia vive en Florencio Varela) y los victimarios son miembros del propio Estado, el hombre quiere que el juicio sea un jalón en la lucha contra la represión y la impunidad.
“Yo críe un buen chico, lo críe a Lucas con valores, con respeto y me lo quitaron, me lo arrebataron de las manos. Nos pudo haber pasado a cualquiera y tuve la desgracia de que me pase a mí. Pero ahora estamos en pie peleando por él. Espero que se pueda hacer justicia, tener una condena justa, porque a mi hijo me lo quemaron, me lo torturaron”
“A mi hijo me lo arrebataron, me lo quitaron. En todas las casas hay un Lucas, pido justicia por él y por todos los pibes”, sentenció el “Peka” con los ojos vidriosos, pero con voz firme, mientras convocaba a la movilización frente a los Tribunales para cuando se cumpliera el año.
El juicio contra los 14 policías arranca este jueves 16 a las 9 horas en los Tribunales de Comodoro Py.

15.3.2023

Por Martin Suárez

Desde la comunidad educativa denuncian que la directora del establecimiento firmó el acta bajo presión y que «fue amenazada» con su patrimonio. ¿La instalación viola la intimidad de las y los menores?

Desde hace varios años, la gestión PRO en la Ciudad pretende avanzar con la instalación de cámaras en diferentes edificios de escuelas porteñas. La intentona no nació durante las últimas dos administraciones del actual jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, sino desde el segundo mandato de Mauricio Macri al frente del Ejecutivo porteño. En más de dos ocasiones (2011 y 2017), la justicia local tuvo que intervenir para frenar la puesta de dispositivos de filmación continua dentro de instituciones educativas públicas, para evitar la violación del derecho a intimidad de niñas, niños y adolescentes consagrada en la Constitución Nacional.
Macri quiso llevar adelante la instalación de cámaras en más de 90 escuelas y Larreta recogió el guante e intentó hacer lo propio en varios edificios escolares, tras las tomas estudiantiles del 2017. En esta ocasión, trabajadores y trabajadoras de la educación de la escuela pública Técnica Hicken denuncian que es inminente que la cartera educativa instale cámaras dentro de tres aulas de este edificio, que se encuentra en pleno corazón de Palermo.
Todo comenzó como un rumor de radio pasillo, pero con el correr de los días pudieron confirmar que el ministerio de Educación porteño, al mando de Soledad Acuña, iba a avanzar con la instalación de dispositivos de filmación continua en el interior de varias aulas de la escuela Hicken, que se encuentra el Jardín Botánico de la Ciudad, a pasos del Parque 3 de Febrero y del Jardín Japonés.
“La directora nos confirmó que el 28 de diciembre del año pasado, último día de trabajo administrativo escolar, vinieron representantes de la supervisión escolar del distrito y la obligaron a firmar un acta, donde ella, como máxima autoridad de la escuela, aceptaba poner tres cámaras dentro de tres aulas”, cuenta Julio, nombre ficticio que determinó el trabajador para ocultar su identidad por temor a posibles represalias. La justificación planteada por la supervisión para llevar adelante la puesta en marcha de los dispositivos fue que las cámaras apuntarían solamente a los carros de las computadoras y que iban a encenderse solo durante la noche.
Las y los docentes increparon a la directora de la institución por haber firmado el acta y le cuestionaron por qué llevo adelante la rúbrica del documento. Argumentó que prácticamente no le dieron opción y que aprovecharon el último día de trabajo, mientras la escuela cerraba, para obligarla a poner su firma, bajo el argumento de que en esas aulas no hay rejas en las ventanas y que las cámaras no iban a prenderse de día durante la cursada. Además, le dijeron que si no firmaba, iba a hacerse cargo con su patrimonio si llegara a faltar cualquier dispositivo informático. En concreto: ante esa amenaza, la directora decidió poner su firma.
Previo a la firma, propuso una alternativa viable: que los carros con las computadoras sean trasladados al pasillo central del colegio, que es amplio, y que las cámaras, en todo caso, se instalen en ese lugar, pero no dentro de las aulas. La respuesta de la supervisión fue que eso no iba a ser posible porque durante el día circulan estudiantes por el pasillo. Sin darse cuenta, los representantes de la supervisión escolar reconocieron que las cámaras no iban a encenderse exclusivamente durante la noche.
“Pese a la ilegalidad de la instalación de esos dispositivos de control, el solo hecho de sugerir la puesta a punto de los mismos insinúa que quienes trabajamos dentro de la escuela somos los que podríamos llegar a robar las computadoras”, advierte otro docente a este medio. A raíz de esta situación, surgen varias preguntas: si son las únicas aulas que no tienen rejas en las ventanas, ¿por qué no las colocan? ¿Sabe el gobierno porteño que con estas cámaras viola el derecho a la intimidad de los jóvenes y adolescentes que allí estudian? ¿Qué se esconde realmente detrás de la instalación de estas cámaras?
Las preguntas están, pero las respuestas no aparecen. La instalación de esas cámaras -dijeron desde el Ministerio- se da respecto a “los espacios seguros que estamos instalando para guardar los materiales de valor como las computadoras”, según Tiempo Ar que se comunicó con la cartera educativa.

Los intentos fallidos en la instalación de cámaras

En agosto de 2011, la Justicia porteña suspendió la instalación de cámaras de seguridad en escuelas de la Ciudad, tras una medida que le impidió al gobierno de Mauricio Macri avanzar con la iniciativa de colocar los dispositivos en 90 establecimientos escolares, tanto jardines de infantes, primarias como secundarias. La decisión fue tomada por la jueza Elena Liberatori, al hacer lugar a un recurso de amparo que iniciaron algunos padres para evitar que sus hijos queden registrados por videocámaras en esas instituciones educativas.
El fallo –que alcanza a las escuelas a las que asisten hijas de los querellantes– advirtió que existe “un conflicto de derechos o intereses” donde “por un lado, se encuentra el legítimo interés del Estado local en la protección de sus bienes y edificios, pero, por el otro, entra en juego el derecho a la intimidad, consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional”, y que “no debe perderse de vista que lo que aquí se encuentra en juego es el derecho a la intimidad de los niños, niñas y adolescentes que asisten a escuelas públicas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”, agregó en su fallo la jueza.
En noviembre de 2017, durante la primera gestión de Rodríguez Larreta como jefe de gobierno, la ministra Soledad Acuña iba a instalar cámaras en varias escuelas que habían sido tomadas por estudiantes. Fue la propia Elena Liberatori que, una vez más, prohibió la instalación de esos dispositivos de vigilancia al considerar, nuevamente, que se viola el derecho a intimidad de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Para dictar la medida, la jueza tuvo en cuenta que no está claro en el «Protocolo del servicio de vigilancia y seguridad electrónica en establecimientos educativos», dónde irían ubicadas las cámaras de vigilancia, ya que por un lado dice en la periferia de los establecimientos y luego infiere que se ubicarán en el interior del mismo. Tampoco estaba claro en ese protocolo de funcionamiento de dichas cámaras, los horarios en que funcionarían y si es o no en horario escolar.
«El marco normativo que rige actualmente al servicio en cuestión permite la filmación en todo momento y en todo lugar dentro de los establecimientos educativos», «el medio elegido aparece prima facie como desproporcionado respecto de la finalidad perseguida», sostuvo la jueza.

15.3.2023

POR MANUELA BARES PERALTA, AGUSTÍN MINA Y DIEGO MONETA

Diálogo con Paula Penacca, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. El plenario de la militancia en Villa Dominico, la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y la agenda de seguridad y violencia institucional fueron algunos de los temas abordados.

¿Cómo vio el discurso de Cristina en Río Negro?
Paula Penacca: Una clase magistral, como bien estaba titulada. En todos los formatos es clara, pero en este creo además que es muy formativa. En este momento de tanta confusión e incertidumbre en la Argentina, pero en el mundo después de la pandemia y en el contexto de guerra, donde los modelos económicos parecen haber implosionado, es muy importante que como población, y quienes nos consideramos militantes todavía más, podamos formarnos y poder debatir.
En eso Cristina tiene una capacidad infinita porque todo lo que dice lo ha refrendado con todo lo que ha hecho. Habla de economía claramente, ya lo decía Arturo Jauretche que muchos lo hacen a propósito para que no lo podamos entender parte del pueblo y las decisiones sean inexplicables y no podamos encontrar culpables. Esa capacidad la debemos poder tomar en estos momentos. Creo que eso es lo central de las intervenciones de Cristina. Poder entender de dónde vienen los problemas y sobre todo cuáles son las decisiones que habría que tomar para que eso dejara de suceder en el país, o por los menos los modelos que ya se intentaron y no funcionaron, que son los neoliberales.

¿Qué opinión le merecen los comentarios de figuras del Frente de Todos que proponen discutir la inocencia y no la proscripción de Cristina?
PP: Cristina está proscripta, hay que decir las cosas como son. Hay instancias judiciales que falta que se sucedan, pero cualquier persona con dos dedos de frente, y justamente no es necesario tener ningún conocimiento judicial, sabe quiénes son los que integran esas instancias que podrían decidir para modificar la proscripción ya dictada. Hay un fallo que dice que no puede ejercer cargos públicos de por vida.
La Cámara la integran Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, hay que decirlo con nombre y apellido. Los jueces que dictaron la condena de primera instancia jugaban al futbol en la Quinta Los Abrojos con Mauricio Macri. Los de la Cámara jugaban al paddle con Macri en la Quinta de Olivos, tienen más de veinte ingresos que coinciden además con sus decisiones en contra de Cristina en causas como AMIA, dólar futuro y vialidad. Más arriba, la Corte Suprema tiene dos de sus cuatro integrantes nombrados por decreto por Macri. Hoy hay en la Cámara de Diputados de la Nación un proceso abierto con más de sesenta denuncias contra la misma. Estos jueces han encontrado en la oposición, quienes entendemos son los beneficiados por la proscripción de Cristina, sus abogados defensores. No queda ninguna duda de cuál sería la posible definición de esas instancias.
Discutir la inocencia de Cristina no tiene que ser contradictorio con discutir la proscripción. Usan esos artilugios para conseguir algún tipo de diferenciación o poner en cuestión la claridad del pueblo argentino, que es que hoy Cristina está proscripta y defenderla es defender la democracia, porque efectivamente si vamos a elecciones y la mayor parte de la sociedad no puede presentarse, y por lo tanto no puede elegir a quien quiere, hay una democracia que no está funcionando del todo bien. También es algo que Cristina viene planteando hace bastante tiempo, con instituciones que no funcionan y donde no hay división de poderes. No hay que confundir, sobre todo quienes ocupan cargos de responsabilidad institucional.

Fue legisladora por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ve el último año que le queda a Horacio Rodríguez Larreta y cómo se da ese debate en la oposición?
PP: En primer término, hace rato que delegó su función pública como jefe porteño porque lo vemos recorriendo el país haciendo campaña y dejando de atender prioridades urgentes de la Ciudad, que son muchas ridículamente en el distrito más rico. Si hubiera un poco de decisión política, menos desidia y un poco más enfoque de su parte, ya debería estar resuelto.
Es imposible que haya la crisis de infraestructura educativa que hay, que no haya vacantes año tras año, lo que redunda en la brecha de acceso al trabajo entre hombres y mujeres. En la Ciudad es una responsabilidad constitucional del Estado ofrecer educación pública desde los 45 días. Cuando el Estado no da respuestas suelen ser las mujeres quienes quedan a cargo de los hijos. Hay muchísimas falencias inexplicables con el presupuesto que tenemos.
El Gobierno de la Ciudad está despezado. No hay ministro de Seguridad, porque tuvo que pedir licencia al estar involucrado en un caso de corrupción fenomenal, y Larreta debería ocuparse de gobernar más y no hacer campaña. Creo que es importante que haya consciencia en el pueblo de que estamos sin Jefe de Gobierno. Veremos qué sucede con su interna, aunque todos tienen el mismo proyecto político, que la están dando con poca seriedad.

¿Qué opina sobre el pedido de la Ciudad para utilizar pistolas taser? ¿Cómo ve el debate en torno a la seguridad en general?
PP: Nuestra posición la expresamos cuando gobernamos, y eso a veces se pierde de vista. Fue revolucionario en materia de seguridad la política pública que llevó adelante el kirchnerismo. El gran acuerdo por una seguridad democrática, la creación del Ministerio de Seguridad, la formación en derechos humanos a todos los integrantes de las fuerzas, ocuparse de que sus propios derechos sean cumplidos.
Fue una política que desarrollamos con mucha claridad y que impactó. En la Ciudad el Programa Cinturón Sur habilitaba a que integrantes de Gendarmería y Prefectura cumplieran un rol preventivo en barrios populares. Transformó la vida cotidiana de vecinos y vecinas que para Macri y después Larreta siempre fueron de segunda. Cuando llegan al gobierno eso se desarticuló.
Hay que partir de ahí para pensar cómo nuestra fuerza concibe la seguridad, que es como un derecho. Después hay una utilización sesgada y perjudicial para la sociedad cuando se entiende como sinónimo de seguridad a la mano dura. Ahí hay una vulneración de derechos no sólo de quienes delinquen sino del conjunto de la sociedad.
La creación de la Policía de la Ciudad la acompañamos. Debatimos la ley, contiene muchos aspectos de la seguridad democrática y que haya una fuerza es cumplir con la constitución local y el proceso de autonomía. Ahora, la implementación nos puso en peligro a todos por cómo la hemos visto actuar y las impericias políticas. El discurso que habilita que la violencia institucional sea la regla, que no haya cumplimiento de la norma que rige el funcionamiento de la policía, que no se cumplan los protocolos, las actuaciones represivas, constantes y continuas, los abusos y violaciones de derechos incluso de las personas sobre las que está bien que actué. En cualquier barrio uno pregunta por el ejercicio de la Policía de la Ciudad frente a Gendarmería y Prefectura y los vecinos prefieren las fuerzas federales.
Primero, desmitificar que los proyectos populares no se ocupan de la seguridad. Después, falta el debate y profundizar la formación de efectivos en derechos humanos. Tercero, un debate puntual en relación a las taser. Hay un montón de estudios que demuestran que su utilización genera letalidad. No hay que tomarse nada a la ligera. Un arma de plomo también es letal y, sin embargo, como es potestad del Estado garantizar el orden y la seguridad, las tienen que usar. El tema es que no se construya sobre eso un debate mentiroso en torno a algo que es muy importante para la sociedad. Siempre hay víctimas, por eso hay que ser muy respetuosos y no hacer caranchismo.
El error es pensar que se resuelve con el ejercicio de la fuerza. Por ejemplo, en el caso de Rosario, empezamos a discutir la creación de fiscalías y juzgados que son muy importantes en la persecución al narcotráfico. La discusión también tiene que ver con lo económico, donde la oposición hace dos años se negó. Las sociedades anónimas simplificadas, creadas durante el macrismo, recientemente se descubrió que eran utilizadas por Los Monos, una de las bandas más importantes de Rosario. Habían creado por lo menos 50 a través de las cuales lavaban dinero. Si no hay redito económico se acaba el narcotráfico. Poder controlar esas herramientas, que son las que garantizan el negocio.
Hay que pensar la seguridad integralmente y dejar de darle una utilización, cada vez que viene una campaña electoral, para engañar a la población de que la mano dura es una solución mágica para un problema que es gravísimo y que hay que abordar desde muchos aspectos.

Usted presentó el proyecto de Ley Integral contra la Violencia Institucional. ¿En qué estado se encuentra en la actualidad?
PP: Logramos algo muy importante, que fue obtener un dictamen. Fue un debate muy arduo, tuvo muchas modificaciones. Creemos que un proyecto de esta naturaleza no sirve si no escucha la opinión de la sociedad, de quienes han sido directamente involucrados en estos temas, como familiares de víctimas y organismos de derechos humanos. Un involucramiento también del Estado, en este caso a través de la Secretaría de Derechos Humanos que fue la principal promotora de esta ley.
Todo dio como resultado una ley distinta a la pensada al principio. Creo que ahí es donde verdaderamente sirven las leyes, donde escuchan a la sociedad civil y se pueden transformar y mejorar varios aspectos. Encontramos poco eco en la oposición, luego de una preocupación inicial muy grande porque fue en medio de los abusos de las fuerzas de seguridad durante la pandemia. Eso que declamaban, al momento de ponernos de acuerdo, no ocurrió.
En una Cámara tan paritaria se vuelve más difícil pensar en una perspectiva de avance con normas que ya sabemos que no van a tener su acompañamiento, pero no quiere decir que dejemos de intentarlo. Ya lo tuvimos en el temario de sesiones extraordinarias, como muestra de voluntad de que se vuelva a debatir. Este año tenemos que volver a dictaminar, así que pasaremos nuevamente por ese proceso.