Paula Penacca: “Cristina está proscripta, hay que decir las cosas como son”
15.3.2023
POR MANUELA BARES PERALTA, AGUSTÍN MINA Y DIEGO MONETA
Diálogo con Paula Penacca, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. El plenario de la militancia en Villa Dominico, la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y la agenda de seguridad y violencia institucional fueron algunos de los temas abordados.
¿Cómo vio el discurso de Cristina en Río Negro?
Paula Penacca: Una clase magistral, como bien estaba titulada. En todos los formatos es clara, pero en este creo además que es muy formativa. En este momento de tanta confusión e incertidumbre en la Argentina, pero en el mundo después de la pandemia y en el contexto de guerra, donde los modelos económicos parecen haber implosionado, es muy importante que como población, y quienes nos consideramos militantes todavía más, podamos formarnos y poder debatir.
En eso Cristina tiene una capacidad infinita porque todo lo que dice lo ha refrendado con todo lo que ha hecho. Habla de economía claramente, ya lo decía Arturo Jauretche que muchos lo hacen a propósito para que no lo podamos entender parte del pueblo y las decisiones sean inexplicables y no podamos encontrar culpables. Esa capacidad la debemos poder tomar en estos momentos. Creo que eso es lo central de las intervenciones de Cristina. Poder entender de dónde vienen los problemas y sobre todo cuáles son las decisiones que habría que tomar para que eso dejara de suceder en el país, o por los menos los modelos que ya se intentaron y no funcionaron, que son los neoliberales.
¿Qué opinión le merecen los comentarios de figuras del Frente de Todos que proponen discutir la inocencia y no la proscripción de Cristina?
PP: Cristina está proscripta, hay que decir las cosas como son. Hay instancias judiciales que falta que se sucedan, pero cualquier persona con dos dedos de frente, y justamente no es necesario tener ningún conocimiento judicial, sabe quiénes son los que integran esas instancias que podrían decidir para modificar la proscripción ya dictada. Hay un fallo que dice que no puede ejercer cargos públicos de por vida.
La Cámara la integran Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, hay que decirlo con nombre y apellido. Los jueces que dictaron la condena de primera instancia jugaban al futbol en la Quinta Los Abrojos con Mauricio Macri. Los de la Cámara jugaban al paddle con Macri en la Quinta de Olivos, tienen más de veinte ingresos que coinciden además con sus decisiones en contra de Cristina en causas como AMIA, dólar futuro y vialidad. Más arriba, la Corte Suprema tiene dos de sus cuatro integrantes nombrados por decreto por Macri. Hoy hay en la Cámara de Diputados de la Nación un proceso abierto con más de sesenta denuncias contra la misma. Estos jueces han encontrado en la oposición, quienes entendemos son los beneficiados por la proscripción de Cristina, sus abogados defensores. No queda ninguna duda de cuál sería la posible definición de esas instancias.
Discutir la inocencia de Cristina no tiene que ser contradictorio con discutir la proscripción. Usan esos artilugios para conseguir algún tipo de diferenciación o poner en cuestión la claridad del pueblo argentino, que es que hoy Cristina está proscripta y defenderla es defender la democracia, porque efectivamente si vamos a elecciones y la mayor parte de la sociedad no puede presentarse, y por lo tanto no puede elegir a quien quiere, hay una democracia que no está funcionando del todo bien. También es algo que Cristina viene planteando hace bastante tiempo, con instituciones que no funcionan y donde no hay división de poderes. No hay que confundir, sobre todo quienes ocupan cargos de responsabilidad institucional.
Fue legisladora por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ve el último año que le queda a Horacio Rodríguez Larreta y cómo se da ese debate en la oposición?
PP: En primer término, hace rato que delegó su función pública como jefe porteño porque lo vemos recorriendo el país haciendo campaña y dejando de atender prioridades urgentes de la Ciudad, que son muchas ridículamente en el distrito más rico. Si hubiera un poco de decisión política, menos desidia y un poco más enfoque de su parte, ya debería estar resuelto.
Es imposible que haya la crisis de infraestructura educativa que hay, que no haya vacantes año tras año, lo que redunda en la brecha de acceso al trabajo entre hombres y mujeres. En la Ciudad es una responsabilidad constitucional del Estado ofrecer educación pública desde los 45 días. Cuando el Estado no da respuestas suelen ser las mujeres quienes quedan a cargo de los hijos. Hay muchísimas falencias inexplicables con el presupuesto que tenemos.
El Gobierno de la Ciudad está despezado. No hay ministro de Seguridad, porque tuvo que pedir licencia al estar involucrado en un caso de corrupción fenomenal, y Larreta debería ocuparse de gobernar más y no hacer campaña. Creo que es importante que haya consciencia en el pueblo de que estamos sin Jefe de Gobierno. Veremos qué sucede con su interna, aunque todos tienen el mismo proyecto político, que la están dando con poca seriedad.
¿Qué opina sobre el pedido de la Ciudad para utilizar pistolas taser? ¿Cómo ve el debate en torno a la seguridad en general?
PP: Nuestra posición la expresamos cuando gobernamos, y eso a veces se pierde de vista. Fue revolucionario en materia de seguridad la política pública que llevó adelante el kirchnerismo. El gran acuerdo por una seguridad democrática, la creación del Ministerio de Seguridad, la formación en derechos humanos a todos los integrantes de las fuerzas, ocuparse de que sus propios derechos sean cumplidos.
Fue una política que desarrollamos con mucha claridad y que impactó. En la Ciudad el Programa Cinturón Sur habilitaba a que integrantes de Gendarmería y Prefectura cumplieran un rol preventivo en barrios populares. Transformó la vida cotidiana de vecinos y vecinas que para Macri y después Larreta siempre fueron de segunda. Cuando llegan al gobierno eso se desarticuló.
Hay que partir de ahí para pensar cómo nuestra fuerza concibe la seguridad, que es como un derecho. Después hay una utilización sesgada y perjudicial para la sociedad cuando se entiende como sinónimo de seguridad a la mano dura. Ahí hay una vulneración de derechos no sólo de quienes delinquen sino del conjunto de la sociedad.
La creación de la Policía de la Ciudad la acompañamos. Debatimos la ley, contiene muchos aspectos de la seguridad democrática y que haya una fuerza es cumplir con la constitución local y el proceso de autonomía. Ahora, la implementación nos puso en peligro a todos por cómo la hemos visto actuar y las impericias políticas. El discurso que habilita que la violencia institucional sea la regla, que no haya cumplimiento de la norma que rige el funcionamiento de la policía, que no se cumplan los protocolos, las actuaciones represivas, constantes y continuas, los abusos y violaciones de derechos incluso de las personas sobre las que está bien que actué. En cualquier barrio uno pregunta por el ejercicio de la Policía de la Ciudad frente a Gendarmería y Prefectura y los vecinos prefieren las fuerzas federales.
Primero, desmitificar que los proyectos populares no se ocupan de la seguridad. Después, falta el debate y profundizar la formación de efectivos en derechos humanos. Tercero, un debate puntual en relación a las taser. Hay un montón de estudios que demuestran que su utilización genera letalidad. No hay que tomarse nada a la ligera. Un arma de plomo también es letal y, sin embargo, como es potestad del Estado garantizar el orden y la seguridad, las tienen que usar. El tema es que no se construya sobre eso un debate mentiroso en torno a algo que es muy importante para la sociedad. Siempre hay víctimas, por eso hay que ser muy respetuosos y no hacer caranchismo.
El error es pensar que se resuelve con el ejercicio de la fuerza. Por ejemplo, en el caso de Rosario, empezamos a discutir la creación de fiscalías y juzgados que son muy importantes en la persecución al narcotráfico. La discusión también tiene que ver con lo económico, donde la oposición hace dos años se negó. Las sociedades anónimas simplificadas, creadas durante el macrismo, recientemente se descubrió que eran utilizadas por Los Monos, una de las bandas más importantes de Rosario. Habían creado por lo menos 50 a través de las cuales lavaban dinero. Si no hay redito económico se acaba el narcotráfico. Poder controlar esas herramientas, que son las que garantizan el negocio.
Hay que pensar la seguridad integralmente y dejar de darle una utilización, cada vez que viene una campaña electoral, para engañar a la población de que la mano dura es una solución mágica para un problema que es gravísimo y que hay que abordar desde muchos aspectos.
Usted presentó el proyecto de Ley Integral contra la Violencia Institucional. ¿En qué estado se encuentra en la actualidad?
PP: Logramos algo muy importante, que fue obtener un dictamen. Fue un debate muy arduo, tuvo muchas modificaciones. Creemos que un proyecto de esta naturaleza no sirve si no escucha la opinión de la sociedad, de quienes han sido directamente involucrados en estos temas, como familiares de víctimas y organismos de derechos humanos. Un involucramiento también del Estado, en este caso a través de la Secretaría de Derechos Humanos que fue la principal promotora de esta ley.
Todo dio como resultado una ley distinta a la pensada al principio. Creo que ahí es donde verdaderamente sirven las leyes, donde escuchan a la sociedad civil y se pueden transformar y mejorar varios aspectos. Encontramos poco eco en la oposición, luego de una preocupación inicial muy grande porque fue en medio de los abusos de las fuerzas de seguridad durante la pandemia. Eso que declamaban, al momento de ponernos de acuerdo, no ocurrió.
En una Cámara tan paritaria se vuelve más difícil pensar en una perspectiva de avance con normas que ya sabemos que no van a tener su acompañamiento, pero no quiere decir que dejemos de intentarlo. Ya lo tuvimos en el temario de sesiones extraordinarias, como muestra de voluntad de que se vuelva a debatir. Este año tenemos que volver a dictaminar, así que pasaremos nuevamente por ese proceso.