Red de radios

14.7.2023

Por Ezequiel Alippe

Según un informe sobre la situación inmobiliaria realizado por Zonaprop, se registra una caída en términos reales del 40% en el valor de los inmuebles para la venta y una tendencia a la baja: “El piso no lo vemos”, destacaron.

Pero en lo que respecta a los alquileres, la situación se presenta adversa tanto para el propietario como para el inquilino. La rentabilidad para el dueño del inmueble se encuentra en el orden del 1 1/2 y 2%, reflejando el piso más bajo de la historia.
Valor de los inmuebles a la baja y con tendencia negativa
La coyuntura actual del mercado inmobiliario resulta inédita, según lo explica el economista de Zonaprop, Rodrigo Lejtman: las propiedades a la venta se encuentran en los valores más bajos históricos, los alquileres en pico altos y con tendencia a la suba y, sin embargo, la demanda es exponencialmente mayor para alquilar antes que para comprar.
A esta situación se le tiene que sumar una práctica ilegal, pero que resulta cada vez más común: el ofrecimiento de contratos de alquiler en dólares, cuando en nuestro país no está permitido eso para períodos largos.
¿Cuál es el resquicio legal para llevar a cabo esta práctica? Se ofrecen alquileres temporarios, que sí están legalmente permitidos que se comercialicen en dólares, pero en vez de ser temporarios, se renuevan de forma permanente, convirtiendo así un vínculo en moneda extranjera que se extiende en el tiempo.
Un detalle no menor es que desde los informes de Zonaprop así como también los análisis que surgen de ellos, la moneda extranjera que se toma es un promedio entre el dólar oficial y el MEP.

¿Cuánto cuesta comprar un departamento?

En Ciudad de Buenos Aires, haciendo un promedio con respecto a la totalidad de los barrios, con la excepcionalidad de Puerto Madero, que tiene números radicalmente diferentes al resto de la capital federal (muchos más elevados), los precios en promedio oscilan en los siguientes valores:
• Departamento con balcón de 1 ambiente de 40 m2: U$S 93.607
• Departamento con balcón de 2 ambientes de 50 m2: U$S 112.844
• Departamento con balcón de 3 ambientes de 70 m2: U$S 158.225.
Trasladando estos valores al promedio del m2 a lo largo de los años, se refleja que este 2023 es el quinto año a la baja consecutivo de los precios.
• En 2012, en promedio, el m2 costaba en CABA U$S 2.135
• En 2017/18, en promedio, el m2 costaba en CABA U$S 2.800
• En 2022, en promedio, el m2 costaba en CABA U$S 2.151.
Esto significa que se volvió a valores similares a los que existían ocho años atrás, en 2015.
“El precio de los activos tiene mucho que ver con las expectativas a futuro”, comenta Lejtman. “Tanto resguardo de valor, el ladrillo parece no ser”.
Y entre otros factores, también destacan que los precios a la baja se deben muchas veces a la retasación. “En los últimos seis meses los avisos nuevos vienen con un precio menor al que estaban antes, esto empuja a la baja a los otros inmuebles”.
Además, y resulta un factor clave, los propietarios ya tienen cinco años de experiencia de la baja de los valores de sus propiedades, por lo que actualmente les resulta más sencillo a las inmobiliarias explicarles que deben bajar los precios si efectivamente quieren vender.
“Hoy, las inmobiliarias no toman a los clientes que no quieren vender (aquellos que no quieren bajar sus precios)”.
Mientras que, en esa lógica de negociación entre vendedor y comprador, sigue existiendo esa cuestión de la rebaja del precio, la cual oscila entre un 5% y un 8% del total.
“En la actualidad, hay valores que lucen como una oportunidad”, cerraron.

14.7.2023

El viernes la comunidad educativa del Lengüitas realizó un abrazo simbólico al colegio. ¿Por qué? A todos los temas que fuimos viviendo con respecto a la educación de nuestros hijos, el miércoles nos enteramos de que la directora del establecimiento de educación secundaria sería reubicada preventivamente por, supuestamente, haber faltado al protocolo en el caso de un estudiante que intentó suicidarse a finales de noviembre del 2022.
Tres cuestiones me gustarían remarcar. Por un lado, el “protocolo” es una palabra que nos viene del latín “protocollum”, que a su vez deriva del griego clásico “protokollon” que significa “la primera hoja o tapa, de un manuscrito importante, con notas sobre su contenido”.
Hoy lo llamaríamos en un libro el índice, la página donde se orienta a un practicante en cualquier arte o conocimiento, allí se encuentra cómo está organizado y cómo orientarse en la práctica. El debate se encuentra en cualquier editorial, en cualquier lector, en cualquiera que mira una serie por streaming, ¿ese protocolo se debe ubicar adelante configurando un tremendo espoiler? o ¿al final, cuando, luego de leer, podrías realizar junto al escritor, guionista, funcionario, una síntesis de lo realizado? ¿Protocolo adelante o protocolo atrás? No es una mera ubicación sino una decisión vital con implicancias epistemológicas y, sobre todo, políticas.
Si lo ponemos por delante, se produce una culpabilización anticipada de un funcionario educativo sin haber llegado a un veredicto acerca de su accionar, en el cual se debería incluir a través de consejos escolares no sólo autoridades educativas sino también de la comunidad, padres y madres y especialistas en problemáticas adolescentes.
Porque ante todo, más allá de las disquisiciones que podamos realizar, estamos frente a un tema central para pensar como sociedad: el suicidio adolescente. Por otro, la utilización de la ciencia jurídica como zanjamiento de las problemáticas sociales constituye, a mi parecer, un grave y extendido error que, sea quien lo realizara, achata las posibilidades de una civilidad democrática.
La reubicación preventiva es un eufemismo, aparentemente en la carta nos dicen que están cuidando al funcionario educativo, en este caso a la directora. Creo que cualquiera en su sano juicio no quisiera que lo cuidaran de esa manera. Además que los juristas, que no lo soy, sostendrían que todo ciudadano y ciudadana es inocente hasta que se compruebe lo contrario.
Te reubican en otra escuela porque te investigan si no actuaste siguiendo el protocolo que conduce primero al gabinete de orientación escolar, luego al ministerio y como cabeza, a la ministra de educación porteña Soledad Acuña. Tenerla como último eslabón y principal validación de toda la cadena protocolar nos deja expuesto que, como ya lo ha demostrado, se ha dedicado a la “marcación” de familias (escuchen y vean el video que circuló por redes), como lo ha dicho ella misma en un famoso lapsus que debería entrar al museo de los objetos preciosos de la psicología moderna.
¿Qué pasaría si la sociedad pudiera “reubicar preventivamente” a los funcionarios políticos que para gestionar no necesitan décadas de práctica, puntaje y decisión de gestión como cualquier director de escuela?
El caso del adolescente es un episodio en el cual es difícil hacer comentarios. Se trata del intento de suicidio de un estudiante de nuestro establecimiento que nos angustió y nos angustia. Como padre y como psicólogo, sé que los llamados Doe (departamento de orientación escolar) tienen una tarea que despiertan mi más alta consideración, aunque reconozco que tienen asignada tal magnitud de población estudiantil que dificulta su trabajo.
Por su envergadura, el protocolo debería conllevar la existencia de un frondoso equipo de profesionales interactuando con los chicos y chicas y no esa espera comprensible frente a especialistas educativos, una tarea compleja. Así como por la cantidad de horarios de vacancia de clases el ministerio acusa a los docentes, en este caso acusa “por protocolo” a la directora del colegio por el intento de suicidio.
Quisiera preguntarle a la ministra si su cargo tiene las mismas características y si podríamos a ella también “reubicarla preventivamente” cuando incurra en alguna falla protocolar. En este caso, ya lo haríamos por tener la educación pública un número de especialistas infinitamente inferior a los necesarios para la atención en salud mental con estudiantes adolescentes.
Si el protocolo apunta a las formas, el fondo tiene que ver con el difícil tema del suicidio adolescente, la falta de equipos especializados y la marcación de familias. ¿Podríamos pedirle a la ministra que hablara algo de la problemática adolescente? O quizás su tarea sea sólo protocolar y su libreto lleve desde la primera página cómo debe comportarse un funcionario si pasase tal cosa en vez de realizar un llamado al consejo de todo el arco educativo para evaluar una problemática de fondo como es la situación de los adolescentes.

14.7.2023

El Equipo de Sacerdotes de las Villas de la Ciudad de Buenos Aires solicitan a la Legislatura Porteña que cree un programa de emergencia para asistir a las personas que están en la indigencia y manifiestan su apoyo al proyecto de un “Complemento de Ingresos Porteño Universal” (CIPU) presentado por el diputado Matías Barroetaveña junto al bloque Unidos por la Ciudad.

El Padre Toto de Zabaleta junto a sacerdotes de las Villas de la Ciudad, de Retiro, Soldati, bajo Flores, Lugano y el obispo auxiliar de Buenos Aires, Monseñor Carrara, firmaron un documento donde apoyan la iniciativa y declaran que “hace falta que las clases dirigentes de todos los ámbitos nos pongamos en el pellejo de los más humildes de nuestra población, que dejemos de lado personalismos y rivalidades y aportemos soluciones concretas diseñadas desde la cercanía con los vecinos y no desde oficinas lejanas”.
“Este proyecto es indispensable porque hemos llegado a una situación límite en la ciudad”, expresó el diputado Barroetaveña; y explicó que “según datos de la ciudad de enero y febrero de 2023, el monto de la línea de indigencia creció un 19.98% y lleva acumulado un crecimiento de 115.1% de febrero 2022 a febrero 2023, superando incluso la inflación interanual nacional”, agregó.
“Recursos hay, en 2022, a Larreta le sobraron 130 mil millones de dólares”, manifestó Barroetaveña. Y aclaró que “el actual mandato Larreta es el peor en términos de ejecución presupuestaria, con la contradicción de que es también el punto más alto de presión impositiva. Desde 2007 hasta hoy, la recaudación por recursos propios en la ciudad ha aumentado más de un 70%”.

12.7.2023

A inicios del mes de junio, se realizó un informe sobre los diferentes negociados ejecutados por el diputado nacional de Juntos por el Cambio y actual vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, y el precandidato a presidente y jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Uno de los pactos empresariales firmados entre ambos incluye la construcción de bares, restaurantes y diferentes espacios recreativos dentro de las 23 hectáreas que ocupa la Reserva Ecológica de Ciudad Universitaria. Ese lugar es intangible y no habilita la construcción de grandes obras porque ponen en peligro el ecosistema conformado por más de 522 animales, entre aves, reptiles, insectos y arácnidos, y toda la vegetación. A raíz de esta situación, cientos de estudiantes y docentes universitarios, vecinas y vecinos de diferentes organizaciones conformaron la Asamblea en Defensa de la Reserva de Ciudad Universitaria. Aseguran que están dispuestos a frenar el avance del gobierno de la Ciudad y en las últimas horas presentaron un proyecto de ley para suspender estas obras.

La Reserva Ecológica es administrada por el rectorado de la UBA y el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. Desde que Emiliano Yacobitti desembarcó en el rectorado de la UBA, en agosto de 2022, la casa de altos estudios y el Gobierno porteño pergeñaron diferentes negociados. En febrero de este año, Tiempo advirtió sobre uno de esos emprendimientos: la UBA inició las obras de pavimentación de un espacio verde con la venia del GCBA. El objetivo es talar tres árboles centenarios para construir un edificio. Pese a la resistencia de vecinos y vecinas, las obras continúan en la esquina de Uriburu y Viamonte del barrio de Balvanera.
“Que avancen contra la Reserva Ecológica no lo vamos a permitir. Por eso un grupo de personas que conformamos la Asamblea en Defensa de la Reserva Ecológica Costanera Norte de Ciudad Universitaria, presentamos un proyecto de Ley para exigir el cese inmediato de las obras”, explica a este medio Jorgelina Bueno, integrante de la Asamblea. La joven confirmó que la construcción de los bares y restaurantes dentro del predio ya inició “y están haciendo lo mismo dentro de la Reserva Ecológica de Costanera Sur (Ver recuadro).
El proyecto de ley entró de la mano de la diputada porteña del Frente de Izquierda, Mercedes De Mendieta, y básicamente propone que el ejecutivo porteño y la UBA cumplan con el artículo 3 de la Ley 4467 sancionada el año 2012, que prohíbe “alterar la Reserva Ecológica CI-CN por impermeabilización de su superficie, o con excavaciones, rellenos, desmontes o por cualquier otra obra o acción humana que degrade la biodiversidad de la zona, de lo establecido con el plan de manejo”.
“Larreta pasando por encima de todos los parámetros y legislación definió la construcción de dos bares gastronómicos que atentan contra la biodiversidad y contra las actividades científicas y de recreación que se utilizan y que se realizan en ese lugar”, cuenta a Tiempo la diputada porteña del FIT Mercedes De Mendieta.
Dentro de la Reserva se concentra el 70% de las especies de aves que se registran en la ciudad y más del 20% en todo el país. El lugar tiene flora y fauna autóctona y además es parte de un humedal. “Nuestra lucha también incluye que el Congreso Nacional de una vez por todas sancione la ley de humedales. Porque nada de lo que está haciendo Larreta nos sorprende, esto es parte del plan que tiene el PRO en la Ciudad. Anteriormente Macri, cuando era jefe de gobierno porteño, inició el proceso de privatización de la costanera con dos fines: Por un lado, la especulación inmobiliaria y, por otro lado, la creación de un corredor gastronómico con bares y boliches, donde el negocio privado sea lo que esté por encima del cuidado del ambiente”, agrega la legisladora.

El avance sobre la Reserva Ecológica

Entre los fundamentos del proyecto de Ley, destacan un recorrido sobre el estado de situación actual de la Reserva y cómo inició parte del negociado entre Emiliano Yacobitti y Rodríguez Larreta. En noviembre de 2022, el GCABA comenzó a implementar construcciones que no corresponden para una reserva ecológica. En los documentos que figuran en la Secretaría de Ambiente del distrito, se observa la construcción de espacios destinados a la comercialización gastronómica. “Por lo tanto, las obras que se están realizando han generado la alteración del comportamiento de la fauna silvestre, muchos animales han aparecido de forma sorpresiva en el campus de Ciudad Universitaria, entrando en contacto cercano con las personas, hecho que pone en riesgo su salud, pero también la propia integridad física de estos animales”, destaca el documento. “Al respecto”, continúa el informe, “se destaca el caso de las yararás, que son reptiles que representan un riesgo sanitario porque los accidentes con estos, que pueden ocurrir en caso de ser molestadas, y pueden causar daños severos, incluso la muerte de la persona mordida”.

También avanzan con la privatización de la Reserva Ecológica Costanera Sur

El pasado 4 de julio, este medio sacó a la luz otro negociado de la Ciudad en el humedal más relevante que tiene el distrito porteño. Así lo estipulan las disposiciones ( la N° 131/DGARCON/23 y N° 132/DGARCON/23) que aprueban gastos de casi 21 y 18 millones respectivamente, para la Construcción de un Bar de Playa y un Bar bajo espigón, dentro de la Reserva Ecológica Costanera Sur.
Cabe destacar que este es un espacio forjado en 1986 y que cuenta con varias restricciones para la realización de distintas actividades. Todas se encuentran contenidas en el Plan de Manejo aprobado por la Ordenanza Nº 45.676 que, entre otras cosas, no autoriza la construcción de bares en la Reserva. Por el contrario, deja en claro las diferentes actividades que se pueden realizar dentro del predio, respecto a su gestión y uso del área. En el mismo sentido, el Código Urbanístico establece que en dicha área, los bares y confiterías solo pueden ser permitidos en los accesos a la Reserva Ecológica de Costanera Sur, pero en la disposición subida al Boletín Oficial, queda claro que se estaría construyendo un bar en la costa.

11.7.2023

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, estuvo presente este mediodía en los tribunales de Comodoro Py para acompañar a la familia de Lucas González en la lectura del veredicto que condenó a Gabriel Alejandro Isassi, Fabián Andrés López, y Juan José Nieva a prisión perpetua por homicidio quíntuplemente agravado en el crimen del joven. Durante el proceso judicial, la Secretaría se presentó como Amicus Curiae y observadora.

Además de las condenas a prisión perpetua, seis policías recibieron penas por los delitos de encubrimiento. Se trata del subcomisario Roberto Inca, y los comisarios Juan Horacio Romero, Fabián Du Santos, y Rodolfo Alejandro Ozán, quienes recibieron seis años de prisión. Además, el inspector Héctor Cuevas, una pena de 4 años y el oficial Sebastián Baidón ocho años de prisión por ser considerado autor del delito de torturas contra los sobrevivientes. En tanto, cinco policías fueron absueltos.
Cabe destacar que la sentencia de este caso marca un precedente al reconocer el odio racial como un factor agravante. Además, también reconoce como víctimas de la violencia institucional a los sobrevivientes y a los padres de los jóvenes afectados. “El Estado está haciendo un gran esfuerzo para luchar contra la violencia institucional. Este fallo trae un poco de alivio para la familia, pero además genera una jurisprudencia importante”, aseguró Pietragalla Corti, quien además pidió que el Congreso Nacional trate el proyecto de Ley Integral contra la Violencia Institucional que presentó la Secretaría.
Se trata de una propuesta que brinda herramientas para combatir la problemática y poder unificar políticas en todas las provincias del país. Entre otros puntos, dispone la creación de centros de denuncias provinciales; garantiza el acceso a la justicia; fija pautas procesales para investigar los hechos; crea un registro nacional y un observatorio con participación de las víctimas; otorga asistencia y reparación económica a las víctimas. Asimismo, establece un programa de formación para las fuerzas de seguridad, protocolos mínimos de actuación en el uso de armas de fuego y en manifestaciones públicas, políticas de control ciudadano, entre otras cuestiones.
El proyecto se realizó de manera articulada con organizaciones de familiares de víctimas de violencia institucional y con organismos de Derechos Humanos, teniendo en cuenta las recomendaciones recibidas por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Desde 2020, la Secretaría gestionó a través del Centro de Denuncias 3525 casos de violencia institucional y brindó asesoramiento jurídico, acompañamiento psicosocial y gestiones con autoridades políticas responsables de la fuerza denunciada.

El caso

El 17 de noviembre de 2021, Lucas González junto con sus compañeros Joaquín Zúñiga, Julián Salas y Niven Huanca volvían de entrenar en el club Barracas Central y se dirigían a sus hogares, en la localidad de Florencio Varela, cuando un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Comuna 4 con policías de civil de la Ciudad de Buenos Aires, que responde al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, los interceptó para detenerlos. Al intentar escapar, los agentes los persiguieron y les dispararon. La pericia sobre el cuerpo de Lucas determinó que fue asesinado por un disparo en la cabeza. Los sobrevivientes, Zúñiga, Salas y Huanca fueron víctimas de torturas por parte de otros agentes, que además intentaron hacer pasar el hecho como un enfrentamiento. El juicio duró cuatro meses y contó con 50 testimonios.