Red de radios

16.5.2023

Por Martín Suárez

Es un reclamo central de los trabajadores, que paran este lunes. Hay casi 90 con enfermedades relacionadas a este material prohibido. Tres murieron. “A los usuarios no los controla nadie”, denuncian.
“Dejé de pensar a futuro mi vida. Antes tenía proyectos, me veía jubilado viajando a mi querida Tucumán y luego volviendo a Buenos Aires para estar con mi familia”, rememora Martín Paredes, conductor de la línea B de Subte. En noviembre de 2019, tras varios años de lucha, la empresa Metrovias (hoy Emova) y el gobierno porteño aceptaron realizar estudios médicos a trabajadores y trabajadoras del sector. Un año después, él y decenas de compañeros fueron notificados con enfermedades provocadas por el asbesto, un elemento potencialmente cancerígeno cuya utilización está prohibida en nuestro país desde el 2003.
El quite de todas las formaciones que lo contienen es uno de los principales reclamos del gremio, que decidió un paro total para este lunes. Denuncian que ya hay 85 trabajadores diagnosticados, 2150 “bajo vigilancia médica” y tres perdieron la vida.
“Me diagnosticaron ‘inflamación de pleura neumoconiosis’, es el primer estado de una enfermedad potencialmente peligrosa para un cáncer. Mi organismo encapsuló a la fibra de asbesto que se me clavó en el pulmón y eso se inflama, es como una costra. Por ejemplo, me provoca muchísimo dolor de espalda», cuenta Paredes. Comenzó a trabajar en el subte en 1994, haciendo 12 horas continuas durante muchos años. Hoy tiene 53. Hasta 2020 fue conductor, su pasión.
“Cuando me informaron el diagnóstico no lo podía creer. Rápidamente, la ART y la empresa que concesiona los Subtes me mandaron una carta diciendo que me liberaban de mis tareas por tiempo indeterminado. Tuvieron que reconocer que era por el asbesto”, continúa. En la misma carta le dijeron que no debería regresar al subte por ningún motivo. Nunca le aclararon ni a él ni a sus compañeros ni a los usuarios por qué. El Hospital Británico confirmó los diagnósticos. Lo había provocado el asbesto.
Quienes les advirtieron que las formaciones que compró Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno tenían asbesto fueron los trabajadores del subte de Madrid: “en 2017 nos dijeron que ellos tenían varios compañeros enfermos por asbesto y que ya había fallecido uno”.
La compra a Madrid de los coches CAF 5000 de segunda mano, fabricados en los ’70, se concretó en 2011 sin análisis ambiental, por 550 mil dólares cada uno. Iban a ser chatarra para subastar. La adquisición ocurrió ocho años después de que el asbesto fuese prohibido en nuestro país. Recién en 2018 el gobierno porteño confirmó que contenían ese material.

Asbesto: el temor de trabajadores y usuarios

Los trabajadores más perjudicados por el asbesto son los de Talleres. Allí el material flota en el aire y entra al organismo. La desabestización debe ser completa, incluso los expertos recomiendan mudar los talleres ubicados en inmediaciones de viviendas y escuelas, como los Bonifacio y Polvorín de Caballito, linderos a una primaria y un jardín de infantes.
Tras la ratificación de que en esos talleres hay material potencialmente cancerígeno, la vida de cientos de familias de la comunidad educativa cambió para siempre. Hoy afirman vivir la angustia de ser ignorados tanto por el Ministerio de Educación como por Sbase y Emova.
“Yo empecé con febrícula de 37,5 grados durante varios meses. Iba a la guardia, me empezaron a hacer todo tipo de estudios y no me encontraron nada. Así vivía todos los días y me iba a trabajar. Hasta que me hacen una tomografía y ven algo en el pulmón”, recuerda Gustavo Villalba, que entró a trabajar como boletero en 1997, luego pasó al sector de tráfico en 2003 y finalmente como conductor. A los 48 años fue diagnosticado con neumoconiosis, igual que Paredes y otros cientos de compañeros.
Actualmente se encuentro de licencia: «presenté una demanda ante la Superintendencia de Salud, porque la ART mintió descaradamente al entregarme un ‘alta médica sin secuelas’. Me levanto con el ojo seco, la garganta seca, y son muchos compañeros que viven con los lagrimales secos y no pueden estar sin gotas en los ojos. Yo entré con 24 años a la empresa donde me prometieron crecer, desarrollarme y tener un futuro. Tenía aspiraciones hasta que me encontraron este daño en la pleura. Ahora estoy luchando no solo por mí, sino por mis compañeros y por todos los que viajan en el subte a diario”.
De los casi 90 trabajadores y trabajadoras afectados por el asbesto, seis desarrollaron cáncer y tres fallecieron. “Pero este relevamiento es el que tenemos nosotros de cinco años atrás a la fecha, anteriormente como no sabíamos que el subte tenía asbesto pueden haber muchos otros compañeros y compañeras y usuarios afectados –aclara Claudio Dellecarbonara, del Secretariado Ejecutivo de Metrodelegados. Lamentablemente contamos con varios trabajadores de subte que fallecieron por cáncer, es una de las denuncias que hacemos siempre”.
Asegura que la incidencia del cáncer era alta en el sector, pero se lo atribuían a otras condiciones insalubres como electromagnetismo, microondas y micro partículas de minerales y metales. La situación no abarca solo a empleados. De hecho se conoció que una usuaria demandó al Gobierno de la Ciudad y a la empresa concesionaria. Le encontraron una fibra de asbesto encapsulada en el pulmón. Viajaba todos los días en subte.
“Ahora que sabemos que el asbesto existe y de sus consecuencias –acota Dellecarbonara–. Después de tanta lucha logramos que la ART, una vez por año, nos realice un control médico para saber si estamos afectados o no, pero a los usuarios no los controla nadie”.

Una medida de fuerza que abarca todas las líneas

Tras fracasar la negociación, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp) anunció para este lunes un paro total que “afectará el servicio de las seis líneas del Subte y el Premetro”. Además del asbesto, hay reclamos económicos y laborales. Afirman que la empresa concesionaria no les devuelve las sumas descontadas en los haberes de trabajadores y trabajadoras por los días de paro. Christian Paletti, de los Metrodelegados, denunció que Emova, con el aval de la estatal porteña Sbase, “realizó descuentos en los salarios, masivos y arbitrarios como represalia contra las medidas gremiales, que consisten en paros rotativos de dos horas y dos líneas por vez”. También piden “por un segundo franco, el recambio de los trenes contaminados por asbesto, aumento imprescindible de personal”. Y agregaron la necesidad de “la convocatoria paritaria que debe ajustar la pérdida salarial del último período”.

15.5.2023

Por Lucho Aguilar

El sindicato y los trabajadores y trabajadoras del subte denuncian la muerte de tres compañeros y decenas de afectados por la presencia del asbesto, prohibido desde hace 20 años en Argentina. La empresa les descontó hasta 22 días de trabajo por 15 horas de paro en dos meses. Un burdo ataque al derecho de huelga. En vez de gastar dinero en sacar el veneno del subte Larreta gasta millones para mentir sobre el reclamo.

El reclamo es conocido por muchos: el gobierno macrista compró vagones contaminados con amianto (asbesto) al Metro de Madrid. Eso se sumaba a la presencia de ese material cancerígeno en otras formaciones e instalaciones del subte. Ya murieron 3 trabajadores y hay 84 enfermos. El peligro acecha también a los usuarios.
Los trabajadores y trabajadoras, junto a su sindicato, reclaman que el gobierno y la empresa saquen todo ese veneno de las 6 Líneas y reduzcan la jornada laboral a 6 horas y 5 días, con dos francos, porque el subte es y seguirá siendo insalubre.
Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad y el Grupo Roggio quieren seguir envenenando a los trabajadores y trabajadoras. No solo se niegan a cumplir con las medidas de la justicia, que le dio la razón al amparo ambiental presentado por la AGTSyP, sino que ataca las medidas que toman en defensa propia. Pero si no fuera por la apertura de molinetes, los paros y la campaña de concientización, nunca se hubiera tomado en serio la denuncia de la contaminación.
Además de los descuentos compulsivos, desorbitantes y antisindicales que hace la empresa, el Gobierno porteño gasta millones de pesos en pauta para ensuciar la lucha. Así como hace con las organizaciones sociales, sus periodistas amigo$ salen a negar las denuncias y exigir “mano dura” contra los Metrodelegados.
En La Nación + fue Luis Novaresio quien dijo que la denuncia era “sarasa” y es electoral. Pura mentira. ¿Cómo explica que comenzó en 2018 entonces, y se mantuvo todo este tiempo? En TN solo mandan a buscar opiniones negativas de usuarios (así lo reconocen voz en off algunos trabajadores de prensa) y el columnista Edgardo Alfano pide que echen a los huelguistas. Aunque solo pidan mejores condiciones para no envenenarse. O le dan aire a las voceras de Emova que ya fueron desmentidas por médicos y hasta la justicia, pero siguen diciendo desde sus chetas oficinas que bajo tierra no pasa nada. Y al Jefe de Gabinete, Felipe Miguel, que se indigna que quieran tener dos francos por trabajar en un ambiente insalubre. Lo dice con las patas arriba de su escritorio mientras le sirven el segundo cafecito de la mañana.
¿Por qué no instalan sus oficinas en el Taller Rancagua o Urquiza y respiran un poco ese aire, si total “no pasa nada”?
Porque son caraduras. Y criminales.
En vez de gastar dinero en desabestizar el subte, Larreta y Emova (Metrovías) gastan millones en ensuciar el reclamo, mantener el subte envenenado y hacer campaña electoral. Porque lo que busca Larreta es competirle a Milei o Bullrich quién es más facho y antiobrero.
Hay que reconocer que en este caso se está anotando unos puntos en el “fachómetro”.

14.5.2023

Pararán de forma rotativa 3 horas por línea comenzando por la línea C a las 5:30 y finalizarán en la línea B a las 00:00. Al reclamo que los trabajadores venían realizando por la reducción de la jornada laboral con dos francos y la desasbestización total, se le sumó el ataque recibido ilegalmente por parte de la empresa de descuentos a sus salarios.

Los trabajadores del subte vienen reclamando hace años la eliminación total del material cancerígeno del asbesto que se encuentra en el subte, que ya llevó 3 fallecimientos y más de 60 afectados, llegando incluso a encontrarse pasajeros contaminados con dicho material.
Por esto reclaman la reducción de la jornada laboral, incluyendo 2 francos semanales, como forma de reducir la exposición al asbesto, como así también el conjunto de la insalubridad que significa -y reconocen propios y ajenos- que significa trabajar bajo tierra. Junto a esto reclaman que la apertura de paritarias que se encuentran vencidas desde fines de febrero y que se presente un plan de desasbestización total.
Ante la falta de respuesta de la empresa Emova y los ataques al derecho de huelga, que se expresó en descuentos salariales ilegales y compulsivos a cientos de trabajadores, incluso a trabajadores que no realizaron las medidas de fuerza, llegando al colmo de realizar descuentos a trabajadores con licencias médicas, el sindicato de los metrodelegados AGTSyP convocó a un paro escalonado para este lunes.
De 5:30 a 9:00. Interrupción de la Línea C
De 9:00 a 12:00. Interrupción de la Línea A
De 12:00 a 15:00. Interrupción de la Línea D
De 15:00 a 18:00. Interrupción de la Línea H
De 18:00 a 21:00. Interrupción de la Línea E y Premetro
De 21:00 a 00:00. Interrupción de la Línea B
Claudio Dellecarbonara, miembro del secretariado de la AGTSyP nos decía: “Hay una crisis sanitaria bajo tierra y la empresa lo sabe y lleva años con falsas promesas, mientras tenemos 3 compañeros fallecidos por el asbesto y más de 60 afectados y hasta pasajeros vinieron a decirnos que gracias a nuestra denuncia pudieron tratar sus propias afecciones. Esto no va más y este paro es solo un paso más en nuestro reclamo, que profundizaremos si Emova no da una respuesta satisfactoria a nuestro reclamo”.

13.5.2023

Por Sofía Caram

Magistrados que accedieron a las fechas en que el Ministerio de Seguridad porteño pedía datos detectaron que coincidían con resoluciones que iban a firmar en causas de la vicepresidenta.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo del fiscal Sergio Rodríguez notificó a más de doscientos magistrados/as que el Gobierno de la Ciudad pidió al Registro Nacional de la Personas sus datos personales “presumiblemente sin justificativo válido”. Las actuaciones que levantaron la sospecha de los investigadores de la PIA tuvieron lugar en el marco del convenio firmado entre el Renaper y la cartera de Justicia de CABA para la obtención de datos biométricos de personas prófugas. Bajo ese paraguas es que se habría buscado información sensible sobre jueces/as y fiscales.
Pero lo que advirtieron algunos de los afectados -ahora notificados del detalle- es que sus movimientos fueron consultados en fechas clave. Por ejemplo, el mismo día en que se cruzaban las solicitudes de información tenía lugar la firma de alguna resolución a favor de Cristina de Kirchner. “Estaban pescando. Saben dónde vivo, si me mudo, con quién vivo, etc.”, advirtió una de las víctimas a Ámbito. Esta práctica se repitió incluso también con concursantes para vacantes estratégicas.

Coincidencias

Tras la comunicación de la PIA, varios de los afectados encontraron coincidencias entre los pedidos de información sobre ellos y hechos trascendentes en el marco de actuaciones en expedientes sensibles. Uno de ellos, es el juez de la Cámara de Casación de Py, Alejandro Slokar. Según le notificó la PIA, pidieron sus datos al Renaper el 23/09//2021 a las 10:57 de la mañana. Según reconstruyó Ámbito, ese día, a esa hora, tras haber llevado a su hijo a vacunar contra el covid-19 a Exaltación de la Cruz, el magistrado estaba en su casa firmando en forma digital una resolución favorable a la vicepresidenta Cristina de Kirchner. Era en el marco de la causa por el envío de diarios a Santa Cruz en el avión presidencial. Aquel fallo salió 2 a 1 favorable a la vicepresidenta. La lista de los “espiados” es variopinta y supera los doscientos.
Uno de los casos es el del fiscal Javier De Luca. El Ministerio de Justicia de CABA pedía sus datos biométricos el mismo día en el que estaba alegando a favor de Milagro Sala. El funcionario, quien recibió la notificación de dos pedidos sobre sus movimientos, manifestó su preocupación ante la consulta de Ámbito y advirtió que “alguien está armando un banco de datos que no tiene modo legal para armarlo, entonces usa el convenio como vehículo”.
Otro caso ocurrió el 25 de marzo del 2020 a las 14:53. Ese día fueron solicitados los datos de Marcela Pérez Pardo, la esposa del exjuez destituido por el macrismo, Eduardo Freiler. En ese momento, se estaba por tratar si se cerraba o no el pedido de juicio político contra ella y contra la sala L de la Cámara Civil que ella componía, por una resolución de una causa del Instituto Patria contra la Inspección General de Justicia presentada en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. Aquel fallo salió 3 a 1 a favorable al Patria, pero Pardo, quien pertenece a Justicia Legítima, fue la única de los tres que figura en el pedido de datos biométricos.
El hecho sin precedentes y que generó alarma entre los cientos de notificados derivó en una denuncia penal de oficio, por tratarse de un presunto delito de acción pública (violación de secreto). La causa (CFP 1311/23) quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo de Comodoro Py.
Mientras algunos de los afectados evalúan presentarse en la causa penal como querellantes, otros analizan alternativas por vía administrativa. “Hay gente que juega a esto como si estuviera en el Tinder. O juegan a la Play Station con los ciudadanos. No se puede vivir así. No vivimos en una sociedad transparente. Tenemos que poder mantener en reserva lo que cada uno quiera. No puede estar todo expuesto. No hay ninguna sociedad que pueda funcionar así”, expresó De Luca.

Inconstitucional

Además de esta causa que ahora tramita en la Justicia federal, hubo otras denuncias de iniciativa privada que tuvieron lugar en la justicia de la Ciudad. Tras la demanda del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y del Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIO) la Cámara de Apelaciones de la Ciudad confirmó en abril de este año la inconstitucionalidad del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos implementado por el Gobierno porteño y que en su momento defendió el desplazado ministro de Seguridad Marcelo D’Alessandro.
La Sala I rechazó las apelaciones del Gobierno de la Ciudad y del Ministerio Público Fiscal y confirmó la sentencia de la jueza de primera instancia Elena Liberatori, que en septiembre de 2022 había dicho que el sistema de progresión biométrica se implementó sin la debida protección de los derechos de las y los habitantes.
No han sido los únicos casos ni las únicas coincidencias que llaman la atención. Magistrados nucleados en la Lista Celeste de la Asociación de Magistrados ya alzaron su voz, preocupados.

13.5.2023

Los gastos de la Canasta Básica Alimentaria que marcan el límite de la indigencia tuvieron el mes pasado un aumento del 11,04%, 1,21 punto porcentual más que el 9,83% de incremento registrado en marzo.

Una familia de cuatro miembros que habita en la ciudad de Buenos Aires necesitó en abril percibir ingresos de por lo menos $ 119.742,08 para no ser considerada en situación de indigencia, $208.568,76 para no quedar comprendida en la pobreza y $ 320.278,95 para ser considerada de clase media, de acuerdo con los datos difundidos por la Dirección General de Estadística y Censos porteña.
De esa forma, los gastos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marcan el límite de la indigencia, tuvieron el mes pasado un aumento del 11,04%, 1,21 punto porcentual más que el 9,83% de incremento registrado en marzo, en tanto el acumulado en doce meses llegó al 129,53%, 12,13 puntos más que el 117,40% de la medición previa.

Economía de la familia

En el caso de la Canasta Básica Total (CBT), que establece el tope de la pobreza, el incremento mensual fue del 9,06% (menos que el 9,23% de marzo) y el interanual del 118,93% (111,39% en el mes anterior), mientras que la Canasta Total (CT), que en diferentes proporciones delimita al sector medio frágil, la clase media y los sectores acomodados, subió 8,97% en el mes (menor al 9,24% de marzo) y 117,67% en relación con abril de 2022 (110,35% en la medición anterior). Los montos señalados no incluyen el pago de alquiler de vivienda ni de expensas comunes, por no ser considerados gastos de consumo.
La evolución de las canastas en abril reflejó el mayor peso relativo de los alimentos básicos respecto de los gastos en otros bienes, servicios y tarifas, que no forman parte de los gastos de indigencia, razón por la que los porcentajes de este último estrato tuvieron un incremento superior al de los demás. Al respecto, el lunes se informó que la inflación en la Ciudad había sido del 7,8% en abril, pero el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 10,4%.
La situación es similar en la comparación interanual, si se tiene en cuenta que los aumentos de la CBA son 10,8 puntos porcentuales mayores a los de las canastas que miden la pobreza y 11,86 puntos más en el caso de la clase media. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el martes 16 de mayo su medición de las canastas básicas.
Se trata de un dato que cobrará una importancia adicional debido a que en los criterios de segmentación de los subsidios a las tarifas de servicios públicos, se excluye del beneficio a los usuarios con ingresos superiores a 3,5 veces la CBT. Si se tomara como referencia la medición de la Dirección de Estadística porteña, ese nivel pasaría a ubicarse en $ 729.990,62 mensuales. A diferencia del Indec, que reconoce solamente las categorías de pobres e indigentes, su homólogo de CABA dispone de seis estratos sociales en su clasificación.
En abril, los recursos necesarios para estar comprendidos en cada categoría fueron los siguientes: en situación de indigencia, hasta $ 119.742,07; de pobreza no indigente, de $ 119.742,08 hasta $ 208.568,75; y no pobres vulnerables, de $ 208.568,76 hasta $ 256.223,15. En el caso del sector medio frágil, de $ 256.223,16 hasta $ 320.278,94; clase media, de $ 320.278,95 hasta $ 1.024.892,63 y sectores acomodados, $ 1.024.892,64 o más.